Rudy Argangel Avila Avila
Expediente 995/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rudy Argangel Avila Avila
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso ****, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio.En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, la sentencia de treinta de junio del año en curso, dictada en la diligencias de jurisdicción voluntaria 397/2018, notificado el veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se le decretó el embargo de sus ingresos del quince por ciento por concepto de alimentos a favor de su hija Michelle Jesús Ávila Ejeda y otro tanto a favor de su esposa, así como el cincuenta por ciento de la liquidación por jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, el cual su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En el caso, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, son unas diligencias de jurisdicción voluntaria, el proveído reclamado (sentencia de treinta de junio de dos mil veinte) fue emitido por una Autoridad Judicial (Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser revocado o modificado. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra todo proveído o auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. En efecto, los artículos 421, 427,428 y 429 del Código de Procedimientos Familiar del Estado de Yucatán, establecen la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra las determinaciones dictadas en los procedimientos y tienen como finalidad que se confirme, reforme o revoque la determinación impugnada. En el caso, se advierte que procedía el recurso de apelación, pues de los citados numerales se advierte que es el medio de impugnación para recurrir resoluciones que ponen fin a un procedimiento o asunto, así como las resoluciones interlocutorias o definitivas, lo cual se corrobora con el diverso numeral 710 de la citada legislación, en el que pone de manifiesto que las sentencias dictadas en las diligencias de jurisdicción voluntaria entratandose de alimentos pueden ser recurridas a través del recurso de apelación. Ciertamente, dicho precepto establece que las determinaciones emitidas en los procedimientos las diligencias de jurisdicción voluntaria pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación y serán ejecutadas aun cuando se recurran citado, lo que evidencia que es procedente el medio de defensa citado; y por tanto el acto reclamado carece de definitividad puesto que el quejoso no agotó el recurso ordinario previo al juicio de amparo, que estaba en aptitud de interponer. En efecto, el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento de origen 397/2018, desde antes de la emisión del acto reclamado, pues de los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que es parte en el mismo y además expresó que en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, presentó ante el Juez responsable un escrito mediante el cual exhibió diversas pruebas. En esas condiciones, lo anterior hace evidente, que el quejoso al ser parte formal de las citadas diligencias de jurisdicción voluntaria, una vez que le fue notificada la sentencia recurrida se encontraba en aptitud de interponer el recurso de apelación en su contra, pues a través de dicho medio de impugnación podía obtener su revocación o modificación; sin embargo al no agotar dicho recurso, no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda promovida por ****, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.Por otro lado, como lo señala el quejoso, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a la parte quejosa el correo electrónico que proporcionó al presentar su demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; asimismo, téngase como su autorizado, a la persona que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente.Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, mediante el cual acusa recibo del oficio 11965/2020, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, déjese sin efecto el apercibimiento a la mencionada autoridad en proveído de uno de octubre del presente año y tómese nota de lo anterior, para los efectos legales que correspondan.
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