Rubisel Pérez Ramos

Expediente 1370/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1370/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Rubisel Pérez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y tres minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1370/2023-VIII, promovido por Rubisel Pérez Ramos, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes y la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario de Juzgado hace relación de las constancias de autos, consistentes en la demanda y los informes justificados rendidos por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en su nombre y en representación del Titular de dicha Secretaria y del Director del Corralón 1 de esta ciudad, los cuales ya obran agregados en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de la autoridades responsables aludidas, para ser tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa junto con su demanda, consistentes en: 1) Factura original B 07516 de catorce de enero de dos mil tres, que ampara el vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, transmisión automática, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C expedida por Automotriz del Caribe S.A. de C.V. a favor de Julio Cesar Samane Preciat, con diversos endosos en sus reverso, en donde el último se asentó a nombre del quejoso Rubisel Pérez Ramos; 2) Recibo número 15149 de quince de febrero de dos mil veintiuno, expedido por el Director de Tránsito Municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, en el que se hace constar que Carlos Enrique Millan Martínez no tiene infraccionada la tarjeta de circulación URV-208-C; 3) Carta responsiva de compraventa sin fecha del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, firmada como vendedor por Luis Alberto Salas Trejo y como comprador por Carlos Enrique Millan Martínez; 4) Copia simple de la licencia de conducir SC2-1308 a nombre de Rubisel Pérez Ramos, expedida por el Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo; 5) Acuse de un escrito a nombre de Rubisel Pérez Ramos presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la Secretaria de Seguridad Pública; 6) Acuse de un escrito a nombre de Rubisel Pérez Ramos presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en la Secretaria de Seguridad Pública; 7) Copia simple de la credencial para votar a nombre de - Rubisel Pérez Ramos; 8) Copia simple del permiso de cinco de julio de dos mil veintitrés, para retirar la factura y endosarla, del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C; 9) Copia simple del acta de nacimiento de cinco de enero de mil novecientos noventa y dos a nombre de Rubisel Pérez Ramos. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas citadas porque ya obran en autos en copia certificada las que obraban en original porque fueron devueltas al quejoso por así solicitarlo éste, mismas que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar con que la parte quejosa no formuló alegatos y la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no presentó pedimento, por lo que, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de la parte quejosa para formular alegatos y el del Agente del Ministerio Público para presentar pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1370/2023-VIII, promovido por la parte quejosa Rubisel Pérez Ramos, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante escrito en el que Rubisel Pérez Ramos, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto y una omisión el primero con ejecución en la demarcación territorial, donde la suscrita ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De manera que del estudio integral de la demanda y constancias de autos, se aprecia que el quejoso reclama: 1) La omisión de contestar los escritos presentados el veintitrés de mayo y diecisiete de julio de dos mi veintitrés, ante la Secretaria de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado, éste último se afirma fue dirigido a la carpeta de investigación G8/3652/2023, y en los que esencialmente se pide la devolución del vehículo que se describe en el siguiente punto. 2) La retención del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, y los objetos que se encontraban en su interior. TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado, al rendir su informe justificado, manifestaron que no son ciertos los acto que se reclamados. Lo anterior, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, es decir, no existe dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha autoridad responsable en torno a los actos reclamados. Por lo tanto, ante la inexistencia del acto reclamado, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de garantías en lo que corresponde a la referida autoridad, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes citado el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al Titular y Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Director el Corralón 1 de dicha dependencia, consistente en la retención del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, según se advierte del informe justificado rendido por el segundo nombrado, en representación de dichas autoridades, quien así lo aceptó, lo que evidencia su certeza; sirve de apoyo la jurisprudencia 305 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otro lado, las referidas responsables fueron omisas en precisar la certeza o inexistencia de los diversos actos que se les atribuye consistente en la retención de los objetos que se encontraban en el interior del vehículo y la omisión de dar contestación a los escritos presentados el veintitrés de mayo y diecisiete de julio de dos mi veintitrés, y en los que esencialmente se pide la devolución del vehículo, por lo que con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto dichos actos. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Ahora bien, esta Juzgadora Federal advierte de oficio que en relación al acto reclamado consistente en la retención del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, y de los objetos que se encontraban en el interior del vehículo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al considerar que la parte quejosa no acredita el interés jurídico por lo que se refiere al citado acto reclamado. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la apuntada causa de improcedencia por lo que hace a la retención del vehículo y la de los objetos que se hallaran en su interior, ya que el aquí quejoso no aportó medio de convicción eficaz para acreditar fehacientemente el derecho de propiedad sobre el vehículo descrito y no describió los objetos, por lo que respecto a estos, ni siquiera es posible determinar de cuáles en su caso se tratan. Ahora, en cuando al vehículo, se afirma que no acreditó su intereses jurídico, porque para tal efecto, exhibió como pruebas: 1) Factura original B 07516 de catorce de enero de dos mil tres, que ampara el vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, transmisión automática, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C expedida por Automotriz del Caribe S.A. de C.V. a favor de Julio Cesar Samane Preciat, con diversos endosos en sus reverso, en donde el último se asentó a nombre del quejoso Rubisel Pérez Ramos; 2) Recibo número 15149 de quince de febrero de dos mil veintiuno, expedido por el Director de Tránsito Municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, en el que se hace constar que Carlos Enrique Millan Martínez no tiene infraccionada la tarjeta de circulación URV-208-C; 3) Carta responsiva de compraventa sin fecha del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, firmada como vendedor por Luis Alberto Salas Trejo y como comprador por Carlos Enrique Millan Martínez; 4) Copia simple de la licencia de conducir SC2-1308 a nombre de Rubisel Pérez Ramos, expedida por el Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo; 5) Acuse de un escrito a nombre de Rubisel Pérez Ramos presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en la Secretaria de Seguridad Pública; 6) Acuse de un escrito a nombre de Rubisel Pérez Ramos presentado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en la Secretaria de Seguridad Pública; 7) Copia simple de la credencial para votar a nombre de - Rubisel Pérez Ramos; 8) Copia simple del permiso de cinco de julio de dos mil veintitrés, para retirar la factura y endosarla, del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C; 9) Copia simple del acta de nacimiento de cinco de enero de mil novecientos noventa y dos a nombre de Rubisel Pérez Ramos. Ahora bien, en cuanto a los documentos descritos en los incisos 2) y 4) al 9) no son idóneos para acreditar la propiedad del citado automóvil Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C. Lo anterior, pues por lo que respecta al señalado con el número 2, se trata de un recibo expedido por el Director de Tránsito Municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, con el que únicamente se demuestra que Carlos Enrique Millan Martínez no tiene infraccionada la tarjeta de circulación URV-208-C; sin que ello en modo alguno, implique la titularidad del vehículo que detenta el quejoso. La prueba descrita en el inciso 4) únicamente acreditaría que el quejoso tiene expedida una la licencia de conducir SC2-1308 expedida por el Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, sin que ello implique que sea el propietario del vehículo retenido Las pruebas describas en los incisos 5 y 6 únicamente demuestra que el quejoso hizo la petición del vehículo descrito, ante dicha dependencia, pero ello en sí mismo no acredita, ni implica para efectos de este juicio de amparo que el quejoso sea el propietario. Los documentos descritos en los puntos 7 y 9, únicamente acreditan la identidad del quejoso. La prueba descrita en el inciso 8, acredita que le fue otorgado un permiso al quejoso para retirar la factura y endosarla, del vehículo retenido, pero ello en sí mismo no significa que sea el propietario para efectos de este juicio de amparo. Por lo que respecta a la documental marcada con el número 3, si bien una carta responsiva de compraventa en conjunto con otros documentos idóneos podría acreditar la propiedad de un vehículo, lo cierto es que en el caso dicha documental no demuestra que el quejoso sea titular del vehículo retenido, porque a más de que el documento no tiene fecha, tampoco se aprecia que se trate de una compraventa a su favor, es decir en la que aparezca como adquirente. Por otro lado, el documento marcado con el número 1 consistente en la factura original B 07516 de catorce de enero de dos mil tres, que ampara el vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, transmisión automática, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C expedida por Automotriz del Caribe S.A. de C.V. a favor de Julio Cesar Samane Preciat, con diversos endosos en sus reverso, en donde el último se asentó a nombre del quejoso Rubisel Pérez Ramos; tampoco acredita su interés jurídico, porque dicho documento acreditar la titularidad del vehículo que por esta vía defiende, pues solamente demuestra indiciariamente la existencia de dicho vehículo, pero no que el aquí quejoso sea el propietario del referido automotor, ya que el endoso carece de fecha cierta. En principio, cabe señalar que, si bien la factura al tratarse de un documento privado, hace prueba respecto a lo que en el mismo se contiene, conforme a lo previsto en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, cuyo valor queda al arbitrio judicial, y como en el caso, no fue objetado hace prueba legal, respecto de lo que ahí se describe. Sin embargo, la dicho medio de prueba resulta insuficiente para acreditar la propiedad del vehículo que pretende defender en esta vía de amparo, porque no se encuentra adminiculada con otros medios de prueba a nombre del quejoso y carece de fecha cierta anterior al acto reclamado. En efecto, por regla general se considera que la factura del vehículo es la prueba idónea para comprobar la propiedad pues de ella se desprende quién tiene la titularidad sobre el automotor que se defiende. Empero, si la factura no se encuentra a nombre del quejoso y sólo tiene un endoso a su favor que carece de fecha cierta anterior al acto reclamado, podría adminiculada con otros medios de prueba acreditar la titularidad sobre un vehículo automotor, pues si el endoso no es de fecha cierta la factura resulta insuficiente por sí misma. Es aplicable al caso, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 4/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2022970, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CARTA FACTURA. CUANDO SE CONCATENE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PUEDE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR EN UN JUICIO DE TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si en los procedimientos de tercería excluyente de dominio, la carta factura podía o no tener valor probatorio para demostrar la propiedad de los vehículos que fueron materia de embargo, en consideración a las características, temporalidad y finalidades por las que era expedido ese documento. Criterio jurídico: Ante la imposibilidad de exhibir la factura, la carta factura adminiculada con otros medios de prueba puede acreditar la titularidad sobre un vehículo automotor materia de una tercería excluyente de dominio, resultando insuficiente por sí misma. Justificación: Para determinar el valor convictivo que puede generarle al juzgador la carta factura para la demostración de la propiedad de un vehículo automotor, al emplear las reglas de la racionalidad general y de la experiencia, debe considerar las posibilidades fácticas de que, quien se ostente como su propietario, pueda exhibir la factura del mismo. Por lo que para tal efecto, este último deberá proporcionar los medios de prueba necesarios para acreditar tanto las condiciones o modalidades en que obtuvo esa propiedad (compraventa de contado, a través de un crédito, etcétera), como las circunstancias por las que la aludida factura está en posesión de otra persona o incluso, ha sido extraviada o destruida. Ello, a fin de que con base en esos medios de prueba, el juzgador esté en aptitud de determinar si era o no exigible la presentación de la factura y, en su defecto, pueda la carta factura generar un mayor grado de certeza sobre la titularidad del vehículo. Lo anterior, al margen de la temporalidad de la carta factura pues lo relevante es que sobre los fines administrativos a los que podría estar ligada a esa temporalidad, está la posibilidad de que quien verdaderamente sea el propietario de un automóvil pueda demostrarlo, no obstante la imposibilidad justificada de exhibir la factura respectiva o, incluso, una carta factura más reciente. En el caso, el quejoso es omiso en proporcionar otros medios de pruebas que puedan concatenarse con la factura, como sería la tarjeta de circulación o algún trámite de placas o documento a su favor, previo al acto reclamado. En esas condiciones, es claro que la factura con un endoso que no tiene fecha cierta anterior al acto reclamado se encuentra aislada y por tanto, aunque tiene valor probatorio como documento privado, es insuficiente para acreditar la propiedad del vehículo pues como se dijo solo prueba indiciariamente la existencia de éste. En efecto, el endoso que obra a favor del quejoso en la factura carece de fecha cierta anterior al acto reclamado para la procedencia del juicio de amparo, pues aunque tiene data del veinte de enero de dos mil veintidós, no existe certeza jurídica de que realmente ello haya sucedido en esa fecha; máxime que entre las demás pruebas que exhibió el quejoso obra un comprobante de un permiso de cinco de julio de dos mil veintitrés, con sello del Depósito Vehicular de la Secretaria de Seguridad Pública para retirar la factura y endosarla, lo que permite hacer la presunción en el sentido de que fue realmente hasta esa fecha en que el quejoso asentó el endoso a su favor, y no el veinte de enero de dos mil veintidós. Siendo que en la demanda de amparo, relató que la retención del vehículo ocurrió el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, esto es, antes de que le fuera permitido el reiiro de ese documento para endosarlo, lo cual por sí mismo evidencia la falta de interés jurídico para acreditar a propiedad del vehículo a través de dicho documento al carecer el endoso de fecha cierta anterior al acto reclamado En ese sentido es de resaltar que para acreditar el derecho de propiedad o posesión, el documento que se exhiba para tal efecto, debe ser de fecha cierta, aun cuando, sea uno de carácter privado, pues es necesario tener plena certidumbre de cuando aconteció el acto jurídico que en el mismo se contenga. En relación a lo anterior, es conveniente traer a colación la conclusión de la ejecutoria que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/97, en la que concluyó que un documento se considerará como fecha cierta desde los siguientes momentos a saber: a) Del día en que se celebre ante fedatario público o funcionario autorizado; b) Del momento en que sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad; o c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; Ahora bien, si en la especie el quejoso viene a solicitar el amparo por la retención de devolución de un vehículo que aduce es de su propiedad, para lo cual exhibe una factura que no se encuentra a su nombre, sino sólo tiene en endoso a su favor. En ese sentido, resulta necesario señalar que ese endoso si bien está a nombre del quejoso, no contiene fecha cierta de la traslación de dominio del automotor que la parte quejosa viene a defender, pues no hay algún otra prueba que indique que desde antes de que fuera retenido el vehículo, quejoso hubiere adquirido la propiedad del automotor, como sería la tarjeta de circulación, un contrato de compraventa de fecha cierta. Bajo esa tesitura, se puede decir que la referida prueba documental ofrecida por el quejoso es insuficiente para demostrar los derechos de propiedad y posesión que aduce tener sobre el citado vehículo que por esta vía se defiende, porque si bien es cierto que la factura de mérito tiene un endoso a su favor, no menos lo es que para que dicho acto traslativo de dominio pudiera ser considerado de fecha cierta, debería cumplir con las exigencias mencionadas, tales como que se presente o entregue a un funcionario público, por razón de su oficio, o bien, sea inscrito en el registro público correspondiente (automotor), o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, en atención a que a partir de ese momento cuando puede corroborarse la efectiva existencia del documento traslativo de dominio, con independencia de la veracidad y validez del acto mismo que el documento consigna, lo que no ocurrió en el caso particular, pues no fue sino hasta que fue exhibido en este juicio de amparo, que se tiene certeza de la existencia, o incluso se podría considerar desde el cinco de julio de este año, en que se le otorgó permiso para retirar la factura, pero ello evidentemente es posterior al acto reclamado. Por ende ello denota que no hay certeza de cuando sucedió el acto jurídico (endoso) que se indica en el mismo, y por ende el quejoso no acredita su interés jurídico. Tiene aplicación, por analogía, al caso la jurisprudencia P./J. 7/2001, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 9, registro 190371, del título y texto siguientes: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." No pasa inadvertido para quien esto resuelve que el quejoso, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser el propietario del vehículo en disputa; sin embargo, esa manifestación en modo alguno trae como consecuencia que se tenga por acreditado su interés jurídico, porque para considerarlo así era necesario que hubiese aportado diversos medios de prueba de fecha cierta que fehacientemente demostraran dicha titularidad previa al acto reclamado, lo cual se insiste, no aconteció. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentando por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 324, consultable en la página 218, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". En esa tesitura, al no haber justificado el aquí quejoso que efectivamente el vehículo retenido sea de su propiedad, ya que los elementos de convicción que aportó al presente sumario resultaron insuficientes para justificar su interés jurídico, ello trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no acreditar su interés jurídico, lo procedente en relación al acto reclamado consistente en la retención del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, y de los objetos que se encontraban en el interior del vehículo, es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo de normas. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de 1994, página 17, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.- Respecto al acto reclamado consistente en la omisión de contestar los escritos presentados el veintitrés de mayo y diecisiete de julio de dos mi veintitrés, ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y en los que esencialmente se pide la devolución del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, y sus pertenencias, se estiman fundados, por las razones siguientes. La parte quejosa se duele de la omisión por parte de las responsables Secretario de Seguridad Pública, Director Jurídico y Director del Corralón Uno o Depósito Vehicular de dicha Secretaria, de dar contestación a sus escritos presentados el veintitrés de mayo y diecisiete de julio de dos mi veintitrés, en el que solicitó la devolución del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C y sus pertenncias y la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse en cuanto a dicha omisión, lo que provocó su presunción de certeza y evidencia que no le ha dado contestación a las solicitudes del promovente. En tal virtud, es menester tener en cuenta que, el derecho humano que reconoce el artículo 8º de la Constitución Federal, es conocido con el nombre de derecho de petición, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La existencia de este derecho fundamental es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter se deriva como derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva consagrada en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en la anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8º de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 205-216, tercera parte, que dice: PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. Partiendo de las anteriores premisas y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se advierte el acuse del escrito presentado el veintidós de enero del año en curso, ante la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y ante la presunción de certeza del acto, se acreditó que en la fecha indicada por la quejosa realizó una petición por escrito de manera pacífica y respetuosa al Secretario de Seguridad Pública del Estado. De lo anterior, se observa que la parte solicitante del amparo acreditó haber cumplido con los requisitos que debe satisfacer el derecho de petición, es decir, los especificados en el inciso a) mencionado, consistentes en que la petición debe constar por escrito y realizarse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad, en este caso al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En los ocursos de mérito, la parte quejosa, solicitó sus pertenencias y se le devuelva un vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C. Al rendir su informe justificado, ya se vio que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación de las autoridades de dicha dependencia fue omiso en pronunciarse en cuanto a dicho acto. Así las circunstancias relatadas evidencian la inconstitucionalidad de su actuación omisa, ya que la obligación que el artículo 8° de la Constitución Federal impone a las autoridades a quienes se presente una petición es la de resolver sobre ella, no en un sentido específico, lo que implica que la autoridad responsable debió emitir una respuesta, por escrito, debidamente motivada, en que se pronunciara sobre la petición formulada por el peticionario del amparo, y hacérselo de su conocimiento; y a la presente fecha, la responsable no acreditó haber dado contestación a dicha petición. Máxime que han transcurrido casi tres meses desde las fechas en que se presentaron ante la responsable los escrito de mérito y hasta la en que se resuelve el presente juicio de amparo, sin que ella haya acreditado que dio respuesta a la petición que le formuló la ahora quejosa. Esto es así, porque el ciudadano no puede ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de que el Estado, como garante de tales derechos, no haya proveído lo necesario para atender, con celeridad, las necesidades de quienes acuden a él. Sirve de apoyo la tesis XV.3o.38 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario." Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN, FORMA DE RESPETAR EL DERECHO DE (ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN). Si se comprueba que la quejosa se dirigió a la Dirección General de Precios pidiéndole la reconsideración de la multa, este solo hecho es suficiente para imponer la obligación a la autoridad a quien se dirige la petición, que dé contestación en el sentido que estime conveniente, aun siendo una autoridad incompetente para resolver un recurso en el que no tiene facultades; es decir, precisamente hacerle saber al peticionario que dicha inconformidad fue turnada a la autoridad que compete, que la misma resulta infundada, o en su caso desecharla por las razones que se estimen convenientes y con los fundamentos en que se apoye, pero fundamentalmente, se debe dar contestación a la petición, porque lo contrario contraviene en forma inevitable lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional siendo de advertirse que el precepto establece la obligación de contestar por escrito la petición correspondiente, sin que lo anterior quiera decir, que deba ser en determinada forma, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece el derecho de petición en los términos antes especificados, por lo que la autoridad tiene la obligación de contestarle lo que estime conveniente, pero no dejarlo sin acuerdo alguno." Por consiguiente, la falta de contestación a la petición formulada por la parte quejosa, atribuida al Secretario de Seguridad Pública del Estado, implica vulneración violación al derecho fundamental enmarcado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación analizados, procede conceder al quejoso Rubisel Pérez Ramos, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, consistente en la omisión de dar contestación a sus escritos presentados el veintitrés de mayo y diecisiete de julio de dos mi veintitrés, ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y en los que esencialmente se pide la devolución del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, y sus pertenencias. SEPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad que debe acatar este fallo es el Secretario de Seguridad Pública del Estado y los efectos de la concesión del amparo, son: 1.- Dado el tiempo transcurrido, cumplan con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Federal, esto es, deberán dar respuesta congruente a los escritos del quejoso, presentados el veintitrés de mayo y diecisiete de julio de dos mi veintitrés, ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y en los que esencialmente se pide la devolución del vehículo Dodge Stratus, motor 2.4, 4 cilindros, color rojo lava, número de serie1B3DL46X33N583130 placa URV-208-C, y sus pertenencias. 2.- Le notifique personalmente a la parte quejosa dicha contestación o información, en el domicilio que se haya señalado al respecto. Sin que lo anterior implique que deba pronunciarse en sentido favorable a la peticiones formulada por el accionante del amparo, sino que, se insiste, únicamente que dé respuesta a la solicitud o enterar los resultados de las gestiones que haya o esté realizando, toda vez que el derecho humano tutelado por el artículo 8° constitucional, sólo contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar y que son dictar el acuerdo correspondiente por escrito y comunicar en breve término ese proveído a la peticionaria del amparo. En apoyo a lo anterior, ilustra la jurisprudencia 2a./J.1/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (Visible en el Tomo XIII, página 203, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2001, Novena Época)." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rubisel Pérez Ramos, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Titular, Director Jurídico y Director del Corralón Uno de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Rubisel Pérez Ramos, contra el acto que reclama de las autoridades responsables Titular, Director Jurídico y Director del Corralón Uno de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, precisado en el inciso 2) del considerando segundo, por los motivos expresados en el considerando sexto de este fallo, y para los efectos establecidos en el séptimo subsecuente. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Rubisel Pérez Ramos, mediante el cual, solicita la devolución de los documentos originales y demás a que se refiere en su escrito de cuenta, mismos que fueron exhibidos junto con la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos exhibidos, previo cotejo y compulsa de los originales que se realice con una copia simple de los mismos, debiendo dejarse copia certificada de éstos en el presente asunto, y copia simple de los que en esa forma fueron exhibidos previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, toda vez que el veinticuatro de octubre de este año, estaba señalado para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno debido a la declaratoria de días inhábiles por los motivos mencionados; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de señalar como fecha para que la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede se advierte que el término de quince días al que se refiere el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa en auto de seis de septiembre del presente año, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo señalando como nueva autoridad responsable a la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, transcurrió, sin que haya presentado escrito alguno con dicha finalidad; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, y el presente juicio se continuará y resolverá únicamente contra el acto y las autoridades señaladas en la demanda de amparo. Por otro lado, de la citada certificación que antecede, se advierte que aún no transcurre el término de ocho días de la vista otorgada a la parte quejosa en auto de veintiocho de septiembre del presente año, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En consecuencia, no es posible celebrar la aludida audiencia en esta data; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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