Rubicelia Sanchez Mariño

Expediente 616/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
616/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Rubicelia Sanchez Mariño

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 616/2021-VI. Puebla, Puebla, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al expediente el escrito de cuenta, de la quejosa, en donde solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo, los cuales consisten en: ? La impresión simple de comparecencia de diecinueve de noviembre de dos mil nueve (sin sellos y sin firmas originales) de , ante el Agente del Ministerio Público Titular del Tercer Turno, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, en tres fojas, impresas sólo por su anverso. ? El oficio número de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, del Agente del Ministerio Público en funciones en Salas del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en dos fojas impresas sólo por su anverso, con sello en la parte superior del anverso de la primer foja, así como sello y firma originales al calce de la última foja. ? El contrato original 624 de depósito en garantía, de veinte de marzo de dos mil nueve, sin anexo, impreso por ambas caras, en una sola foja, que contiene firmas al margen en su anverso y firmas al calce en su reverso. ? El contrato original 399 de adendum renovación automática, de siete de noviembre de dos mil ocho, consistente de una foja impresa solamente por su anverso, en el cual constan dos firmas al calce. ? El contrato original 399 depósito en garantía, de siete de noviembre de dos mil ocho, consistente de una foja impresa por ambas caras, el cual contiene firmas al margen en su anverso y firmas al calce en su reverso. ? La copia fotostática simple (sin certificación) del escrito fechado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, signado por Rubicelia Sánchez Mariño, constante de una foja impresa sólo por su anverso. ? Una copia fotostática simple de cada una de las constancias antes señaladas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase del conocimiento de la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo, los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Dichos documentos serán devueltos a la promovente, previa copia simple que se deje de los mismos en autos, para constancia. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía en original y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Apercíbasele que en caso de no comparecer en el plazo ya señalado, las mencionadas documentales serán destruidas, sin ulterior acuerdo. Se hace de su conocimiento que, de conformidad con cuanto a su vigencia por el diverso 9/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de este expediente de manera física y la recepción del instrumento antes precisado será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte quejosa en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán. Sin que resulte necesario proveer sobre el domicilio para recibir notificaciones que señala en el escrito de cuenta, porque se acordó al respecto por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 616/2021-VI. Puebla, Puebla, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al expediente el escrito de cuenta, de la quejosa, en donde solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo, los cuales consisten en: ? La impresión simple de comparecencia de diecinueve de noviembre de dos mil nueve (sin sellos y sin firmas originales) de , ante el Agente del Ministerio Público Titular del Tercer Turno, adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, en tres fojas, impresas sólo por su anverso. ? El oficio número de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, del Agente del Ministerio Público en funciones en Salas del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en dos fojas impresas sólo por su anverso, con sello en la parte superior del anverso de la primer foja, así como sello y firma originales al calce de la última foja. ? El contrato original 624 de depósito en garantía, de veinte de marzo de dos mil nueve, sin anexo, impreso por ambas caras, en una sola foja, que contiene firmas al margen en su anverso y firmas al calce en su reverso. ? El contrato original 399 de adendum renovación automática, de siete de noviembre de dos mil ocho, consistente de una foja impresa solamente por su anverso, en el cual constan dos firmas al calce. ? El contrato original 399 depósito en garantía, de siete de noviembre de dos mil ocho, consistente de una foja impresa por ambas caras, el cual contiene firmas al margen en su anverso y firmas al calce en su reverso. ? La copia fotostática simple (sin certificación) del escrito fechado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, signado por Rubicelia Sánchez Mariño, constante de una foja impresa sólo por su anverso. ? Una copia fotostática simple de cada una de las constancias antes señaladas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase del conocimiento de la parte quejosa que quedan a su disposición los documentos que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo, los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Dichos documentos serán devueltos a la promovente, previa copia simple que se deje de los mismos en autos, para constancia. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía en original y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Apercíbasele que en caso de no comparecer en el plazo ya señalado, las mencionadas documentales serán destruidas, sin ulterior acuerdo. Se hace de su conocimiento que, de conformidad con cuanto a su vigencia por el diverso 9/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de este expediente de manera física y la recepción del instrumento antes precisado será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte quejosa en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán. Sin que resulte necesario proveer sobre el domicilio para recibir notificaciones que señala en el escrito de cuenta, porque se acordó al respecto por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 616/2021-VI. Puebla, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso no recurrió el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por conducto del personal a su cargo, a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    --- Juicio de amparo 616/2021-VI. Puebla, Puebla, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que será presentada físicamente, promovida por la quejosa +++++, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Además, como la recepción de la demanda se advirtió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y no de manera material, se verificará la recepción de la demanda y sus anexos, una vez que se pase de manera física a la mesa de trámite a la que se turnó el presente asunto. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV- 2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Actos reclamados. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende lo siguiente: 1. De la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: a) La abstención de la notificación del auto de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se radicó el toca de apelación +++; b) La abstención de la notificación del auto de la audiencia de vista del toca ++++ c) El contenido y la abstención de la notificación personal del auto de fecha dos de abril de dos mil veintiuno; y, d) El contenido y la abstención de notificación personal de la resolución de trece de mayo de dos mil veintiuno, respecto del Toca ++++. 2. Del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla: a) La abstención de la notificación de la resolución de fecha trece de junio de dos mil doce, a que se refiere el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, de la Tercera Sala en Materia Penal; y, b) La abstención de la notificación de la sentencia que puso fin al proceso +++ y sus acumulados, entre ellos el +++. 3. Del Juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla. a) La omisión de la notificación de la resolución del amparo ++++0, referida en el auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno de la Tercera Sala en Materia Penal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Ahora, de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, consistente en:  La omisión de la notificación de la resolución del amparo 1556/2010, referida en el auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, de la Tercera Sala en Materia Penal. Se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.". Conforme al precepto y fracción invocados, se puede determinar que tal causa de improcedencia se surte cuando el juicio de amparo se promueve contra la resolución que se dicte por la autoridad responsable en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo. Así, la citada causa de improcedencia regula dos supuestos: el primero referente a resoluciones emitidas en los juicios de amparo. El segundo relativo a las que se dicten en ejecución de las mismas. Por cuanto hace a la primera hipótesis, es evidente que dicha causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, bajo la premisa, que en ese supuesto, el actuar de la autoridad de control constitucional en caso de desavenencia, se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuyas determinaciones por parte de los órganos superiores permiten otorgarle firmeza a lo resuelto. Por lo que se refiere a la segunda hipótesis, se señala que el amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de lo resuelto en los juicios de garantías. Así es, la interpretación funcional de la norma en cuestión, es la que refiere que el motivo de improcedencia en estudio sólo se actualiza cuando: 1. Las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o, 2. Si constituyen una consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto de lo ya resuelto por la autoridad. Ello es así porque lo examinado y fallado adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia. Apoya lo anterior por identidad, la tesis de jurisprudencia XXI.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, página 867, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." En efecto la porción normativa invocada establece la impugnabilidad mediante el juicio de amparo indirecto de las resoluciones emitidas tanto en amparos como en ejecución de los mismos; mandamiento del que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal; en virtud de que para inconformarse en tales casos, la ley de la materia, prevé específicamente su impugnación mediante los recursos y demás medios de defensa como lo es la revisión, la queja en todas sus formas, la inconformidad, etcétera. Por lo que es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores se obstaculicen al tratar de cumplimentar lo allá dispuesto, así como evitar que una cuestión ya debatida y resuelta sea controvertida, lo que atentando contra la naturaleza de la cosa juzgada y eficacia refleja de la misma, produzca incertidumbre jurídica por desencadenar una serie de juicios de amparo sobre una cuestión concluida. Luego, la mera interpretación literal del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causa de improcedencia, nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal, que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción, pues puede impugnarse mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el sentido del fallo del cual proviene. La causa invocada, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones o actos emitidos en un juicio constitucional o en cumplimentación de aquéllas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando, como se dijo, de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. Pudiéndose generar incluso un tercer supuesto, consistente en que ambos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos del laudo. En efecto, si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio constitucional contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían, se insiste, a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2015, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." En este orden, de la demanda de amparo se advierte que la resolución dictada en el juicio de amparo +++ del extinto Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, encuadra en la hipótesis de los actos emitidos dentro de otro juicio de amparo, en contra de los cuales, resulta improcedente este juicio de amparo, en términos del artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción IX, 64, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se desecha la demanda respecto del acto reclamado al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla. Actualización de otras causales de improcedencia relativas al principio de definitividad, imposible reparación y extemporaneidad, en relación con los actos reclamados a las autoridades señaladas en los números 1 y 2 que anteceden. La causal de improcedencia relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación (antes de la presentación de la demanda inicial), que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. En efecto, el precepto legal en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El texto del precepto trascrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia penal en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que atendiendo a estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de esa autoridad. Por su parte, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De lo que se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Además, las disposiciones previamente citadas, recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Para mayor ilustración: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". Al respecto, sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Por otro lado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.]". "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en este caso es de quince días. Así pues, se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. Pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro y texto se leen: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193- 198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y tenor: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Con lo aquí expuesto, deriva inconcuso que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Al respecto resulta aplicable por identidad de razón, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, Tomo IX, Junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Sentado lo anterior, toca el turno establecer la actualización de las causales de improcedencia que, según cada caso, correspondan a los actos reclamados de las autoridades señaladas en la demanda con los números 1 y 2, a saber: Entonces, de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se le reclaman:  La abstención de la notificación del auto de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se radicó el toca de apelación ´´´´´´; y,  La abstención de la notificación del auto de la audiencia de vista del toca +++++. Son extemporáneos, pues la quejosa manifestó que tuvo conocimiento de su existencia el dieciséis de abril del año en curso y tampoco agotó el incidente de nulidad de notificación que debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, pues es un medio de impugnación mediante el cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, respecto del reclamo de la "abstención de la Notificación del Auto de fecha 27 de enero de 2021, mediante el cual se radicó el Toca de Apelación ++++", y la "abstención de la notificación del auto de la Audiencia de Vista del Toca +++++", la parte quejosa sostuvo en lo conducente que: ".tuve conocimiento de la existencia de ellos el 16 de abril de 2021...", lo cual constituye una confesión expresa hecha en su demanda de amparo, en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de tal suerte, que es inconcuso que en términos del artículo 18 de la ley de la materia, desde el días siguiente hábil al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya ha transcurrido en exceso el plazo de quince días hábiles para promover la demanda de amparo. De igual modo, por cuanto hace a los actos también reclamados de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistentes en:  El contenido y la abstención de la notificación personal, del auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno; y,  El contenido y la abstención de notificación personal de la resolución de trece de mayo de dos mil veintiuno, respecto del toca +++++. Constituyen (los anteriores) actos cuya impugnación en esta vía de amparo resulta igualmente extemporánea, pues la quejosa manifestó que del acuerdo de fecha veintiséis de abril y de la resolución de trece de mayo, ambas de dos mil veintiuno y dictadas en el toca ++/+, tuvo conocimiento a través del oficio 265/2021 de veintiséis de mayo del presente año, de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. De tal manera que, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, desde el día hábil posterior al veintiséis de mayo del año en curso (en que la quejosa aduce que tuvo conocimiento de esos actos), hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo: diecisiete de junio de dos mil veintiuno (según sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla), han transcurrido más de quince días hábiles; pues éstos transcurrieron del veintisiete de mayo al dieciséis de junio actual, descontando los días veintinueve y treinta de mayo, así como cinco, seis, doce y trece de junio, todos del año actual, por ser inhábiles. En efecto, al respecto dicha quejosa, en su parte conducente, expuso: ".Del acuerdo de fecha 26 de abril del 2021 y de la resolución de 13 de mayo de 2021, ambos dictados también en el Toca ++++/++++, supe de parte de su contenido a través del oficio 265/2021 de 26 de mayo, de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.". Cabe agregar al respecto, que en lo tocante a esos los actos reclamados, que anteceden, se corrobora que la quejosa conocía de la existencia del toca al menos desde el dieciséis de abril dos mil veintiuno, lo que corrobora que es extemporánea, pues dice: ".solicité en mi escrito del día 16 de abril pasado, ante las violaciones que se me habían causado al omitir notificarme la radicación del toca citado y del auto con el que acordó la Sala, el día y hora para la celebración de la audiencia de vista, fuera diferida dicha audiencia y se me hiciera del conocimiento el momento procesal oportuno, para formular agravios, en favor de mis derechos humanos; sin embargo hasta la fecha no he recibido respuesta alguna a mi petición.". Máxime que la propia quejosa reitera que también tuvo conocimiento de esos actos el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno a través de dicho oficio y la fecha en que conoció este último, como se desprende de la parte conducente de sus manifestaciones en donde expone lo siguiente: ".SI ME ENTERE a través del oficio de número 265/2021, de notificación de fecha 26 de mayo de 2021 de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala Penal, que me notificó en la misma fecha, y me dió a conocer, en relación a mi escrito de 16 de abril, que fue presentado en la Sala de su adscripción, que recayó acuerdo de fecha 26 de abril del año en curso, dentro del toca de apelación +++++, por el Tal la Tercera Sala Penal hace del conocimiento que: 'El Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento al amparo +++++ del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, en fecha 13 de junio del año 2012 dos mil doce, resuelve AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de +++++, por el delito de fraude genérico, en perjuicio de determinadas personas, única y exclusivamente, que tenían el carácter de agraviados, entre ellos Usted, en razón de que no se acreditó el requisito de engaño.'." Manifestaciones que, como se dijo, constituyen una confesión expresa hecha en su demanda de amparo, en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; lo que denota en forma inconcusa que es extemporánea la presentación de la demanda para combatir esos actos y, derivado de ello, resulta improcedente esta vía de amparo indirecto. Sin perderse de vista que la quejosa tampoco agotó el incidente de nulidad de notificación, previamente a intentarse el presente juicio de amparo, pues es un medio ordinario de impugnación legal mediante el cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado, tal como se desprende de la jurisprudencia VI.1o.P. J/47 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia penal, tomo XX, octubre de 2004, página 2097; cuyo tenor es: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." De ahí que previamente a promover este juicio de amparo, y al margen de lo extemporáneo de su impugnación, la parte quejosa estaba en aptitud de combatir esas abstenciones en notificársele lo antes descrito y que ahora reclama, mediante el respectivo incidente de nulidad de notificación que planteara ante la instancia natural correspondiente. Por ello, es evidente que no agotó el principio de definitividad en su contra, previamente a acudir a esta instancia constitucional, lo que deviene en lo improcedente de este juicio de amparo. En la misma tesitura, debe decirse que los anteriores son (en adición) actos dentro del juicio de segunda instancia que no tienen una imposible reparación, porque pueden subsanarse mediante dicha incidencia (de nulidad notificación); máxime que la aquí quejosa es parte procesal en el proceso penal de origen, al afirmar ser una de las víctimas. Es así, porque para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales, lo que no ocurre en el caso de los aludidos actos reclamados, en términos del artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 De donde se sigue que los actos ya precisados tendrían, en dado caso, una naturaleza jurídica intraprocesal, que como tal no reúne esas características de irreparabilidad, por lo que deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes o, inclusive, acudir en vía de amparo directo a hacerlo valer como violación procesal. Así, puede decirse que tales actos reclamados son de carácter procesal no tienen el calidad de irreparables, habida cuenta que la afectación que producente no incide directamente en derechos sustantivos de la quejosa, y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Por ende, como se dijo, son actos dentro del juicio de segunda instancia que no son de imposible reparación porque pueden repararse mediante dicha incidencia, máxime que ella es parte procesal al afirmar ser una de las víctimas, quien (como se ha visto) conocía de la existencia del toca al menos desde el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. De ahí lo improcedente de esta vía de amparo indirecto respecto de los actos ya mencionados. En lo tocante a los diversos actos reclamados del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla consistentes en:  La abstención de la notificación de la resolución de fecha trece de junio de dos mil doce, a que se refiere el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, de la Tercera Sala en Materia Penal; y,  La abstención de la notificación de la sentencia que puso fin al proceso +++/+ y sus acumulados, entre ellos el +++/2+++. Dichos actos también actualizan la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, porque la quejosa no agotó el incidente de nulidad de notificación que debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, pues como se ha expuesto, es un medio de impugnación mediante el cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado. También, devienen extemporáneos habida cuenta que la quejosa (como se vio con antelación) manifestó en la parte conducente de su demanda que respecto de la resolución de trece de junio de dos mil doce, tuvo conocimiento por boca (sic) del Agente del Ministerio Público adscrito a la sala, el dieciséis de abril del presente año, como se muestra a continuación: ".resolución de 13 de junio del 2012, lo supe por boca de la agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia el 16 de abril del 2021.". De suerte tal que es inconcuso que en términos del artículo 18 de la ley de la materia, desde el días siguiente hábil al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya ha transcurrido en exceso el plazo de quince días hábiles para promover la demanda de amparo. Sobre todo que, como ya se ha expuesto, la propia quejosa reitera que también tuvo conocimiento de esos actos el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno a través de dicho oficio y la fecha en que conoció este último: ".SI ME ENTERE a través del oficio de número 265/2021, de notificación de fecha 26 de mayo de 2021 de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Tercera Sala Penal, que me notificó en la misma fecha, y me dió a conocer, en relación a mi escrito de 16 de abril, que fue presentado en la Sala de su adscripción, que recayó acuerdo de fecha 26 de abril del año en curso, dentro del toca de apelación +++/2020, por el cual la Tercera Sala Penal hace del conocimiento que: 'El Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento al amparo +++/2010 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla, en fecha 13 de junio del año 2012 dos mil doce, resuelve AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, en favor de +++++, por el delito de fraude genérico, en perjuicio de determinadas personas, única y exclusivamente, que tenían el carácter de agraviados, entre ellos Usted, en razón de que no se acreditó el requisito de engaño.'." De donde se sigue lo improcedente de dicho acto. De igual forma, respecto de la notificación de la sentencia que puso fin al proceso ++++/2010 y sus acumulados, entre ellos el +++ la quejosa manifestó que se enteró el quince de abril de dos mil veintiuno, al acudir al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla a pedir información del proceso +++++, pues al respecto, expresó en su parte conducente lo siguiente: ".De que el Juez Cuarto Penal emitió sentencia, que puso fin al proceso 86/2010, me enteré el 15 de abril del 2021, al acudir al Juzgado Cuarto a pedir información del proceso ++++."; por lo que en términos del artículo 18 de la ley de la materia, desde el días siguiente hábil al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya ha transcurrido en exceso el plazo de quince días hábiles para promover la demanda de amparo. Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo de la quejosa ++++++, porque los actos que reclama actualizaron las causales de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Consulta física del expediente. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica al quejoso que la recepción de todas las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos jurisdiccionales, que implican obtener una cita en los términos delimitados por el Consejo de la Judicatura Federal. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Téngase como domicilio físico de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su demanda. Sin que haya designado autorizado alguno de su parte. Comunicación con la quejosa. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, se requiere a la quejosa para que, si así lo desea, proporcione un número telefónico y correo electrónico. Se hace la precisión que el referido medio de comunicación, sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. De modo que las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda original al expediente. Debido a las medidas de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa, y cúmplase.

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