Rufino Lopez Espinoza

Expediente 1324/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1324/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Rufino Lopez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1324/2022-IV. Puebla, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que ******* como defensora del quejoso *******, no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la defensora del quejoso *******. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la defensora del quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1324/2022-IV. Puebla, Puebla, doce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por ****** quien se ostenta como defensora pública del quejoso ******-cargo que manifiesta haber recibido al inicio de una audiencia de juicio oral-, contra actos del magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Sistema Acusatorio Adversarial del Tribunal Superior de Justicia del Estado sic y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al promovente a que continúe la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda formulada por la defensora del quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de los actos siguientes: ".a).- De la autoridad ORDENADORA.- El desechamiento del Incidente de Recusación radicado como numero sic de TOCA *******, promovido por la Defensa Pública en audiencia oral y pública de fecha 30 de noviembre de 2022 y en contra de la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal Ana Alicia Ponce Frías. b).- De la autoridad EJECUTORA.- El acuerdo de fecha 07 siete de diciembre de 2022, por el cual se señala la continuación de la Audiencia de Juicio Oral *******, para la 13:00 horas del día 09 nueve de diciembre de 2022.". Sólo que los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación formulados por la defensora, permiten visualizar que su reclamó está dirigido esencialmente contra el acuerdo dictado por el magistrado responsable, en el que declaró improcedente la acción incidental de recusación. Pero el acuerdo que dictó el magistrado responsable en el toca ******, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, en el trámite de asuntos del sistema acusatorio, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona. Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que el acuerdo dictado por el magistrado responsable en el toca ******, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que el acuerdo dictado en el referido toca, que declaró improcedente el incidente de recusación, sólo tiene el efecto de que la jueza del tribunal de enjuiciamiento a quien se pretendió recusar, continúe el desahogo de la audiencia de juicio oral en la que interviene el quejoso como acusado, lo cual únicamente podría generar una afectación a derechos adjetivos o procesales, que incidiría en las posiciones que van asumiendo las partes dentro del procedimiento, con vista a un fallo favorable. En otras palabras, si la eventual sentencia definitiva que se pronunciara en la audiencia de juicio oral, resultara favorable a los intereses del quejoso, ninguna repercusión habrá tenido el acuerdo dictado por el magistrado responsable en el toca ******, que declaró improcedente el incidente de recusación. Así se desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 29/2021 10a., de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2023342, y dice: "RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara infundado un incidente de recusación o si se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que en contra de la resolución que declara infundado un incidente de recusación no procede el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de imposible reparación sino que, al constituir una violación a derechos adjetivos, debe reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo. Justificación: En términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, esta Segunda Sala determina que la resolución que declara infundado un incidente de recusación, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal". La tesis jurisprudencial transcrita, refuerza la perspectiva de esta juzgadora de tutela, de que el acuerdo dictado por el magistrado responsable en el toca ******, que declaró improcedente el incidente de recusación, no tiene las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación, reflejan que el único efecto del referido acuerdo es que la jueza del tribunal de enjuiciamiento a quien se pretendió recusar, continúe el desahogo de la audiencia de juicio oral en la que interviene el quejoso como acusado. Entonces, el acuerdo dictado por el magistrado responsable únicamente podría generar una afectación a derechos adjetivos o procesales, porque no determinó una ruta específica de análisis para el hecho con apariencia de delito por el cual haya sido acusado el quejoso; y la decisión del magistrado responsable tampoco determina que vaya a declararse la plena culpabilidad de éste en la fase de juicio oral, ni siquiera se advierte que haya generado, la improcedencia del incidente de recusación, una restricción a los derechos que tiene como acusado. En efecto, el acuerdo que declaró improcedente el incidente de recusación no impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso como acusado en la causa penal, porque el magistrado responsable nunca estableció restricciones al derecho que éste tiene con su defensora pública, para seguir interviniendo en la audiencia de juicio oral, y como se dijo, nunca implicó el acuerdo que declaró improcedente el incidente que se vaya a declarar la materialidad del delito o la plena responsabilidad penal de aquél, según se desprende del contenido de la demanda. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el acuerdo dictado por el magistrado responsable en el toca *******, que declaró improcedente el incidente de recusación, porque este nunca afectó derechos sustantivos del quejoso. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra el acuerdo que declaró improcedente el incidente, permiten descartar que este hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como acusado. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe considerarse que el acuerdo dictado por el magistrado responsable en el toca ******, que declaró improcedente el incidente de recusación el principal acto combatido, representa un acto de mero impacto a derechos procesales en ese toca y en la audiencia de juicio oral, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. [.] XVI. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de las providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión.". De ahí que no pueda considerarse que el acuerdo dictado por el magistrado responsable en el toca *******, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en el trámite de la recusación ni en la audiencia de juicio oral, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación, conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto. Entonces, debe estimarse que el acuerdo que declaró la improcedencia del incidente de recusación, en el toca *******, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la recusación y de la audiencia de juicio oral, por ende, no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente implica que la jueza del tribunal de enjuiciamiento a quien se pretendió recusar, continúe el desahogo de la audiencia de juicio oral en la que interviene el quejoso como acusado, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que la defensora pública del quejoso pretende combatir un acuerdo del magistrado responsable, que sólo generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la recusación y de la audiencia de juicio oral. Por tanto, se declara que el acuerdo que declaró la improcedencia del incidente de recusación, en el toca ******* el principal acto combatido, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la defensora pública del quejoso, dado que el acuerdo reclamado al magistrado responsable no tiene los atributos de imposible reparación y por ende, actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio de la defensora para oír y recibir notificaciones, el inmueble señalado en la demanda de amparo -ubicado en la ciudad de Puebla-. En consecuencia, se descarta el correo electrónico y el número telefónico que ofreció como domicilios para recibir notificaciones, pues las disposiciones de la Ley de Amparo carecen de previsiones legislativas que autoricen la práctica de notificaciones en esos medios electrónicos. A pesar de lo anterior, se deja establecido que el correo electrónico y el número telefónico ofrecidos por la defensora, quedan recibidos como medios de contacto no procesales y únicamente para que el actuario encargado de notificar este acuerdo, ubique el inmueble señalado como domicilio procesal. Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las personas nombradas por aquélla al principio de la demanda, porque únicamente las designó para recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente y al quejoso el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal a la defensora del quejoso, en el domicilio procesal señalado en la demanda; y cúmplase.

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