Ruben Rivera Ramirez

Expediente 1044/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1044/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Ruben Rivera Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron la sentencia donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio -por inexistencia de actos-. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA ALCANZÓ EL RANGO DE EJECUTORIA (COSA JUZGADA). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. Por último, se deja establecido que nunca se formó el incidente de suspensión, porque el quejoso no solicitó esa medida en la demanda ni en el trámite de este juicio, razón por la cual es inviable emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1044/2022-IV. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Sentencia con la cual se resuelve el juicio de amparo 1044/2022-IV, promovido por el quejoso **** por derecho propio, contra actos de la ".Fiscalía General del Estado de Puebla, Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de Investigación Centro." (sic), y otra autoridad responsable. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso pidió amparo contra diversos actos porque a su decir transgredieron los derechos tutelados por los artículos 8 y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857.3 SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, fue admitida la demanda en el juicio número 1044/2022-IV, por lo que se requirió informe justificado a las autoridades responsables, fue ordenada la notificación del juicio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones. En ese mismo proveído se informó a las partes que si deseaban comparecer a la celebración de la audiencia, únicamente sería posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex. Por lo que deberían proporcionar un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como tener equipo de cómputo que cumpliera al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberían descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Lo anterior, para que se realizaran las gestiones pertinentes a fin de que pudieran acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. De modo que la parte interesada, debería elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de dicho proveído (de cuatro de octubre del año en curso) de lo contrario, la audiencia se celebraría sin la presencia electrónica de las partes. Pese a ello, ninguna de las partes manifestó su deseo de comparecer por videoconferencia, a la celebración de esta audiencia -que termina con la fase de sentencia-, lo cual fue asentado por el secretario que me asiste en la certificación respectiva. Así que al estar integrado el presente asunto, se inició la audiencia constitucional en términos del acta precedente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. La jueza que suscribe, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla tiene competencia legal para resolver el presente juicio de protección, en términos de la constitución, la ley4 y la normatividad administrativa aplicable5 , porque los actos combatidos por el quejoso no tienen ejecución material, razón por la cual pueden ser presentados a la jurisdicción de cualquier autoridad de tutela constitucional6 -en este asunto la juzgadora que resuelve-. SEGUNDO. Materia del juicio. La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo7 frente al proveído de admisión, permite determinar los siguientes actos reclamados: a). La falta de acuerdo a un escrito que afirmó el quejoso haber presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, en el cual pidió una medida precautoria consistente en la suspensión de pagos, dentro de la carpeta de investigación formada con una denuncia formulada por aquél, por el ilícito de fraude; y b). La falta de notificación del acuerdo que hubiera recaído al mencionado escrito. TERCERO. Inexistencia. Las autoridades responsables que se puntualizan a continuación, negaron los actos combatidos al rendir sus informes justificados: Agente del Ministerio Público de nombre Gerardo de San Pedro Solano, de la Unidad de Investigación Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y Agente del Ministerio Público Investigadora de nombre María de Lourdes Vargas Arenas, de la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Para demostrar la inexistencia de las omisiones combatidas, la citada agente del Ministerio Público (María de Lourdes Vargas Arenas), ofreció copias de determinadas actuaciones de la carpeta de investigación *******. Tales copias adquieren pleno valor probatorio en esta instancia como documento público, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fueron certificadas por una servidora pública con facultades para autenticar documentos. De esas copias certificadas se desprende que el asesor del quejoso presentó un escrito el uno de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual solicitó una medida precautoria consistente en la suspensión de pagos, dentro de la carpeta de investigación formada con una denuncia formulada por aquél, por el ilícito de fraude. El veinte de septiembre de la presente anualidad, compareció el asesor jurídico del quejoso a revisar la carpeta de investigación, y en ese momento fue acordado el escrito de marras por una de las autoridades responsables. Incluso, en esa misma data el quejoso conoció el acuerdo recaído a su escrito, a través de su asesor jurídico, dado que este se hallaba ante la agente responsable al momento de la emisión del auto señalado. Todo lo anterior ocurrió antes de presentada la demanda de amparo, que se recibió el tres de octubre de dos mil veintidós. Ello demuestra la inexistencia de los actos reclamados, pues al momento de la presentación de la demanda de amparo -tres de octubre de dos mil veintidós- ya había sido acordado el escrito presentado a favor del quejoso, y también fue efectuada la notificación del proveído de respuesta. Entonces, se tiene una negativa de los actos reclamados, expresada en forma válida por las autoridades responsables. Además, el quejoso no aportó pruebas en el trámite de este sumario constitucional, aunque el ofrecimiento de medios de convicción era indispensable para desvirtuar los informes justificados, y acreditar la existencia de los actos combatidos. Por consiguiente, ninguna prueba se tiene para dudar de los informes justificados, y la revisión efectuada a estos frente a las demás actuaciones del expediente, sólo conduce a la inexistencia de las omisiones reclamada. Bajo este contexto, se estima que deben prevalecer las negativas de las autoridades responsables y por ende, declarar la inexistencia de los actos -precisados en el segundo punto considerativo-. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos imputados a las autoridades emplazadas como responsables. CUARTO. Publicación de datos. En el presente juicio de amparo, se indicó a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la constitución federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación. Por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales.8 QUINTO. Medidas especiales. Con el fin de respetar la política de sana distancia, aplicada por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que los oficios generados a fin de notificar esta sentencia a las autoridades responsables sean enviados por correo electrónico -ya sea oficial o al proporcionado por quien se encuentre de guardia-. Además, deben confirmar su recepción y levantar razón de ello. Pero en caso de no ser posible, deberán notificar los oficios de manera física, por tratarse de autoridades locales. Ello, conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad que se les ha proporcionado para tal efecto. PUNTOS RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso *****, por derecho propio, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. TERCERO. Se dispuso una vía especial de notificación para los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por la situación actual de contingencia sanitaria. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1044/2022-IV. Puebla, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Diferimiento. El estado procesal del juicio, refleja que a la fecha transcurre la vista de ocho días otorgada a las partes, en acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, con los informes justificados de las autoridades responsables y las constancias ofrecidas por una de estas. Por ello, debe considerarse que este juicio de amparo todavía no se ha integrado, pues la mencionada vista habrá de terminar hasta el veintiséis de los cursantes. Entonces, para dar oportunidad a que las partes tengan oportunidad de expresar lo conducente dentro de la vista de marras, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que sea celebrada. Notifíquese.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1044/2022-IV. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado de autoridades responsables. Se agregan al expediente los oficios de las autoridades responsables denominadas: Agente del Ministerio Público de nombre Gerardo de San Pedro Solano, de la Unidad de Investigación Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y Agente del Ministerio Público Investigadora de nombre María de Lourdes Vargas Arenas, de la Fiscalía de Zona Metropolitana Centro, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En esos oficios rinden su informe justificado con la postura siguiente: Niegan los actos reclamados por el quejoso, y la citada agente del Ministerio Público (María de Lourdes Vargas Arenas), ofrece copias de determinadas actuaciones de la carpeta de investigación precisada en la demanda, a fin de demostrar la inexistencia de las omisiones combatidas. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer esos informes y su anexo a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, para que se manifiesten como a su interés convenga -sobre los informes y copias recibidas-. Lo anterior, con independencia de que serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrarse la audiencia constitucional. Indicación de revisar. Por último, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que revise esas copias cuando acuda a las instalaciones del juzgado, para corroborar que estén legibles, completas y sean suficientes para el estudio de los actos reclamados. Notifíquese y cúmplase.

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