Rubén Vázquez Sosa
Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rubén Vázquez Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en la ciudad de Zacatecas y el testimonio de la ejecutoria de veintinueve de agosto del año en curso, dictada por ese Tribunal Colegiado, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por el quejoso Rubén Vázquez Sosa, contra el auto de veintisiete de mayo de la presente anualidad, dictado por este Juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja" Acúsese recibo. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso Rubén Vázquez Sosa, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el veintisiete de mayo de la presente anualidad, se desechó la demanda de amparo promovida por Rubén Vázquez Sosa, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados; remítase el escrito original de expresión de agravios presentado por el citado quejoso, así como copias certificadas de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para obrar como corresponda, el escrito presentado por Rubén Vázquez Sosa, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de diecisiete de mayo en curso exhibe las copias solicitadas; al respecto se acuerda: Se tiene por cumplido el requerimiento de referencia. Ahora, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido en los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa TJA/RAG/146/2019, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y la Secretaria General de Acuerdos del referido Tribunal. Señalado lo anterior, en lo que se refiere a la secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, se desecha la demanda de amparo por no ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que sus funciones sólo se limitan a autorizar y dar fe respecto de los actos pronunciados por el titular del Tribunal de Justicia Administrativa; lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, por analogía, en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página setecientos cincuenta, Tomo III, Segunda Parte-2, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente dice: "SECRETARIOS DE ACUERDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS. Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, los actos realizados por un secretario de acuerdos, no tienen el carácter de autoridad, ya que sus funciones sólo se limitan a autorizar y dar fe respecto de los acuerdos pronunciados por el titular del juzgado, esto es, esa actuación del funcionario de mérito, se circunscribe a los supuestos contenidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero común del Distrito Federal; por consiguiente ante la naturaleza del reclamo que se hace al servidor público en mención, resulta evidente que no se trata de actos propios de autoridad, lo cual permite establecer que la participación que dicho secretario realizara en aquel contradictorio, ningún agravio irroga al quejoso, puesto que el acto o actos de intervención precisados, los mismos, jurídicamente y por la naturaleza de sus funciones, sólo revestirán características fedatarias, requisito sine qua non para la validez y existencia de las correspondientes actuaciones, como al efecto lo dispone el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles". También sirve de apoyo la jurisprudencia 1103, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos sesenta y tres, Tomo VI, Parte HO, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, del tenor: "AUTORIDADES. QUIENES LO SON. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen". Y, con relación al acto que reclama al Magistrado Instructor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, es pertinente señalar que el ahora quejoso se desempeña como subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del Estado de Zacatecas, a quien en el procedimiento de responsabilidad administrativa TJA/RAG/146/2019-P3, en auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, el Magistrado Instructor de Responsabilidades Administrativas Graves, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, ratificó como "GRAVE" la falta administrativa que se le imputa en la instauración de dicho procedimiento, por su presunta responsabilidad administrativa radicado con el número DRA/005/PARA/2019, ante la Secretaría de la Función Pública. Acto reclamado. Previamente, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del juicio, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no puede considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la resolución, que en caso de ser favorable a los intereses del quejosos, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de los quejosos, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución al quejoso en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en el auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido en el procedimiento de responsabilidad administrativa TJA/RAG/146/2019-P3, por el Magistrado Instructor de Responsabilidades Administrativas Graves, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, donde ratificó como "GRAVE" la falta administrativa que se le imputa en la instauración de dicho procedimiento, por su presunta responsabilidad administrativa radicado con el número DRA/005/PARA/2019, ante la Secretaría de la Función Pública, es evidente que sólo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que el procedimiento concluya en definitiva y de ser desfavorable la resolución que se emita a la parte inconforme, puede combatirla mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia visible en la página ciento cuarenta y cuatro, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia consultable en la página ciento cincuenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que los actos controvertidos en la presente instancia constitucional no tienen ejecución de imposible reparación en perjuicio del impetrante de garantías. Lo anterior es así, porque el acto reclamado no es la resolución que pone fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra en proceso, sino que se trata de un auto que ratificó la calificativa de falta grave en el procedimiento de responsabilidad administrativa ya descrito y que se sigue en contra del quejoso, mismo que no ha concluido. Al efecto, el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone: "Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión." Conforme a dicho artículo, una vez que la falta administrativa es calificada, en esta se incluye un informe de presunta responsabilidad administrativa, se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que si no se encuentran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que el acto controvertido en la presente instancia constitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación sobre el quejoso en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del procedimiento del que emana tal acto procesal, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en el desarrollo del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sobre el particular, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 66, Junio de 1993, visible en la página 46, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Además, la jurisprudencia por contradicción de tesis, número P./J.24/92, sustentada por el Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 164, del Apéndice de 1995, tomo VI, tesis 244, Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Rubén Vázquez Sosa, en su carácter de Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas, contra actos del Magistrado instructor en Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos constitucionales; se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 439/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, la parte quejosa únicamente exhibió el escrito original de su demanda; por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días: Exhiba siete copias más de su escrito de demanda de amparo, en virtud que solo exhibe el escrito original de su demanda de amparo y son necesarias siete, a saber: dos copias para correr traslado a las autoridades responsables; cuatro para los terceros interesados que señala y una copia para el agente del Ministerio Público Federal adscrito. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª./J.106/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta, del tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a la prevención antes destacada, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Se tiene por autorizado para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Jesús Luna Celaya, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como exige el mencionado precepto legal; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en calle San Isidro, número doscientos tres, Fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad de Zacatecas.
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