Rubén Sotelo Martínez

Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
909/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Rubén Sotelo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto; el escrito presentado por el quejoso Rubén Sotelo Martínez, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de trece de noviembre en curso, señala que el acto reclamado es la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia en el expediente 775/2006; al respecto, se acuerda: Se tiene por cumplido el requerimiento contenido en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, reiterado el veintiuno siguiente. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; a su vez, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso Rubén Sotelo Martínez, por su propio derecho, reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006 del índice de dicha responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintitrés de agosto de esta anualidad, en que dicha responsable admitió la prueba documental presentada por la demandada incidental, consistente en constancia médica expedida por diverso galeno, en que se hace constar que la paciente Diana Laura Rojas Sotelo, es portadora de una enfermedad llamada Espodiloartritis. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio -en el caso, incidente de cesación de pensión alimenticia-, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio -en el caso, incidente de cesación de pensión alimenticia-, afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del incidente de cesación de pensión alimenticia, aunque se obtuviera una interlocutoria favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no pueden considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la interlocutoria definitiva en el incidente de cesación alimenticia, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, en principio, procedería el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como derechos fundamentales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintitrés de agosto de esta anualidad, en que dicha responsable admitió la prueba documental presentada por la demandada incidental, consistente en constancia médica expedida por diverso galeno, en que se hace constar que la paciente Diana Laura Rojas Sotelo, es portadora de una enfermedad llamada Espodiloartritis, por lo que es evidente que dicha determinación sólo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte la interlocutoria definitiva en el incidente de cesación de pensión alimenticia del que deriva el acto reclamado, en caso de que ésta sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo indirecto. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio -en el caso, incidente de cesación de pensión alimenticia- que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en la Constitución, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la interlocutoria "definitiva" en el incidente de cesación de pensión alimenticia del que deriva el acto reclamado para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio de la impetrante del amparo, pues se reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006 del índice de la citada responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintitrés de agosto de esta anualidad, en que dicha responsable admitió la prueba documental presentada por la demandada incidental, consistente en constancia médica expedida por diverso galeno, en que se hace constar que la paciente Diana Laura Rojas Sotelo, es portadora de una enfermedad llamada Espodiloartritis. Lo anterior; es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de un auto en que se determina sobre la admisión de una prueba documental anunciada dentro del incidente de cesación de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006, del índice de la autoridad responsable, Juez Segundo del Ramo Civil de la capital. En efecto, no se soslaya que el acto reclamado se emitió en etapa de ejecución o después de dictada la sentencia definitiva, aunque sí dentro del trámite de un incidente, de ahí que se sostenga que, en todo caso, la referida violación procesal será impugnable vía amparo indirecto en contra de la interlocutoria correspondiente, luego de agotado el principio de definitividad. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que el acto controvertido en la presente instancia constitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante del amparo en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Sotelo Martínez, por su propio derecho, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    publico auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el escrito presentado por el quejoso Rubén Sotelo Martínez, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de trece de noviembre en curso, señala que el acto reclamado es la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia en el expediente 775/2006; al respecto, se acuerda: Se tiene por cumplido el requerimiento contenido en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, reiterado el veintiuno siguiente. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; a su vez, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso Rubén Sotelo Martínez, por su propio derecho, reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006 del índice de dicha responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintitrés de agosto de esta anualidad, en que dicha responsable admitió la prueba documental presentada por la demandada incidental, consistente en constancia médica expedida por diverso galeno, en que se hace constar que la paciente Diana Laura Rojas Sotelo, es portadora de una enfermedad llamada Espodiloartritis. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 172, fracciones III y XII, del citado numeral, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en juicio -en el caso, incidente de cesación de pensión alimenticia-, que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, es necesario dejar establecido que, por actos que producen ejecución irreparable, debe entenderse aquéllos que dentro del juicio -en el caso, incidente de cesación de pensión alimenticia-, afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano, sea parte, cuyos efectos no se pueden reparar en el curso del incidente de cesación de pensión alimenticia, aunque se obtuviera una interlocutoria favorable al quejoso, en razón de que los daños o perjuicios que pudiera resentir el particular con esa clase de actos, no se le pueden resarcir en ninguna actuación posterior. Por consiguiente, no pueden considerarse como actos de imposible reparación los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, puede ser reparado al momento de dictarse la interlocutoria definitiva en el incidente de cesación alimenticia, en caso de ser favorable a los intereses del quejoso, o no siéndolo mediante la impugnación de la misma, haciéndose valer aquélla violación procesal. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley de Amparo, en principio, procedería el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Pues, se reitera que los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Carta Magna. Siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como derechos fundamentales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Luego, si como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintitrés de agosto de esta anualidad, en que dicha responsable admitió la prueba documental presentada por la demandada incidental, consistente en constancia médica expedida por diverso galeno, en que se hace constar que la paciente Diana Laura Rojas Sotelo, es portadora de una enfermedad llamada Espodiloartritis, por lo que es evidente que dicha determinación sólo produce efectos intraprocesales, que pueden ser reclamados una vez que se dicte la interlocutoria definitiva en el incidente de cesación de pensión alimenticia del que deriva el acto reclamado, en caso de que ésta sea desfavorable a la parte inconforme, mediante el juicio de amparo indirecto. En efecto, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio -en el caso, incidente de cesación de pensión alimenticia- que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y, en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que, se reitera, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. De lo anterior, podemos establecer como actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en la Constitución, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la interlocutoria "definitiva" en el incidente de cesación de pensión alimenticia del que deriva el acto reclamado para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto. Entonces, dadas las consideraciones antes expuestas, se concluye que el acto controvertido en la presente instancia constitucional no tiene ejecución de imposible reparación en perjuicio de la impetrante del amparo, pues se reclama la resolución de diez de octubre de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo del Ramo Familiar de la capital, dentro del incidente de cese de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006 del índice de la citada responsable, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra el auto de veintitrés de agosto de esta anualidad, en que dicha responsable admitió la prueba documental presentada por la demandada incidental, consistente en constancia médica expedida por diverso galeno, en que se hace constar que la paciente Diana Laura Rojas Sotelo, es portadora de una enfermedad llamada Espodiloartritis. Lo anterior; es así, porque el acto reclamado no es la resolución que ponga fin a la etapa procesal que se advierte que se encuentra ese juicio, sino que se trata de un auto en que se determina sobre la admisión de una prueba documental anunciada dentro del incidente de cesación de pensión alimenticia derivado del expediente 775/2006, del índice de la autoridad responsable, Juez Segundo del Ramo Civil de la capital. En efecto, no se soslaya que el acto reclamado se emitió en etapa de ejecución o después de dictada la sentencia definitiva, aunque sí dentro del trámite de un incidente, de ahí que se sostenga que, en todo caso, la referida violación procesal será impugnable vía amparo indirecto en contra de la interlocutoria correspondiente, luego de agotado el principio de definitividad. Por consiguiente, como ya se indicó, resulta incuestionable que el acto controvertido en la presente instancia constitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación sobre el impetrante del amparo en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que emana tal acto procesal, aunque se obtuviera una resolución favorable, pues éstos no afectan directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela nuestra Carta Magna por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Sotelo Martínez, por su propio derecho, con sustento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto; el escrito presentado por el quejoso Rubén Sotelo Martínez, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de trece de noviembre en curso; al respecto, se acuerda: No ha lugar a tener por cumplido el requerimiento hecho a la parte quejosa en auto de trece de noviembre en curso, en atención a que el impetrante insiste en omitir precisar el acto reclamado, considerando que no indica la fecha de la que se emitió "la ilegal resolución al recurso de revocación pronunciada dentro del cuadernillo de pruebas de la parte demandada (.)". En ese contexto, debido a que los aspectos del auto preventivo no están colmados resulta procedente requerir de nueva cuenta a la parte quejosa, para que dentro del término señalado en el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve y bajo protesta de decir verdad, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, aclare su demanda de amparo en los términos precisados con antelación. En la inteligencia de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto en comento -se tendrá por no presentada su demanda de amparo-; en el entendido que el término señalado en dicho auto, se interrumpió con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído.

  4. Principal

    se publica auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el escrito presentado por el quejoso Rubén Sotelo Martínez, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de trece de noviembre en curso; al respecto, se acuerda: No ha lugar a tener por cumplido el requerimiento hecho a la parte quejosa en auto de trece de noviembre en curso, en atención a que el impetrante insiste en omitir precisar el acto reclamado, considerando que no indica la fecha de la que se emitió "la ilegal resolución al recurso de revocación pronunciada dentro del cuadernillo de pruebas de la parte demandada (.)". En ese contexto, debido a que los aspectos del auto preventivo no están colmados resulta procedente requerir de nueva cuenta a la parte quejosa, para que dentro del término señalado en el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve y bajo protesta de decir verdad, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, aclare su demanda de amparo en los términos precisados con antelación. En la inteligencia de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto en comento -se tendrá por no presentada su demanda de amparo-; en el entendido que el término señalado en dicho auto, se interrumpió con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído.

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