Rubén Rivera Velázquez

Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
843/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Rubén Rivera Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; la demanda de amparo que promueve ********, por propio derecho, contra actos de la Directora General de la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección General adjunta de la Administración de la Dirección General de Recursos Humanos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México y otras autoridades, el Juez acuerda: Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; asimismo, el artículo 113, de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la orden de suspensión de su cargo o comisión por un periodo de quince días naturales, mediante la instrucción que giró la Dirección General adjunta de la Administración de la Dirección General de Recursos Humanos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, mediante oficio 5.2.2.1.0242, que le fue notificado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, a la ejecutora Director del Centro SCT Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como la orden de suspensión de su empleo por quince días naturales, que solicitó el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficios 09/600/057/2018 y 09/600/058/2018, a la ejecutora Director del Centro SCT Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que le fueron notificados el veintisiete de febrero del año en curso. Y, de los antecedentes que cita el quejoso, se desprende que el catorce de julio de dos mil diecisiete, le fue notificado un procedimiento de responsabilidad, tramitado en el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México. Que acudió ante dicho órgano, rindió declaración y ofreció pruebas y el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó resolución, en la que se determinó la suspensión en su empleo por el término de quince días naturales, contra la cual se inconformó y presentó recurso de revocación, mismo que se resolvió el siete de febrero de dos mil dieciocho, mismo que le fue notificado el ocho del citado mes y año, por rotulón. Que después, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, fue llamado al área jurídica del centro SCT, Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se le entregó un oficio en el que se le comunicó que a partir del primero de marzo y hasta el quince de marzo de dos mil dieciocho, se le suspende en su empleo y que a la fecha dicho procedimiento no a causado estado, ya que dicha resolución es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El citado principio (definitividad) tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de comunicaciones y Transportes, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra la determinación del propio Órgano de suspenderlo en su empleo por el término de quince días naturales, dentro del procedimiento que se tramita bajo el número DR-0111/2017. Como se puede advertir de lo antes expuesto, la resolución de mérito, tal como el propio quejoso lo admite, no ha quedado firme, al ser impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al artículo 25, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En efecto, el referido precepto, así como el 21, 27, 28 y 30 de la mencionada ley precisan: "ARTÍCULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan. La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades; IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna. Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que la Secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia Secretaría." "ARTÍCULO 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "ARTÍCULO 27.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas: I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos: a) Que se admita el recurso; b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. "ARTÍCULO 28.- En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior. No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia." "ARTÍCULO 30.- La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva. Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable. Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables." En ese contexto, es inconcuso que contra la determinación de siete de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación que el quejoso interpuso contra la resolución que dictó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, previo a instar la acción constitucional, debió impugnarla ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; pues conforme al artículo 28 de la misma, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo que reclama, éste no exige mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y, por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Tiene sustento a lo esgrimido con antelación, la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo XX, julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió impugnar el acto reclamado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a instar la acción constitucional. No es óbice a lo expuesto que el quejoso indique que reclama la suspensión de empleo por el término de quince días naturales, ya que dicho acto deviene precisamente de la resolución que lo ordenó, es decir la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación que el quejoso interpuso contra la resolución que dictó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, pues en el caso se trata de una sanción que no es definitiva, ya que si resulta favorable lo que se decida en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos que hubiese sido privado, conforme a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A lo anterior expuesto es aplicable la jurisprudencia 2a.J 141/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 281, del tomo XXXII, octubre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163548, de rubro y texto: "SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme a la jurisprudencia P./J. 47/95 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las garantías de audiencia y de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colman cuando se otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación de su inicio y de sus consecuencias, la posibilidad de ofrecer pruebas, alegar en su defensa y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo anterior, el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, no obstante que el numeral 25 de la indicada Ley prevea que contra la resolución que las impuso procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, no viola las citadas garantías constitucionales pues, por un lado, la resolución en la que se imponen las sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las formalidades esenciales en mención, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de referencia y, por otro, la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones no es definitiva, pues de resultarle favorable lo decidido en el recurso de revocación o en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado, conforme a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley citada, por lo que aun cuando se haya efectuado la ejecución de la sanción, ésta no se consuma de un modo irreparable y no quedan sin materia los mencionados medios de defensa." De igual forma se considera aplicable la tesis I.2o.A. 34 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1166, del tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 182064, de rubro y texto: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE EL JUICIO CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE IMPONGAN SANCIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procede el juicio de nulidad en contra de resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, lo anterior no debe ser interpretado en forma literal limitando la procedencia del medio de defensa de que se habla, pues se debe puntualizar que el juicio de nulidad es procedente, por extensión, contra los actos de ejecución de las resoluciones definitivas que impongan una sanción a un servidor público, por tratarse de actos entre los que existe una estrecha vinculación de causalidad jurídica, pues los actos de ejecución no gozan de autonomía propia, al tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución sancionadora, por lo que no es dable establecer la procedencia de dos vías de impugnación en su contra, es decir, el juicio de nulidad para controvertir la resolución por la que se impuso la sanción y, por otro lado, el juicio de amparo indirecto para combatir los actos que directamente tiendan a ejecutarla. En consecuencia, los particulares están obligados a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, antes de promover el juicio de garantías contra la ejecución de la multicitada sanción." Y, la tesis 1a. IX/2006, sustentada por la Primera Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 648, del tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175784, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CUMPLE CON LA GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL. La citada garantía, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido definida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como el derecho público subjetivo que tiene toda persona dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre las mismas y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece el procedimiento que la autoridad competente debe seguir al imponer las sanciones administrativas, mientras que el numeral 30 de dicha Ley previene que la ejecución de éstas se llevará a cabo de inmediato. Por otro lado, del artículo 25 de la citada Ley se advierte que contra las resoluciones administrativas procede el recurso de revocación ante la propia autoridad que la emitió o, de manera opcional para el servidor público sancionado, pueden impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la inteligencia de que si optó por lo primero, podrá impugnar, a su vez, la resolución respectiva ante el citado tribunal, amén de que en ambos casos procede la suspensión de la ejecución, previo el cumplimiento de ciertos requisitos. En esa virtud, el citado artículo 30 cumple con la garantía constitucional aludida, porque a través de tales medios de impugnación el gobernado tiene acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, a fin de que las autoridades administrativas respectivas resuelvan sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento administrativo y, en consecuencia, de las sanciones impugnadas, a pesar de haberse ejecutado, ya que el diverso precepto 28 de dicha legislación establece que en caso de ser revocada la resolución, el servidor público deberá ser restituido en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de dichas sanciones." En las referidas circunstancias, procede desechar con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, la presente demanda de garantías. Igualmente, no se está en la excepción al principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación, o se aleguen violaciones directas a la constitución, o que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, por lo siguiente. La suspensión reclamada, sí cuenta con fundamentación, al haber sido ordenada en una determinación resuelta por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, no se alega una violación directa a la Constitución, ya que sólo señala violación a los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debió agotar, se encuentra previsto en una Ley Federal, y no en un reglamento; de ahí que no se actualice ninguna excepción prevista en el citado numeral. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ****, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    PUBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON EFECTOS DE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA: Visto; la demanda de amparo que promueve ********, por propio derecho, contra actos de la Directora General de la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección General adjunta de la Administración de la Dirección General de Recursos Humanos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México y otras autoridades, el Juez acuerda: Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; asimismo, el artículo 113, de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado, la orden de suspensión de su cargo o comisión por un periodo de quince días naturales, mediante la instrucción que giró la Dirección General adjunta de la Administración de la Dirección General de Recursos Humanos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, mediante oficio 5.2.2.1.0242, que le fue notificado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, a la ejecutora Director del Centro SCT Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como la orden de suspensión de su empleo por quince días naturales, que solicitó el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante oficios 09/600/057/2018 y 09/600/058/2018, a la ejecutora Director del Centro SCT Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que le fueron notificados el veintisiete de febrero del año en curso. Y, de los antecedentes que cita el quejoso, se desprende que el catorce de julio de dos mil diecisiete, le fue notificado un procedimiento de responsabilidad, tramitado en el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México. Que acudió ante dicho órgano, rindió declaración y ofreció pruebas y el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó resolución, en la que se determinó la suspensión en su empleo por el término de quince días naturales, contra la cual se inconformó y presentó recurso de revocación, mismo que se resolvió el siete de febrero de dos mil dieciocho, mismo que le fue notificado el ocho del citado mes y año, por rotulón. Que después, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, fue llamado al área jurídica del centro SCT, Zacatecas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se le entregó un oficio en el que se le comunicó que a partir del primero de marzo y hasta el quince de marzo de dos mil dieciocho, se le suspende en su empleo y que a la fecha dicho procedimiento no a causado estado, ya que dicha resolución es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El citado principio (definitividad) tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Bajo esas consideraciones, para evidenciar que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es pertinente reiterar que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de comunicaciones y Transportes, que resolvió el recurso de revocación que interpuso contra la determinación del propio Órgano de suspenderlo en su empleo por el término de quince días naturales, dentro del procedimiento que se tramita bajo el número DR-0111/2017. Como se puede advertir de lo antes expuesto, la resolución de mérito, tal como el propio quejoso lo admite, no ha quedado firme, al ser impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al artículo 25, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En efecto, el referido precepto, así como el 21, 27, 28 y 30 de la mencionada ley precisan: "ARTÍCULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan. La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; III.- Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles. La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades; IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna. Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y V.- Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que la Secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia Secretaría." "ARTÍCULO 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "ARTÍCULO 27.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas: I.- En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y II.- En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos: a) Que se admita el recurso; b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público. "ARTÍCULO 28.- En los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales de la Federación; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior. No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia." "ARTÍCULO 30.- La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva. Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable. Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables." En ese contexto, es inconcuso que contra la determinación de siete de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación que el quejoso interpuso contra la resolución que dictó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, previo a instar la acción constitucional, debió impugnarla ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; pues conforme al artículo 28 de la misma, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo que reclama, éste no exige mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y, por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Tiene sustento a lo esgrimido con antelación, la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del tomo XX, julio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió impugnar el acto reclamado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a instar la acción constitucional. No es óbice a lo expuesto que el quejoso indique que reclama la suspensión de empleo por el término de quince días naturales, ya que dicho acto deviene precisamente de la resolución que lo ordenó, es decir la resolución de siete de febrero de dos mil dieciocho, que resolvió el recurso de revocación que el quejoso interpuso contra la resolución que dictó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, pues en el caso se trata de una sanción que no es definitiva, ya que si resulta favorable lo que se decida en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos que hubiese sido privado, conforme a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A lo anterior expuesto es aplicable la jurisprudencia 2a.J 141/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 281, del tomo XXXII, octubre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163548, de rubro y texto: "SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme a la jurisprudencia P./J. 47/95 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las garantías de audiencia y de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colman cuando se otorga al gobernado la oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en la notificación de su inicio y de sus consecuencias, la posibilidad de ofrecer pruebas, alegar en su defensa y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo anterior, el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que la ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, no obstante que el numeral 25 de la indicada Ley prevea que contra la resolución que las impuso procede el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo, no viola las citadas garantías constitucionales pues, por un lado, la resolución en la que se imponen las sanciones se dicta después de sustanciarse un procedimiento en el que se cumplen las formalidades esenciales en mención, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de referencia y, por otro, la privación de derechos que pudiera sufrir el afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones no es definitiva, pues de resultarle favorable lo decidido en el recurso de revocación o en el juicio contencioso administrativo, será restituido en el goce de los derechos de que hubiere sido privado, conforme a los artículos 21, 27 y 28 de la Ley citada, por lo que aun cuando se haya efectuado la ejecución de la sanción, ésta no se consuma de un modo irreparable y no quedan sin materia los mencionados medios de defensa." De igual forma se considera aplicable la tesis I.2o.A. 34 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1166, del tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 182064, de rubro y texto: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE EL JUICIO CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE IMPONGAN SANCIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procede el juicio de nulidad en contra de resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, lo anterior no debe ser interpretado en forma literal limitando la procedencia del medio de defensa de que se habla, pues se debe puntualizar que el juicio de nulidad es procedente, por extensión, contra los actos de ejecución de las resoluciones definitivas que impongan una sanción a un servidor público, por tratarse de actos entre los que existe una estrecha vinculación de causalidad jurídica, pues los actos de ejecución no gozan de autonomía propia, al tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución sancionadora, por lo que no es dable establecer la procedencia de dos vías de impugnación en su contra, es decir, el juicio de nulidad para controvertir la resolución por la que se impuso la sanción y, por otro lado, el juicio de amparo indirecto para combatir los actos que directamente tiendan a ejecutarla. En consecuencia, los particulares están obligados a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, antes de promover el juicio de garantías contra la ejecución de la multicitada sanción." Y, la tesis 1a. IX/2006, sustentada por la Primera Sala de la suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 648, del tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175784, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CUMPLE CON LA GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL. La citada garantía, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido definida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como el derecho público subjetivo que tiene toda persona dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre las mismas y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece el procedimiento que la autoridad competente debe seguir al imponer las sanciones administrativas, mientras que el numeral 30 de dicha Ley previene que la ejecución de éstas se llevará a cabo de inmediato. Por otro lado, del artículo 25 de la citada Ley se advierte que contra las resoluciones administrativas procede el recurso de revocación ante la propia autoridad que la emitió o, de manera opcional para el servidor público sancionado, pueden impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la inteligencia de que si optó por lo primero, podrá impugnar, a su vez, la resolución respectiva ante el citado tribunal, amén de que en ambos casos procede la suspensión de la ejecución, previo el cumplimiento de ciertos requisitos. En esa virtud, el citado artículo 30 cumple con la garantía constitucional aludida, porque a través de tales medios de impugnación el gobernado tiene acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, a fin de que las autoridades administrativas respectivas resuelvan sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento administrativo y, en consecuencia, de las sanciones impugnadas, a pesar de haberse ejecutado, ya que el diverso precepto 28 de dicha legislación establece que en caso de ser revocada la resolución, el servidor público deberá ser restituido en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de dichas sanciones." En las referidas circunstancias, procede desechar con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, la presente demanda de garantías. Igualmente, no se está en la excepción al principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación, o se aleguen violaciones directas a la constitución, o que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, por lo siguiente. La suspensión reclamada, sí cuenta con fundamentación, al haber sido ordenada en una determinación resuelta por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, no se alega una violación directa a la Constitución, ya que sólo señala violación a los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debió agotar, se encuentra previsto en una Ley Federal, y no en un reglamento; de ahí que no se actualice ninguna excepción prevista en el citado numeral. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ****, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

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