Ruben Torres Blancas
Expediente 586/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/08/2023
Partes del expediente
- Ruben Torres Blancas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es destruible por haberse sobreseído en el juicio. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión es destruible ya que se ubica en la hipótesis del artículo 20, fracción III, del aludido acuerdo, ya que se negó la suspensión definitiva. Por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a la transferencia de ambos cuadernos en los términos previstos en el párrafo primero del citado precepto y realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo del no obran los acuses de recibo relativos a los oficios 15261 y 15264 dirigidos a las autoridades responsables foráneas, mediante los cuales se hizo de su conocimiento la sentencia dictada, en atención a que se sobreseyó en el presente juicio y dicho sentido no les causa ningún perjuicio. Notifíquese.
- Principal
Certificación de relación de constancias. Asimismo, la Secretaria certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Por otra parte, la Secretaria certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que se ofrecieron las siguientes pruebas: Partes Pruebas Fojas Admitidas y desahogadas Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género Documentales Legajo de copias confidenciales por separado 18 de julio de 2023 [fojas 71-72] Asimismo, la Secretaria hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acuerdo. Se tiene por precluido ese derecho para las partes procesales, con lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 586/2023-I; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibida el veintitrés siguiente, en este Juzgado de Distrito, Rubén Torres Blancas, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal. Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo expediente 586/2023, y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y,Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades -en su denominación correcta- y por los actos que se precisan a continuación: No. Autoridad responsable Actos reclamados 1 Juez de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad, La orden de aprehensión, presentación o comparecencia y su ejecución. 2 Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali 3 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, ciudad. 4 Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California 5 Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables -en su denominación correcta- rindieron su informe con justificación, de la manera siguiente: No. Autoridades responsables Sentido del Informe Página 1 Juez de Control Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad, Niega 25 2 Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali Niega 36 3 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, ciudad. Niega 24 52 69 4 Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California Niega 32 5 Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, con sede en Mexicali Niega 47 Del recuadro que precede se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar su negativa. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con relación a dichas autoridades, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Precisión. No es contrario a lo resuelto el hecho de que la Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, con sede en ciudad, al rendir su informe justificado manifestara que existe la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2023-13687 instruida en contra del quejoso y de otras personas. Lo anterior, en razón de que la propia responsable afirmó que en la referida indagatoria únicamente se ha emitido un citatorio a fin de que Rubén Torres Blancas, comparezca ante la autoridad ministerial a rendir su declaración ministerial o se abstuviera de hacerlo, bajo apercibimiento que de no comparecer, se haría acreedor a una multa; lo cual no constituye un acto privativo de libertad como los que en esta vía constitucional se reclaman. Por tal motivo, resulta claro el hecho de que en la carpeta de investigación de origen no se ha emitido el mandato de captura reclamado por el quejoso, esto es, una orden de aprehensión, de presentación o comparecencia en su contra, lo que denota su inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 239, libro 61, Diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2018828, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 586/2023-I, promovido por Rubén Torres Blancas, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de la presente sentencia.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía la Titular de la Unidad de Investigación Especializada en delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Rozan de Género, a través del cual da cumplimiento a lo requerido mediante proveído de cinco de julio del año en curso. Por tanto, al ser parte integral del informe justificado rendido en autos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Admisión de pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que ofrece en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Información confidencial. Por lo que hace a las documentales que anexa a su oficio y, toda vez que la dichas documentales tienen el carácter de confidencial, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la misma, se ordena tomar las medidas necesarias para su debido resguardo. En consecuencia, resguárdense en la Secretaría de este juzgado la aludida información y con fundamento en el artículo 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de salvaguardar la seguridad de la información de la menor víctima, que se pudiere encontrar en las constancias remitidas, se determina que en ningún caso la información recibida podrá ser publicada, transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. No obstante, este juzgado federal, previo análisis de la solicitud que al efecto se presente por escrito donde se ponderen los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el presente asunto, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la información remitida únicamente cuando resulte esencial para su defensa; debiendo en todo momento adoptarse todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Se recibe informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, remite las constancias que integran la carpeta NUC.0204-2023-13687. Estado de autos. No obstante lo anterior, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable remitió como sustento de su informe, constancias de la carpeta NUC.0204-2023-13687 de su índice; sin embargo, dichas documentales fueron presentadas en copia simple. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, devuélvase las mencionadas constancias y requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, en esta ciudad, para que en el plazo de tres días hábiles computado legalmente, remita copia certificada únicamente de las documentales que sirvieron como base para emitir el acto que aquí se reclama, las cuales obran en la carpeta de investigación NUC.0204-2023-13687 de su índice; toda vez que así le fueron solicitadas en proveído de veintiuno de junio del año en curso, las cuales son necesarias a efecto de estar en aptitud de resolver este juicio de amparo, no así de la totalidad de las mismas. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 260 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Devolución de documentales. Finalmente, devuélvase a la responsable las documentales que remitió en copia simple. Diferimiento anticipado de audiencia. Para dar margen a lo expuesto en párrafos que anteceden, y dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional está programada para las once horas del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, procede diferir anticipadamente la celebración de la misma y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.5o.C.1 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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