Ruben Rodriguez Saavedra
Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- Ruben Rodriguez Saavedra
Actuaciones
- Principal
Cuenta. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de auto. Conste.Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Audiencia constitucional Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 733/2021-V, promovido por Rubén Rodríguez Saavedra, por su propio derecho, estando en audiencia pública el licenciado Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones concedidas a la titular, mediante oficio CCJ/ST/5095/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno emitido por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Marco Antonio Lares Carrillo, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Certificación. Mediante proveídos de veintiuno de octubre y veintiséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa y a sus defensores, por el plazo de tres días para que corrigieran la denominación, o bien acreditaran la existencia de la autoridad responsable señalada como Juez de Control Judicial (juicios orales), con sede en esta ciudad, el cual transcurrió de la manera siguiente: Auto: Notificación efectuada: Surtió efectos: Término de tres días: Días inhábiles: 21 de octubre de 2021. Quejoso 3 de noviembre de 2021. 4 de noviembre de 2021 Del 5 al 9 de noviembre de 2021 6 y 7 de noviembre de 2021. 26 de noviembre de 2021 Defensores 1 de diciembre de 2021. 2 de diciembre de 2021. Del 3 al 7 de diciembre de 2021 4 y 5 de diciembre de 2021. Acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ni el quejoso ni sus defensores desahogaron la vista de tres días concedida en proveídos de veintiuno de octubre y veintiséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, a fin de que corrigieran la denominación, o bien acreditaran la existencia de la autoridad que se señaló como Juez de Control Judicial (juicios orales), con sede en esta ciudad, sin que a la fecha lo hubieren hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en los autos de referencia y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene por inexistente a la autoridad antes mencionada, por lo que se ordena suspender toda comunicación con la misma. Certificación de la relación de constancias. Acto seguido, el secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente, entre las que se encuentra el escrito inicial de demanda. Asimismo, el secretario certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, el secretario encargado del despacho tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la tesis de jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10), emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción; asimismo, se certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, el secretario encargado del despacho da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que solo el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, los presentó. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por precluido ese derecho para las otras partes, con lo que se da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 733/2021-V; y, Resultandos: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibida el once de octubre siguiente en este Juzgado de Distrito Rubén Rodríguez Saavedra, por su propio derecho, solicito el amparo y la protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite. El trece de octubre de dos mil veintiuno, la demanda se registró bajo expediente 733/2021-V, se admitió a trámite y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Posteriormente, por acuerdos de veintiuno de octubre y veintiséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso y a sus defensores con la inexistencia de la autoridad Juez de Control Judicial (juicios orales), con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días corrigieran la denominación, o bien acreditaran la existencia de la autoridad responsable, con el apercibimiento que de ser omisos se tendría por inexistente a la misma; sin que en dicho lapso hubieran hecho declaración alguna al respecto. Por tanto, en la audiencia que antecede se hizo efectivo el apercibimiento y de conformidad con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, se tuvo por inexistente a la autoridad en comento. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que enseguida se precisan: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Control Judicial (juicios orales), con sede en esta ciudad. - La omisión de darle la oportunidad de apelar la sentencia que fue dictada en su contra. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En virtud de que en la demanda de amparo se señaló como única autoridad la precisada en el cuadro que antecede, a quien se le atribuye el acto ahí precisado, es evidente que ante la inexistencia de la citada autoridad, no existe acto alguno que analizar, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: VI.1o.A.52 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Julio de 2017, consultable a página 1065, con registro 2014793 de rubro y texto: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." (Énfasis añadido) Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rubén Rodríguez Saavedra, por su propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el diverso considerando tercero. Notifíquese y personalmente al quejoso o su defensa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Designación de defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite el Coordinador Penal, Zona Costa, de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, designa a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, a fin de que brinden el servicio de defensa al quejoso Rubén Rodríguez Saavedra. Atento a lo anterior, se tiene como defensores públicos del quejoso a los licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina; por lo que, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, y en términos de los arábigos 2, fracción I, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, haciendo énfasis en el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se dio vista al quejoso por el plazo de tres días a fin de que aclarara la denominación de la autoridad que señaló como responsable Juez de Control Judicial (juicios orales), con sede en esta ciudad; para para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato e servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados, a las personas que se precisan en los oficios de cuenta. Domicilio. Igualmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los citados defensores públicos el indicado en los oficios que se atienden. Notifíquese; y, personalmente al quejoso y a sus defensores públicos.
- Principal
Cuenta. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con el estado de autos, con la certificación secretarial que antecede; asimismo, con el oficio registrado con el número 14335. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso Rubén Rodríguez Saavedra, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, para que nombrara un defensor que lo represente, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en esta ciudad, al que se deberá anexar copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.43/2019 (10ª), de rubro y contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento. Para dar margen a que se designe un defensor al quejoso Rubén Rodríguez Saavedra, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Pedimento. Agréguese a los autos el pedimento 102 presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en atención a su contenido, téngasele formulando alegatos de su parte en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de ser tomados en consideración en su momento procesal oportuno. En cuanto a las copias certificadas de la sentencia que solicita el fiscal federal adscrito, una vez que se dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las mismas, previa razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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