Ruben Rodriguez Saavedra

Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
932/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Ruben Rodriguez Saavedra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el disco que remitió en vía de justificación. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado dieciséis de marzo de dos mil veintidós y remite el registro de audio y video, contenido en un disco compacto debidamente certificado que contiene la audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 354/2019 de su índice, lo que será tomado en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, mismo que queda a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, registro 2004362, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Resguardo de objetos. A fin de evitar el daño del disco compacto, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Prueba. Dicho disco compacto se toma como prueba ofrecida por la autoridad responsable, y con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que el disco compacto de referencia se le requirió a la autoridad responsable en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: Notifíquese y personalmente al quejoso o sus defensores.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable ha sido omisa en remitir el disco compacto que contenga el registro de audio y video de la audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se dictó la sentencia definitiva en la causa penal 354/2019, de su índice, no obstante estar debidamente notificada del requerimiento efectuado en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintidós. Requerimiento. Ahora, tomando en consideración que el quejoso se duele de la omisión de la juez responsable de darle la oportunidad de apelar la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la audiencia respectiva; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que en el término de tres días legalmente computado, remita a este órgano jurisdiccional el disco compacto que contenga el registro de audio y video de la audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se dictó la sentencia definitiva en la causa penal 354/2019, de su índice, toda vez que resulta necesario para resolver el presente controvertido constitucional. Apercibimiento. Apercibida que de ser omisa o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y personalmente al quejoso o a sus defensores públicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Designación defensores. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual el Coordinador Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizbeth García, Defensores Públicos adscritos al Área Penal del Nuevo Sistema de Justicia Penal, a fin de brindarle al quejoso Rubén Rodríguez Saavedra la orientación pertinente; asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal de dichos profesionistas, el que se indica en el oficio de cuenta; así como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que ahí mencionan. Vista defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto se proporcionó en el oficio de cuenta. Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados a las personas que se precisan en el oficio de cuenta.

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