Ruben Jiménez Páramo

Expediente 653/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
653/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Ruben Jiménez Páramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que requirió al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán a fin de que dé cumplimiento con el laudo dictado o informe el resultado obtenido al oficio con terminación 390/2023. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a Rubén Jiménez Páramo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "ÚNICO. De inmediato provea lo necesario para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 819/2016, de su índice, esto es, realice las gestiones necesarias a fin de lograr que el demandado Ayuntamiento Constitucional de Morelia, cumpla con lo condenado en dicho laudo, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes.". RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194, de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.", Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-653/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto precisado en su libelo constitucional; misma que por razón de turno se recibió el mismo día en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; registrándose la misma como expediente X-653/2023; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado el siguiente: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es parcialmente cierto el acto reclamado a la responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, indicó que si bien era cierto que no se ha materializado lo ordenado en el laudo de siete de mayo de dos mil veintiuno, si ha realizado actuaciones necesarias para promover su inmediata ejecución, por lo que se turnó el juicio laboral de origen al área correspondiente a efecto de que se acuerde lo que en derecho corresponda (foja 19 de autos). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las copias debidamente certificadas relativas al juicio laboral ********************, que obran por separado, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: "Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. El promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Son FUNDADOS los argumentos vertidos en los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón a que el presente asunto versa sobre materia laboral y el peticionario del amparo es el trabajador. De los aludidos motivos de disenso se obtiene que la inconformidad del quejoso consiste, básicamente, en la vulneración al derecho de justicia pronta, debido a que la autoridad responsable ha omitido realizar los actos y pronunciamientos necesarios para dar cumplimiento inmediato al laudo obtenido en el juicio laboral, no obstante que el mismo fue impulsado por la parte actora del juicio de origen, ahora peticionaria del amparo. Se estima fundado ese argumento. El proceso del derecho del trabajo, también conocido como procedimiento laboral, está regulado por las normas adjetivas que se consignan en la Ley Federal del Trabajo, que establece para su prosecución, determinados plazos y términos, los cuales deben respetarse por la autoridad laboral que aplica la Ley, y para el caso, se advierte que la autoridad responsable está conculcando en agravio del quejoso, la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en virtud que no está respetando los plazos que establece la Ley Laboral. Pues el citado numeral establece lo siguiente: ". Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Luego, el texto constitucional transcrito, ratifica el deber de los tribunales de estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes; así se infiere de su contenido en él que se establece: Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado; La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas; Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones -ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales- se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; lo anterior significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por reiteración número 192/2007, aprobada el diez de octubre de dos mil siete, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Una vez precisado que nuestro más Alto Tribunal ya definió el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que esos plazos y términos, lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Expuesto lo anterior, conviene destacar lo dispuesto por los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por disposición expresa del artículo 8º de esta última: "Artículo 945.- Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." De los citados preceptos se desprende que la fase de ejecución es la etapa que versa sobre el cumplimiento del laudo, en la cual se hace efectivo lo juzgado por la Junta laboral, pues de nada serviría a un trabajador obtener un laudo favorable si lo ahí decretado nunca se materializara. Para posibilitar lo anterior, la Ley Federal del Trabajo, dispone que la fase de ejecución sea llevada a cabo por el Tribunal del Trabajo, a quién se le faculta para dictar las medidas necesarias con miras a lograr la ejecución pronta y expedita, muestra de ello, es que conforme al citado artículo 945, se establece un término de setenta y dos horas siguientes para su cumplimiento, de ahí que el Presidente ejecutor -a petición de la parte que obtuvo laudo favorable- tenga que emplear los medios a su alcance para logar el debido cumplimiento del laudo; sin perder de vista que ello dependerá en gran medida de lo que se haya condenado, como lo es la entrega de una suma de dinero, el cumplimiento de un derecho al trabajador o incluso la reinstalación de éste. En ese sentido, de las constancias que obran dentro del presente juicio, relativas al juicio laboral de origen ********************, las que ya fueron valoradas conforme a derecho, se advierte lo siguiente: 1. El siete de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo laboral ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo de este Circuito, la autoridad responsable dictó laudo en el expediente laboral ********************, condenado al demandado ********************, al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas y, absolviéndolo únicamente por lo que ve al nulo despido e injustificada la baja respectiva y salarios caídos, reclamados por el actor ******************** (fojas 20 a 31). 2. Mediante escrito presentado en el mes de junio de dos mil veintidós, la parte actora solicitó se despachara ejecución para lograr el cumplimiento del laudo correspondiente (foja 34). 3. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó auto de requerimiento de pago y/o ejecución en contra del ********************, comisionando a su actuario adscrito con el objeto de que lo acompañe el actor y personalmente se constituyan en el domicilio de la parte demandada y le requieran el pago por la cantidad ahí indicada, y para el caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento se embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar el monto total de la cantidad laudada (foja 35). 4. El trece de febrero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo a la parte demandada ********************, sin que se haya obtenido el pago de lo reclamado o embargo de bienes y, en dicha diligencia, la parte actora solicitó se diera vista al Presidente del Tribunal responsable para que se pronunciara conforme a lo dispuesto por el numeral 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios (foja 37). Última actuación del juicio de origen. En las apuntadas circunstancias, se colige que el Tribunal de Conciliación responsable emitió proveído el once de noviembre de dos mil veintidós, en el que despachó auto de ejecución en bienes propiedad del demandado ********************, hasta por la cantidad de ********************. Ahora, no obstante la existencia del proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual la el Tribunal responsable despachó ejecución en contra de la demandada, a petición expresa de la parte actora en el juicio de origen, para lo cual comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de requerir a aquel el pago de la cantidad de ******************** empero, no se logró la ejecución respectiva. Por tanto, ha sido ineficaz a dar cumplimiento al laudo condenatorio. En ese contexto, es el caso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de mayo de dos mil veintitrés) han transcurrido dos años desde que se dictó el laudo en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo (siete de mayo de dos mil veintiuno), sin que éste se encuentre totalmente cumplido, pues la última actuación en el procedimiento de ejecución del laudo, es precisamente el auto de once de noviembre del año próximo anterior, por tanto, se considera que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán responsable ha omitido velar por el cumplimiento del laudo, no obstante que éste fue expresamente impulsado por la parte actora del juicio de origen, aquí quejosa. En otras palabras, de todo lo anteriormente narrado, se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso de que se resuelve el presente asunto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán responsable no ha realizado lo necesario para lograr que el ********************, cumpla con las prestaciones a que resultó condenado en el laudo respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el artículo 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, por disposición expresa del artículo 8º de esta última, que dispone que la Junta deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. De ahí que, ante las omisiones específicas antes destacadas, el presente juicio de amparo resulta procedente, pues en la especie no se está en presencia de una "ejecución genérica" del laudo, dado que la actora en el juicio de origen, ahora quejosa, sí impulsó dicha ejecución, para lo cual solicitó se despachara auto de requerimiento de pago y embargo en contra del demandado, por tanto, como se puede advertir, las omisiones atribuidas a la responsable no son genéricas sino específicas. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". En ese tenor, en la especie, se concreta la violación al artículo 17 Constitucional, pues la responsable ha sido omisa en llevar a cabo las acciones necesarias para lograr el cumplimiento total del laudo, no obstante que la parte actora en el juicio de origen, sí impulsó la ejecución de ese fallo. En consecuencia, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso ********************, respecto del acto reclamado analizado en el presente considerando. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a la impetrante del amparo, en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, realice lo siguiente: ÚNICO. De inmediato provea lo necesario para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo emitido en el juicio laboral ********************, de su índice, esto es, realice las gestiones necesarias a fin de lograr que el demandado ********************, cumpla con lo condenado en dicho laudo, para lo cual deberán tomar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ********************, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el punto considerativo sexto y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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