Ruben Ortega Vázquez

Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
689/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Roberto Gómez Castro
  • Ruben Ortega Vázquez
  • RUBEN ORTEGA VÁZQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veintidós. Acusa recibo. Agréguese el oficio signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por medio del cual acusa recibo del diverso 34185/2022, por medio del cual se devolvieron las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, de lo que este juzgado toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Ser remiten constancias. Visto el oficio signado por Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, a través del cual solicita la devolución de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Ahora, no obstante que se trata de copias certificadas que fueron agregadas al sumario, desglósense para ser remitidas a la autoridad oficiante, dejando en su lugar la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de derechos, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, actuando en funciones de Juez de Control, copia auténtica de la causa judicial 75/2022, de su índice; así como un disco versátil digital (DVD), que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Mario Damián Villaseñor Encarnación, en su carácter de defensor particular de Rubén Ortega Vázquez, Luis Roberto Gómez Castro y Heriberto Ramírez Cruz, respecto de la autoridad y por el acto precisados en el considerando segundo por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Damián Villaseñor Encarnación, en su carácter de defensor particular de Rubén Ortega Vázquez, Luis Roberto Gómez Castro y Heriberto Ramírez Cruz, contra el acto y autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y cuarto de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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