Rubén Nava Hernández
Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Nava Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de mayo del año en curso (fojas 23 a 31), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rubén Nava Hernández; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo y destrucción. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos o billete de depósito al no constar en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Rubén Nava Hernández; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veintidós de mayo del presente año, manifiesta bajo protesta de decir verdad que: "Aclaro que la fecha correcta del citado escrito es de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho"; asimismo, "EN ESTE ACTO PRECISO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DE ORIGEN LO ES LA CAUSA PENAL JUDICIAL 107/2017-V, EL CUAL SE ENCUENTRAR RADICADO ANTE EL JUEZ CUARTO DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER". Por lo que se tiene por desahogado el requerimiento de veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Se desecha demanda de amparo Con apoyo en lo establecido por el artículo 112 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ...En este contexto, se tiene que el quejoso reclama la falta de notificar el auto correspondiente, respecto del escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual ofreció diversos medios de pruebas, presentado ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, presentado en la carpeta de investigación CIUTLAX/T-5/660/2017, de la que deriva la causa judicial 107/2017-V del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Ahora, en el caso respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido dice: .... De la transcripción, se desprende que los citados numerales, previenen la improcedencia del juicio constitucional en caso de que su materia constituya cosa juzgada; para explicar con mayor detalle los relieves de esta institución jurídica, es conveniente recordar lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del veinticinco de septiembre de dos mil siete, la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004: "El planteamiento formulado en este medio abstracto de control constitucional consiste, esencialmente, en que la introducción de la acción de nulidad de juicio concluido en el ordenamiento adjetivo civil del Distrito Federal, vulnera la "cosa juzgada"; sin embargo, lo trascendente es verificar si a través de esa violación alegada se transgrede o no alguno o diversos preceptos de la Constitución Federal. Así pues, la cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los Jueces. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también la cosa juzgada se encuentra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal que, en su tercer párrafo, establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; de ahí que la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción, pues éste se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer. Entonces, como ya se dijo, la institución de la cosa juzgada se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva; por ello, la cosa juzgada en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. La cosa juzgada se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios o extraordinarios de defensa; sin embargo, existen fallos que no obstante su firmeza no adquieren autoridad de cosa juzgada, ya que pueden ser modificados cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitió la decisión, como ocurre, verbigracia, con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual, las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que las leyes prevean, como aquéllas pronunciadas en los interdictos y acerca de las medidas precautorias, pueden alterarse cuando se modifiquen las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Aun cuando el concepto de autoridad de la cosa juzgada se aplica a todas las ramas procesales, su regulación adquiere algunos aspectos peculiares en los ordenamientos procesales civiles y los de carácter penal, aunque se utiliza también en la materia administrativa." Del precedente de mérito, derivó la jurisprudencia 86/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590 del tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. .... De lo transcrito se desprende que la institución jurídica de la cosa juzgada pretende dar seguridad jurídica a los gobernados, proporcionando firmeza e inmutabilidad a las cuestiones que ya fueron materia de debate en un juicio anterior, disposición que responde a la necesidad de que los aspectos litigiosos no sigan de forma perpetua e indefinida, sino que eventualmente tengan un fin, contribuyendo de esa suerte a alcanzar la estabilidad y seguridad jurídica a la que aspira la sociedad, pues de lo contrario nunca se tendría certeza sobre la firmeza de las situaciones jurídicas. Con base en lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones reclamadas sean diversas. Ahora, los requisitos que deben actualizarse para que opere la causa de improcedencia aludida, son los siguientes: ( Que el acto reclamado sea el mismo que fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; ( Que lo haya promovido el mismo quejoso; y ( Que se haya promovido contra las mismas autoridades. Así, con el propósito de establecer si en el caso concreto se cumplen tales requisitos, es menester precisar los datos que se advierten de la demanda de amparo en el presente juicio -486/2018-VIII- y el diverso juicio de amparo 437/2018-VIII del índice de este Juzgado, el cual constituye un hecho notorio, en tanto se tiene a la vista en este momento, se advierte lo siguiente: Expediente 486/2018-VIII 437/2018-VIII Acto reclamado "ACTOS RECLAMADOS,- ORDENADORA - Se hace consistir en que no se me ha notificado por parte de la autoridad señalada como responsable el acuerdo que les haya recaído a los escritos de fechas cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado en oficialía de partes el día seis del mismo mes y año dentro LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CIUTLAX/T- 5/660/2017, por lo que es claro está violando en mi perjuicio el artículo 8° de la Constitución Federal desde el momento en que no me han notificado acuerdo alguno con el que dé respuesta al referido escrito que le fue dirigido en su calidad de autoridad y ante tal omisión trae como consecuencia se me deje en estado de indefensión, haciéndose evidente la violación al artículo 19 fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se exhibe acuse de recibo como anexo uno. "ACTOS RECLAMADOS,- ORDENADORA - Del Agente del Ministerio Público del que se viene hablando se hace consistir en el ESCRITO DE ACUSACIÓN DENTRO DE LA CAUSA PENAL NUMERO 107/2017-V, de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, con el cual la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD INVESTIGACIÓN DE DELITO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA CON IDENTIFICACIÓN PGJ/02-0406, no funda y motiva del porque viola mi derecho de petición plasmada en el artículo 8- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no notificarme el acuerdo que le haya recaído a mi escrito de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, mismo que fue presentado en oficialía de partes el día seis del mismo mes y año, acto de molestia del que tuve conocimiento el día veintisiete de abril de dos mil dieciocho." Quejoso Rubén Nava Hernández. Rubén Nava Hernández. Autoridades "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- -La tiene el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PGJ/02-0406, de Santa Ana Chiautempan. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- -La tiene el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PGJ/02-0406, de Santa Ana Chiautempan. - Como se ve, en el juicio de amparo 437/2018-VIII, se tuvo como acto reclamado, entre otros, la falta de notificar el auto correspondiente, respecto del escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual ofreció diversos medios de pruebas, presentado ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con número de identificación PGJ/02-0406; el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dictado por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la cusa judicial 107/2017 de su índice, por el cual señaló día y hora para la audiencia intermedia, y su correspondiente notificación. Expediente en el cual el once de mayo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo propuesta, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; el causó estado el veintitrés de mayo del año en curso. De lo anterior se advierte que el acto reclamado fue materia del diverso juicio de garantías 437/2018-VIII, del índice administrativo de este Juzgado Federal, promovido por el mismo quejoso y en contra de la misma autoridad, esto es, Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con número de identificación PGJ/02-0406, causando estado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Posteriormente, en el juicio de amparo en que se actúa -486/2018-VIII-, la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de notificar el auto correspondiente, respecto del escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual ofreció diversos medios de pruebas, presentado ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con número de identificación PGJ/02-0406. En ese sentido, queda de manifiesto que el diverso juicio de amparo 437/2018-VIII, lo promovió el propio quejoso (Rubén Nava Hernández) en contra del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con número de identificación PGJ/02-0406, la cual, se insiste, ya fue cosa juzgada del amparo anterior; y, por el propio acto reclamado, esto es, la falta de notificar el auto correspondiente, respecto del escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual ofreció diversos medios de pruebas, en el que el once de mayo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo, resolución que causó estado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. En este orden de ideas, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues en este juicio de amparo, el quejoso pretende controvertir la falta de notificar el auto correspondiente, respecto del escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual ofreció diversos medios de pruebas, el cual ya fue cosa juzgada del diverso juicio de amparo 437/2018-VIII; por lo que estudiar nuevamente esos actos implicaría una vulneración frontal al principio de cosa juzgada, en tanto ya existe un pronunciamiento firme en los términos apuntados con anterioridad, lo que resulta inaceptable. ....Lo anterior pone de manifiesto que en el caso concreto se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XI de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma ley, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rubén Nava Hernández.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por Rubén Nava Hernández, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación del Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre las que se encuentran establecidas en las fracciones III y IV, que a la letra dicen: ...Ahora, del escrito de demanda se aprecia que el promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- -La tiene el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PGJ/02-0406, de Santa Ana Chiautempan. ACTOS RECLAMADOS,- ORDENADORA - Se hace consistir en que no se me ha notificado por parte de la autoridad señalada como responsable el acuerdo que les haya recaído a los escritos de fechas cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado en oficialía de parles el día seis del mismo mes y año dentro LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CIUTLAX/T- 5/660/2017, por lo que es claro está violando en mi perjuicio el artículo 8° de la Constitución Federal desde el momento en que no me han notificado acuerdo alguno con el que dé respuesta al referido escrito que le fue dirigido en su calidad de autoridad y ante tal omisión trae como consecuencia se me deje en estado de indefensión, haciéndose evidente la violación al artículo 19 fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se exhibe acuse de recibo como anexo uno. Sin embargo, de la lectura del libelo de cuenta en el capítulo de hechos, en el punto dos, primer párrafo (foja 11), expresa el promovente: "(.) 2. Citado el escrito que a la presente fecha no he recibido contestación alguna, violando con su actuar a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 19, fracción IV, pues es evidente la violación a mi garantía constitucional como lo es mi derecho de petición desde el momento en que la autoridad señalada como responsable en la presente demanda de amparo es completamente omisa en hacer de mi conocimiento el acuerdo que le haya recaído a mi escrito de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, y lejos de respetar mi garantía constitucional en comento dentro de la CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CIUTLAX/T-5/660/2017, mediante escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho la autoridad señalada como responsable C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITO ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PGJ/02-0406 presento su ESCRITO DE ACUSACIÓN EN LA CAUSA JUDICIAL 107/20176-V, mismo que textualmente dice: (.)" De la misma forma, dentro del capítulo de conceptos de violación, en el párrafo quinto refiere: ".es decir debe dictar el acuerdo a mi escrito en cita y hacerlo de mi conocimiento, por lo tanto desde el momento en que la responsable en su escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho al presentar por escrito su acusación dentro de la causa judicial número 107/2017-\/, en contra del hoy quejoso, ." ; asimismo, en el mismo concepto de violación dentro del párrafo octavo el quejoso narra: "Que ante la falta de notificación del acuerdo que le haya recaído a mi escrito en comento es claro el estado de indefensión en el que se me deja desde el momento en que ante su falta de actuar en lo solicitado trae consigo su negligencia en garantizar se administre justicia al suscrito, en los términos de ley, demostrándose a la luz del derecho la violación al artículo 8° de la Constitución Federal con el ESCRITO DE ACUSACION QUE HACE DENTRO DE LA CAUSA JUDICIAL NÚMERO 167/2017-V." En tales condiciones, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad desahogue los siguientes requerimientos: Precise la fecha del escrito del que se duele, es decir si es el escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, o bien el escrito de cinco de abril de dos mil diecisiete; De la misma forma, precise el número del expediente de origen del acto que reclama; es decir, si es la causa judicial 107/20176-V; o bien, si es la causa judicial 107/2017-V; o la causa judicial 167/2017-V, y refiera del índice de que juzgado. Apercibimiento. Se le apercibe a la parte promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento al requerimiento formulado en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte tercero interesada por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que la misma señala los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Ruben Mendoza Castillo1101/2014
- Rubén Moctezuma Medina976/2018
- Ruben Moreno Flores994/2023
- Rubén Muñoz Cuevas692/2022
- Rubén Muñoz Pérez337/2016
- Rubén Nava Hernández704/2018
- Rubén Nava Hernández437/2018
- Ruben Omar Cova Sandoval831/2023
- Rubén Ortega Lima, Defensor Particular519/2020
- Ruben Ortega Vázquez689/2022
- Ruben Quechol Sánchez727/2019
- Ruben Quechol Sánchez780/2019