Rubén Nava Hernández
Expediente 437/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Nava Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 28 a 43), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rubén Nava Hernández; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo y destrucción. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos o billete de depósito al no constar en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Rubén Nava Hernández; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de ocho de mayo del presente año (foja 19 a 21), manifiesta bajo protesta de decir verdad: a) Que se duele de la falta de contestación a su escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. b) Que en el escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado ante el citado representante social, ofreció diversos medios de prueba. c) Que el expediente de origen es la causa judicial 107/2017-V del índice del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Por lo que, se tiene por desahogada la prevención efectuada en proveído de ocho de mayo del presente año (foja 19 a 21). Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que los actos reclamados consistes en: a) La falta de notificación al escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado el seis siguiente, ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual ofreció diversos medios de prueba. b) El acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la cusa judicial 107/2017 de su índice, por el cual señaló día y hora para la audiencia intermedia. c) La notificación practicada el veintisiete de abril del año en curso, por el Asistente adscrito al Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, respecto de los actos que reclama. Ahora, dichos actos no producen efectos de imposible reparación a la parte quejosa, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la resolución definitiva. Lo anterior denota que en el juicio de amparo directo podrán reclamarse, actos que sean de reparación posible, ya sea porque no afecten derechos sustantivos, o porque se trate de violaciones procesales que no sean relevantes, lo que interpretado en sentido contrario revela que podrán impugnarse en el amparo biinstancial los actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, ya sea por afectar derechos sustantivos o, por constituir violaciones procesales relevantes. Por tanto, la interpretación sistemática de ambas porciones normativas revela que el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio que tengan una ejecución irreparable, ya sea que: Afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o, Constituyan violaciones procesales relevantes. En esos términos, si bien en la Ley de Amparo vigente el legislador introdujo la expresión novedosa "violaciones procesales relevantes", lo cierto es que tal expresión corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había instituido en la jurisprudencia como "violaciones procesales en el juicio que afectan a las partes en grado predominante o superior". En consecuencia, se estima que la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, 170, fracción I, cuarto párrafo, ambos aplicados en sentido contrario, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualizará sólo cuando el acto que se impugne a través del juicio constitucional no afecte derechos sustantivos de las partes previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni constituya una violación procesal relevante, entendiéndose por ésta, lo que el Alto Tribunal anteriormente denominó como una violación procesal en grado predominante o superior. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: SESIÓN DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE "SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN:..." De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues los actos reclamados en el presente juicio consisten en: a) La falta de notificación al escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, presentado el seis siguiente, ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual ofreció diversos medios de prueba. b) El acuerdo dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la cusa judicial 107/2017 de su índice, por el cual señaló día y hora para la audiencia intermedia. c) La notificación practicada el veintisiete de abril del año en curso, por el Asistente adscrito al Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, respecto de los actos que reclama. Los cuales sólo tienen efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicho actos no tienen una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de los actos reclamados sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, toda vez que la falta de notificar el auto correspondiente, respecto del escrito de cinco de abril de dos mil dieciocho, a través del cual ofreció diversos medios de pruebas, presentado ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación de Delito adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dictado por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la cusa judicial 107/2017 de su índice, por el cual señaló día y hora para la audiencia intermedia, y su correspondiente notificación, no son actos de imposible reparación. Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo que establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Por lo que debe decirse que, los actos reclamados por el promovente en el presente juicio de amparo, únicamente define cuestiones de carácter procesal, por ende, nos son actos dentro de juicio de ejecución irreparable, pues no tiene por efecto agraviar materialmente derechos sustantivos del imputado; lo anterior, dado que en la audiencia intermedia en la que el Juez de control, entre otras cuestiones, se cerciorará de que el Ministerio Público haya cumplido con el descubrimiento probatorio y, en caso de controversia al respecto, deberá abrir debate entre las partes y resolver lo conducente; por lo que el incumplimiento de esa obligación constituye una violación procesal susceptible de subsanarse por el Juez de control en la etapa intermedia. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso concreto, esto es así, en virtud, de que si bien dicha jurisprudencia establece que el auto que admite y ordena el desahogo de la prueba pericial, para determinar la huella genética afecta derechos sustantivos, dicha pericial se refiere a determinar la huella genética de la persona bajo el argumento de que dicha probanza, no solo permite establecer la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio.
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