Rubén Martínez Pozos
Expediente 238/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Martínez Pozos
- Joel Carmona Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, once de julio de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 150 a 157), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Se ordena devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, las copias certificadas del expediente C.D.T. 347/2016, documentales que ofreció en el presente juicio de amparo y que remitió como apoyo a su informe justificado en -un tomo de pruebas-. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Autorizado de la parte quejosa solicita copias certificadas. Agréguese a los autos el escrito signado por Manuel Mendoza Vega, autorizado por el quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniéndose por autorizados para recibirlas a las personas que señala para tal efecto.
- Principal
RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, respecto del acto reclamado precisado en el considerando IV, en términos precisados en el diverso VI de este fallo.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, seis de junio de dos mil diecinueve. Autorizado realiza manifestaciones de objeción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Manuel Mendoza Vega autorizado en términos amplios por el quejoso, a través del cual, objeta en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio el escrito presentado por la tercera interesada Elena Durán Escárcega, ante este órgano jurisdiccional el treinta de abril del año en curso (fojas 60 a 70), así como las pruebas que ofreció en el mismo. Al respecto debe precisarse que el numeral 122 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Así, del precepto legal transcrito se obtiene que la Ley de la materia regula de una forma especial la objeción de los documentos por cuanto establece que las pruebas presentadas corresponderán a la autenticidad del documento. Al respecto, conviene destacar que la objeción de falsedad constituye un medio de impugnación cuyo propósito es que el Juez de Distrito aprecie dentro del juicio de amparo la autenticidad de un documento, pero sólo en relación con la eficacia probatoria para los efectos exclusivos de dicho juicio. Por otra parte, la simple objeción de documento versa sobre el contenido de un documento determinado, en cuanto a su alcance y valor probatorio. Así, la objeción de falsedad de un documento es admisible sólo en cuanto a su autenticidad, esto es, a su continente y no a su contenido, pues esto último, en todo caso, será materia de análisis al pronunciarse la sentencia respectiva, con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias que obren en autos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página. 10, registro: 190369, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido. Bajo ese contexto, resulta improcedente la objeción que plantea la parte quejosa a través de su autorizado, respecto al escrito presentado por la tercera interesada Elena Durán Escárcega, ante este órgano jurisdiccional el treinta de abril del año en curso (fojas 60 a 70), así como las pruebas que ofreció en el mismo, pues pretende demostrar que las manifestaciones de la citada tercera interesada son apreciaciones subjetivas, infundadas e inconducentes, pues se refieren a situaciones ajenas a litis constitucional planteada, como la ilegal diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, practicado en el juicio de origen, además que las pruebas que ofreció no guardan relación con la materia del presente juicio de amparo, es decir, objeta el contenido de dicho escrito, así como las pruebas que adjuntó al mismo; sin embargo, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, los documentos ofrecidos por las partes sólo pueden objetarse respecto a su autenticidad, más no sobre su contenido. De ahí que, solo deban tenerse por hechas las manifestaciones hechas por el autorizado de la parte quejosa, las cuales de ser el caso se tomarán en cuenta en el fallo que se emita. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen sus manifestaciones únicamente a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional, de igual forma.
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