Rubén García Carreto

Expediente 199/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
199/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Rubén García Carreto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depuración de expediente. Depúrese el cuaderno principal dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo ante anterior, conservando la demanda, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; la resolución relativa a la sentencia y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en los incidentes de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos originales y en los duplicados de los incidentes de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento sentencia Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo indirecto número 199/2020-VII, promovido por Rubén García Carreto; se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "a) Deberá emitir la determinación correspondiente que fije el régimen de convivencia provisional a través del cual el quejoso podrá convivir con sus menores hijos M.A.G.H. y A.Y.G.H., tomando en consideración todos los elementos probatorios que obren en autos y con los apercibimientos legales correspondientes para el caso de incumplimiento; en el entendido de que la autoridad responsable podrá imponer, en dicho régimen de convivencia provisional, las condiciones y modalidades que estime pertinentes, pero siempre velando por el interés superior de los menores; y b) Sancione cualquier oposición injustificada del progenitor que tenga a su cargo la guarda y custodia de los menores a que conviva con el no custodio, haciendo uso de los medios de apremio previstos en el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala e, incluso, de ser necesario, decretar la suspensión de la custodia o del régimen de convivencia conforme a lo que convenga a los menores, y ordenar oficiosamente las medidas terapéuticas necesarias para los menores, a fin de restablecer la sana convivencia con ambos ascendientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala. c) En complemento a su acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte (proveído que declaró contencioso el asunto), deberá precisar a las partes (padres de los menores), cuál es el plazo con que cuentan para presentar su demanda en la vía contenciosa correspondiente; y, además, deberá realizar los apercibimientos respectivos, a fin de que, ante un eventual incumplimiento al requerimiento decretado, esté en aptitud de proveer con posterioridad cuál será la situación que guardarán los menores en relación con las convivencias con su padre (no custodio). Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran alguna manifestación al respecto. Ahora bien, del oficio 1266 remitido por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al que adjuntó diversas constancias, se advierte que dicha autoridad acató los puntos contenidos en los incisos a) y b), sin que se hubiere pronunciado respecto al diverso punto señalado en el inciso c). Se dice lo anterior, al advertirse que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable fijó fecha para llevar a cabo la junta familiar con relación al régimen de convivencia provisional a través del cual el quejoso podría convivir con sus menores hijos M.A.G.H y A.Y.G.H, decretando los apercibimientos correspondientes para el caso de no acudir, y una vez llegada la fecha, no se presentó la tercera interesada Yohana Hernández Bautista, por lo que se hizo efectiva la multa con la que se le apercibió y fijó nuevo día y hora para su celebración. Posteriormente, el treinta y uno de mayo del año en curso, la autoridad responsable, llevó a cabo la junta familiar, sin que nuevamente Yohana Hernández Bautista hubiere comparecido, por lo que la juez ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Ciudadana, para que procediera a hacer efectivo el apercibimiento consistente en la orden de arresto por treinta y seis en contra de la antes nombrada; asimismo, señaló las nueve horas del siete de junio de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la junta familiar solicitada por el aquí quejoso. Así, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las nueve horas, se llevó a cabo la junta familiar, la Juez responsable tomó en consideración los hechos probatorios y las condiciones y modalidades que estimó pertinentes y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, solicitó apoyo psicológico para éstos, por lo que compareció la licenciada en psicología María Monserrat Muñoz Cuauhtle adscrita al área de contención y Servicios Psicológicos del Poder Judicial de Estado de Tlaxcala, la cual previa entrevista con los adolescentes, refirieron que se niegan a tener convivencias con su padre por los motivos precisados en dicha junta. Una vez plasmado lo anterior, la autoridad responsable no consideró oportuno confrontar a los menores de edad M.A.G.H. y A.Y.G.H., con el quejoso Rubén García Carreto, por lo que ordenó la práctica de estudios psicológicos a los comparecientes así como a sus menores hijos, y ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que se rehabilite la convivencia con el quejoso. Con base en lo anterior, se concluyó que la autoridad responsable atendió cabalmente los puntos señalados en los incisos a) y b), dado que fijó fecha para fijar régimen de convivencia de los menores, y aun cuando no estuvo en posibilidad de que ello fuera posible, dada la negativa de éstos últimos para convivir con su progenitor, de la opinión de la psicóloga con relación al daño a los menores y la oposición por parte del Ministerio Público adscrito como representante de éstos, y a fin de evitar su revictimización, ordenó realizar estudios a los padres y a sus hijos, girando oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familiar para estar en posibilidad de rehabilitar la convivencia con el quejoso Rubén García Carreto. Sin que pase inadvertido que respecto al segundo punto, sancionó a la madre al no comparecer a las audiencias señaladas -tal como se ordenó en el inciso b) del fallo protector-. No obstante lo anterior, omitió precisar a las partes (padres de los menores) cuál es el plazo con que cuentan para presentar su demanda en la vía contenciosa correspondiente; además, de realizar los apercibimientos respectivos, a fin de que, ante un eventual incumplimiento al requerimiento decretado, estuviera en aptitud de proveer con posterioridad cuál será la situación que guardarían los menores en relación con las convivencias con su padre (no custodio). Como puede verse, no se tuvo por cumplido el fallo protector pues la autoridad responsable debió dar cumplimiento a todos los efectos para los cuales se concedió el amparo al aquí quejoso o en su caso, manifestar la imposibilidad que exista para ello. Por tanto, mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó que no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se requirió nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante oficio 1515, recibido en este órgano jurisdiccional el siete de julio del presente año, la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, informó el contenido del auto de cinco de julio del año en curso, emitido en el expediente 1836/2015, de su índice. Con lo anterior, en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes, por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Ahora, con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la autoridad responsable, se procede analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. La Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, informó el contenido del auto de cinco de julio del año en curso, emitido en el expediente 1836/2015, de su índice, del que se advierte que proveyó que en complemento al acuerdo de cuatro de marzo del año en curso, las partes Rubén García Carreto y Yohana Hernández Bautista (padres de los menores M.A.G.H. y A.Y.G.H.,) tenían un plazo de tres días siguientes, a partir de que fueran notificados de dicho proveído, para que presentaran su demanda en la vía contenciosa correspondiente en procedimiento diverso, y ante un eventual incumplimiento, restituiría el procedimiento al estado que tenía (procedimiento vía jurisdicción voluntaria), antes de dictarse el citado proveído de cuatro de marzo del año en curso, y estaría en aptitud de proveer con posterioridad la situación que guardarán los menores en relación con las convivencias con su padre no custodio. Lo anterior adujo, tomando en consideración que las providencias que ha decretado hasta el momento procesal, resultan sin sujeción estricta a las normas y términos establecidos para la jurisdicción contenciosa; es decir ha decretado providencias precautorias consistentes en medidas de protección familiar, para salvaguardar a los integrantes de la familia. Atento, a lo anterior es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. No existe defecto o exceso. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de julio de dos mil veintiuno. Informa cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con lo informado por la autoridad responsable, debiendo correr traslado con copia del oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días, computados legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo indirecto número 199/2020-VII, promovido por Rubén García Carreto; se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "a) Deberá emitir la determinación correspondiente que fije el régimen de convivencia provisional a través del cual el quejoso podrá convivir con sus menores hijos M.A.G.H. y A.Y.G.H., tomando en consideración todos los elementos probatorios que obren en autos y con los apercibimientos legales correspondientes para el caso de incumplimiento; en el entendido de que la autoridad responsable podrá imponer, en dicho régimen de convivencia provisional, las condiciones y modalidades que estime pertinentes, pero siempre velando por el interés superior de los menores; y b) Sancione cualquier oposición injustificada del progenitor que tenga a su cargo la guarda y custodia de los menores a que conviva con el no custodio, haciendo uso de los medios de apremio previstos en el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala e, incluso, de ser necesario, decretar la suspensión de la custodia o del régimen de convivencia conforme a lo que convenga a los menores, y ordenar oficiosamente las medidas terapéuticas necesarias para los menores, a fin de restablecer la sana convivencia con ambos ascendientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala. c) En complemento a su acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte (proveído que declaró contencioso el asunto), deberá precisar a las partes (padres de los menores), cuál es el plazo con que cuentan para presentar su demanda en la vía contenciosa correspondiente; y, además, deberá realizar los apercibimientos respectivos, a fin de que, ante un eventual incumplimiento al requerimiento decretado, esté en aptitud de proveer con posterioridad cuál será la situación que guardarán los menores en relación con las convivencias con su padre (no custodio). Análisis cumplimiento ejecutoria. Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran alguna manifestación al respecto. Se tiene parcialmente cumplida sentencia de amparo. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc mediante oficio 1266, se advierte que la autoridad encargada de dar cumplimiento al fallo de referencia, acató los puntos contenidos en los incisos a) y b), sin pronunciarse respecto al diverso punto señalado en el inciso c). Se dice lo anterior, al advertirse que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable fijó fecha para llevar a cabo la junta familiar con relación al régimen de convivencia provisional a través del cual el quejoso podría convivir con sus menores hijos M.A.G.H y A.Y.G.H, decretando los apercibimientos correspondientes para el caso de no acudir, y una vez llegada la fecha, no se presentó la tercera interesada Yohana Hernández Bautista, por lo que se hizo efectiva la multa con la que se le apercibió y fijó nuevo día y hora para su celebración. El treinta y uno de mayo del año en curso, la autoridad responsable, llevó a cabo la junta familiar, sin que nuevamente Yohana Hernández Bautista compareciera, por lo que la juez ordenó girar oficio al Secretario de Seguridad Ciudadana, para que procediera a hacer efectivo el apercibimiento consistente en la orden de arresto por treinta y seis en contra de la antes nombrada; asimismo, señaló las nueve horas del siete de junio de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la junta familiar solicitada por el aquí quejoso. Así, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las nueve horas, se llevó a cabo la junta familiar, la Juez responsable tomó en consideración los hechos probatorios y las condiciones y modalidades que estimó pertinentes y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, solicitó apoyo psicológico para éstos, por lo que compareció la licenciada en psicología María Monserrat Muñoz Cuauhtle adscrita al área de contención y servicios psicológicos del Poder Judicial de Estado de Tlaxcala, la cual previa entrevista con los adolescentes, refirieron que se niegan a tener convivencias con su padre por los motivos precisados en dicha junta. Una vez plasmado lo anterior, la autoridad responsable consideró no oportuno confrontar a los menores de edad M.A.G.H. y A.Y.G.H. con el quejoso Rubén García Carreto, por lo que ordenó la práctica de estudios psicológicos a los comparecientes así como a sus menores hijos, y ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que se rehabilite la convivencia con el quejoso. Con base en lo anterior, se concluye que la autoridad responsable atendió cabalmente los puntos señalados en los incisos a) y b), dado que fijó fecha para fijar régimen de convivencia de los menores, y aun cuando no estuvo en posibilidad de que ello fuera posible, dada la negativa de éstos últimos para convivir con su progenitor, de la opinión de la psicóloga con relación al daño a los menores y la oposición por parte del Ministerio Público adscrito como representante de éstos y a fin de evitar su revictimización, ordenó realizar estudios a los padres y a sus hijos, girando oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familiar para estar en posibilidad de rehabilitar la convivencia con el quejoso Rubén García Carreto. Sin que pase inadvertido que respecto al segundo punto, sancionó a la madre al no comparecer a las audiencia señaladas -tal como se ordenó en el inciso b) del fallo protector-. No obstante lo anterior, omitió precisar a las partes (padres de los menores) cuál es el plazo con que cuentan para presentar su demanda en la vía contenciosa correspondiente; además, de realizar los apercibimientos respectivos, a fin de que, ante un eventual incumplimiento al requerimiento decretado, esté en aptitud de proveer con posterioridad cuál será la situación que guardarán los menores en relación con las convivencias con su padre (no custodio). Como puede verse, no puede tenerse por cumplido el fallo protector pues la autoridad responsable debe dar cumplimiento a todos los efectos para los cuales se concedió el amparo al aquí quejoso o en su caso, manifestar la imposibilidad que exista para ello. Se requiere nuevamente cumplimiento. En consecuencia, requiérase a la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*

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