Rubén Mauricio Guadarrama Varela
Expediente 349/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 36 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 24/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Mauricio Guadarrama Varela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del veinte de octubre de dos mil diecisiete, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veinte de octubre de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para que las partes manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Asimismo, el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "IX. DECISIÓN 127. En tal virtud, dado lo esencialmente fundado de los conceptos de violación expuesto por el quejoso Rubén Mauricio Guadarrama Varela, analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal 455/2016, por el cual se revocó el auto de libertad dictado a favor de la parte quejosa y en su lugar, emita una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector: 1) Analice si se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad de querella de parte ofendida y si tal querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, tomando en consideración que la querellante dice que el delito se cometió a partir del ocho de noviembre de dos mil seis, y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella. 2) Al analizar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, y en su caso, deberá desarrollar un genuino ejercicio argumentativo respecto de las testimoniales de cargo vertidas en la indagatoria por Judith Vázquez Pérez y Fátima Sánchez Fajardo, analizando si tales atestes dieron razón de su dicho respecto a la totalidad de hechos que narran, en atención a lo dispuesto en el artículo 221, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala; entonces, deberá tomar en cuenta dichas circunstancias y con base en ello, otorgar el valor probatorio que dichos testimonios alcanzan, a fin de determinar si tales testigos son dignos de crédito y por qué. 3) Funde y motive por qué se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de la parte quejosa en la comisión del delito que se le atribuye 4) Señale la fecha y hora en que se dicta la resolución en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. 128. La concesión de la protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del auto de término constitucional dictado por la autoridad ordenadora." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 458 a la 460), y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Magistrados que integran la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Ahora bien, mediante oficios TSJ-SP-17-1423, 2141 y TSJ-SP-17-1467, recepcionados el veinte y veintisiete de septiembre, así como el tres de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, ante este órgano jurisdiccional, las autoridades responsables Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informaron el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, mediante proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad, este órgano de control constitucional dio vista a las partes con el contenido de lo informado en cumplimiento al fallo emitido por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. En tal sentido, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo del cuatro de octubre del año en curso, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Por tanto, mediante oficios TSJ-SP-17-1423, 2141 y TSJ-SP-17-1467, registrados en este Juzgado Federal con los folios 13623, 13748 y 14018, respectivamente, la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informaron lo conducente respecto al cumplimiento dado al fallo protector, y remitieron copia certificada de las constancias que lo acreditan (fojas 472 a la 488, 492 a la 494 y 496 a la 498), el cual, en la parte que interesa dice: De ahí que, al ser las víctimas menores de edad, toda persona está obligada a poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente cuando se advierte que pudiera existir una vulneración a sus derechos: de lo que se colige que MARIA MAYELA NUÑEZ SOBERON, está legitimada para interponer la querella respecto al delito de Incumplimiento de la obligación alimentarla, cometido en agravio de sus menores hijas cuya identidad se protege, al tener el cuidado, desarrollo y educación Integral de las mismas. VI.1 Por lo que respecta a lo ordenado por la autoridad federal, en relación a determinar si la querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, tomando en cuenta que la querellante dijo que el delito se cometió a partir del ocho de noviembre de dos mil seis y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella (diez de julio de dos mil catorce). (.) De los anteriores medios de prueba, Independientemente del valor que pudieran tener, se colige que la querellante MARIA MAYELA NUÑEZ SOBERON manifestó que la omisión de proporcionar alimentos a su menores hijas, por parte de RUBÉN MAURICIO GUADARRAMA VARELA, comenzó a partir del ocho de noviembre de dos mil seis, omisión que siguió hasta el diez de julio de dos mil catorce, fecha en que la querella fue formulada y ratificada, dicho que fue corroborado por las testigos de cargo; transcurriendo entonces, siete años ocho meses y dos días, desde que la querellante tuvo conocimiento de la comisión del delito hasta la formulación de la querella, siendo evidente que rebaso con exceso los plazos previstos por el artículo 121 del Código Penal vigente en el Estado, consecuentemente se ha producido la caducidad del derecho al ejercicio de la querella, por lo que la misma es extemporánea y sin ella no podrá precederse contra el supuesto responsable, al ser está un requisito de procedibiíidad, que necesariamente habrá de satisfacerse para que el Agente del Ministerio Público pueda ejercer la acción penal. Luego entonces, la falta de querella o sus deficiencias afecta la legalidad del auto de término constitucional, ya que, sin la previa satisfacción de tal requisito de procedibiíidad, no debe instruirse proceso al presunto responsable, en consecuencia, resulta innecesario entrar al estudio de los elementos del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado. (.) VII.- Ante los argumentos reseñados resulta innecesario el análisis de los restantes lineamientos de la ejecutoria de mérito, toda vez que a ningún fin práctico tendría su examen pues no variaría la conclusión alcanzada, ni los efectos de la presente resolución. Analizara si se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad de querella de parte ofendida y si tal querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, tomando en consideración que la querellante dice que el delito se cometió a partir del ocho de noviembre de dos mil seis, y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella. Al analizar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, y en su caso, debería desarrollar un genuino ejercicio argumentativo respecto de las testimoniales de cargo vertidas en la indagatoria por Judith Vázquez Pérez y Fátima Sánchez Fajardo, analizando si tales atestes dieron razón de su dicho respecto a la totalidad de hechos que narran, en atención a lo dispuesto en el artículo 221, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala; entonces, debería tomar en cuenta dichas circunstancias y con base en ello, otorgar el valor probatorio que dichos testimonios alcanzan, a fin de determinar si tales testigos son dignos de crédito y por qué. Fundara y motivara por qué se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de la parte quejosa en la comisión del delito que se le atribuye. Señalara la fecha y hora en que se dicta la resolución en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesada, el contenido del proveido de veinte de octubre de dos mil diecisiete: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para que las partes manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. ... Asimismo, el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "IX. DECISIÓN 127. En tal virtud, dado lo esencialmente fundado de los conceptos de violación expuesto por el quejoso Rubén Mauricio Guadarrama Varela, analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, deje insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal 455/2016, por el cual se revocó el auto de libertad dictado a favor de la parte quejosa y en su lugar, emita una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector: 1) Analice si se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad de querella de parte ofendida y si tal querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, tomando en consideración que la querellante dice que el delito se cometió a partir del ocho de noviembre de dos mil seis, y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella. 2) Al analizar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, y en su caso, deberá desarrollar un genuino ejercicio argumentativo respecto de las testimoniales de cargo vertidas en la indagatoria por Judith Vázquez Pérez y Fátima Sánchez Fajardo, analizando si tales atestes dieron razón de su dicho respecto a la totalidad de hechos que narran, en atención a lo dispuesto en el artículo 221, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala; entonces, deberá tomar en cuenta dichas circunstancias y con base en ello, otorgar el valor probatorio que dichos testimonios alcanzan, a fin de determinar si tales testigos son dignos de crédito y por qué. 3) Funde y motive por qué se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de la parte quejosa en la comisión del delito que se le atribuye 4) Señale la fecha y hora en que se dicta la resolución en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. 128. La concesión de la protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del auto de término constitucional dictado por la autoridad ordenadora." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 458 a la 460), y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Magistrados que integran la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Ahora bien, mediante oficios TSJ-SP-17-1423, 2141 y TSJ-SP-17-1467, recepcionados el veinte y veintisiete de septiembre, así como el tres de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, ante este órgano jurisdiccional, las autoridades responsables Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informaron el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, mediante proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad, este órgano de control constitucional dio vista a las partes con el contenido de lo informado en cumplimiento al fallo emitido por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. En tal sentido, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las partes no desahogaron la vista ordenada en acuerdo del cuatro de octubre del año en curso, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Por tanto, mediante oficios TSJ-SP-17-1423, 2141 y TSJ-SP-17-1467, registrados en este Juzgado Federal con los folios 13623, 13748 y 14018, respectivamente, la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informaron lo conducente respecto al cumplimiento dado al fallo protector, y remitieron copia certificada de las constancias que lo acreditan (fojas 472 a la 488, 492 a la 494 y 496 a la 498), el cual, en la parte que interesa dice: Por lo que hace a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: "CONSIDERANDO: I.- EFECTOS DEL AMPARO.- Que en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo indirecto número 349/2017-VII, esta Sala deja insubsistente la resolución de fecha ocho de marzo del mismo año, misma que se autorizó el diecisiete del mes y año indicado, dentro del presente toca y en su lugar se dicta la presente, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, analizando: (.) VI.- REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta, en primer término, se procede analizar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 16 Constitucional (.) De dichos preceptos legales se desprende que el proceso penal inicia cuando llega a conocimiento de un funcionario del Ministerio Público o de cualquiera de sus auxiliares, un hecho que pueda ser considerado como delito, por lo que en el presente caso tratándose del delito de ÍNCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, el mismo se inicia con la presentación de la querella, la que sólo puede ser formulada por quien esté legitimado para ello, es decir, el requisito de procedibilidad, debe provenir del sujeto titular del bien jurídico tutelado o de su legítimo representante: y atendiendo que las ofendidas en la causa penal a estudio son menores de edad, la persona que puede interponer la querella en su representación, es quien tenga la guardia y custodia de las mismas, como en el caso concreto lo es la querellante MARÍA MAYELA NUÑEZ SOBERON, madre de las referidas menores, tal y como se acredita con las actas de nacimiento de las menores cuya Identidad se protege (.) De ahí que, al ser las víctimas menores de edad, toda persona está obligada a poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente cuando se advierte que pudiera existir una vulneración a sus derechos: de lo que se colige que MARIA MAYELA NUÑEZ SOBERON, está legitimada para interponer la querella respecto al delito de Incumplimiento de la obligación alimentarla, cometido en agravio de sus menores hijas cuya identidad se protege, al tener el cuidado, desarrollo y educación Integral de las mismas. VI.1 Por lo que respecta a lo ordenado por la autoridad federal, en relación a determinar si la querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado vigente a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, tomando en cuenta que la querellante dijo que el delito se cometió a partir del ocho de noviembre de dos mil seis y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella (diez de julio de dos mil catorce). (.) De los anteriores medios de prueba, Independientemente del valor que pudieran tener, se colige que la querellante MARIA MAYELA NUÑEZ SOBERON manifestó que la omisión de proporcionar alimentos a su menores hijas, por parte de RUBÉN MAURICIO GUADARRAMA VARELA, comenzó a partir del ocho de noviembre de dos mil seis, omisión que siguió hasta el diez de julio de dos mil catorce, fecha en que la querella fue formulada y ratificada, dicho que fue corroborado por las testigos de cargo; transcurriendo entonces, siete años ocho meses y dos días, desde que la querellante tuvo conocimiento de la comisión del delito hasta la formulación de la querella, siendo evidente que rebaso con exceso los plazos previstos por el artículo 121 del Código Penal vigente en el Estado, consecuentemente se ha producido la caducidad del derecho al ejercicio de la querella, por lo que la misma es extemporánea y sin ella no podrá precederse contra el supuesto responsable, al ser está un requisito de procedibiíidad, que necesariamente habrá de satisfacerse para que el Agente del Ministerio Público pueda ejercer la acción penal. Luego entonces, la falta de querella o sus deficiencias afecta la legalidad del auto de término constitucional, ya que, sin la previa satisfacción de tal requisito de procedibiíidad, no debe instruirse proceso al presunto responsable, en consecuencia, resulta innecesario entrar al estudio de los elementos del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado. (.) VII.- Ante los argumentos reseñados resulta innecesario el análisis de los restantes lineamientos de la ejecutoria de mérito, toda vez que a ningún fin práctico tendría su examen pues no variaría la conclusión alcanzada, ni los efectos de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.- Fue tramitado legalmente el recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO.- Se deja insubsistente la resolución dictada con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, dentro del presente toca, la que se autorizó el diecisiete del mismo mes y año. TERCERO.- Siendo las diez horas del día de hoy veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se confirma el auto de libertad por falta de elementos para procesar con la reservas de ley dictado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dentro del proceso número 37/2016. (.)" Por lo que hace al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer: "Se tiene por recibido el oficio de la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante la cual remite la resolución pronunciada en cumplimiento al fallo protector concedido en el Juicio de Amparo número 349/2017-VII, resolución de fecha veinte de septiembre dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal número 455/2016 del que se toma conocimiento que se deja insubsistente la resolución dictada con fecha ocho de marzo de esta anualidad, para dictar la de fecha veinte de septiembre del presente año, confirmando el Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar con las reservas de ley, dictado por este Juzgador el cinco de octubre del año dos-mil dieciséis, dentro del proceso en que se actúa, pronunciado a favor de RUBÉN MAURICIO GUADARRAMA VARELA, como probable responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, cometido en agravio de las menores cuya identidad se protege; en consecuencia, gírese atento oficio al Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que se sirva dejar sin efecto el antecedente penal que con motivo de esta causa le resulta a RUBÉN MAURICIO GUADARRAMA VARELA; de igual forma, gírese atento oficio al Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Tlaxcala, para que cancele las fichas dactiloscópicas y antropométricas que le hayan sido practicadas al mencionado indiciado (.)" Documentales a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Penal 455/2016, por el cual se revocó el auto de libertad dictado a favor de la parte quejosa y en su lugar, emitiera una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos del presente fallo protector: Analizara si se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad de querella de parte ofendida y si tal querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, tomando en consideración que la querellante dice que el delito se cometió a partir del ocho de noviembre de dos mil seis, y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella. Al analizar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, y en su caso, debería desarrollar un genuino ejercicio argumentativo respecto de las testimoniales de cargo vertidas en la indagatoria por Judith Vázquez Pérez y Fátima Sánchez Fajardo, analizando si tales atestes dieron razón de su dicho respecto a la totalidad de hechos que narran, en atención a lo dispuesto en el artículo 221, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala; entonces, debería tomar en cuenta dichas circunstancias y con base en ello, otorgar el valor probatorio que dichos testimonios alcanzan, a fin de determinar si tales testigos son dignos de crédito y por qué. Fundara y motivara por qué se encuentra acreditada la probable responsabilidad penal de la parte quejosa en la comisión del delito que se le atribuye. Señalara la fecha y hora en que se dicta la resolución en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. Así, de los anexos que remitió la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se advierte que: 1.- Respecto de la primera: El veinte de septiembre del año en curso, dentro del toca penal 455/2016 del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dejó insubsistente la resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, dictado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de cinco de octubre de dos mil dieciséis en el proceso penal 37/2016; Analizó si se encontraba satisfecho el requisito de procedibilidad de querella de parte ofendida y si tal querella se formuló dentro de los plazos a que alude el artículo 121 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, tomando en consideración el ocho de noviembre de dos mil seis, y teniendo presente la fecha de ratificación de la querella; Señaló la fecha y hora en que se dictó la resolución en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo; y, Respecto al análisis del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, así como la fundamentación y motivación del por qué se encontraba acreditada la probable responsabilidad penal de la misma, resultó innecesario su análisis, toda vez que a ningún fin práctico tendría su examen pues no variaría la conclusión alcanzada, ni los efectos de la referida ejecutoria; Finalmente, el veintiuno de septiembre del presente año, se notificó a la parte aquí quejosa Rubén Mauricio Guadarrama Varela, la resolución antes referida. 2.- En cuanto al Juez de la causa: Ordenó girar oficio al Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a fin de que dejara sin efecto el antecedente penal que con motivo de la misma le resulta a la parte aquí quejosa. También ordenó girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, a efecto de que cancelara las fichas dactiloscópicas y antropométricas que la hayan sido practicadas al referido quejoso. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Doctor en Derecho Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria que autoriza, Sonia López Márquez. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesada, el contenido del proveido de cuatro de octubre de dos mil diecisiete: Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector dictado en autos y al efecto remite copia certificada de la constancia de notificación a las partes, dentro del toca penal 455/2016-2, de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada debiendo correrles traslado con el oficio y anexo de cuenta y con la diversa copia certificada de la resolución de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 455/2016-2 del índice de la autoridad oficiante, así como del oficio con anexo remitido por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, en el cual insertó el proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los autos de la causa penal 37/2016 de su índice, además de la copia certificada de los oficios 2128 y 2129 relativos a las instrucciones giradas al Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y al Director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, para la cancelación de los antecedentes penales y la identificación administrativa del quejoso; en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio; lo anterior, por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por las autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
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