Rubén Juárez Mendoza

Expediente 198/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
198/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Rubén Juárez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo, en el presente juicio, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Luego, tomando en consideración que se negó el amparo, en el presente juicio de amparo, este asunto es susceptible de conservación, en atención a lo ordenado en el inciso a), fracción III del artículo 17 citado Acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los noventa días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, procédase a la depuración del original del incidente de suspensión y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Alberto Morales Alfaro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubén Juárez García contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público y por oficio a las autoridades responsable y terceras interesada***

  3. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 198/2023, promovido por Rubén Juárez Mendoza, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentando el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido ese día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Rubén Juárez Mendoza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el acto reclamado siguiente: ".IV. LEY O ACTO RECLAMADOS. La resolución interlocutoria de competencia de fecha doce de enero del año 2023, la cual me fue notificada el día 31 de enero del mismo año." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el propio medio oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque el acto reclamado tiene aplicación dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado lo siguiente: La resolución interlocutoria de doce de enero de dos mil veintitrés por medio de la cual la autoridad responsable sostuvo su competencia para conocer del juicio laboral identificado como 73/2021-D promovido por el ahora quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través del Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con la copia certificada que remitió la indicada autoridad responsable como justificación de sus actos, deducida del expediente laboral 73/2021-D, de su índice; las cuales tienen pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone el numeral 2 de la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones; y, de la que se observa la resolución impugnada en esta vía constitucional. De ahí que debe tenerse como ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, así como porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Empero, ninguna de las partes hizo valer alguna, ni esta juzgadora advierte que se surta alguna de estas, por lo que lo procedente es entrar al fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. No es necesario transcribir los conceptos de violación que hace valer el quejoso, toda vez que no resulta una obligación para el juez de amparo, puesto que no existe precepto legal alguno que así lo establezca; sin embargo, en atención al principio de certeza jurídica, se dará contestación a los mismos, en la medida que así lo imponga el análisis del presente asunto. Los conceptos de violación son infundados sin que exista deficiencia que suplir en términos 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, la parte quejosa adujo -en su segundo concepto de violación- que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre las pruebas, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, ofrecidas al promover el incidente de incompetencia en el procedimiento laboral de origen. Sin embargo, no le asiste razón al peticionario de amparo, toda vez que en la audiencia incidental de uno de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable certificó la incomparecencia del aquí quejoso en su carácter de actor incidental y -a petición de las autoridades demandadas Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud de Tlaxcala-, el tribunal burocrático hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, contra dicho peticionario; por tanto, se le tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas (página 66 vuelta). Asimismo, en diversa parte del propio concepto de violación segundo, la quejosa aseveró que, en el acto reclamado, la autoridad responsable realizó una valoración indebida de las pruebas ofrecidas en el incidente de incompetencia. Lo anterior, también es infundado. Se sostiene tal aserto con base en que, si bien es verdad que en el escrito mediante el cual el actor incidental propuso la incompetencia en análisis, anunció la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto; también es cierto que en la determinación reclamada, la autoridad responsable no podía realizar la valoración de tales probanzas, dado que en la audiencia incidental de uno de diciembre de dos mil veintidós -como ya se dijo-, tuvo por perdido su derecho a ofrecerlas, por lo que no se encontraba en posibilidad de valorar pruebas que no habían sido admitidas. Esto es, no estaba obligado a analizar los medios de convicción en la medida de que no se admitieron ante la incomparecencia del quejoso a la audiencia incidental de uno de diciembre de dos mil veintidós, por ello, es claro que no se le puede imputar a la autoridad responsable una valoración indebida de probanzas que no se incorporaron en la materia de la litis, por ello, esta parte del concepto de violación es infundada. En el concepto de violación primero, el quejoso alegó que la autoridad responsable inobservó lo ordenado en los artículos 701, 704 y 712 de la Ley Federal del Trabajo, pues dicho Tribunal burocrático no tomó en consideración que al plantear el incidente de incompetencia, el actor precisó que no se habían tenido como demandados a Héctor Hernández Anica -Jefe de Servicios Generales del Hospital General de Huamantla-, así como tampoco a José Juan Tovar Rodríguez -Encargado de Servicios Generales del Hospital General de Huamantla. El peticionario adujo que los demandados Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado nominado O.P.D. Salud de Tlaxcala -a quienes sí se les reconoció esa calidad- al producir su contestación negaron expresamente la relación de trabajo. El quejoso afirmó que sus apoderados en el juicio laboral de origen pidieron que se llamara como demandados a las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, sin que se acordase lo pertinente. En tal virtud, el peticionario de amparo indica que derivado de lo anterior se surtió en la especie lo ordenado en el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que dispone que cuando el trabajador ignore el nombre del patrón debe precisar por lo menos en el escrito de demanda el domicilio del centro de trabajo o la actividad a que se dedica el empleador. Asimismo, el quejoso arguyó que al "ignorar el nombre de su patrón", la autoridad responsable debió declarar que es competente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala por razón de materia, cuestión que debió declarar el Tribunal de oficio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo. Argumentos que devienen infundados. Ello es así, dado que en la demanda de juicio ordinario laboral promovida por el quejoso, se advierte que señaló como demandados a la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, al Organismo Público Descentralizado nominado O.P.D. Salud de Tlaxcala -con domicilio en Avenida Ignacio Picazo Norte 25, centro de Chiautempan, Tlaxcala-; al Hospital General de Huamantla; a Héctor Hernández Anica -Jefe de Servicios Generales del Hospital General de Huamantla-; y a José Juan Tovar Rodríguez -Encargado de Servicios Generales del Hospital General de Huamantla-, estos con domicilio en Prolongación Hidalgo sin número, colonia Pueblo de la Cruz, Huamantla, Tlaxcala (página 34). Y, en el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo como demandadas a la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y al Organismo Público Descentralizado nominado O.P.D. Salud de Tlaxcala, no así a las personas físicas con un cargo en el Hospital General de Huamantla, al sostener que conforme el artículo 1 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las relaciones de trabajo son entre un servidor público y una entidad pública la cual es una persona moral. En el entendido que, ello no obstaba para que estuviesen salvaguardados los derechos de los trabajadores, el hecho de conforme lo ordenaba el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, el actor podía citar a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores y en general a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración de la entidad pública demandada, siempre y cuando los hechos que originaron el conflicto sean propios y les hayan sido atribuidos en la demanda o en la contestación (páginas 41 y 42). Las autoridades demandadas, Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado nominado O.P.D. Salud de Tlaxcala, en su carácter de patrones asimilados produjeron su contestación y opusieron como excepción la negativa expresa de la relación laboral (página 56). Por tanto, en escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el referido actor promovió incompetencia por declinatoria, con base en que las autoridades asimiladas a patrones negaron la relación de trabajo y, en la demanda de origen, también se demandaron a personas físicas (páginas 93 a 96). La autoridad responsable sostuvo su competencia conforme a los argumentos que se precisan a continuación: a) Que era imprescindible esclarecer la naturaleza jurídica de los organismos públicos entre los que se suscitó la controversia, por ello, era pertinente señalar lo previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, el cual evidenciaba la existencia de dos tipos de administraciones, la centralizada que comprendía el despacho del Gobernador del Estado de Tlaxcala, las unidades y departamentos administrativos que dependan directamente del titular del ejecutivo, las secretarías, las coordinaciones, la oficialía mayor, la consejería jurídica, la procuraduría general de justicia, así como los organismos públicos desconcentrados creados por el ejecutivo por medio de decreto; y, la descentralizada, integradas por los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, creados por el Estado; b) Que la Secretaría de Salud pertenecía a la esfera de los organismos centralizados, los cuales se describían en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; c) Que la naturaleza del organismo público descentralizado denominado O.P.D. Salud Tlaxcala, fue creado mediante el acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud que suscribió el Gobierno Federal y los Gobernadores de las entidades federativas el veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis, lo cual, para el Estado de Tlaxcala quedó plasmado en el artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala. d) Que la Secretaría de Salud es la encargada de establecer la política estatal en materia de salud, así como de la administración de los recursos humanos necesarios para la operación y prestación de servicios de salud, en términos de Ley de Salud de Tlaxcala y del convenio de descentralización de los servicios de salud; cuestión que se rige por lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; e) Que la creación del Organismo Descentralizado deviene del acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud, que suscribió el Gobierno Federal y los Gobernadores de las Entidades Federativas el veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis, a la que obedeció la creación de los artículos 5, fracción II, 19, 20, 23, 24 y 25 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; f) Que de los preceptos legales mencionados, se ponía en evidencia que el Organismo Público Descentralizado denominado O.P.D. Salud de Tlaxcala, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como funciones de autoridad, en tanto que su objetivo es la operación y prestación de servicios de salud, esto es, asumió todos los derechos que le corresponden como patrón sustituto de los trabajadores que prestan sus servicios en los centros de salud que originalmente dependían de la Federación. g) Que el artículo 24 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala ponía de relieve que el organismo público descentralizado denominado O.P.D. Salud de Tlaxcala, además de tener personalidad jurídica y patrimonio, se apreciaba que ese organismo público es a quien le compete administrar los recursos patrimoniales que señala dicho numeral, no así una dependencia distinta; h) Que de lo analizado se estableció que la competencia recayó en la esfera de protección del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de diversos criterios jurisprudenciales que señalan que los conflictos laborales suscitados entre los organismos públicos descentralizados y sus trabajadores corresponden a la jurisdicción de las juntas locales; i) Que, sin embargo, cuando se reclaman prestaciones de índole laboral, cuyo ordenamiento legal aplicable es la Ley Burocrática Estatal, por ende, la competencia corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como prestaciones económicas a un organismo descentralizado, en dicha hipótesis no es pertinente que dos órganos jurisdiccionales de diversa naturaleza conozcan cada uno de ellos de prestaciones relativas a su competencia, puesto que no es posible dividir la continencia de la causa ni fragmentar la unidad del proceso del trabajo, ya que corresponde precisamente a los tribunales impedir que se haga, cuando siendo varios los demandados, las acciones sean diversas, pero devienen de una misma relación laboral a fin de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias, con el consecuente perjuicio para las partes y para la pronta y expedita administración de justicia que salvaguarda el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; j) Que la excepción de negativa expresa de la relación laboral opuesta por la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud de Tlaxcala, de la cual se adoleció el actor incidentista, dicha excepción será analizada por el Tribunal Laboral Burocrático, cuando se entre al estudio del fondo del juicio, sin que ello implique que la autoridad no resuelva conforme a derecho; y, k) Que aunado a lo anterior, el actor incidentista no compareció a la audiencia de uno de diciembre de dos mil veintidós, consecuentemente, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado el seis de septiembre de dos mil veintidós, es decir, se le tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas motivo por el cual no demostró lo argumentado, es por ello que se declaran infundados los argumentos del actor incidental y actor principal. De lo anterior se desprende que, el quejoso carece de razón en atención a que no es verdad que era aplicable al caso lo ordenado en el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el cual prevé: "Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón." Como se ve, el supuesto que prescribe el numeral parte de la base que el trabajador ignore el nombre del patrón o de la razón social donde labora, empero, no es el caso, puesto que el peticionario en el hecho uno de la demanda laboral indicó: ".1. Que el actor y ex servidor público RUBÉN JUÁREZ MENDOZA tuve como fecha de ingreso, puesto, adscripción, sueldo y labores que señalaré posteriormente, habiendo laborado en el área crítica del Hospital General de Humantla, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud de Tlaxcala, a las cuales estaba subordinado en todo lo concerniente al trabajo, sueldo que se me pagaba, labores desempeñadas, horarios que se fijaba, siendo contratado por el demandado físico Juan José Tovar Rodríguez, quien me manifestó que se me contrataba para que realizara únicamente labores de intendencia en el Hospital General de Humantla, con domicilio conocido en prolongación Hidalgo, s/n, colonia Pueblo de la Cruz, del Municipio de Huamantla, Tlaxcala y que estaría bajo las órdenes del otro demandado físico Heriberto Hernández Anica, quien es el responsable de servicios generales del Hospital General de Humantla." (Página 36). De acuerdo con lo anterior, salta a la vista que, el quejoso desde que promovió su demanda de juicio ordinario laboral conocía el nombre de sus patrones asimilados, por ello, la particularidad de que al producir su contestación, las autoridades hayan negado la relación de trabajo no repercute en que el peticionario desconociera el nombre de sus empleadores, de lo que se sigue que carece de relevancia para efecto de la competencia de la autoridad responsable esa situación, puesto que no es materia de discusión que el quejoso desde la demanda identificó a sus patrones asimilados, su centro de trabajo y las personas que le deberían dar indicaciones, así como el domicilio donde refirió que prestó su trabajo en una relación de subordinación a cambio de un sueldo. Ahora, si bien es verdad que, al promover la incidencia competencial, el peticionario refirió que no se habían tenido como demandados a Héctor Hernández Anica y a José Juan Tovar Rodríguez; también lo es que la autoridad responsable dejó en claro desde el proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno que, conforme el artículo 1 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, las relaciones de trabajo son entre un servidor público y una entidad pública -la cual es una persona moral-, de lo que se seguía que no era acorde a derecho a tener como demandadas a las personas físicas mencionadas. En adición, la autoridad responsable dictó el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el que refirió que no era procedente llamar a juicio como demandadas a las personas físicas porque ya se había emitido un pronunciamiento al respecto, por ello, no es verdad que no se hubiese acordado lo pertinente al llamamiento a juicio de las personas físicas mencionadas (páginas 90 y 91. Bajo ese contexto, es infundado el argumento consistente en que como el quejoso ignoró el nombre de su patrón, por lo que la autoridad responsable debió declarar que era competente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala; ello pues -como se evidenció- el peticionario de amparo en ningún momento ignoró el nombre de sus patrones asimilados. Ahora, si bien es verdad que las autoridades enjuiciadas al producir su contestación en el juicio laboral del origen negaron la relación de trabajo, también lo es que esto no repercute en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala deje de ser competente por tal hecho, sino como bien lo refirió la responsable, dicha excepción debe ser analizada cuando se entre al estudio del fondo del juicio. En la inteligencia que de ser infundada la excepción es competente la responsable y de declararse fundada, también está dentro de la jurisdicción del Tribunal Burocrático, puesto que la materia de la litis planteada por el quejoso es una relación de trabajo como "servidor público" -así lo planteó en la demanda-; por tanto, el órgano laboral que le corresponde analizar la existencia de una relación de trabajo es la responsable, derivado de la naturaleza de cómo se ostentó el peticionario de amparo. Máxime que, como lo señaló la autoridad responsable en la determinación reclamada, la indicada relación laboral del quejoso se atribuye tanto a la Secretaria de Salud del Estado de Tlaxcala -órgano centralizado del Estado- como al O.P.D. Salud Tlaxcala -organismo público descentralizado local- y, por ende, los conflictos laborales suscitados con dichos patrones corresponden a jurisdicciones distintas, esto es, al Tribunal del Estado y a las Juntas Locales, respectivamente. Sin embargo, adujo que jurisprudencialmente se ha precisado que en tal hipótesis, no es pertinente que dos órganos jurisdiccionales de diversa naturaleza jurídica, conozcan cada uno de ellos de prestaciones relativas a su competencia, respecto de los mismos hechos, pues no es posible dividir la continencia de la causa ni fragmentar la unidad del proceso laboral, a fin de evitar que se pronuncien resoluciones contradicciones, perjuicio a las partes, así como salvaguardar la pronta y expedita administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 131/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 963, Materias(s): Constitucional, Laboral, Décima Época con registro digital: 2012979, de rubro y texto siguiente: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL LEGISLADOR SECUNDARIO TIENE FACULTADES PARA SUJETAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESA ENTIDAD. Conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que la voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. Por tanto, si en uso de sus facultades, el legislador secundario sujetó las relaciones de los organismos públicos descentralizados del Estado de Quintana Roo y sus trabajadores a lo previsto en el apartado B del precepto 123 constitucional y, en consecuencia, a la legislación local -Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de esa entidad-, ello no transgrede el texto constitucional, ya que el legislador local que expidió este último ordenamiento está facultado para hacerlo". Así como la diversa tesis: 2a./J. 130/2016 (10a.), de la indicada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1006, Materias(s): Constitucional, Laboral, Décima Época, con registro digital: 2012980, que dice: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial". De lo que se sigue que, lo expresado por el quejoso en relación con que la autoridad responsable debió declarar la incompetencia de oficio no es acertado, al carecer de sustento legal y fáctico. Al ser infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que exista deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de la materia, se impone NEGAR el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al no demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubén Juárez García contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público y por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas.

  4. Principal

    Agréguese a los autos sin mayor proveer el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por el cual devuelve el oficio 1669/2023 deducido del presente juicio de amparo; toda vez que dicho oficio solamente se envió para hacer del conocimiento de ese juzgado federal en su carácter de autoridad responsable, contenido de la sentencia dictada en el presente expediente el diecinueve de enero del año en curso, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo ante la inexistencia de los actos reclamados por la parte quejosa, a las autoridades responsables; ello, para los efectos legales procedentes. Notifíquese

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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