Ruben Luna Cruz

Expediente 265/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
265/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Ruben Luna Cruz
  • RUBEN LUNA CRUZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 14294 e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintidós de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito del quejoso RUBÉN LUNA CRUZ, CRISTINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y EIBAR LUNA MARTÍNEZ; en su atención, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra del auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de garantías; glósese una copia del escrito mediante el cual interpone el aludido recurso a este expediente y remítanse éstos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Agréguense a sus autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Juez Quinto de lo Civil en el Distrito Federal y Secretaria Actuaria adscrita a dicho juzgado, el primero de ellos, acompaña copia certificada del expediente 493/2009; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con el contenido de dichos informes, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho importe, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a la partes.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por********************, contra actos de la JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC, y otra autoridad, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 265/2017 En el presente asunto, los ahora quejosos ********************solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Diligenciaria adscrita al citado Juzgado, por considerarlos violatorios de los artículos, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- Señalamos como acto reclamado la resolución dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con fecha veinte de febrero de del año dos mil diecisiete, dentro del Incidente Sobre Cuestiones Penales en Negocios Civiles, promovido por los suscritos, deducido del Expediente Principal ********************, del índice de dicho Juzgado, notificada a los suscritos el veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete." Ahora bien, del examen del escrito de demanda que suscriben ********************se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b); y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De las disposiciones transcritas se colige, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza, por ende, como el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que aparece publicada en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías constitucionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, en el caso del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables consiste en la resolución dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con fecha veinte de febrero de del año dos mil diecisiete, dentro del Incidente Sobre Cuestiones Penales en Negocios Civiles, deducido del Expediente Principal ********************, del índice de dicho Juzgado; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de los peticionarios de amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que van tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencia se extinguen en realidad de los hechos. Ahora, es dable recordar que el acto reclamado en el presente juicio, los promoventes lo hicieron consistir en la resolución dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con fecha veinte de febrero de del año dos mil diecisiete, dentro del Incidente Sobre Cuestiones Penales en Negocios Civiles, deducido del Expediente Principal ********************, del índice de dicho Juzgado, tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de una sentencia adverso a los intereses de la parte aquí promovente, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; luego entonces, la resolución reclamada podría causar perjuicio a la parte quejosa una vez que dicte la sentencia correspondiente, que es donde esa violación puede producir una afectación; en consecuencia, no procede el amparo indirecto en contra de la resolución dictada por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con fecha veinte de febrero de del año dos mil diecisiete, dentro del Incidente Sobre Cuestiones Penales en Negocios Civiles, promovido por los suscritos, deducido del Expediente Principal ********************, del índice de dicho Juzgado, que constituye el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia VI.2o. J/101, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 551, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías." De lo antes expuesto, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, en razón de que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros; por tanto, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para la emisión de la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia definitiva es adversa a los intereses de la parte quejosa. Por otra parte, el acto reclamado tampoco produce una afectación exorbitante, puesto que no concurren las circunstancias señaladas en párrafos precedentes para considerar que se trata de una violación en grado extraordinario. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Tesis Jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos ni constituir una afectación exorbitante, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados a las personas que designa, en términos del párrafo primero del artículo 12, de la Ley de Amparo, con excepción de Claudia Zamudio Sánchez, por no aparecer en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder judicial de la Federación, por tanto, solo se autoriza para oír y recibir notificaciones, de conformidad a lo dispuesto en el parte final del segundo párrafo del artículo antes citado. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente.***

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