Rubén Flores Moreno
Expediente 471/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Flores Moreno
- Magistrada Interina de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que las partes han sido notificadas del recurso de revisión interpuesto en autos por la parte quejosa, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, REMÍTASE el original del presente juicio de amparo, original del escrito de interposición de dicho recurso, escrito de agravios, copia simple del mismo, y dos tomos de pruebas formados con motivo del informe justificado de la autoridad responsable; al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a sus atribuciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Rubén Flores Moreno, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, con excepción de las autoridades responsables a quienes se les remitirá por oficio, como lo establece el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa con cuaderno de pruebas en dos tomos, así como el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer; ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese, personalmente al tercero interesado, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a las autoridades responsables y a la que le reviste el carácter de tercero interesado. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de América Ramírez Mimientzi, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del tercero interesado Jesús Manuel Vázquez Conde, mediante el cual solicita se autorice la consulta del expediente electrónico y la notificación vía electrónica. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al expediente electrónico; con el usuario "AmericaRamirez". Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el alta correspondiente en el sistema. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones personales a la parte quejosa por la vía electrónica mediante el usuario antes mencionado, agregando al presente asunto constancia de dicha notificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 471/2023, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Por escrito recibido en Buzón Judicial el doce de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala ACTO RECLAMADO: La resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 15/2023, en la que se confirmó la resolución dictada en audiencia oral de seis de diciembre de dos mil veintidós, en la que la Jueza de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Jesús Manuel Vázquez Conde, dentro de la causa penal 110/2021. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de trece de abril de dos veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el respectivo informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien no formuló pedimento. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza penal; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal 15/2023, en la que se confirmó la resolución dictada en audiencia oral de seis de diciembre de dos mil veintidós, en la que la Jueza de Control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Jesús Manuel Vázquez Conde, dentro de la causa penal 110/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con los originales del toca penal de apelación 15/2023 y de la causa penal 110/2021, así como los discos que contienen la videograbación de la audiencia reclamada. Documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado. Previa reposición del procedimiento dentro de la causa penal 110/2021, con motivo a la ejecutoria de amparo 266/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, el seis de diciembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de continuación inicial, en la que la Jueza de Control dictó auto de no vinculación a proceso en contra de Jesús Manuel Vázquez Conde, por el hecho que la ley señala como delito de fraude (fojas 154 a 167 y 194 del tomo I de pruebas). 2.- Inconforme con tal determinación, la víctima ********************, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual se registró bajo el toca penal 15/2023 del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 201 a 212 ídem). 3.- Medio de impugnación que fue resuelto el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el que la Magistrada adscrita a la Sala responsable, confirmó la resolución recurrida, y dictó auto de no vinculación a proceso en contra de Jesús Manuel Vázquez Conde (fojas 237 a 248 del tomo I de pruebas). Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que deba suplirse en términos del artículo 79 fracción III inciso b) de la Ley de Amparo. La parte quejosa alega esencialmente como conceptos de violación los siguientes: Que la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación. Además, que contrario a lo determinado por la responsable, sí existen datos de prueba idóneos y suficientes para establecer un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, pues en el caso, solo se necesitan indicios ateniendo a la etapa procesal en que se encuentran. Expuesto lo anterior, debe descartase que no asiste razón jurídica a la parte quejosa. Al respecto, esta juzgadora determina, con base en el análisis de los registros de audio y video de la audiencia en la que se decretó auto de no vinculación a proceso al imputado, así como de la propia resolución que aquí se combate, dictada dentro del toca penal 15/2023; que la Sala responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada. Ello es así, pues expresó el dispositivo legal aplicable al criterio sostenido, así como las razones por las que consideró que los datos de prueba allegados por la fiscalía, no establecían hechos fácticos que trajeran consigo inmersa la conducta del engaño atribuida al investigado, y por ende, que tal conducta encuadre en la hipótesis de la norma jurídica imputada (delito de fraude). Ahora bien, para llegar a la determinación reclamada la responsable tomó en consideración que para el dictado de un auto a vinculación a proceso se requiere de un mínimo de componentes; ello, sin pasar por alto los requisitos establecidos en los numerales 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para su dictado. Lo que legalmente se estima correcto, pues para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es relativamente bajo, considerando que su función únicamente es la de verificar que existan méritos suficientes de llevar un caso a juicio penal. Asimismo, la de ejercer control sobre la actuación del Ministerio Público durante la investigación complementaria que lleve a cabo, y de que las pruebas se producirán hasta la fase del juicio oral ante el Tribunal de enjuiciamiento, en el que los datos hasta entonces considerados, ya no podrán tener ningún efecto para dictar la sentencia que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado a, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen de lo anterior, el artículo 19 constitucional exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que se colmen los siguientes requisitos: 1. Que se exprese el delito que se impute al indiciado. 2. La expresión del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3. Los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, 4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Mientras que el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere, entre otros, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entendiéndose que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Expuesto lo anterior, la Sala responsable al analizar la conducta al tipo penal imputado, consideró que la acción de engaño que la ley exige para acreditar el hecho delictivo (fraude), no se satisfacía con los datos de pruebas aportados por la representación social. En ese sentido, debe destacarse que el hecho con apariencia de delito de fraude consistió en que, en virtud de haber visto un anuncio de Jesús Manuel Vázquez Conde en la red social denominada Facebook, en el que vendía una camioneta marca Nissan, tipo pickup, doble cabina, línea NP300, modelo 2017, estándar, cuatro cilindros, rines originales, llantas seminuevas, estéreo CD, usb auxiliar, el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las catorce horas se comunicó con Jesús Manuel Vázquez Conde a través de llamada telefónica y con motivo de ello acordaron de verse en el negocio denominado McDonald's, ubicado en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, para revisar la camioneta. Una vez que la víctima revisó la referida camioneta, se dirigió a su domicilio por el dinero para concretar la compra venta y fue así que en esa fecha, aproximadamente a las 15 horas, la víctima ******************** en compañía de su esposa Yolanda Ramírez Calva y de su sobrino Ramsés Flores Castro, acudieron al domicilio del imputado ubicado en privada Puente Picazo número dieciocho, de la colonia Industrial, municipio Chiautempan, Tlaxcala, con la finalidad de realizar la compraventa de la referida camioneta. Previa revisión de los datos de la camioneta y de la factura que le mostró en ese momento el imputado, se celebró un contrato de compraventa en donde aparece la firma del encausado y de la hoy víctima por la cantidad de doscientos veinticuatro mil pesos. En ese momento la víctima recibió del imputado los documentos consistentes en el contrato de compraventa, la factura 28766 de veintidós de octubre de dos mil dieciséis expedida por Nissan Angelópolis, Sociedad Anónima de Capital Variable, la representación impresa de un certificado fiscal digital de veintidós de octubre de dos mil dieciséis, con folio APIB000001390, expedida por Nissan Angelópolis, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de Arnulfo García Cortés, la tarjeta de circulación número 136167724 de veinticuatro de enero de dos mil veinte, expedida por la Secretaría de comunicaciones y transportes del estado de Tlaxcala a favor de Guadalupe Sánchez Rojas, así como la copia simple de las credenciales de elector de la entonces propietaria Guadalupe Sánchez Rojas y del imputado Jesús Manuel Vázquez Conde. El veinte de marzo de dos mil veinte, aproximadamente a las once horas con treinta minutos cuando la víctima circulaba sobre la carretera federal Tlaxcala - San Martín, a la altura del municipio Villa Alta, hubo un retén por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el que revisaron la referida camioneta y verificaron que el número de serie del vehículo estaba alterado, es decir que el número de serie 3N6AD33A6HK825783, no correspondía al número de serie original, el cual es 3N6AD32A2HK812299, del cual se cercioraron que tenía reporte de robo por parte del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Metropolitana número Cuatro de la ciudad de Puebla, Puebla; por lo que en ese momento detuvieron a la víctima y a la camioneta quiénes fueron puestos a disposición ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. En relación con esos hechos la Sala responsable estimó confirmar la determinación emitida por la Juez de Control en relación con que no se encontraba acreditado el primer elemento del hecho con apariencia de delito de fraude, relativo a que el sujeto activo actúe por medio del engaño o aprovechándose del error en el que otro se halle; toda vez que no se evidencia indiciariamente con algún dato de prueba que el sujeto activo haya realizado ese engaño, dado que no se justificó que el imputado supiera que la unidad vehicular, objeto del contrato de compraventa, era de procedencia ilícita o robada. Ello, pues la Sala de Alzada responsable estableció que de los datos de pruebas recabados no se advertía una falsa creencia de la realidad, ya que de la declaración de la víctima en su denuncia, al momento de realizar la compraventa de la unidad, se le hizo entrega del contrato de compraventa, a través del cual se realizó la traslación del automotor, la factura 28766 de veintidós de octubre de dos mil dieciséis, la representación impresa de un certificado fiscal digital, la tarjeta de circulación 0136167724 expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala, circunstancias que no evidencian la existencia de indicios razonables que permitan presumir que exista un engaño con el que aparentemente actuó el sujeto activo. Razonamientos con los que este órgano de control constitucional coincide con la Sala responsable; ello, con el fin de considerar que los datos de prueba allegados por la fiscalía no son suficientes, idóneos y pertinentes para estimar que se cometió un hecho que la ley señala como el delito de fraude, en agravio de ********************, como enseguida se verá: En lo que corresponde al delito de fraude, debemos tener presente que la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de diversos Tribunales Colegiados de Circuito de nuestro país, han establecido que, para su configuración debe constatarse primero, que el sujeto pasivo haya dispuesto por sí mismo de su patrimonio, a favor del activo, basado en un consentimiento viciado; y segundo, que la obtención del lucro por parte de este último se realice por medio del engaño o aprovechamiento del error; de manera que, ante la falta de dichos elementos típicos resultaría inexistente el delito de que se trata. Y en el presente asunto, como bien ponderó la responsable, de los hechos expuestos por la representación social, ni de los datos de prueba ofrecidos en la audiencia inicial, se demostró de manera indiciaria la existencia del engaño. Lo anterior es así, pues con los datos de pruebas aportados en la causa penal de origen, no permiten establecer la existencia del engaño, elemento requerido para constituir el delito de fraude, pues con todos esos datos narrados, a lo sumo se demuestra la existencia de la celebración de un contrato de compraventa entre Jesús Manuel Vázquez Conde y ********************, en el que el bien trasladado (vehículo), resultó ser de origen robado; lo cual no se aprecia de manera indiciaria que el imputado tuviera conocimiento de que el vehículo fuera robado, pues se insiste, con los datos de prueba se advierte que contrario a ello, el procesado otorgó un contrato de compraventa y demostró la propiedad del vehículo a fin de lograr su venta. En este punto, es importante mencionar que en los casos penales que se caracterizan por tener como origen un contrato o un convenio, como en el caso acontece, la línea divisoria entre la esfera penal y la civil presenta una sutileza tal que puede dar lugar a la confusión de dichos ámbitos, por lo que para considerar que una de las partes ha incurrido en una infracción penal, es preciso establecer que no se ha cumplido con lo pactado y que la persona incumplida, desde que se celebró el contrato, decidió dolosamente no cumplirlo. Lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia V.2o.J/47, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 733, con registro 193709, de rubro y texto siguientes: "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO. Los límites que en ciertos casos separan al derecho penal y al derecho civil son tan sutiles que pueden determinar la desfiguración del derecho privado para servir, desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho penal; pero, también por la misma sutileza de las fronteras que median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario. En efecto, es explicable que a veces los Jueces penales, al estudiar cuestiones de esta naturaleza, incurran en el error de considerar conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa forma el derecho penal, el cual queda por ello al servicio de intereses particulares, como son los del contratante que se dice víctima del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su contratante no cumpliera, lo cual puede suceder y de hecho sucede frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya celebrado el contrato con la suficiente buena fe y la intención de cumplir. Adoptar criterio distinto conduciría sin esfuerzo a la consideración de que todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes, por lo que debe advertirse con claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato para que pueda proceder la represión penal." En ese sentido, este Juzgado estima que la sentencia recurrida se encuentra apegada a derecho, pues los datos de prueba señalados por la Fiscalía en la audiencia respectiva, en forma alguna revelan que el aquí tercero interesado haya tenido conocimiento que el vehículo era robado y derivado de ello haya provocado un engaño en la víctima para lograr que ésta le comprara el bien motor. En cuanto a los conceptos de violación externados por el peticionario de garantías, resultan infundados, de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Sostiene el quejoso que la responsable incurrió en falta de fundamentación, motivación y un debido proceso. Sin embargo, como se adelantó, resulta infundado lo anterior, ya que la autoridad responsable respetó los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica de la ley penal, en virtud de que citó las normas legales que consideró aplicables al problema jurídico sometido a su potestad, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva, pues refiere lo que establecen los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimiento Penales, asimismo, precisó los fundamentos legales que se encuentran relacionados con la valoración de los datos de pruebas (artículo 265). Además, vertió los razonamientos y argumentos jurídicos por los que estimó que era procedente confirmar la resolución recurrida y dictar auto de no vinculación a proceso, los cuales quedaron establecidos en párrafos que anteceden. Del mismo modo, es infundado lo relativo a que los datos de prueba expuestos en la audiencia inicial son aptos para considerar que se cometió un hecho con características de delito y que existe la posibilidad que el imputado lo cometió, al únicamente necesitar indicios para su acreditación. Ello, puesto que como se vio con antelación, no se demuestra la evidencia de algún indicio respecto de la conducta de engaño en el contrato de compraventa efectuado entre el investigado y la parte quejosa, ni se evidencia de manera indiciaria que se haya aprovechado del error para alcanzar un lucro indebido, lo cual es indispensable para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues no basta que se menciones hechos ocurridos, ya que estos deben cuadrar en la hipótesis normativa en estudio (fraude). En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa; lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, por los motivos y para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad correspondiente y diverso tercero interesado. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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