Ruben Aviña Yañez

Expediente 933/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
933/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Ruben Aviña Yañez
  • H. Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Rubén Aviña Yáñez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno original incidental, es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 933/2021-X, promovido por Rubén Aviña Yáñez, por propio derecho, contra actos que reclama del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.. SEGUNDO.TERCERO. CUARTO. Sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto. Es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por el quejoso, dado que este juzgador -de oficio- advierte, que debe sobreseerse en el juicio de amparo porque no acreditó fehacientemente que el acto de autoridad reclamado afecta su esfera de derechos, en la medida en que no demostró que dicha determinación administrativa estuviese dirigida a él, o bien, que él era titular del bien inmueble que se refirió en dicho documento. Razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la Ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo el quejoso debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues el quejoso debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Acreditar su interés jurídico, y b) Que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con esos numerales, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. De lo que deriva que, de acuerdo a este principio, el juicio de amparo debe promoverlo aquella persona que, en su concepto, sufre un perjuicio en sus derechos humanos provocado por un acto de autoridad. No obstante, de conformidad con el precepto constitucional invocado, no basta con que una persona se ostente como agraviado, es decir, que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, sino que es necesario que demuestre plenamente que ese acto afecta su esfera jurídica, es decir, acredite su interés. De manera que para acreditar el interés jurídico, el quejoso debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Con esas bases, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos que afecten un bien inmueble respecto al cual el quejoso se ostenta como propietario, para acreditar su interés jurídico dicho promovente deberá demostrar con justo título el origen de su derecho de propiedad y la identidad entre el bien inmueble que se ha visto afectado y del cual es propietario. A más de que dicho título debe tener fecha cierta anterior a la emisión del acto, sea que se hubiera pasado ante la fe de un fedatario público o autoridad, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, muerto alguno de los contratantes o los testigos que signaron el convenio relativo. Orienta lo anterior por las razones que las integran los siguientes criterios jurisprudenciales: "Registro digital: 2020978 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 62/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER UICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común. "Registro digital: 2005231 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho. En el caso, el quejoso reclama la resolución administrativa de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno emitida por la Sindica y Tesorera Municipales, ambas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, dirigida a Enrique Aviña Yáñez, en la que se le informó de la resolución de clausura de obra y/o casa habitación respecto del bien inmueble ubicado en la calle Hidalgo s/n, Colonia Centro. Lo anterior, dado que las autoridades administrativas apuntadas refirieron que derivado de la visita realizada por los inspectores adscritos a las Direcciones de Obras Públicas y Tesorería Municipal del mismo Municipio, se efectuó inspección al inmueble ubicado en calle Hidalgo S/N colonia Centro, en el Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, en el cual se detectó una obra de construcción de "oficinas y/o casa habitación", respecto a la cual no existía una licencia municipal. Además indicaron que en los registros que obraban el Libro de Propiedad de dicho municipio, la propiedad del predio objeto de dicha visita correspondía al Ayuntamiento de Epitacio Huerta, en términos de lo establecido en la escritura pública de número trescientos setenta (370) de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, pasada ante la fe del Juez Municipal del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán. Con esas bases, las responsables procedieron a notificar lo que refirieron como "una resolución de clausura de obra de oficinas y/o casa habitación", por lo cual indicaron al destinatario de dicha determinación, Enrique Aviña Yáñez, que debería de abstenerse de realizar en lo subsecuente cualquier acto u obra tendiente a construir, ampliar o modificar sin cumplir con la normatividad administrativa aplicable. En ese sentido, al final del documento en estudio se enfatizó que hasta en tanto el destinatario no cumpliera con lo prevenido debería de abstenerse de realizar cualquier acción que contraviniera la presente determinación. Finalmente, las autoridades acotaron que en caso de que el destinatario de la resolución considerara que contaba con los permisos, licencias e instrumentos que acreditaran su derecho para realizar las obras públicas, debería presentarse antes del seis de octubre de dos mil veintiuno ante las oficinas de la Dirección de Obras Públicas la documentación correspondiente, bajo apercibimiento que en el supuesto de hacer caso omiso a dicho requerimiento se haría acreedor a una sanción administrativa. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico el quejoso ofreció como medios de convicción los siguientes: - Copia certificada por el Notario Público Número Ciento Treinta y Seis con residencia en Morelia, Michoacán, el uno de octubre de dos mil veintiuno, del contrato de compraventa de veinte de agosto de dos mil dieciocho, celebrado por Ma. Esther Vega Esquivel, en su calidad de parte vendedora y el aquí quejoso Rubén Aviña Yáñez, como comprador, ante el Síndico Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, respecto de un bien inmueble con una extensión de ochenta metros cuadrados ubicado en "la calle Hidalgo de esa cabecera municipal", con las siguientes medidas y colindancias: - Al norte: 10 metros colindantes con Ciriaco Morales, - Al sur: 10 metros colindantes con calle privada. - Al oriente: 8 metros colindantes con calle privada. - Al poniente 8 metros colindantes con calle privada. - Copia simple de las identificaciones oficiales de los intervinientes en dicho contrato. - Copia simple del recibo de pago emitido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de Ma. Esther Vega Esquivel, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Hidalgo, número 6, Colonia Centro del municipio de Epitacio Huerta, Michoacán. - Copia simple de la licencia municipal de seis de agosto de dos mil dieciocho emitida en favor de Enrique Aviña Yáñez, para desarrollar la actividad señalada como "despacho jurídico y arquitectónico" en el domicilio ubicado en Calle Hidalgo número 6, Colonia Centro del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán. Sin embargo, salvo el contrato de compraventa, el resto de dichos medios de convicción son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, ya que en principio, las documentales que obran en copia simple, si bien en términos de lo establecido en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles1 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen fe de la existencia de los originales, ello no implica que deba de reconocerse como documentales públicas y, por ende, dotarlas de pleno valor convictivo. Lo anterior en la medida en que para tal efecto debe quedar demostrado que efectivamente se expidieron por autoridades en ejercicio de sus funciones, lo cual solo puede comprobarse al haberse plasmado un sello y firma original, elementos que no se pueden corroborar en este momento dado que aunque las copias simples hacen fe de los originales, no se 1 ARTÍCULO 207.- Las copias hacen fe de la existencia de los originales, conformes a las reglas precedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron. tiene certeza de que en tales originales efectivamente se hubiesen plasmado firma y sello. Por ende, lo conducente es reconocerles a dichas documentales la calidad de documentos de carácter privado, cuyo valor probatorio es meramente indiciario, es decir, que es necesaria la exhibición de diversos medios de convicción para corroborar lo ahí asentado, ello en términos del de la legislación invocada2. De manera que a partir de los medios de prueba en análisis (copia simple de credenciales de elector, licencia municipal de funcionamiento y recibo de luz) únicamente es posible inferir de manera indiciaria que Ma. Esther Vega Esquivel tiene domicilio en Calle Hidalgo, número 6, Colonia Centro del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, y que Enrique Aviña Yáñez, poseía una licencia municipal registrada en el mismo predio, además de contar con el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, se insiste, ante la falta de diversos elementos de prueba que corroboren dicha información es claro que en el caso no es dable concederles un alcance demostrativo pleno. A más de que ninguno de ellos constituye un acto traslativo de dominio a favor del quejoso. 2 ARTÍCULO 203.- El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado. Por otro lado, si bien la copia certificada del contrato de compraventa fechado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, celebrado por Ma. Esther Vega Esquivel, en su calidad de parte vendedora y el aquí quejoso Rubén Aviña Yáñez, ante el Síndico Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, si merece valor probatorio pleno en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles3 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cierto es que a través de dicha documental tampoco es posible tener por acreditado el interés jurídico del quejoso para reclamar la resolución administrativa reclamada. Lo anterior, toda vez que del mismo únicamente se obtiene que el ahora peticionario del amparo adquirió de Ma. Esther Vega Esquivel, un bien inmueble ubicado en la calle Hidalgo de la cabecera Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, cuyas medidas y colindancias quedaron asentadas en párrafos precedentes. Medio de prueba que se estima suficiente para demostrar la propiedad del quejoso sobre el predio ahí referido, toda vez que consigna un acto traslativo de 3 ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. dominio de fecha cierta, al haberse celebrado ante autoridad competente y facultada para dar fe de dicha circunstancia; en ese sentido. Apoya lo anterior por las razones que la integran el siguiente criterio jurisprudencial: "Registro digital: 192662 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 46/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 78 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Sin embargo, toda vez que como ya se adelantó, la resolución administrativa reclamada se dirigió a una persona diversa al quejoso, a saber, a Enrique Aviña Yáñez, y dicho promovente señala que la misma constituye un acto de molestia a su propiedad, es evidente que en el caso es necesario que para demostrar la afectación que sufrió en su esfera jurídica con independencia de quien sea al destinatario del acto reclamado, este debe acreditar que es dueño del predio objeto de dicha determinación. En ese sentido, es oportuno reiterar que en la resolución reclamada de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno únicamente se asentó que la misma tuvo por objeto clausurar la obra de construcción de oficinas y/o casa habitación que se estaba desarrollando en el predio localizado en la calle Hidalgo S/N colonia Centro, del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán. Ante tal circunstancia es claro que aunque en el contrato de compraventa ofrecido por el quejoso como medio de convicción también se hizo alusión a un predio ubicado en la misma calle, tales datos son insuficientes para tener certeza de que efectivamente en ambos documentos se alude a los mismos inmuebles. Ello porque ante la falta de mayores datos de localización, tales como número ordinal, número de predio o incluso manzana, lote y colonia, en la compraventa, no es posible tener por demostrada la identidad del predio al que se refiere el acto reclamado y el que fue materia del contrato de compraventa, máxime que en ese último documento sí se señalaron en la resolución reclamada no se indicaron mayores datos de identificación. Además que en la propia resolución reclamada se asentó que en los registros que obraban el Libro de Propiedad, el predio objeto de dicha determinación estaba inscrito a nombre del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, en términos de lo establecido en la escritura pública de número trescientos setenta (370) de veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, pasada ante la fe del Juez Municipal del Distrito Judicial de Maravatio, Michoacán. De tal manera que dicha circunstancia abona a la incertidumbre respecto a la identidad de los dos predios apuntados, toda vez que en el contrato de compraventa que exhibió el quejoso se asentó que el inmueble materia del mismo perteneció inicialmente a Ma. Esther Vega Esquivel, sin que se señalara como anterior propietario al Ayuntamiento de Epitacio Huerta. En ese sentido, si el quejoso al promover el presente juicio constitucional no demostró la existencia de una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica ante la emisión de la resolución administrativa reclamada de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por no haber demostrado que con la misma se afectó un bien inmueble del que es propietario, es razonable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. Habiéndose actualizada la causal de improcedencia apuntada, es innecesario analizar la diversa planteada por las responsables. En atención a lo resuelto, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación, hechos valer por el peticionario del amparo, ya que, al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad de la materia de reclamo. Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Finalmente, no pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formuló el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de este suscriptor de entrar al estudio de los razonamientos expresados en los escritos correspondientes, máxime atendiendo al sentido de la presente resolución. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205449, de título "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. TRANSPARENCIA. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Rubén Aviña Yáñez, en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. 1 Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-933/2021 promovido por Rubén Aviña Yáñez contra actos del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual manera, se hace constar que el Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente diligenciado. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; asimismo, respecto de la omisión del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán, se ordena hacer relación en el momento procesal oportuno. Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Síndica Municipal del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán. Tesorera del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán. Director de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de Epitacio Huerta, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables adjuntaron como sustento de su informe diversas documentales. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente realizó lo conducente el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. EL JUEZ: Téngase por reproducidos los alegatos de referencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a sus autos el pedimento signado por el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual hace manifestaciones a guisa de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados; sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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