Ruben Ignacio Acosta Grajeda
Expediente 497/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ruben Ignacio Acosta Grajeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del Artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y la definitiva el incidente de suspensión es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción III del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a la autoridad responsable y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 497/2023-I-1, promovido por ******* y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de los Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, se recibió la demanda promovida por *******, turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control Penal del distrito judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a quien reclamó la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 497/2023-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos privativos de libertad cuya ejecución tienen lugar en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las responsables la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, atribuida a la responsable, Juez de Control de los distritos judiciales Bravos y Galeana (foja 19), con sede en Nuevo Casas Grandes y en su denominación correcta, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, las autoridades responsables de mérito indicaron no ser cierta la orden de aprehensión que la aquí quejosa les atribuyó. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la parte quejosa no exhibió prueba alguna que demuestre que la responsable, Juez de Control de los distritos judiciales Bravos y Galeana (foja 19), con sede en Nuevo Casas Grandes y en su denominación correcta, emitió la orden de aprehensión aquí reclamada. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en atención a las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 497/2023-I-1; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados del Juez de Control Penal del distrito judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Segundo. Tramitación del Incidente de suspensión. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a la autoridad responsable, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades que tienen su residencia dentro del territorio en el que la suscrita ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto de la orden de aprehensión, así como su ejecución. Entonces, para los efectos de la presente medida cautelar tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Control de los distritos judiciales Bravos y Galeana (foja 21), con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, negó el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, así como su ejecución. Al respecto, la parte quejosa omitió aportar prueba tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que, se tiene por inexistentes los actos endilgados a la citada autoridad. Entonces, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y autoridad que en este considerando se precisan. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *******, por las autoridades y razones expresadas en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de junio de dos mil veintitrés. Alegatos Por otro lado, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cual formula diversas manifestaciones en vía de alegatos. En consecuencia, téngase al representante social de la federación formulando los alegatos contenidos en el escrito de cuenta, mismos que, serán relacionados al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Solicitud de copias Por otro lado, respecto a las copias certificadas que solicita, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, en el que se autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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