Rubén Homero Chico Ronquillo
Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rubén Homero Chico Ronquillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de enero de dos mil veintidós. Correos devuelve sobre Visto lo de cuenta, se ordena glosar a los autos, atento a su contenido, la Administración Local de Correos del Servicio Postal Mexicano, en esta ciudad, devuelve el oficio 10268/2021 de once de mayo de dos mil veintiuno, dirigido a la Subadministración de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, con la leyenda: devuélvase la autoridad que cita no se encuentra en el domicilio citado. Innecesario su reenvío Ahora, por medio del comunicado de referencia, se ordenó notificar a la Subadministración de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, el diferimiento de la audiencia constitucional y dado que ya se dictó sentencia el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, asimismo en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, causo ejecutoria y se ordenó el archivo de este, resulta innecesario ordenar su reenvío. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. MGCJ/Marc/dmjv
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y la definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso a), del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil veintiuno. Solicitud acceso expediente electrónico Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de la parte quejosa *******, en el que solicita autorización para acceder al expediente electrónico del presente juicio, con el usuario *******. Autorización de notificación y consulta del expediente electrónico En atención a que el licenciado *******, aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario *******, dada la solicitud expresa de la parte quejosa y toda vez que cuentan con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a los delegados para que las promociones que presenten en este asunto, puedan formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 78/2021-I-1, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El nueve de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por *******, la cual se recibió en este juzgado, por razón de turno, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, a quienes reclamó: ACTO QUE A CADA AUTORIDAD SE RECLAME A los verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", le reclamo el acta de 22 de enero de 2021, en particular el embargo ejecutado, en relación con un vehículo de mi propiedad identificado como *******, *******, *******, número de identificación vehicular *******. A la dministradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", le reclamo la inminente orden de destino, que dé al vehículo antes citado, lo anterior, por haber pasado por ministerio de Ley a propiedad del Fisco Federal. A la Subadministradora de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, le reclamo la ejecución materia de la Orden de Destino que dicte la autoridad responsable ordenadora Administradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5". Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se admitió a trámite y se registró con el número 78/2021-I-1, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó en esencia: 1. A los verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México, el acta de verificación, embargo y notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el embargo precautorio del vehículo, marca *******, *******, *******, número de identificación vehicular *******; ello en cumplimiento a la orden de verificación contenida en el oficio *******, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que emitió el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5". 2. A la Administradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México, la inminente orden de destino del automotor *******, *******, *******, número de identificación vehicular *******, por haber pasado por ministerio de Ley a propiedad del Fisco Federal. 3. A la Subadministradora de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, la ejecución de la orden de destino. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados, los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Son inexistentes los actos reclamados al Subadministrador de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad y al Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, las autoridades responsables Subadministrador de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad (fojas 31 y 32) y Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México (fojas 51 y 52), (en sus denominaciones correctas), negaron de forma contundente los actos endilgados por la quejosa consistentes en la orden de destino del vehículo identificado como *******, *******, *******, número de identificación vehicular *******, así como su ejecución. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si la autoridad negó los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la quejosa exhibió como pruebas de su parte, las documentales siguientes: 1. acta de verificación, embargo y notificación del inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera de vehículos de procedencia extranjera con número de orden *******, oficio ******* y folio ******* de veintidós de enero de dos mil veintiuno; y, 2. orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera con oficio ******* y número de orden *******, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. A juicio de quien esto resuelve, las probanzas antes reseñadas se consideran ineficaces para acreditar la existencia de los actos reclamados del Subadministrador de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, y del Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Los actos que se reclaman en esta vía resultan veraces. Las autoridades responsables ******* y *******, verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, ambos con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación, manifestaron que es cierta la existencia del acto reclamado consistente en el embargo precautorio del vehículo efectuado dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera. Pues manifestaron, que en el levantamiento del acta de verificación, embargo y notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se decretó el embargo precautorio del vehículo, marca *******, *******, *******, número de identificación vehicular *******; ello en cumplimiento a la orden de verificación contenida en el oficio *******, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que emitió el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5". Las manifestaciones hechas por las autoridades tienen carácter de una confesión expresa, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los ordinales 197 y 199 del citado código. Además, para corroborar la certeza del acto impugnado, las responsables a su informe con justificación adjuntaron copia certificada de la orden de verificación contenida en el oficio *******, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que emitió el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5"; y acta de verificación, embargo y notificación del inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera de veintidós de enero de dos mil veintiuno. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tiene como cierto el acto que se atribuye a ******* y *******, verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, ambos con sede en la Ciudad de México, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que hacen valer una de las autoridades responsables, de las cuales una resulta fundada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. I. Causa infundada. Relativa a que el acto no constituye la resolución definitiva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. ******* y *******, verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, con sede en la Ciudad de México, aseguran que el juicio de amparo es improcedente debido a que el acto reclamado no es la resolución definitiva del procedimiento administrativo aduanero y que por ello el amparo resulta improcedente. Es cierto como señalan las referidas autoridades responsables, que el acto reclamado, no constituye una resolución definitiva, puesto que se trata del acta de verificación, embargo y notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de veintidós de enero de dos mil veintiuno; esto es, se trata de una actuación que da inicio al referido procedimiento. Sin embargo, al haberse decretado el embargo del automotor, es un acto de imposible reparación, respecto del cual procede el juicio de amparo en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Ley de amparo, que estipula lo siguiente: 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Como puede verse, tratándose de actos administrativos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A.E.J/5 (10ª) considerada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, tomo III, de la Décima Época, abril de dos mil dieciséis, registro 2011338, que en su rubro y texto establece lo siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 CE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no sólo cuando afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. En el caso, queda claro que, no se actualiza el primer supuesto, porque no se trata de la resolución definitiva que se llegue a dictar dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera. Veamos entonces, si es un acto de imposible reparación, que pueda ser impugnado de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva. El acto reclamado consistente en el acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera de veintidós de enero de dos mil veintiuno, que determinó iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, en la que además se efectuó el embargo precautorio del vehículo *******, *******, *******, número de identificación vehicular ******* y placas de circulación ******* del Estado de Texas, en términos de los artículos 60, 144 fracción X y 151, primer párrafo, fracción III, de la Ley Aduanera, sí es un acto de ejecución de imposible reparación. Se afirma lo anterior, debido a que los efectos y consecuencias jurídicas de ese señalamiento afecta los derechos sustantivos del quejoso como lo es, entre otros, que se le priva del derecho de posesión respecto del automotor que pretendía importar, circunstancia que no podría ser reparada con ninguna actuación posterior, toda vez que existe imposibilidad para restituir el tiempo que dure el embargo. Dicho de otra forma, la resolución que dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, decreta el embargo de un automotor, afecta de manera irremediable derechos humanos tutelados en la Constitución Federal, en tanto que se priva al quejoso de la facultad de disponer del mueble durante todo el tiempo que dure el procedimiento, cuestión que no se le restituye, aunque obtuviera una resolución favorable. Consecuentemente, no se actualiza la causa de improcedencia que hacen valer ******* y *******, verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, con sede en la Ciudad de México. II. Causa fundada. Relativa a que no se hicieron valer conceptos de violación en contra de los actos reclamados. Las autoridades responsables ******* y *******, verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, con sede en la Ciudad de México, aducen que debe sobreseerse en el juicio debido a que el quejoso no expresa conceptos de violación. Tal causa de improcedencia resulta fundada, pues aun cuando se expresaron motivos de inconformidad, estos no se hicieron valer contra del acto que resultó cierto, sino respecto del destino del vehículo embargado que negaron las autoridades responsables y por el cual se sobreseyó en el juicio dada su inexistencia. Con el fin de analizar la causa alegada se cita la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, se trascribe el artículo 108, fracción VIII, de la ley de la materia establece: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 68/2000 abandonó la diversa tesis de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, la Ley de Amparo no exige como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto. Así, estableció que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio. Ahora, en el presente caso, se debe tomar en cuenta que el quejoso reclama actos en materia administrativa, esto es, de estricto derecho donde no cabe la suplencia de la queja. De modo que, para el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado es necesario que se expresen los razonamientos que tiendan a atacarlo. Como se dijo, el accionante del amparo en sus conceptos de violación no ataca con argumentos el acto reclamado consistente en el acta de verificación, embargo y notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el embargo precautorio del vehículo, marca *******, *******, *******, número de identificación vehicular *******; ello en cumplimiento a la orden de verificación contenida en el oficio *******, de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que emitió el Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5". A fin de evidenciar tal aseveración conviene transcribir los motivos de inconformidad hechos valer en la demanda, que son: EL CONCEPTO O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN El artículo 183-A de la Ley Aduanera, textualmente establece que: [.] Como se desprende del artículo transcrito, pasan a propiedad del fisco federal con independencia de las sanciones que procedan, en la porción normativa que interesa, los vehículos que no cumplan con las regulaciones y restricciones no arancelarias. En la especie, es un acto futuro e inminente, porque así se lo ordena la Ley Aduanera a la autoridad responsable ordenadora Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", que le dé destino a mi vehículo embargado, en virtud de que, por ministerio de Ley pasó a propiedad del Fisco Federal, acto que será ejecutado por la autoridad responsable ejecutora Subadministración de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, la que procederá a su donación, destrucción o venta. Lo anterior constituye un acto de privación, que vulnera la garantía individual invocada, ya que uno de los derechos fundamentales de todo procedimiento, es sin lugar a dudas, el derecho de defensa, con la finalidad de conservar la propiedad de las cosas, por lo que, si la autoridad responsable ejecutora Subadministración de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez da destino a mi vehículo, antes de que concluya el procedimiento administrativo en materia aduanera citado, se me privaría de la propiedad de la cosa que defiendo en la citada instancia administrativa. (fojas 5 y 6) Entonces, queda claro que la quejosa no plantea argumentos para evidenciar que el acto reclamado en estudio se emitió en contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, quien esto resuelve se encuentra imposibilitada para realizar el examen de la constitucionalidad del acta de verificación, embargo y notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el embargo precautorio del vehículo afecto, pues, debió atacarse por algún razonamiento en que se expresara que contravienen la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, visible en la página 61, con registro 185425, de rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. De manera que, ante la ausencia de conceptos de violación en un asunto en materia administrativa, esta jueza se encuentra imposibilitada para hacer el estudio del acta de verificación, embargo y notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el embargo precautorio del vehículo afecto, pues al quejoso corresponde evidenciar las violaciones que cometieron las autoridades responsables al emitir tal acta. Ello, se corrobora con la jurisprudencia 28/93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 72, diciembre de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, visible en la página 38, con registro 206659, que reza: CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. También es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/341, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, que se localiza en la página 54, con registro 209638, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se dejan de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías. Esta guisa, al actualizarse la causa de improcedencia analizada se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos61, fracción XXIII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 107, fracción III, inciso b), 108, fracción VIII, y demás relativos de la Ley de Amparo y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 78/2021-I-1, promovido por ******* contra los actos reclamados del Subadministrador de Recursos y Servicios de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad, Administrador de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "5", con sede en la Ciudad de México y ******* y *******, verificadores adscritos a la Administración de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, con sede en la Ciudad de México, dada la actualización de las causas de sobreseimiento e improcedencia analizadas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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