Ruben Ignacio Acosta Grajeda
Expediente 169/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ruben Ignacio Acosta Grajeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse concedido y negado la suspensión. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 169/2019-III, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficialía de este juzgado, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Coordinador de Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el trece de marzo de dos mil diecinueve, por las autoridades que hasta ese momento habían rendido su informe previo y se difirió por el resto de las autoridades, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, conviene en la existencia de los actos que se le reclamaron, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Medida cautelar sin materia. Con relación a la suspensión solicitada respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o orden detención librada en contra del quejoso, deducidas de la causa penal ******* de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial Galeana; se colige que no hay materia sobre la cual determinar la suspensión definitiva, toda vez que dicha orden ya fue ejecutada en seis de enero de dos mil dieciocho y en esa misma fecha el imputado, aquí quejoso y la víctima, celebraron un acuerdo reparatorio de la reparación del daño, por lo que la presente incidencia queda sin materia. La misma suerte corre respecto del acto reclamado al Jefe de la Policía Estatal única del Estado de Chihuahua, consistente en la ejecución de dichas ordenes de aprehensión y/o detención, al haber sido ejecutada la orden y celebrar el acuerdo reparatorio, sin que sea óbice que la autoridad se encuentre pendiente de rendir su respectivo informe previo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE ÚNICO. Se declara sin materia este incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe previo del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, residente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, mediante el cual refiere, entre otras cosas, que el quejoso *******, promovió diversos juicios de amparos contra el mismo acto reclamado, entre ellos el juicio de amparo ******* del índice de este juzgado federal. Ahora, a efecto de determinar lo procedente, conviene precisar que las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador de Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; al Coordinador de Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana, residente en Nuevo Casas, Grandes, Chihuahua; Fiscal General de la Zona Norte, Primer Comandante de la Policía Ministerial Investigadora del Estado de Chihuahua y al Jefe de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la orden de Aprehensión y/o Detención, así como su ejecución. Por proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el juicio el amparo 169/2019-III, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. Ahora, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la tramitación de los asuntos que se encuentran radicados en el mismo, por tener acceso a ellos y ser de conocimiento de quien resuelve; tan es así, que incluso pueden ser invocados para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito para establecer la existencia de elementos que le permitan resolver conforme a derecho. Apoya esta consideración, la tesis XIII.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, de diciembre de 2005, página 2679, del siguiente tenor: HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo. Ahora, es un hecho notorio que en este juzgado federal se tramita el juicio de amparo *******, promovido por *******, contra la autoridades señaladas como Coordinador de Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; al Coordinador de Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana, residente en Nuevo Casas, Grandes, Chihuahua; Fiscal General de la Zona Norte, Primer Comandante de la Policía Ministerial Investigadora del Estado de Chihuahua y al Jefe de la Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la orden de Aprehensión y/o Detención, así como su ejecución, mismas autoridades y mismos actos que reclama en el juicio de amparo en que se actúa; atento a lo anterior, en el caso, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como a continuación se pone de relieve. En efecto, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Conforme al precepto transcrito, el juicio de control de constitucionalidad deviene improcedente cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones procesales sean diversas. Esta causa de improcedencia recoge el principio procesal denominado litispendencia, cuya interpretación literal se traduce como "litigio pendiente", y es utilizada en Derecho para señalar que existe un juicio pendiente, entre las mismas partes y sobre una misma materia. El efecto procesal de esta figura jurídica consiste en que, tras la presentación de una demanda, en contra del demandante (autoridad responsable), el propio actor (quejoso) se encuentra impedido para seguir un juicio contra la autoridad responsable, sobre la misma materia, pues en dicha situación el último tiene la posibilidad de oponerse alegando tal situación. Con la litispendencia se pretende evitar el dictado de sentencias contradictorias. En la especie, como se narró en líneas previas, ante este Juzgado Federal el aquí quejoso, Rubén Ignacio Acosta Grajeda, en el juicio 786/2018- III del índice de este juzgado, reclamó los mismos actos y contra las mismas autoridades señaladas en el juicio en que se actúa. En esta guisa, quien ahora resuelve determina que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, que amerita sobreseer en el juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional, debido a que el aquí quejoso previamente, promovió el juicio de amparo *******, donde se reclamaron los mismos actos en contra de las mismas autoridades que en el presente asunto. Conviene apuntar que la causa de improcedencia que se actualiza en el presente juicio, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la constitucionalidad del acto reclamado en ambos juicios es materia de análisis en el juicio de amparo en el que previamente se presentó y, por ende, la inconstitucionalidad alegada no dejará de ser analizada, con motivo del sobreseimiento decretado en el presente fallo, al tiempo en que el mismo reclamado, por imperativo legal, solamente puede analizarse en una sola ocasión. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis I.12o.A.11 K, aprobada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVIII, de agosto de 2003, página 1777, del siguiente tenor: LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SE RECLAMA UN ACTO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN EN DIVERSO JUICIO, AUNQUE SE SEÑALEN DISTINTAS AUTORIDADES APLICADORAS. Existiendo un diverso juicio de amparo pendiente de resolverse en revisión, en el que se impugnó una ley como autoaplicativa, es decir, por su sola vigencia, sin acto concreto de aplicación, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías en que se reclama la misma ley en idénticos términos, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, aunque en uno y otro, además de las autoridades legislativas, se señalen distintas autoridades aplicadoras, pues respecto a la ley se está ante un caso de litispendencia, no siendo posible que en varios juicios de amparo se examine la misma ley, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una sola vez. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 156, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011., Tomo II, Procesal Constitucional 2, página 3758, del tenor siguiente: LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral. En las relacionadas circunstancias, al quedar actualizada la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al ser notoria y manifiesta su improcedencia. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis VII.P. 83 K, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XV, de enero de 1995, página 260, del siguiente epígrafe y contenido: LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. De igual manera resulta un criterio orientador de esta determinación, la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del tres de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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