Rubén Flores Gutiérrez
Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rubén Flores Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo; por tanto, es procedente su devolución, en el entendido que de no recoger dichos documentos serán destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Respecto al expediente del incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión la definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción III del citado Acuerdo; en consecuencia, es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo; por tanto, es procedente su devolución, en el entendido que de no recoger dichos documentos serán destruidos. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A . ... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora Número Cuatro de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tlaxcala y/o Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-I-1, en el Estado de Tlaxcala y del Titular del Corralón de Grúas Díaz, precisados en el resultando primero de esta sentencia, en términos del considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable "********************, Sociedad Anónima de Capital Variable", a través de su apoderado, acordado en proveído de uno de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, para dar margen a ello, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Por otra parte, se advierte de los presentes autos que mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso ********************, manifestando que se desistía del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses, sin que a la fecha haya comparecido ante este juzgado a ratificar tal desistimiento, no obstante estar debidamente notificado para ello; en tales condiciones, de manera excepcional, se propone que la aludida ratificación se lleve a cabo vía telefónica; por lo que se transcribe el número telefónico que proporcionó el quejoso en su escrito inicial de demanda ********************, para que de contar con servicio de vídeo llamadas, el personal judicial de este juzgado pueda entablar comunicación directa; y, previa certificación correspondiente, pueda estarse en aptitud de llevar a cabo la ratificación de su desistimiento por dicha vía, o se presente en las instalaciones de este Juzgado de Distrito a efecto de realizar la ratificación ante fedatario público. Cobra aplicación al respecto en su parte conducente el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 218517 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C 169 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Septiembre de 1992, página 263 Tipo: Aislada DESISTIMIENTO EN ESCRITO PRIVADO. DEBE RATIFICARSE O PERFECCIONARSE POR OTROS MEDIOS. Las autoridades jurisdiccionales civiles tienen la obligación de dar vista a las partes de un proceso, con los ocursos de desistimiento formulados mediante simple escrito firmado, a fin de que la persona a quien se atribuyen los ratifique o desconozca, o las otras partes interesadas alleguen elementos para justificar la autenticidad del documento; obligación que resulta de la interpretación jurídica y lógica del sistema legal imperante al respecto, como se demuestra a continuación: Los actos de desistimiento, sea de acción, de una instancia, de medios de prueba, de un incidente, de un recurso, de la intervención en una diligencia, etcétera, implican indudablemente renuncia de derechos, según se acepta generalmente por la doctrina, para lo cual basta citar, como mera ilustración, a Giuseppe Chiovenda, Hugo Alsina y Hernando Devis Echandia. La renuncia de derechos, según lo dispuesto en el artículo 7o. del Código Civil para el Distrito Federal, debe hacerse en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia, para que pueda producir efectos. Para la satisfacción de estos requisitos, se torna indispensable que la renuncia conste en un medio indubitable y fehaciente, ya que sólo así se conseguirá la claridad y precisión de sus términos y la ausencia de dudas sobre el derecho renunciado. Los documentos privados son medios de prueba imperfectos, que para acreditar plenamente los hechos consignados en ellos, requieren estar adminiculados con otros elementos que, al perfeccionar la probanza, acrediten plenamente su autenticidad, y por tanto, la concordancia total de la voluntad de los suscriptores con el contenido del instrumento. Las promociones escritas son documentos privados, cuando provienen de personas particulares, y por tanto, están sujetas a las reglas de éstos en lo general, en cuanto a su valor probatorio. Sin embargo, la naturaleza de los procedimientos judiciales, la finalidad perseguida con ellos, el sentido lógico de las cosas, y el resultado de la experiencia, han llevado a que se dé un tratamiento específico propio a las promociones escritas, consistente en reconocerles autenticidad mientras no se aduzca y demuestre lo contrario en una incidencia. Este trato especial obedece a la concurrencia de las razones lógicas siguientes: a) La presunción general de buena fe de que gozan los actos jurídicos; b) La máxima de experiencia, de que ordinariamente las promociones pertenecen a quien figura como suscriptor, y lo extraordinario es que no exista esa pertenencia; y c) lo común lógicamente es que las promociones sean acordes con la posición del suscriptor en el procedimiento, es decir, que lo pedido o manifestado en el escrito tienda a contribuir a la consecución de las pretensiones de quien figura como ocursante, porque no es común ni parece lógico que las personas actúen contra su interés. Cuando no se da la concurrencia de esas tres bases lógicas, sustentatorias del reconocimiento de autenticidad a las promociones, estas se mantienen regidas por las reglas para la valoración de su género, que son los documentos privados; esto es, constituyen meros indicios que requieren su fortalecimiento con otros elementos, entre los cuales destacan, por más sencillos y contundentes, el reconocimiento del autor mediante la ratificación, tácita o expresa, ante la autoridad judicial, en términos del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles, o bien, ante algún fedatario público, sin que esto impida que se puedan presentar otros medios para cumplir ese mismo fin. En el desistimiento hecho en la forma indicada no concurren los citados elementos lógicos, pues falta la concordancia entre la posición asumida por la parte y el contenido de la promoción, ya que ésta se opone a aquélla, por lo cual no se le puede reconocer autenticidad y valor pleno con su sola presentación, sino que requiere la satisfacción de los requisitos mencionados para los documentos privados. Para que las partes queden en posibilidad de satisfacer los indicados requisitos, el desistente de ratificar o desconocer el documento y las otras partes interesadas de aportar lo conducente para esclarecer la autenticidad del escrito, resulta indispensable como medio, que el juzgador les dé vista con el escrito y les confiera el plazo que corresponda para los objetivos indicados, pues si no se hace así, el desistimiento sólo sería válido cuando se asentara directamente o se ratificara ante un fedatario público, con lo que se establecería un requisito en contravención al artículo 56 del Código de Procedimientos Civiles citado, el cual sólo prevé como formalidades para los ocursos, que se escriban en castellano, y que las fechas y cantidades se anoten con letra. No obsta para lo anterior, la falta de preceptos legales expresos, en el sentido indicado, porque los procedimientos civiles no sólo se rigen por disposiciones de ese tipo, sino también por el conjunto de principios jurídicos y lógicos que sean acordes al sistema adoptado por el legislador sin entrar en oposición con los directamente aceptados, sobre todo cuando se trata de integrar o interpretar la ley como se hizo en el caso." Notifíquese; y por vídeo llamada al quejoso ********************.
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