Ruben Daniel Molina Vázquez

Expediente 789/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
789/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Ruben Daniel Molina Vázquez
  • Segundo Tribunal Unitario Distrital Ii

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a trece de enero de dos mil veintidós. Escrito. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso, a través del cual promueve incidente de nulidad de notificación de la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de plano el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto. Los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 2º, 26, fracción I y III de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Articulo 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo". "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho". "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; c) Los requerimientos y prevenciones; d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento; e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental; h) La aclaración de sentencias ejecutorias; i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva; j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;[.] III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores. [Énfasis añadido]" De los artículos transcritos se acredita la facultad de este órgano jurisdiccional para desechar de plano incidentes interpuestos dentro de un juicio de amparo, que resulten notoriamente improcedentes. De igual forma, se advierte la manera en que deben ser practicadas las notificaciones en los juicios de amparo; esto es, en forma personal o por lista; y se regula que si las sentencias dictadas en dichos juicios se emiten fuera de la audiencia constitucional, su notificación debe de ser realizada de manera personal, caso contrario, no existe algún impedimento legal que permita que dicha notificación se realice por lista. Ahora bien, de las constancias del juicio de amparo se acredita que trece de octubre de dos mil veintiuno, fue celebrada la audiencia constitucional, y en dicha fecha se dictó una resolución en la que este órgano jurisdicción determina negar el amparo en el presente juicio. De igual forma, se acredita que al haberse dictado la sentencia en el presente juicio de amparo de manera subsecuente a la celebración de la audiencia constitucional, este órgano jurisdiccional determina que su notificación se practique por lista, lo cual acontece el catorce de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, contrario a lo expuesto por el quejoso, este órgano jurisdiccional determina que la notificación que se practicó de la sentencia dictada en el presente juicio, no se efectuó en contravención a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, pues como se expone, al haberse emitido de manera subsecuente a la celebración de la audiencia constitucional, no existía obligación para que este juzgado ordenara su práctica de manera personal, y en ese tenor, la falta de conocimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, es imputable al quejoso y no así a este órgano jurisdiccional. Máxime que de las constancias de autos se acredita que el quejoso fue notificado del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se señala la fecha y hora en que se celebraría la audiencia constitucional; y en esas condiciones, no existía alguna razón para que este juzgado ordenara practicar la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio, de una forma diversa a la que manera que se realiza, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo; por lo que se estima que el incidente propuesto resulta infundado. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 22/2016 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 36, con registro digital 2012801, de contenido siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO SE DICTE EN LA MISMA FECHA EN QUE SE INICIÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUNQUE SE HAYA CERRADO EL ACTA CORRESPONDIENTE. Si se parte de la base de que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional constituye una diligencia sin solución de continuidad que consta de tres periodos, a saber, el de pruebas, el de alegatos y el de dictado de la sentencia, etapa última que, por razones legales y prácticas, puede llevarse a cabo en la misma fecha o en una diversa, se concluye que la acepción "sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional" contenida en el artículo 26, fracción I, inciso e), de la citada ley, para efectos de los supuestos en que debe ordenarse su notificación personal, debe entenderse referida a los casos en que la sentencia se hubiera dictado en fecha diversa a aquella en que se levantó el acta de audiencia, interpretación relacionada con la finalidad de las notificaciones personales de generar certeza jurídica a las partes, ya que si en el mismo día no se concluye la audiencia constitucional por haberse dictado la sentencia en una fecha diversa, sería injusto obligarlas a estar constante e indefinidamente pendientes en espera de la resolución de su asunto. En cambio, cuando la sentencia se pronuncia en la misma fecha en que se inició la audiencia constitucional, aun cuando el acta respectiva se cierre hasta antes del dictado de la sentencia con las firmas de las partes que hubieran intervenido en la diligencia y el fallo se emita en un documento diferente, no existe una razón que haga necesaria su notificación personal salvo que el juzgador lo considere necesario y haga uso de la facultad que le otorga el inciso k) de la fracción I del artículo 26 citado, pues si se notificó oportunamente a las partes la fecha en que tendría verificativo la audiencia constitucional, la falta de conocimiento de dicha resolución sería imputable a éstas y no al juzgador (máxime que en esta hipótesis no se les vincula a estar permanentemente en espera de la resolución)". Así como la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, página 91, registro digital 238245, de contenido siguiente: "NOTIFICACION DE SENTENCIA DE AMPARO DICTADA EN LA PROPIA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Si con toda oportunidad se notificó a las partes la fecha en que tendría verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, y el fallo se pronuncia en la misma fecha, la falta de conocimiento del contenido de la sentencia es imputable a las partes interesadas y no al juzgador". En consecuencia, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia con el artículo 66 de la Ley de Amparo, resulta infundado el incidente de nulidad de la notificación relativa a la sentencia de trece de octubre de dos mil veintiuno. En similares términos, resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en esta ciudad, dentro de la queja número 133/2021, formado con motivo de la queja interpuesta en el juicio de amparo 1466/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Rubén Daniel Molina Vázquez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: ORDENADORA: Tribunal de Apelaciones (Segundo Tribunal Unitario Distrital II a cargo del Magistrado Luis Martín Granados Salinas) con domicilio conocido en Calle de Los Comerciantes s/n, Villas la Merced, Código Postal 27296, Torreón, Coahuila". "IV.- ACTO RECLAMADO.- El que es cierto y me consta, el cual bajo protesta de decir verdad manifiesto, es el siguiente: RECLAMO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Magistrado del Segundo Tribunal Unitario Distrital II; violaciones al debido proceso, específicamente la revisión de la procedencia del recurso puesto a su consideración, así mismo la imparcialidad que el Magistrado resolutor debió guardar en el trámite de la resolución aquí impugnada, reservándose únicamente a resolver con base a la petición de las partes, y el exceso en sus facultades desbordado a favor del acusador y apelante, como se verá más adelante; resolución que reclamo de fecha 15 de septiembre de 2020 dentro del toca penal 39/2020". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió la demanda de amparo, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 789/2020, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que el acto reclamado en este juicio, incumbe a la vía indirecta, y se reclama a una autoridad judicial, residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado en este juicio, el cual es el siguiente: La resolución de quince de septiembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal 39/2020 del índice del Segundo Tribunal Unitario Distrital II, con residencia en esta ciudad, por medio de la cual revoca el sobreseimiento decretado en la causa penal 1508/2019. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado expresamente reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con las documentales enviadas por la autoridad responsable, consistente en las constancias que integran el toca penal número 39/2020 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público, a las que por tener la calidad de documento público, y ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Además, la responsable remitió copia certificada del audio y video de la audiencia de quince de septiembre de dos mil veinte, por medio de la cual revocó el sobreseimiento decretado en la causa penal, contenida en los discos versátiles digitales; asimismo, obra en autos copia del audio y video de la audiencia de veintitrés de julio de dos mil veinte, llevada a cabo por la juez de control dentro de la causa penal 1508/2019. Videograbaciones en formato digital de las audiencias oral y públicas celebradas en la causa penal de corte acusatorio, que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. En relación con la valoración de la videograbación de la audiencia, sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos tres, Tomo Uno, Libro XXIII, correspondiente a agosto de dos mil trece, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Y la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VI, página 553, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos reclamados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Luego, si aparte de que en este caso quedó demostrada la procedencia del juicio de amparo contra el acto de que se trata, no se colige causal de improcedencia invocada por las partes en el juicio, ni se advierte alguna de oficio, lo procedente es analizar su constitucionalidad a la luz de los conceptos de violación relativos, respecto de los cuales, por cierto, opera la suplencia de la queja deficiente en los términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, son por una parte fundados pero ineficaces y por otra infundados. Es fundado pero ineficaz el primer argumento e infundado el segundo, que por cuestión de método se precisarán a continuación. En el primero de los destacados sostiene la quejosa que la responsable al momento de emitir la resolución reclamada, omitió analizar el argumento de la defensa hecho valer en el escrito de contestación a los agravios del ministerio público al momento de interponer el recurso de apelación, en el sentido de que el recurso de apelación resulta improcedente. Es fundado su motivo de disenso, ya que el magistrado responsable omitió dar contestación a dicho argumento, pero ineficaz porque a nada práctico conduciría hacerlo. Efectivamente, la parte quejosa hizo valer en el escrito de contestación de agravios, que el recurso intentado por el ministerio público resultaba improcedente, al derivar la resolución recurrida de un recurso de revocación hecho valer por la defensa, y por ende, el único medio de defensa procedente era el juicio de amparo; siendo la autoridad responsable omisa en analizar dicho argumento. Sin embargo, el principio de economía procesal, se actualiza cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, ya que aun y cuando sea fundado, debe declararse inoperante, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo. Ahora bien, de la resolución reclamada, se observa que la responsable no se pronunció respecto del mencionado argumento, en el que la aquí quejosa, hizo valer la improcedencia del recurso de apelación. Si bien es fundado el argumento sostenido por la quejosa en cuanto a la violación del principio de congruencia, es ineficaz el mismo, pues a nada práctico conduciría conceder la protección federal para el efecto de que el magistrado responsable abordara esa temática. Ello es así, pues la determinación señalada como acto reclamado se encuentra fundada y motivada por las consideraciones efectuadas en la misma, aunado a que si estudio los demás conceptos de anulación, como quedará evidenciado en el cuerpo de esta resolución; decisión que esta íntimamente ligada a la no practicidad de la concesión de amparo. Además, el hecho de que el magistrado no haya abordado el tema de la procedencia del recurso de apelación, no deja en estado de indefensión a la quejosa, pues este juzgador considera que el mencionado recurso si resulta procedente para impugnar la determinación de sobreseimiento decretada por la juez de control. Para aribar a la dicha conslusión, conviene recordar el contenido del numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Apelación APARTADO I Reglas generales de la apelación Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. En efecto, en términos del transcrito numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en la fracción VI, se establece que las resoluciones del Juez de control que pongan término al procedimiento o lo suspendan, como en el caso, son apelables. Se dice que la resolución emitida por la juez de control en la audiencia de veintitrés de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1508/2019, es apelable, pues en la misma se decretó el sobreseimiento de la causa penal, de ahí que la misma ponga término al procedimiento; de ahí que aun cuando el magistrado omitió pronunciarse sobre dicho argumento de la aquí quejosa, el mismo es infundado, dado que como se precisó, no es cierto que el recurso de apelación sea improcedente. Entonces, a nada práctico conduciría conceder la protección constitucional para que la responsable estudiara el argumento hecho valer por la quejosa en el escrito de contestación de agravios, pues no cambiaría el sentido de la resolución reclamada. Cobra aplicación la jurisprudencia I.3o.C. J/32, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, página 1396, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." En ese sentido, es que se reitera, es infundado pero inoperante dicho concepto de violación. Por otra parte, es infundado el segundo concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en el cual arguye que el magistrado responsable suple la deficiencia del ministerio público en sus agravios analizados en la resolución de apelación reclamada. Al respecto, la parte quejosa señala esencialmente que el magistrado responsable se excedió al suplir la deficiencia del ministerio público, pues señaló que la fiscalía es un ente único e indivisible por lo que el aviso que formuló el juez de la causa en el sentido de que el ministerio público no formuló imputación dentro de los quince días que debe hacerlo, puede ser a cualquier servidor público facultado para que acuse, así como que la persona que formuló la acusación, es a la que se giró el oficio para darle vista ante la mencionada omisión del ministerio público encargado de la causa, por lo que contaba con facultades para hacerlo. Así como que en términos de los artículos 8 y 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, es una institución única e indivisible y puede ser representado por cualquier agente del ministerio público, en el caso, el delegado, quien es quien presenta la acusación. Ahora bien, se dice que es infundado el mencionado concepto de violación, puesto que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la responsable no suplió la deficiencia del ministerio público. En efecto, no se suplió la deficiencia del ministerio público, puesto que contrario a lo sostenido por la quejosa, el ministerio público, hizo valer en su escrito de veintisiete de julio de dos mil veinte, que la juez de control no tomó en cuenta que en primer término, que la notificación fue girada directamente al delegado de la fiscalía de esta región, sin que se haya girado anotación o copia al fiscal general, aunado a que tampoco se solicitó que se acreditará la delegación correspondiente para formular la acusación, sino que el requerimiento inicial se limitó a solicitar se pronunciara en cuanto a la presentación de la acusación, por lo que en su calidad de delegado de la fiscalía, y al tratarse de un sistema de desconcentración de las funciones del Fiscal General, funge de manera ambivalente con el carácter, facultades y atribuciones de un ministerio público, pues la voluntad del legislador, en la reforma al artículo 102 Constitucional, fue la de unificar la figura ministerial a efecto de que dicha institución sea la única que se pueda imponer sobre la persecución de los ilícitos, mientras que las calidades o delegaciones orgánicas que de ellos devengan son internas y por tanto, no rozaría en las cuestiones de legalidad que adujo la juez de control. Asimismo, el fiscal recurrente, señaló, en el mencionado escrito, que fue el diverso juez de control quien otorgó la vista al delegado de la fiscalía general y por ende, es quien cuenta con esa atribución (la de formular la acusación), y que la misma, no se encuentra prevista entre las funciones indelegables del fiscal general. En ese sentido, se estima que contrario a lo señalado por la parte quejosa, el fiscal de la causa, si hizo valer en el recurso de apelación respectivo, que el acusador, contaba con las facultades para presentar la mencionada acusación, y por ende fue correcto que el magistrado responsable abordara el mencionado estudio de las facultades del acusador. Ahora bien, a más de lo anterior, debe tenerse en consideración que precisamente el debate en la resolución de la juez de control recurrida, versó sobre las facultades del licenciado Maurilio Ochoa, para formular la acusación, de ahí que al tratarse del punto toral del debate, es que el magistrado responsable se encontró obligado a analizar las facultades con que contaba el mismo para formularla. De ahí que el motivo de inconformidad argumentado por el quejoso sea infundado. Ahora bien, la parte quejosa aduce en su demanda de amparo, que la resolución reclamada violó el principio de imparcialidad en la impartición de justicia; tal concepto también se estima infundado por las consideraciones que se precisan a continuación. Es importante establecer, que en relación con el principio de imparcialidad, la Primera Sala del Tribunal Supremo del País al resolver el amparo directo en revisión 663/2014, sostuvo que si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. La propia Primera Sala sostuvo en el amparo directo en revisión 944/2005, que es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a una de ellas. A su vez, expuso que el juzgador en su carácter de tercero extraño, no comparte los intereses de las partes contendientes, y examina el litigio con imparcialidad, principio que debe entenderse en dos dimensiones: a) La subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) La objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido (De esas consideraciones derivó la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL"). Por su parte, en el amparo en revisión 167/2012, la mencionada Sala al analizar el proceso legislativo de creación de la Constitución Federal de 1917, en particular del artículo 21, destacó que la división de funciones, basada en la exclusión de concentración de facultades y empoderamiento de los juzgadores para investigar y sancionar los delitos, fue explicitada en la norma del proyecto constitucional. El único facultado para perseguir los delitos debía ser la autoridad administrativa, a través del Ministerio Público y la policía judicial, esta última a disposición de aquél. La aprobación legislativa de este enunciado normativo es el antecedente original de la facultad reservada del ejercicio de la acción penal. En tanto que las facultades de la autoridad judicial estarían restringidas a la aplicación de las penas, lo que dio origen a la inserción constitucional del principio de imparcialidad judicial. En lo relativo a la imparcialidad del juzgador en materia penal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 478/2011, y en lo sustancial, consideró que existe un impedimento para que el Juez actúe haciendo las veces de Ministerio Público, esto es, como parte en el proceso. Esta prohibición, a su vez, se encuentra de manera clara y expresa en el artículo 17 constitucional, al establecer como garantía para el gobernado el acceso a un Juez imparcial. Es una exigencia constitucional que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Así, una posición que incidiera en la actividad que es propia de una de las partes, como por ejemplo, respaldar o reforzar la posición acusatoria del Ministerio Público, con base en hechos y pruebas que no fueron materia de la consignación, sería contraria a los principios constitucionales que rigen al proceso penal, enunciados con antelación y convertiría a nuestro actual sistema procesal penal en un proceso inquisitivo, porque permitiría la concentración de funciones en el juzgador, facultándolo para investigar, obtener pruebas y juzgar. Así, concluyó que el Juez no debe asumir el carácter de órgano acusador, tener un interés coadyuvante en la persecución del delito, ni debe convertirse en asesor del Ministerio Público, pues su función es la de aplicar la ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas. En suma, como lo sostuvo la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 206/2015, el principio de igualdad en el proceso penal, se ha entendido en el sentido de que el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión. Con base en las citadas consideraciones, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País estimó que en el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral, debe observarse inexcusablemente el principio de imparcialidad, de manera que el juzgador debe permanecer ajeno a los intereses de las partes y actuar sin favorecer indebidamente a alguna de ella. De esta manera, la autoridad judicial tiene vedado asumir la representación o defensa de alguna de las partes, por ende, no puede concentrar funciones de investigación, acusación o defensa. En ese sentido, el Juez, como rector del proceso penal, debe actuar en un plano de neutralidad, es decir, desprovisto de algún interés en favorecer o perjudicar a alguno de los justiciables; esto implica que debe evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de éstos. Incluso, el principio de imparcialidad se erige, a su vez, como un deber ético que debe estar presente en el juzgador, de modo que en los procesos sometidos a su conocimiento debe juzgar con ausencia de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de las partes. Acusación del Ministerio Público. Ahora bien, en relación con la acusación ministerial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó necesario precisar que el artículo 21, segundo párrafo, de la Constitución Federal, establece que la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. En tanto que, el precepto 102, apartado A -parte que interesa- dispone que el Ministerio Público Federal tendrá la encomienda de la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, lo que comprende solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, así como pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. Por su parte, los artículos 127, 131, fracción XVI y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión". "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda." "Artículo 335. Contenido de la acusación. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios". De la interpretación sistemática de los preceptos citados, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, dedujo que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales es una obligación que corresponde al Ministerio Público. Esta atribución tiene lugar cuando una vez concluida la fase de investigación complementaria si de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, la autoridad ministerial estará en aptitud de ejercer la acción penal correspondiente, lo que materializará a través de la acusación, misma que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. De esta manera, la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Ministerio Público decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial. Asimismo, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez que el Ministerio Público formula su acusación dará inicio a la etapa intermedia. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 478/2011, apuntó que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. El ejercicio de la acción penal exige una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitará la aplicación de la ley; ello lo hace mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realiza durante la etapa de la averiguación previa. También sostuvo que la división competencial es clara en el sentido de que el único órgano del Estado facultado para intervenir como parte acusadora en un proceso penal es el Ministerio Público, en su carácter de representante social. Asimismo, al resolver el amparo en revisión 202/2013, la Primera Sala señaló que el objetivo histórico del artículo 21 de la Constitución Federal es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe entonces como único órgano investigador y acusador y como consecuente representante social en el proceso penal. Derivado de lo anterior, consideró útil señalar que los efectos que produce la acusación del Ministerio Público son: a) La imposibilidad de reabrir la etapa de investigación; b) Inicio de la etapa intermedia o de preparación a juicio; c) La fijación de la litis que será objeto de discusión en la audiencia de debate ante el tribunal de enjuiciamiento; y d) La fijación de los medios de prueba con los que se pretende acreditar el delito y la responsabilidad penal del procesado, así como las sanciones que correspondan. En concordancia con lo expuesto, la aludida Sala estableció que si el ejercicio de la acción penal ante los tribunales es una facultad que corresponde al Ministerio Público, entonces también la acusación es un acto que sólo compete a dicha autoridad -con excepción de la acción penal por particulares- pues es quien, una vez realizada la investigación y las diligencias necesarias, estima que cuenta con datos suficientes para sostener que una persona cometió un ilícito y por ello decide formalizar el ejercicio de la acción penal con la finalidad de que el Juez, mediante sentencia, declare la culpabilidad del imputado, imponga las sanciones correspondientes y se repare el daño a la víctima u ofendido. Con todo, el Alto Tribunal del País consideró que la acusación debe formularse por el Ministerio Público sin que pueda delegar dicha facultad en otro ente o persona. Tampoco se puede relevar al representante social en el ejercicio de dicha obligación, ya que es un deber que por mandato constitucional le corresponde. De esta manera, si no formula acusación, ello conduce a que se extinga la acción penal. Características esenciales de las etapas del proceso adversarial y oral. En relación con dicho tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, de conformidad con la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un Juez de Control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, estimó que cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Con base en ello, concluyó que un procedimiento no puede detenerse sin justificación legal alguna, pues ello va en detrimento de la certeza y seguridad jurídica de las partes e incluso en el acceso e impartición de justicia con el objeto de que de manera pronta, completa e imparcial se emita una sentencia. Así, precisó que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, debe promover y dirigir una investigación dentro de la cual realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, quien convocará a una audiencia. En dicha audiencia, denominada inicial, se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Luego, el segundo párrafo del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el cierre de la investigación no podrá ser mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de que finalice, observándose los límites máximos que establece dicho artículo. De igual forma, la legislación en comento contempla casos excepcionales en los que se podrá prorrogar el mismo. En este orden de ideas, el cierre de investigación genera el plazo para que el Ministerio Público decida si formula o no acusación contra el imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa o la suspensión del proceso. En caso de formularse la acusación, el Juez de Control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al Juez de Control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral. En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el Juez de Control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Así, una vez que el Juez de Control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio. Con base en las consideraciones expuestas, que de manera genérica reseñan las diligencias que acontecen en las dos primeras etapas procesales, es dable evidenciar la importancia de que el órgano acusador se pronuncie en torno a las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria como una transición de la etapa de investigación a la intermedia. Se precisó lo anterior, a fin de recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no es inconstitucional que el Juez de control haga del conocimiento del Procurador que el Ministerio Público no cumplió con cualquiera de las obligaciones consistentes en solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación, dentro de los quince días siguientes al cierre de la investigación complementaria, en la medida en que no puede estimarse como una invasión, por parte del Juez de Control, a las facultades de la representación social para formular su acusación; tampoco debe catalogarse como una disposición que genere parcialidad del juzgador hacía alguna de las partes o que sea contraria al principio de igualdad procesal. Para arribar a dicha conclusión la Primera Sala del Máximo Tribunal del País analizó los artículos 323 a 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez". "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación". "Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento". Del contenido de dichos preceptos advirtió que una vez que transcurrió el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de que finalice. Ahora bien, sostuvo que el legislador consideró que el cierre de la investigación tiene efectos relevantes para definir la situación jurídica del imputado, pues con la emisión de ese acto procesal el Ministerio Público está obligado a pronunciarse si ejerce o no la acción penal. Efectivamente, en la etapa de investigación se pretende reunir elementos de convicción, ya sea de cargo o de descargo, que permitan al Ministerio Público decidir, en primer lugar, si formula o no imputación; y en caso de hacerlo, generar una segunda decisión derivada de la obtención de medios de prueba obtenidos en la investigación complementaria, consistente en acusar o solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa, o en determinados casos la suspensión del proceso. Y, respecto de los derechos que asisten al imputado, surge la oportunidad de preparar su defensa, entre otros. Por ello, cualquier determinación que la fiscalía adopte en relación con el cierre de la investigación, será consecuencia de la investigación que ha realizado, la cual, le permitió recabar la información que genere el conocimiento de la existencia de un hecho que reúna los elementos que lo califiquen como delito, así como la autoría o participación en su comisión por parte del vinculado a proceso. En ese sentido, si la etapa de investigación complementaria tiene como objetivo establecer, por parte del Ministerio Público, si la conducta incriminada es probablemente delictuosa, así como las circunstancias de comisión e identidad del autor o partícipe, la víctima y el daño causado; entonces, esa etapa tiene que atender a un plazo procesal a fin de tutelar el derecho a un debido proceso. A fin de corroborar lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8.1 y 8.2 consagra los lineamientos del llamado "debido proceso legal", cuya implicación está íntimamente relacionada con el derecho a que ninguna persona pueda ser sujeta a una investigación penal indeterminada, pues de lo contrario se originaría que el investigado presente una incertidumbre con relación a su situación jurídica, es decir, si va a ser o no objeto de una acusación penal, que implica entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso "Cabrera García y Montiel Flores vs México", señaló que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los lineamientos del llamado "debido proceso legal". Sostuvo que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. En ese orden de ideas, la Primera Sala señaló que el contenido del artículo 325 del mencionado código hace patente que el legislador dejó explicitado que una vez cerrada la investigación complementaria, es obligación del Ministerio Público solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa, la suspensión del proceso o bien, formular acusación, en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También estableció que la consecuencia de que el Ministerio Público no haya cumplido con la referida obligación, es hacer del conocimiento del Procurador esa circunstancia para que se pronuncie en el plazo de quince días. En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una primera determinación en relación con el artículo 325, en el sentido de que la aludida prevención al Procurador no es contraria al debido proceso. Al respecto, sostuvo que el precepto reclamado no contraviene el debido proceso, pues como se refirió, una de las implicaciones de esa máxima constitucional, está vinculada con el derecho a que ninguna persona pueda ser sujeta a una investigación penal indeterminada; en tanto que, la referida vista que el Juez de Control confiere al Procurador, no provoca indefinición en perjuicio del procesado, simplemente constituye una medida que el legislador diseñó en caso de que el Ministerio Público no emita pronunciamiento alguno con motivo del cierre de la investigación, para que el Procurador estime lo conducente, a fin de evitar en detrimento precisamente de ese derecho humano, la paralización del procedimiento ante la omisión del Ministerio Público. Sirve de apoyo, la tesis 1a. LXXXIII/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento diecisiete, Tomo I Libro Setenta, Septiembre de 2019, Materias Constitucional-Penal, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVENCIÓN QUE DISPONE EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CUANDO EL FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén los lineamientos del llamado "debido proceso legal", cuya implicación está íntimamente relacionada con el derecho a que ninguna persona pueda ser sujeta a una investigación penal indeterminada, pues de lo contrario se generaría incertidumbre al investigado sobre su situación jurídica, esto es, si va a ser o no sujeto de una acusación penal, que implica entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos. Ahora bien, el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez cerrada la investigación complementaria, es obligación del Fiscal solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa, la suspensión del proceso o bien, formular acusación; sin embargo, si la fiscalía no presenta cualquiera de las obligaciones referidas, el Juez de control, sin realizar una valoración de la causa, debe hacerlo del conocimiento del Titular de la Fiscalía, por única ocasión, para que se pronuncie en el plazo de quince días, y en caso de que éste no lo realice, el juzgador ordenará el sobreseimiento de la causa, tal como lo dispone el artículo 325 del ordenamiento citado. En ese orden de ideas, este último precepto legal no contraviene el derecho al debido proceso, ya que una de las implicaciones de esa máxima constitucional está vinculada con el derecho a que ninguna persona pueda ser sujeta a una investigación penal por tiempo indeterminado; en tanto que, la referida vista que el Juez de control confiere al Titular de la Fiscalía, no provoca indefinición en perjuicio del procesado, sólo constituye una medida para que ante la omisión de algún pronunciamiento con motivo del cierre de la investigación, el Procurador estime lo conducente, a fin de evitar la paralización del procedimiento". Ahora bien, en relación con los principios de imparcialidad y de división de funciones entre el órgano acusador y el órgano jurisdiccional, señaló que no toda intervención en el proceso penal por parte del juzgador supone una violación a tales principios. En todo caso, para determinar si se ha vulnerado el principio de imparcialidad judicial por una indebida actuación del Juez, es necesario verificar si con ello se ha afectado directa o indirectamente la objetividad del juzgador, de modo que se haga evidente que éste ha asumido la representación o la defensa de alguna de las partes en el proceso. Para ello, debe verificarse si el juzgador ha mantenido su imparcialidad desde el punto de vista subjetivo y objetivo. Tal como lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la imparcialidad presenta al menos dos dimensiones: en primer lugar, "el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal"; en segundo lugar, debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, "debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto". Así, bajo este análisis objetivo, "se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad". En razón de lo anterior, indicó que no se considera que la hipótesis normativa reclamada implique una invasión del Juez de Control a las facultades de la representación social para formular su acusación, ya que la vista al Procurador no implica que el juzgador se sustituya o realice atribuciones de acusación o de órgano investigador que no le corresponden, mucho menos que verifique la corrección de la acusación del Ministerio Público o que lo auxilie en ese sentido, pues su papel como rector del proceso, únicamente se limita a informar al Procurador que éste no cumplió con la referida obligación, para que se pronuncie en el plazo de quince días, sin que ello implique asumir facultades de la representación social como sería el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, ya que únicamente vigila la instrucción legal del proceso. Bajo esa misma línea argumentativa, sostuvo que no es dable estimar que el Juez de Control, al actuar en los términos del artículo 325, sea parcial a favor del Ministerio Público, pues no se materializa posibilidad alguna en el sentido de que el juzgador interfiera en el proceso con acciones que son propias de la autoridad ministerial. Así la Primera Sala del Máximo Tribunal del País señaló que la referida vista al Procurador no implica subsanar deficiencia alguna del Ministerio Público o coadyuvar con éste; tampoco autoriza al juzgador a revisar oficiosamente las conclusiones presentadas de manera extemporánea, para verificar si fue correcta su formulación; menos aún concede una segunda oportunidad para que las mejore o las corrija el Fiscal, ya que es la ausencia de las conclusiones ministeriales o su presentación extemporánea, lo que actualiza la hipótesis en la que el juzgador interviene como rector del proceso, al hacer del conocimiento del Procurador tal acontecimiento. Por ende, el precepto reclamado cumple con la exigencia constitucional de que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Máxime que la hipótesis normativa controvertida, no tiene como finalidad arrojar una carga al juzgador o que le atribuya un ejercicio de valoración acerca de la omisión del Ministerio Público de cumplir con alguna de las obligaciones consignadas en el diverso artículo 324, sino que, sin efectuar evaluación alguna, únicamente debe dar vista al Procurador para que considere lo conducente. De esta manera, concluyó que tratándose del supuesto normativo de que se trata, no se actualiza una violación al principio de imparcialidad, porque el juzgador no emite criterio alguno que favorezca al Ministerio Público, ya que, como se ha visto, lo único que el artículo reclamado establece, es la posibilidad de que el Juez informe al titular de la institución ministerial, ante la omisión del agente de presentar sus conclusiones en tiempo, a fin de que sea ese órgano el que adopte una determinación concreta, ya sea en el sentido de acusar o no. En efecto, a diferencia de otros casos analizados por esa Sala, en el supuesto examinado no existe propiamente un escrito de acusación que deba ser analizado o revisado previamente por el juzgador para que, desde su punto de vista y sustituyéndose en las funciones del órgano ministerial, ordene su corrección, mejora o enmienda. De hecho, es precisamente la ausencia de cualquiera de los actos previstos en el artículo 324 o su presentación fuera del plazo legal, lo que actualiza la hipótesis en la que el juzgador debe dar vista al Procurador. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el artículo en cuestión no resulta contrario al principio de imparcialidad ni a la división de funciones que rige en materia penal, porque no revela una afectación en la imparcialidad y objetividad del juzgador. A propósito de la imparcialidad del juzgador y de la sospecha de que se favorezca al Ministerio Público con una segunda oportunidad para que acuse formalmente al imputado (cumpla con esa carga procesal), la Primera Sala realizó las siguientes precisiones. Es claro que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a cumplir con las cargas que les corresponden, de acuerdo al debido proceso, lo que deberá acontecer en el momento o etapa correspondiente y en el plazo fijado para tal efecto, pues de no hacerlo así, precluye su derecho para ejercerlo con posterioridad. Sin embargo, ello no acontece cuando el Ministerio Público presenta de manera extemporánea la acusación o deja de presentarla, ya que esa obligación no corresponde en última instancia a ese órgano, sino al Procurador. En tal virtud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que la sanción que estableció el legislador en caso de que no se acuse formalmente al imputado, consistente en el sobreseimiento de la causa, acontece únicamente en el supuesto de que el Procurador no emita pronunciamiento alguno, una vez que el Juez de Control, como rector del proceso, le informa que el Ministerio Público no realizó ninguno de los actos que dispone el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, solicitar de manera parcial o total el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación en contra del imputado. Efectivamente, tomar como referente el momento que contempla el precepto 324 (vista al Ministerio Público) para determinar la preclusión de la acción penal, con la consecuencia inmediata del sobreseimiento de la causa, sería en detrimento del derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido, en su carácter de parte en el proceso, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, porque tal omisión ministerial extinguiría la pretensión punitiva del Estado, sin justificación alguna. En relación con este particular, la Constitución Federal en su numeral 20, inciso C, dispone los derechos que toda víctima u ofendido tiene en un proceso penal. Entre tales derechos destaca ser informado del desarrollo del procedimiento penal, a que se le repare el daño, a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño (fracciones I, IV, VII). Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales recoge tales derechos y los amplía en su artículo 109. Bajo esa perspectiva de protección a la víctima, así como el objeto del proceso penal en el que destaca el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño, el legislador estableció en el referido ordenamiento procesal, una serie de salvaguardas para la protección y efectividad de los derechos de la víctima en el proceso. Es preciso indicar que en su artículo 3°, fracción XII, dispuso que el Procurador es el titular del Ministerio Público. Por tal razón, en decisiones sumamente trascendentales que el Ministerio Público debe adoptar durante el proceso penal, que podrían repercutir en los derechos de la víctima u ofendido, el legislador consideró que debían ser autorizadas en definitiva por el Procurador. Así, se tienen varias hipótesis normativas que reflejan la importancia de que el juzgador haga del conocimiento del Procurador, sobre los actos u omisiones que el Ministerio Público ha adoptado en el proceso penal, a manera de ejemplo se citan los siguientes: a) Procedimiento Abreviado. En la parte final del artículo 202 se establece que el Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. b) No ejercicio de la acción. El artículo 255 dispone que antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. Ello es fundamental, en la medida en que la determinación de no ejercicio de la acción penal, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. c) Criterios de oportunidad. El Ministerio Público iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. Sin embargo, para la aplicación de los criterios de oportunidad deberá existir autorización del Procurador en términos del último párrafo del artículo 256, ya que el efecto del criterio de oportunidad es extinguir la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. d) Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Precisamente es la hipótesis normativa en análisis, en la que el legislador previó que ante la omisión del Ministerio Público de solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso, o formular acusación, el Juez de Control pondrá tal hecho en conocimiento del Procurador, para que se pronuncie al respecto. Conforme a lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que el legislador previó que en decisiones relevantes del Ministerio Público, que podrían originar la extinción de la acción penal -salvo en el procedimiento abreviado- en detrimento de la víctima u ofendido, el Procurador como titular del Ministerio Público, tendrá una participación activa, a fin de autorizar o convalidar la actuación ministerial en determinados casos. En ese orden de ideas, el numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace patente el derecho de acceso a la justicia efectiva de la víctimas y ofendidos del hecho delictivo, al permitir que no se extinga la pretensión punitiva cuando el representante social no formule la acción penal ante el Juez de Control, haciendo prácticamente imposible ejercer de nueva cuenta la acción penal por esos mismos hechos ante una autoridad judicial, al constituir cosa juzgada. Además, del referido análisis sistemático del Código Nacional, la Sala advirtió que el legislador fue consistente en establecer salvaguardas para la protección y efectividad de los derechos de la víctima en el proceso, ya que no solo la determinó para el caso de la acusación, sino también para otros supuestos cuyo incumplimiento podría redundar en un perjuicio grave para la víctima, que difícilmente pudiera ser subsanado, como acontece con el sobreseimiento de la causa. Razón por la cual, la Primera Sala sostuvo que no se trata de dos oportunidades para acusar, sino de una sola, ya que en todos los casos en que está en juego la posible extinción de la acción penal en perjuicio de la víctima u ofendido, el legislador otorgó esa decisión en última instancia a la potestad del Procurador como titular del Ministerio Público, ya que el sobreseimiento ocurre cuando el Procurador no se haya pronunciado al respecto, pues la falta de previsión del Ministerio Público no puede derivar en perjuicio de la víctima u ofendido, sin que tal supuesto corresponda a un plano de doble oportunidad para acusar. Lo expuesto cobra especial relevancia en la medida en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Suárez Peralta vs Ecuador, analizó el proceso penal a la luz de las garantías judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, a fin de determinar si el Estado incumplido o no con sus obligaciones internacionales por las actuaciones de sus órganos judiciales. La Corte afirmó, entre otras cosas, que "[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos", y que "los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad", pues de lo contrario se "conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones". Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando la declaración de prescripción de la acción tiene lugar con motivo de los retrasos, faltas y omisiones en la realización de diligencias esenciales para la investigación y resolución del caso, el Estado incumple con su obligación de actuación eficiente, ya que el impulso procesal corresponde al Ministerio Público en casos de acción penal pública. Razón por la cual -consideró la Corte- la responsabilidad por las falencias y la demora en el proceso y su consecuente prescripción se deben exclusivamente a la actuación de las autoridades sobre quienes recae la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, independientemente de la gestión de las partes. Lo anterior pone de manifiesto que si el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que ante la falta de actuación del Ministerio Público, el Juez de Control ponga ese hecho en conocimiento del Procurador para que se pronuncie en el plazo de quince días, es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva que exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos, que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos de la víctima u ofendido. Es por ello que el juzgador al advertir la omisión del Ministerio Público, debe informar al Procurador esa circunstancia para que determine lo conducente, sin que tal actuación se traduzca en imparcialidad o en una doble oportunidad para acusar, por el contrario, como rector del proceso cumple con el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad, porque de lo contrario, tal como lo precisó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se cumpliría con la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos, entre otros, el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. Sin que por ese motivo pueda considerarse que el Ministerio Público tiene a su alcance varias posibilidades para acusar al imputado, ya que -como se puntualizó- el Procurador como titular del Ministerio Público, es quien en definitiva tendría la carga procesal para emitir o no formal acusación en contra del imputado, a fin de garantizar la seguridad jurídica y que no permanezca en incertidumbre de ser objeto de un proceso penal de manera indefinida. Resulta aplicable la tesis 1a. LXXXIV/2019 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página ciento veinte, Tomo I, libro setenta, Materias Penal, Constitucional, Constitucional, septiembre de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVENCIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. El citado precepto al prever la vista al Procurador en caso de que el Ministerio Público haya omitido solicitar de manera parcial o total el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular acusación en contra del imputado, no genera una invasión del Juez de control a las facultades de la representación social para formular su acusación, ya que la vista al Titular de la Fiscalía no implica que el juzgador se sustituya o realice atribuciones de acusación o de órgano investigador que no le corresponden, ni corrige la acusación ni auxilia al órgano acusador, pues su papel como rector del proceso, únicamente se limita a informar al Procurador que el Ministerio Público no cumplió con la referida obligación, para que se pronuncie en el plazo de quince días, sin que ello implique asumir facultades de la representación social como sería el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, ya que únicamente vigila la instrucción legal del proceso. Tampoco puede considerarse que tal prevención constituya una oportunidad para que se mejore o corrija la acusación, ya que es la ausencia de las conclusiones ministeriales o su presentación extemporánea, lo que actualiza la hipótesis en la que el juzgador interviene como rector del proceso, al hacer del conocimiento del Titular de la Fiscalía tal acontecimiento. Por ende, el precepto reclamado cumple con la exigencia constitucional de que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Máxime que la hipótesis normativa controvertida no tiene como finalidad arrojar una carga al juzgador o que le atribuya un ejercicio de valoración acerca de la omisión del Fiscal de cumplir con alguna de las obligaciones consignadas en el diverso artículo 324. De esta manera, tratándose del supuesto normativo del precepto reclamado, no se actualiza una violación al principio de imparcialidad, por el contrario, es acorde con la división de funciones de los actores esenciales del proceso, que tutela el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral a través de los principios que lo rigen, pues garantiza que la actuación del juzgador cumpla con los aludidos parámetros de referencia, a saber, la imparcialidad y la objetividad frente al juicio que se somete a su conocimiento por quienes son parte en el proceso. De tal manera que no tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito, sino de aplicación de la ley penal en el margen de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas". En consecuencia se concluye que el magistrado responsable no vulneró el principio de imparcialidad, pues su actuar se ciñó a lo dispuesto en el numeral 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene como finalidad el acceso a la justicia efectiva de la víctimas y ofendidos del hecho delictivo, al permitir que no se extinga la pretensión punitiva cuando el representante social no formule la acusación ante el Juez de Control, aunado a que actuar en otro sentido, podría redundar en un perjuicio grave para la víctima, que difícilmente pudiera ser subsanado, como acontece con el sobreseimiento de la causa. En este orden de ideas, al encontrarse revestida de legalidad la determinación reclamada, y al resultar inoperantes, e infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Por otro lado, no se estudiarán los alegatos formulados por la parte quejosa, ya que al no ser dichas alegaciones materia de la litis constitucional no existe el deber de analizar directamente las argumentaciones ahí vertidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en el Tomo 80, Agosto de 1994, página 14, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Rubén Daniel Molina Vázquez, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el resultando primero de la presente sentencia. Notifíquese.

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