Ruben Bernardo Díaz Caldera
Expediente 592/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ruben Bernardo Díaz Caldera
- Victoria Martínez Simental
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes para debida constancia el oficio signado por el encargado de la administración del servicio postal mexicano de esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe si se da por concluido el requerimiento de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete; al respecto, toda vez que mediante auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, en tales condiciones, se deja sin efectos el apercibimiento decretado por este juzgado en caso de incumplir con el requerimiento en alusión. Notifíquese; mediante oficio al encargado de la Administración del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad.
- Principal
se notifica por lista a los quejosos: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y al tener en consideración que por sentencia dictada el treinta de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso Rubén Bernardo Díaz, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV y 82-A, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así como de la esfera jurídica de la diversa quejosa Dayan Victoria Martínez Simental, el artículo 82, fracción IV y 82-A de la referida Ley de Hacienda. Deje insubsistente los pagos contenidos en los recibos de cinco de abril de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso Rubén Bernardo Díaz Caldera, con los números de referencias 758241412 y 758238158 y a nombre de la diversa quejosa Dayan Victoria Martínez Simental, con número de referencia 758241370. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva a los quejosos las cantidades que enteraron en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por el concepto de inscripción de cada documento en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas". Resolución que fue impugnada mediante recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberado de Coahuila de Zaragoza y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, ambos con sede en la ciudad de Saltillo, los cuales el tribunal de alzada desechó por extemporáneos. Por tanto la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, causó ejecutoria por auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo que con apoyo en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento correspondiente. Ahora bien, mediante oficio recibido en este juzgado federal el cinco de junio del año en curso, el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, señalando que desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos, los preceptos impugnados y emitió un cheque para cada uno de los peticionarios de amparo, por la cantidad de $13,452.59 (trece mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 59/100 moneda nacional) y $4,324.71 (cuatro mil trescientos veinticuatro pesos 71/100 moneda nacional), respectivamente, a fin de devolverles las cantidades enteradas por el acto de las normas impugnadas (fojas 284 y 285). Con motivo de lo anterior, mediante auto de seis de junio del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su interés legal correspondiera, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, de lo anterior se obtiene que las documentales valoradas en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena y resultan suficientes para determinar que en el caso ha lugar a tener por cumplida la sentencia ejecutoria en este juicio de amparo, por haberse acatado en sus términos los alcances de la misma, pues la autoridad actuó conforme a los parámetros que le fueron impuestos en la determinación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 2000, instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, de la literalidad siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Sin que sea inadvertido el hecho de que los quejosos no hubiesen comparecido ante la autoridad responsable, para recoger los cheques expedidos en su favor, sin embargo, toda vez que este tribunal no puede inferir en el ánimo de los justiciables a fin de que les sea entregado los referidos instrumentos de pago; por ende, debe estimarse cumplida la sentencia ante la justificación de los efectos del fallo protector. Sin que esta juzgadora advierta que la autoridad señalada como responsable hubiese incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de esta juzgadora este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a los quejosos Rubén Bernardo Díaz Caldera y Dayan Victoria Martínez Simental; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la adscripción.
- Principal
se notifica por lista al quejoso: Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila, mediante el cual informa que el cheque expedido a favor de los quejosos ********************, con motivo de la devolución de la parte proporcional de los derechos de registro público, se encuentra a su disposición en las instalaciones de dicha autoridad; en tales condiciones, se ordena al actuario de la adscripción, notifique el presente auto a los referidos quejosos y les corra traslado con copia del oficio en cuestión, a fin de que comparezcan ante la autoridad responsable dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que se les entregue el mencionado cheque, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Bajo el apercibimiento de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados en el cumplimiento y se hará el pronunciamiento correspondiente conforme a los lineamientos de la ejecutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS...
- Principal
Agréguese a sus antecedentes para debida constancia el oficio remitido por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones relativas al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Ahora bien, en virtud de lo informado por la autoridad en comento, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede esta ciudad, un plazo prudente de diez días hábiles contados a partir del siguiente que sean notificadas del presente proveído, a fin de que cumplan con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a... con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; mediante oficio al Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad.
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