Ruben Ernesto Aguiñaga Gonzalez

Expediente 1558/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1558/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Ruben Ernesto Aguiñaga Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila, a diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. (Firmado electrónicamente) Licenciado Jorge Trejo Veloz.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Rubén Ernesto Aguiñaga González, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1558/2021-III, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que el acto reclamado en este juicio, incumbe a la vía indirecta, y se reclama a una autoridad laboral, residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, quien se ostenta como tercera extraña por equiparación, son los siguientes: i. La diligencia de emplazamiento dentro de los autos del juicio laboral 1221/2021-SA-III y todo lo actuado. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, y actuarios de su adscripción, sin que obste para ello que al rendir sus informes justificados, nieguen la existencia de los actos reclamados, toda vez que esa negativa se encuentra desvirtuada con las constancias que anexaron respecto del juicio laboral 1221/2021; por tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, ya que quedó desvirtuada su negativa. Orienta lo expuesto, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". La mencionadas documentales poseen valor probatorio pleno, conforme lo establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo, por disposición del numeral 2 de ésta, al haberse expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata; por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En ese sentido, no se advierte se actualice alguna causal de improcedencia de oficio, ni alegada por las partes, por lo que es procedente examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. No obste lo anterior, el quejoso en el capítulo de conceptos de violación del escrito inicial de demanda, esencialmente argumenta lo siguiente: Que se viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que jamás fue emplazado debidamente al juicio laboral de origen, pues se soslayaron las garantías de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídica y de manera secundaría el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Dichos conceptos de violación se califican de INOPERANTES, de acuerdo a los motivos y fundamentos que se expondrán a continuación. En primer término, debe indicarse que mediante auto veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenaron agregar con vista a las partes los informes rendidos por las responsables Junta Local de conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales remitieron copias certificadas del juicio laboral 1221/2021, de las que se advierte que obran las diligencias reclamadas por la parte quejosa, sin que nada haya manifestado al respecto hasta esta fecha en que se celebró la audiencia constitucional en este sumario. En segundo término, hay que precisar, que la parte quejosa Ruben Ernesto Aguiñaga González, es la parte patronal demandada en el juicio laboral de origen, en tales condiciones, en el caso concreto opera para la parte quejosa el principio de estricto derecho. Por ello, en acatamiento a este principio, el examen de la constitucionalidad del acto reclamado debe concretarse a la luz de los razonamientos vertidos en los "conceptos de violación", expresados en la demanda de amparo, es decir, basado en ese principio este órgano de control constitucional no puede realizar libremente el examen del acto reclamado sino que debe limitarse a establecer si el acto reclamado es contrario a la Constitución, pero con base a los razonamientos expresados en la demanda de amparo, toda vez que el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, únicamente permite la deficiencia de la queja a favor del trabajador, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden laboral. De ahí que, en los casos en que se reclama la falta de emplazamiento legal en un juicio laboral, teniendo el quejoso el carácter de patrón, no basta que éste se limite a manifestar que no fue emplazado legalmente, sino que es necesario (por no estar permitida legalmente la deficiencia de la queja a su favor), que formule razonamientos jurídicos y concretos para demostrar la ilegalidad de la diligencia en la que aparece que sí fue notificado, máxime que en el caso se pusieron a la vista las constancias del juicio de origen para ese efecto (otorgarle al quejoso la oportunidad de formular conceptos de violación). Por su parte, la fracción VI del supracitado numeral 79 de la ley en la materia establece lo siguiente: "VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1° de esta Ley En este caso la suplencia sólo operará en lo que refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada...". Pero la interpretación sistemática de lo dispuesto por esta fracción en relación con las otras, permite concluir que la misma se aplica por exclusión, es decir, si las demás fracciones particularmente la II, III y IV del artículo 79 de la ley de la materia aluden a las materias penal, agraria y laboral, resulta lógico concluir que la fracción antes transcrita se refiere a las materias civil lato sensu (civil, mercantil y familiar) y administrativa, por lo que esta fracción no puede servir de fundamento para suplir la queja deficiente del patrón en el juicio de amparo en materia laboral. En ese contexto, es dable señalar que si es un patrón el que acude ante el órgano de control constitucional a pedir amparo (como en el caso), contra actos dictados en un juicio laboral, debe aplicársele el principio de estricto derecho, tal y como acontece en el caso en estudio, por ende, el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en este juicio se va realizar de acuerdo al principio de derecho prenombrado, aún y cuando de las diligencias reclamadas existiera una violación manifiesta a los derechos fundamentales del quejoso, pues éste lo tiene que hacer valer mediante sus conceptos de violación para que este juzgado federal procediera al estudio del concepto de violación; sustentar lo contrario llevaría a suplir la queja deficiente en una materia en la que no esta permitida, irrumpiendo el principio de estricto derecho que vela en el juicio de control constitucional promovido por la parte patronal. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 42/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VI, septiembre de 1997, página 305, registro electrónico 197696, la cual es del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora". (Lo subrayado es de este Juzgado). Igualmente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 25, diciembre de 2015, tomo I, página 359, la cual dice lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal". Efectivamente, como se adelantó en el presente considerando, los motivos de disenso expuesto por la parte quejosa se tornan inoperantes por genéricos, ya que en los mismos, el demandante del amparo se limitó a expresar que se viola en su perjuicio las garantías de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídica y de manera secundaría el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no fue debidamente emplazada a juicio, dejándolo en completo estado de indefensión. Lo anterior, sin que expresara por qué el citatorio de doce de agosto de dos mil veintiuno y diligencia de trece de agosto del mismo mes y año, en la que se emplazó al juicio obrero de origen a Rubén Ernesto Aguiñaga Gonzalez, resulta violatoria de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal, así como tampoco aportó medio de convicción para desvirtuar lo asentado por el actuario responsable en su diligencia de emplazamiento; por lo que, torna inoperante lo expresado en la demanda de amparo, pues sus conceptos de violación son genéricos, sin que este juzgado pueda atender ni si quiera a la causa pretendi de los mismos, pues como se dijo, no controvierten de manera alguna la diligencia reclamada. En tal virtud, tales aseveraciones de modo alguno constituyen un concepto de violación susceptible de análisis, ya que éstos, deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones vertidas en el acto reclamado, esto es, deben estar encaminados a cuestionar o controvertir los fundamentos en que se sustenta la diligencia de emplazamiento respectiva. En efecto, el aquí quejoso afirmó en esencia que se violaron en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los preceptos 14, 16 y 17 Constitucionales, ya que no fue debidamente emplazada a juicio, dejándolo en completo estado de indefensión. De lo anterior, se pone de manifiesto que la parte quejosa no trastoca las consideraciones y fundamentos torales en que se apoyó el actuario responsable para llevar a cabo el llamamiento a juicio de Rubén Ernesto Aguiñaga Gonzalez, en el juicio laboral generador de los actos reclamados; por ende, resulta evidente que sean inoperantes tales alegaciones, ya que este juzgador, no puede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, pues ello sólo se hace en función de la ilegalidad o inconstitucionalidad que la parte aduzca al impugnar aquél, esto es, con base en los argumentos expuestos por el quejoso tendientes a combatir los razonamientos y fundamentos en que se sustenta dicho acto, pues de lo contrario, se supliría la deficiencia de la queja, en un caso no permitido por la ley, por no darse ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79, de la Ley de Amparo; de ahí, la inoperancia de los motivos de queja en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 16, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, octubre de 2000, página 1116, registro electrónico 191047, que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Un concepto de violación es inoperante, cuando la cuestión que aborda no fue materia de la litis del juicio natural, pues no se hizo valer al contestar la demanda en vía de excepción y por lo mismo, no es dable analizar su procedencia en el juicio constitucional". Igualmente, la tesis jurisprudencial de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta época, cuarta parte CXZCVI, página 24, cuyo texto reza lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo". Y, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo 217-228, cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que a la letra establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. INOPERANTES, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SIN QUE EXISTA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE MOTIVARA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. Si el quejoso sustancialmente repite, en uno de sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, y además no existe violación manifiesta de la Ley de Amparo, debe concluirse que en dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal sino si los fundamentos de la sentencia reclamada; y por violatorios de la ley, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama". Lo anterior adquiere relevancia, pues de las constancias del juicio laboral de origen, se advierte que, -sin prejuzgar sobre la legalidad de dicho acto- mediante citatorio de doce de agosto de dos mil veintiuno, y diligencia de trece del mismo mes y año, el actuario adscrito a la responsable emplazó a juicio a Rubén Ernesto Aguiñaga Gonzalez, sin que el quejoso en ninguno de los razonamientos anteriores, controvirtiera dicha actuación. Diligencias, que se llevaron a cabo conforme lo asentado en las actas respectivas, mismas que se redactaron en los términos siguientes: Luego, si el quejoso no combatió la forma en la que aparece realizado el emplazamiento, entonces, los conceptos de violación que formuló devienen inoperantes, no obste que de las mismas se pudiera advertir una violación clara a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues como se ha venido diciendo en esta resolución, en el caso opera el principio de estricto derecho, determinar lo contrario sería suplir la queja deficiente, lo que se encuentra impedido este órgano de control constitucional al ser el quejoso patrón en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo II, julio de 1995, página 129, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PATRON CUANDO RECLAMA LA ILEGALIDAD DEL. En los casos en que se reclama la ilegalidad del emplazamiento en un juicio laboral, teniendo el quejoso el carácter de patrón, no basta que se limite a manifestar que no fue emplazado legalmente, sino que es necesario, por no estar permitida la suplencia de la queja a su favor, que formule razonamientos jurídicos y concretos para demostrar la ilegalidad de la diligencia en la que aparece que sí fue notificado". Por último, en lo que toca a lo alegado por el demandante del amparo, respecto a la orden de ejecución del laudo dictado en el juicio de origen, así como respecto de todo lo actuado en el mismo, por parte de las autoridades responsables, toda vez que este órgano jurisdiccional no declaró de ilegal emplazamiento realizado al quejoso, por tanto, debe estimarse que existe un impedimento técnico para que este juzgador analice dicho acto al no haber agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al no determinarse la ilegalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de amparo estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio, además que el laudo y la orden de ejecución no los reclama por vicios propios. Así, de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 121/2005 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 15/2004-PL, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXII, octubre de 2005, página 6; deben considerarse inoperantes los conceptos de violación enderezados contra diversas actuaciones dictadas con posterioridad al emplazamiento, y en especial contra el laudo y no remitirse la demanda a un Tribunal Colegiado de Circuito, criterio jurisprudencial el cual es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS. Es criterio reiterado del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, porque en esa vía el quejoso puede aportar pruebas para demostrar la ausencia o la ilegalidad del emplazamiento; además, este Alto Tribunal ha sostenido que de prosperar la acción se invalidarían todas las actuaciones posteriores, incluyendo la resolución definitiva. Sin embargo, cuando en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito estima que el emplazamiento fue legal, con ello descubre que el quejoso en realidad no fue extraño al procedimiento correspondiente y, por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él mismo. En ese sentido, deben declararse inoperantes los conceptos de violación expresados contra los actos posteriores al emplazamiento, incluso en contra del laudo, toda vez que al haberse determinado la legalidad de aquél, debe también considerarse que el impetrante de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio; por tanto, si se estimara que deben estudiarse los argumentos formulados en contra del laudo, se trastocarían todas las reglas del amparo, ya que el demandado podría, a su arbitrio, comparecer o no al juicio ordinario, pese a que hubiera sido bien emplazado". Igualmente, por identidad de razón la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, agosto de 2010, materia laboral, página 9, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". En relatas condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por el quejoso Ruben Ernesto Aguiñaga González. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RUBEN ERNESTO AGUIÑAGA GONZÁLEZ, contra los actos y autoridades precisada en el resultando primero de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, y se omitió notificar personalmente a las partes el mencionado acuerdo, además que el veintiocho de enero anterior, se había señalado el día de hoy para la celebración de la misma. Audiencia constitucional. En ese sentido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por tanto se hace del conocimiento de las partes que se encuentran programadas las diez horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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