Rubén Antonio Santiago Soriano

Expediente 1241/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1241/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Rubén Antonio Santiago Soriano

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente al promovente.

  2. Principal

    (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 1241/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Desechamiento. Conforme a lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, debido a que se advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal argumento tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera...Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los cuales establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ".Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. [.] ". CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES ".Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables.". ".Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Ahora bien, Del contenido integral de la demanda de amparo en relación con sus anexos se advierte que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Fiscalías Foráneas de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, dependiente de la Fiscalía General del Estado, lo siguiente: La omisión de judicializar la carpeta de investigación 189/FZAA/2016, así como la omisión de solicitar al Juez de Control fijar fecha para la formulación de imputación. En la que la parte quejosa refiere que le asiste el carácter de víctima. En tal virtud, este juzgador estima que la demanda de amparo resulta improcedente por las consideraciones que se expresarán. De conformidad con el estudio del artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente1 , el Ministerio Público tiene la encomienda de dirigir la investigación penal, sin que de motu proprio suspenda, interrumpa o cese el curso de las investigaciones, salvo en los casos autorizados por la propia ley, y para lo que nos ocupa en la materia del juicio de derechos fundamentales en que se actúa, todas las diligencias concernientes a dicha investigación deberán realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, orientada a que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, y en específico, dando respuesta a lo solicitado por las partes que intervengan de manera oportuna. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido pueden impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce ese derecho fundamental en el precepto 109, fracción XXI, y del diverso precepto 258, del mismo ordenamiento legal se obtiene que ese tipo de actos omisivos podrán ser impugnados ante el Juez de Control, quien en audiencia, previa cita a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor, decidirá en definitiva. En ese orden de ideas, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones de la representación social en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones de la fiscalía, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, motivando así que cesen las omisiones en perjuicio de las partes intervinientes. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Así se tiene que el Constituyente, previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones en que las representación social incurra al ejercer su facultad investigadora; no obstante, dicha prerrogativa no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley (como en el caso, contra la omisión que reclama), previo a la promoción de un juicio de amparo, pues con la incorporación de dicho derecho para el pasivo del delito, se buscó que contara con una defensa de sus intereses, ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el impetrante acudir a las instancias comunes que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. De ahí que, contra los actos reclamados, no es procedente el juicio de amparo, dado que primeramente debió combatir dicha abstención u omisión mediante el medio de impugnación innominado correspondiente, ante el Juez de Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna en favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII; e incluso, se enfatiza que el propio artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala como derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias del Ministerio Público en el desempeño de su funciones, por ejemplo, omitir investigar en los plazos que marcar la ley o no determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal, entre otros supuestos; de ahí la improcedencia de la demanda que nos ocupa. En ese orden de ideas, resulta improcedente la demanda, ya que las omisiones del Ministerio Público reclamadas, no pueden impugnarse a través del amparo, pues, se reitera, por mandato Constitucional la víctima u ofendido debe impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, como sucede en el caso, en los términos previstos en el artículo 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la víctima u ofendido tienen el derecho a impugnar, por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, ante un Juez de Control. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo propuesta con apoyo en lo establecido por el artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los diversos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa; asimismo, se tiene como autorizado en temimos amplios de los artículos 12 de la Ley de Amparo a Enrique Molina Segura2 , por encontrarse registro a su favor en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente al promovente

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