Rubén Bracamontes Pérez
Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rubén Bracamontes Pérez
- Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés se puso a disposición de la parte quejosa el billete de depósito de número ********************expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $********************.00 (********************cero centavos, moneda nacional), ofrecido por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida, indicándosele al quejoso que contaba con noventa días para recogerlo; sin embargo, conforme al artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los billetes de depósito prescriben en favor del erario federal en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida su devolución; por tanto, mientras este plazo no fenezca la parte quejosa se encuentra en aptitud de presentarse a este órgano jurisdiccional a reclamarlo. Asimismo, de las constancias del presente asunto se advierte que no se puso a disposición de la parte quejosa el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, por la suma de $********************.00 (********************cero centavos, moneda nacional), ofrecido para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, se regulariza el procedimiento y por tanto, dígase a la parte quejosa que quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado los referidos billetes de depósito; en el entendido de que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo de dos años que establece la Ley de Tesorería de la Federación, para la prescripción de esa garantía a favor del Erario Federal, y que la depuración de este expediente se llevará a cabo cuando se devuelvan los billetes de referencia o en su caso se declare prescrita dichas garantías. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en virtud que resulta innecesario el resguardo en esta Secretaría del Disco Versátil Digital que remitió la autoridad responsable juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena devolver el mismo a la autoridad señalada. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte e interlocutoria de veinticuatro de septiembre de ese mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, del estado procesal de los autos, se desprende que obra en la secretaría de este Juzgado el billete de depósito N 928556, expedido por el Banco del Bienestar, por la suma de dos mil pesos cero centavos, moneda nacional ($2,000.00/100 moneda nacional), que fue exhibido por la parte quejosa para garantizar en su momento la suspensión definitiva concedida a su favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el punto décimo primero, último párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, notifíquese personalmente a la parte quejosa este auto para que acuda a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en días y horas hábiles, con identificación oficial, dentro de un plazo de noventa días, a recoger el referido documento exhibido en este incidente de suspensión. De igual manera comuníquese al peticionario que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo que establece la Ley de la Tesorería de la Federación para la prescripción de dicha garantía a favor del Erario Federal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 180/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el promovente, se sigue en su contra la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de ********************. Siguiendo las etapas procesales, se señalaron las nueve horas del quince de febrero de dos mil veintitrés para llevarse a cabo la audiencia de debate; sin embargo, el quejoso refiere su imposibilidad de poder asistir a dicha audiencia en atención a que sus abogados no podrían estar presentes, manifestando esa imposibilidad a la autoridad responsable mediante correo electrónico y solicitando su diferimiento. Luego, al responder la autoridad el correo refirió que no ha lugar al diferimiento y que no se señalaría nueva fecha. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 19 y 20 apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintitrés de septiembre del año en curso. El quejoso señaló como autoridades responsables al juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, agente del Ministerio Público adscrita a la mesa de trámite de la Vice fiscalía Regional de la Cuenca y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Vice fiscalía Regional de la Cuenca, y como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en su contra por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, dentro de la causa penal ********************. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, el veintitrés de febrero del año en curso donde quedó registrada con el número 180/2023 y fue admitida el veinticuatro de febrero siguiente; asimismo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme a lo establecido por los arábigos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, dentro de la causa penal ********************. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca y la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Trámite de la Vicefiscalia Regional de la Cuenca, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, se corrobora con las constancias que integran el Disco Versátil Digital, remitidas por el juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, consistente en copia de audio y video de la audiencia de quince de febrero del año en curso, así como la resolución en PDF derivada de dicha audiencia en la causa penal ********************. Ahora bien, la autoridad responsable Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Vice fiscalía Regional de la Cuenca, no rindió su informe justificado; sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado dicha autoridad responsable solo puede ejecutar la orden de aprehensión, no ordenarla. En ese sentido, al aceptar el acto reclamado el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, quien refiere sí libró orden de aprehensión en contra del quejoso, tiene el carácter de ordenadora. Por lo tanto, dicha afirmación se hace extensiva a la autoridad responsable que tiene carácter de ejecutora y se tiene por cierto el acto reclamado atribuido a ella, no obstante que mediante auto de diecisiete de marzo del año en curso, el juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, remitió copia certificada del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, del que se advierte que el quejoso se presentó ante ese tribunal para continuar su proceso y se levantó la suspensión decretada en la audiencia de quince de febrero del año en curso. Asimismo, se dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. VI. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que en el acto consistente en la negativa de acordar el escrito presentado ante la responsable el uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como su debida notificación y las consecuencias derivadas de la falta de acuerdo al escrito presentado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, se aprecia que en auto de de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ********************, se advierte que el quejoso se presentó ante ese tribunal para continuar su proceso y se levantó la suspensión decretada en la audiencia de quince de febrero del año en curso. Asimismo, se dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. Lo anterior, da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la orden de captura que le fue reprochadas a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, por no haber comparecido a la audiencia de debate señalada para el quince de febrero de dos mil veintitrés. Sin embargo, el juez de Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, hizo del conocimiento que al haberse presentado el quejoso ante ese tribunal para continuar su proceso se levantó la suspensión decretada en la audiencia de quince de febrero del año en curso y dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en contra del quejoso. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la orden de aprehensión librada por la autoridad responsable el quince de febrero de dos mil veintitrés y al momento de la emisión de la presente sentencia ya dictó un acuerdo en el que dejó sin efectos la orden de captura, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al emitir dicho auto, se destruyeron los efectos de la orden reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional. Por tanto, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la orden de aprehensión dictada en su contra, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó el quejoso, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado al juez del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en Ixtlán de Juárez, Oaxaca y otras autoridades por los motivos que se precisan en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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