Ruben Alejandro Santiago López
Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ruben Alejandro Santiago López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 94/2023, promovido por el ********************, en contra de la omisión de dictar medidas efectivas para lograr el pago de las prestaciones condenadas mediante laudo dictado en su favor en los autos del juicio laboral ******************** acto que atribuye al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otras autoridades. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la omisión reclamada vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente la ejecución del laudo que constituye cosa juzgada. I. ANTECEDENTES En el expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se dictó el laudo a favor del promovente del amparo, en el que se condenó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca al pago de diversas prestaciones. En dicho asunto, el diez de diciembre de dos mil diecinueve, a petición de la parte quejosa, mediante oficio se requirió el pago de lo condenado a la moral demandada. Fue así, que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, tuvo a la apoderada legal de la demandada informando mediante informando que solicitó al Director Financiero de dicho instituto, realizara los trámites necesarios a fin de cubrir el pago de lo condenado; no obstante ello, requirió nuevamente al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, para que dentro de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación, informara la respuesta otorgada por el citado Director Financiero, bajo el apercibimiento que de no cumplir con ello, se le impondría como medida de apremio una multa equivalente a $********************.******************** (******************** pesos ********************/1********************, Monedad Nacional. En consideración del disidente, la omisión de la autoridad responsable en adoptar medidas efectivas para lograr el cumplimiento del laudo dictado en su favor, vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicio en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Dicho libelo constitucional se turnó en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 94/2023. El treinta de enero de dos mil veintitrés, por una parte se desechó la demanda instaurada en contra de los actos del secretario de acuerdos de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y por la otra, se admitió a trámite la demanda en contra del Presidente y Ejecutor adscritos a dicha Junta; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013; por tratarse de un asunto de naturaleza laboral, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente en Oaxaca de Juárez, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2********************4, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa reclama del presidente y del ejecutor, ambos adscritos a la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en ese orden, lo siguiente: Omisión de dictar las medidas necesarias a efecto de lograr la ejecución jurídica y material del laudo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete emitido en el expediente laboral ********************. La ejecución del mismo. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la omisión reclamada que se le atribuye; empero, esa negativa se desvirtúa con las manifestaciones que con posterioridad realizaron, de las cuales se advierte la omisión destacada; por tanto, se tiene por demostrada su certeza. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, de las copias certificadas de las constancias que remitió del juicio laboral ********************, a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su numeral 2, se evidencia que dicho expediente se encuentra en etapa de ejecución de laudo y del mismo modo, no se advierte que el instituto demandado haya dado cumplimiento a dicho laudo dictado en el juicio laboral de origen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Ante esa circunstancia se desvirtúa dicha negativa y se tiene por ciertos los acto que a ella se le reclaman. Por su parte, el ejecutor adscrito a la Junta responsable, no rindió su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presume cierto el acto a él reclamado. VI. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Precisado lo anterior, a criterio de quién resuelve, respecto al acto reclamado consistente en dictar las medidas necesarias a efecto de lograr la ejecución del laudo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete emitido en el expediente laboral ********************, por la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. El suscrito considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar porqué se surte dicha causa, resulta necesario transcribir los citados preceptos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en jurisprudencia obligatoria, estableció que cuando se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. La jurisprudencia de referencia es la 2a./J. 15/2011 (10a.), consultable en la página 2771 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, diciembre de 2011, con el registro 2****************************************11, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". De igual forma, se apunta, que el procedimiento de ejecución de los laudos regulado por la Ley Federal del Trabajo, corresponde a las autoridades laborales respectivas, es decir, son ellas, quienes deben dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; sin embargo, para ello, se requiere necesariamente del impulso procesal de la parte que obtuvo, para que la autoridad respectiva ordene la ejecución relativa. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: «PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.» Si bien, dichos criterios interpretan los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo abrogada, válidamente es aplicable en el caso, porque esas disposiciones guardan identidad jurídica sustancial con los diversos numerales 61, fracción XXIII en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el quejoso plantea genéricamente la omisión del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, de proveer lo necesario al cumplimiento del laudo dictado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el expediente ********************; siendo indudable la ejecución del laudo recaído en el citado juicio, se encuentra en su fase forzosa; por tanto, requiere del impulso procesal del ahora impetrante en el seguimiento de ejecución del laudo; de ahí que, al no precisar el disidente acto alguno específico que atribuya al presidente ejecutor responsable sino, en términos genéricos le atribuye falta de acción para lograr tal fin, se ubica en la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo que se invoca en la jurisprudencia obligatoria en consulta. Así, como la jurisprudencia de mérito resuelve ese aspecto medular de la inconformidad planteada por el quejoso y recurrente, no existe necesidad de abundar sobre lo ya expuesto en tal criterio, debido a que la obligatoriedad de dicha fuente del derecho, en los términos indicados, este órgano jurisdiccional no podría arribar a diverso resultado; aunado a que no existe dato ni indicio alguno de que la señalada jurisprudencia hubiere sido dejada sin efecto por el Alto Tribunal, que éste se hubiere apartado del criterio en ella contenido o que hubiere sido dejada de lado; por consiguiente, reviste la obligatoriedad a que se refiere el precepto 217 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada de manera indudable y manifiesta se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado materia del análisis de este apartado. En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual es inexistente y; por lo tanto, no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, igual consideración procede hacer respecto de la ejecutora, por no reclamarse por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 647, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del Apéndice al 1917-1995, materia común, tomo VI, foja 434 que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No impacta en la presente determinación, el hecho que de las constancias remitidas por la junta responsable, se aprecie que a la fecha de la presentación de la demanda, en el expediente de origen, se encuentre pendiente por acordar por la Junta responsable, lo informado por el apoderado de la moral demandada, así como dos escritos presentados por el quejoso el dos de marzo de dos mil veinte, por el que solicita que se haga efectiva la multa con la que se apercibió a la demandada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, y la diversa de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la que solicita copias de todo lo actuado en el expediente de origen, revoca la designación de abogados que tenía y señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Ello, al no haber sido reclamadas dichas omisiones por el quejoso y no tratarse de actos novedosos, pues recordemos que el quejoso es la parte actora en el expediente; aunado que del contenido de las mismas, no se advierte el quejoso, con posterioridad al proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el impetrante, haya dado el impulso procesal a que se hizo referencia a lo largo del presente apartado. De igual forma, no es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya ordenado el emplazamiento del tercero interesado en este juicio, en razón que al estar acreditada de manera indubitable la causal de improcedencia invocada, en nada cambiaria del sentido del presente fallo. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión al quejoso, puesto que se encuentra en aptitud de acudir ante el tribunal laboral responsable a solicitar el cumplimiento del laudo dictado a su favor. Finalmente, en razón de que el sobreseimiento impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente, el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, no se examinarán los conceptos de violación planteados, ni la opinión jurídica vertida por la Junta responsable, así como los alegatos vertidos por el autorizado de la parte quejosa; además, de que ésta tampoco forma parte de la litis en el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios sostenidos en las jurisprudencias de rubros siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", y "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." VII. DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos reclamados que atribuyó a las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta. Asimismo, se tiene como prueba de la responsable la documental que anexa. Dése vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, toda vez, a la fecha las autoridades responsables no han rendido el informe justificado que se les solicitó el treinta de enero de este año; petición de la cual quedaron notificadas, el uno del mes en curso, por lo que el plazo de quince días concedido para que rindan el referido informe vence el veintitrés de febrero de este año; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el escrito de ********************, autorizado del quejoso; en atención a su contenido, se autoriza al justiciable para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre del usuario *** que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza al disidente el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario *** que proporcionó para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario *** a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. De igual forma, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que hace valer, los que serán relacionados al celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
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