Ruben Abarca Barajas

Expediente 776/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
776/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Ruben Abarca Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso por el cual se le remitió el juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes; asimismo, informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase por personal autorizado de este juzgado de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rubén Abarca Barjas, por sí y a través de su defensora particular Leticia Flores Flores, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Uruapan y de otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 776/2018. Ahora bien, el promovente señala como actos reclamados los siguientes: La resolución dictada dentro de la controversia de ejecución PECE 72/2018 emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en Uruapan, Michoacán, emitida en la audiencia oral de dos de julio de dos mil dieciocho por la que se le negó la remisión parcial de la pena de prisión que les fue impuesta, así como la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca penal I-66/2018, en la cual confirmó la determinación referida. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior tenemos que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona contra la cual se dictó el mismo. En el caso que nos ocupa, las consecuencias jurídicas de los actos reclamados se están ejecutando en la ciudad de Uruapan, Michoacán, porque el quejoso está recluido en un centro penitenciario, con sede en esa ciudad por lo que tiene aplicación el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, como el Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz" en que guarda reclusión el quejoso, se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor, en términos del segundo párrafo del artículo en cita. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2004, sustentada por la Primera Sala, novena época, número de registro 181369, visible en la página 90, del Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis I. 7º.P.65 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegido en Materia Penal del Primer Circuito, novena época, número de registro 178231, visible en la página 781, del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE RESPONDER A LA SOLICITUD DEL REO DE OBTENER UN BENEFICIO EN RELACIÓN CON SU LIBERTAD PERSONAL. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE ENCUENTRA RECLUIDO. La omisión de la autoridad responsable de responder a la solicitud del sentenciado de obtener el beneficio en relación con su libertad personal, es un acto de inactividad que por regla general no trae aparejada ejecución material alguna; sin embargo, tal inactividad ocasiona que el reo continúe privado de su libertad personal en el lugar de su reclusión, lo que se traduce en un efecto positivo, y por ende, en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; por tanto, al continuar la situación de privación de libertad del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando donde se encuentra recluido y, por lo mismo, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario, de conformidad con el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo". Asimismo. la diversa jurisprudencia 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, número de registro 176365, visible en la página 174, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA Rubén Abarca Barajas por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

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