Roxana Icel Linares Porven
Expediente 1411/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lisleidy Santana Ledesma
- Roxana Icel Linares Porven
- Asiel Flores Proven
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido con sello y fecha de registro veinticuatro de noviembre de la presente anualidad ante la oficialía de partes de este órgano, el oficio a través del cual el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con residencia en esta ciudad, remite las constancias con las que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con dicho comunicado, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.ORF
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual señala que previo a determinar lo relativo a la competencia y admisión del asunto declinado por este órgano jurisdiccional, solicita se vincule el expediente electrónico del amparo en que se actúa. En ese sentido, como lo solicita la secretaria en cita, se ordena hacer disponible el expediente electrónico 1411/2023 del índice de este órgano jurisdiccional y vincularlo con el amparo 1805/2023-V del juzgado en cita. Asimismo, se hace de su conocimiento que el promovente del amparo ******************** mediante escrito presentado el quince de los actuales, señaló lo siguiente: "Se solicita a su Señoría, con el más debido respeto que se tenga por hecha la aclaración consistente en el paradero de los quejosos, quienes como ha quedado señalado anteriormente, (en el escrito inicial de demanda) tienen un lugar para poder hospedarse ubicado en Matamoros, sin embargo, que estos se encuentran en Chiapas hasta que les sea otorgada la medida cautelar consistente en la libertad de tránsito que la autoridad que el C. Subrepresentante Federal Zona Centro del INM de Chiapas se rehúsa a cumplir". De lo anterior, se aprecia como último dato de los quejosos directos, que se encuentran en el Estado de Chiapas. Por otro lado, se hace de su conocimiento que de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, obra registro del diverso amparo 1556/2023, tramitado por los quejosos ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; en consecuencia, solicítese a dicho órgano jurisdiccional, tenga a bien hacer disponible el expediente electrónico en cita, por estar posiblemente relacionado con los amparos señalados en párrafos que anteceden. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo ********************, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: El secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintitrés, ante la autoridad responsable, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, el cual por cuestión de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en esta ciudad, quien mediante proveído de Presidencia de quince de mayo posterior ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en turno, por ser de su competencia. Posteriormente, en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por razón de turno, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número ********************, y en el propio auto desechó la demanda; contra dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja el cual fue resuelto en sesión celebrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en esta ciudad, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, quien determinó revocar el auto impugnado para en su lugar, de no advertir diversa causa de improcedencia se admita la demanda. Atento lo anterior, en auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite el presente juicio promovido por ******************** por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y se convalidó el emplazamiento practicado a la parte tercera interesada; de igual forma, se otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretenden ejecutar. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: La sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintitrés dentro del toca ********************, que ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el Juez de primera instancia analice los puntos materia de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopia ofrecida por la parte demandada, y la admita bajo las consideraciones que al efecto tenga que realizar y hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción resuelva el asunto conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable pues al momento de rendir su informe justificado así lo precisó. Lo que se corrobora con las constancias que remitió adjuntas a su informe justificado, en dos tomos de pruebas por separado. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, registro 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado en su interpretación inversa, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En demás los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, lo que deja abierta la posibilidad de atender otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VI.1º.A. J/10, consultable en la página 1570 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil catorce, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)". Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquel que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Carta Magna. Ahora bien, como quedó precisado, la parte quejosa reclama la resolución de diez de marzo de dos mil veintitrés dentro del toca ********************, por la que se ordenó reponer el procedimiento de primera instancia para el efecto de que el juez de origen analice los puntos materia de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte demandada dentro del juicio oral familiar 161/2022, y la admita bajo las consideraciones que tenga que realizar; y posteriormente, resuelva con plenitud de jurisdicción. Lo anterior permite sostener que el acto reclamado no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Es así, ya que la resolución referida no configura un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, pues de ser así, desaparecerían las violaciones procesales de que se queja, ya que el hecho de que se reponga el procedimiento de primera instancia para el efecto de que el juez de origen analice los puntos materia de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la parte demandada dentro del juicio de origen, no determina necesariamente el sentido del fallo que se dicte. En la inteligencia de que si recibe fallo desfavorable entonces podrá hacer valer las violaciones procesales en el amparo directo, previo cumplimiento de las reglas de impugnación. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito XII.2o.1 L (10a.), consultable en la página 2474 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, febrero de dos mil catorce, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LAS CUESTIONES ATINENTES A SU FALTA POR ALGUNA DE LAS PARTES, AL SER UN TEMA DE NATURALEZA ADJETIVA QUE NO PUEDE IMPUGNARSE CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIONES V Y VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO". En el entendido de que el derecho a controvertir las violaciones procesales, está sujeto a la preclusión, dado que conforme al citado artículo 107, fracción III, inciso a), de nuestra Constitución, si dichas violaciones no se invocaron en un primer juicio de amparo ni el tribunal colegiado las hizo valer de oficio -en los casos en que deba suplirse la deficiencia de la queja- no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo ulterior. Por tanto, las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración, porque tienden a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Así las cosas, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia materia de estudio, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que se impone sobreseer en este asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 7/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 182125, cuyo rubro y texto narran: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION" De igual forma, el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página 2209, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, con número de registro 165412, de rubro y contenido siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS. POR REGLA GENERAL NO AFECTA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN". También, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 205484 de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO" En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, tal determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes se opusieron a la publicación de sus datos personales; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, omítase incluir datos generales y personales de los quejosos, en las listas de este juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación; tómese las medidas pertinente para tal efecto. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto reclamado al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa el cual quedó registrado bajo el número 315/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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