Rosendo Jimenez Rubio
Expediente 189/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosendo Jimenez Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto por el que sé tuvo sin materia el cumplimiento del fallo protector en el presente juicio, sin que lo haya hecho, por lo que se tiene consentido auto. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se concedió la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que haya sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema de SISE, el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 189/2019, sin la comparecencia de las partes. Ahora bien, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Rosendo Jiménez Rubio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. Actos que hizo consistir en la omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio ordinario laboral número 1036/2015, dentro del término legal establecido. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 189/2019, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable; y se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo correspondiente al juicio ordinario laboral número 1036/2015, dentro del término legal establecido. Tercera. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Ahora bien, de las constancias que remitió dicha autoridad se advierte que por auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral número 1036/2015, se turnó para proyecto de laudo y a la fecha no se ha emitido el laudo correspondiente. Se puede afirmar lo anterior, en virtud de que de las constancias que anexó como complemento a su informe justificado se aprecia que a la fecha no se ha emitido el laudo correspondiente. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Cuarta. Causales de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Estudio de fondo. La parte quejosa invoca como derechos violados las consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó conducentes los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación formulados resultan fundados como a continuación se expondrá: En el análisis de los conceptos de violación, este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho violado, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, suplidos en su queja deficiente, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha incurrido en la dilación de la que se duele la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversos preceptos de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: a) Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. b) Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. c) Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. d) Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. e) Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que rige la materia del acto reclamado, desarrolla estos principios de manera puntual en su artículo 685, en el que fundamentalmente señala que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte, y establece como una subespecie de garantía procesal, la obligación a cargo de las Juntas de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Ahora bien, en relación con el trámite y sustanciación del procedimiento laboral, los artículos 99, 103, 104, 105, 110 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, prevén lo siguiente: "Artículo 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." "Artículo 103. El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes, y en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución." "Artículo 104. El día y hora de la audiencia se abrirá el período de ofrecimiento y recepción de pruebas; el Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que no resulten notoriamente inconducentes contrarias a la Ley o a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis. Acto continuo señalará el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento." "Artículo 105. En la audiencia se aceptarán las pruebas ofrecidas en ella o con anterioridad a la misma." "Artículo 110. Antes de pronunciarse el laudo los integrantes del Tribunal podrán solicitar mayor información para mejor proveer en cuyo caso acordarán la práctica de las diligencias necesarias." "Artículo 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días. En ningún término se contarán los días inhábiles que señale el Calendario Oficial del Estado." Lo expuesto revela, fundamentalmente, que en materia laboral burocrática el principio de celeridad rige con mayor severidad, dado que una vez formulada la demanda y su contestación, el procedimiento -por regla general- se limita a una sola audiencia, en la que la que se reciben las pruebas y los alegatos de las partes y se dicta la resolución que corresponda. Lo anterior, salvo que a consideración del tribunal se requiera el desahogo de nuevas pruebas, supuesto en el cual, una vez desahogadas éstas, se procede a emitir el laudo respectivo. En ese sentido, asiste razón a la parte quejosa al afirmar que la autoridad responsable no ha emitido el laudo respectivo dentro del plazo que marca la legislación aplicable, ya que de acuerdo a las constancias antes reseñadas, se advierte que desde el auto por el que se declaró cerrada la instrucción (catorce de marzo de dos mil diecisiete) y se ordenó emitir el laudo respectivo, no ha actuado con la celeridad necesaria a fin de realizar el pronunciamiento respectivo. En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho humano previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses del quejoso, pues aun así, no podrá remediarse la violación de derechos ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, al estar demostrada la violación de derechos humanos aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o ésta sea confirmada por un tribunal superior, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, previo requerimiento de este juzgado, dé cumplimiento con lo siguiente: En caso de que no requiriera la práctica de otras diligencias, dicte de inmediato el laudo que corresponda, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la luz de la regla genérica prevista en el artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación a estudio en el presente juicio y no respecto de aquéllas futuras o inciertas que lleguen surgir de manera posterior, acorde con lo establecido en el criterio 2a CV/2013 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la quinta consideración de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Rosendo Jiménez Rubio, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; para los efectos indicados en la parte final de dicha consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita y se ordena relacionar en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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