Roxana Molina Minutti
Expediente 411/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roxana Molina Minutti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintidós. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Roxana Molina Minutti, auto de veinte de abril de dos mil veintidós (suspensión provisional); informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron; y, autos en que se tuvieron por recibidos. Así mismo, da cuenta con el estado procesal que guardan las presentes actuaciones. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto de la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción, respecto de la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 200.3 dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como: "3. Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla", hasta en tanto tuviera verificativo la audiencia incidental, por los motivos ahí expuestos; y, toda vez que ello, ya aconteció, se provee lo siguiente: En tales condiciones, se tiene por inexistente a la autoridad en mención, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ella; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el juez de Distrito, acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito, acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 411/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Roxana Molina Minutti, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por Roxana Molina Minutti, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables 1. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, y otras autoridades. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - Las órdenes de aprehensión y comparecencia dictadas en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Karla Patricia Ambrosio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla. Niega 2 Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla. Niega 4 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 5 Titular de la Unidad de Apoyo Policial de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega De lo anterior se advierte que la totalidad de las autoridades responsables citadas en el recuadro que antecede, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Además, al no existir la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como 3. Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se asentó en el acta que antecede, tampoco pueden existir los actos que de ésta reclama, ni daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Este Juzgador no desatiende que el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, informo que tenía registro de la carpeta judicial administrativa 107/2022/CHOLULA, iniciada en contra de la quejosa Roxana Molina Minutti y otros, por el hecho que la ley señala como delio de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción IX, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal, y que se encuentran señaladas las once horas con treinta minutos de mayo de la presente anualidad, para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación, toda vez que el medio de conducción por la representación lo es la citación; sin embargo, no emitió orden de captura en contra de la quejosa, de ahí que subsista el sentido de la presente resolución. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Roxana Molina Minutti, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese electrónicamente al quejoso, a través del usuario proporcionado para tal efecto; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Intégrense a los presentes autos los informes previos signados por las autoridades responsables 1. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, 2. Javier Vázquez Fernández, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, 4. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (recibido por triplicado), y 5. Titular de la Unidad de Apoyo Policial de San Andrés Cholula de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental. En diverso aspecto, agréguese a los presentes autos, la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción, mediante la cual manifiesta que no fue posible notificar el oficio 200.3 dirigido a la autoridad responsable que la parte quejosa denominó como: "3. Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla", pues al constituirse en las oficinas que ocupa la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, fue atendida por quien dijo ser Agente del Ministerio Público Investigador, quien le informó que la citada autoridad dejó de existir en el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla, desde hace un año aproximadamente. De lo que queda enterada esta autoridad y se reserva proveer lo que en derecho corresponda, ello hasta en tanto tenga verificativo la audiencia incidental señalada en el presente expediente. Notifíquese electrónicamente al quejoso, a través del usuario proporcionado para tal efecto; y, por lista a las demás partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita-.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. ....DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS CONSISTENTES EN LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, Y LA NOTIFICACIÓN U OMISIÓN DE NOTIFICARLE EL AUTO POR EL CUAL SE LE CITA A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Al respecto, el suscrito juzgador estima que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: ....En ese contexto, en el caso particular, si el reclamo consiste en la cita de comparecencia para que asista a audiencia de formulación de imputación, así como la notificación u omisión de notificarle la cita para que acuda a la audiencia de formulación de imputación dicha citación se trata de un acto fuera de juicio o procedimiento penal, emitido justo antes de que inicie. Por otra parte, si bien ha quedado claro que el acto que se analiza, fue dictado fuera de juicio, lo cierto es que su ejecución no es de imposible reparación, al no afectar por sí mismo la libertad personal del investigado. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del agente del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse la comparecencia forzosa del investigado, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Bajo esa tesitura, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: .....Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en la citación a la audiencia para formulación de imputación, así como la notificación u omisión de notificarle la cita para que acuda a la audiencia de formulación de imputación por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1 fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Roxana Molina Minutti, por su propio derecho, contra los actos de 1. Karla Patricia Ambrosio Vargas, Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Cholula, Puebla, y otras autoridades, contra los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión y comparecencia libradas en su contra, así como su ejecución. VISTA MINISTERIAL. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirán, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En la inteligencia de que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 222 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables, que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica .... de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia ...emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. PARTE TERCERA INTERESADA. Una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estará en condiciones de advertir la existencia de la parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. DOMICILIO. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando el domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, en virtud de que también solicitó se realizaran electrónicamente a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, lo que se acordará favorable más adelante. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Herminio Cano Benítez, Francisco Javier de Unanue Y Bretón, Alejandra González Tamayo, Jesús Manuel Calonge Romero y Jorge Mauricio Téllez Juárez, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y en términos restringidos del citado numeral a las restantes personas que señaló en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: .... En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que Jorge Mauricio Téllez Juárez, es titular del usuario "mauriciot44", el cual se encuentra vigente; se concede a la antes mencionada, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de dicho usuario, por así haberlo solicitado expresamente, y se ordena que se le realicen las notificaciones vía electrónica a través del mismo usuario. Signifíquese a la parte autorizada para consultar el expediente electrónico que, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un Expediente electrónico o carpeta digital, deberá informar a la Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal (DGTI) a través del vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas". En caso de que no resulte posible por esta vía, se dará el aviso respectivo a través de los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal, para los efectos precisados en dicho artículo. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ...Notifíquese electrónicamente al quejoso, a través del usuario proporcionado para tal efecto; mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" de la adscripción.
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