ROSSMERI CASTAÑEDA GUTIÉRREZ y Otros.

Expediente 1098/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1098/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • ROSSMERI CASTAÑEDA GUTIÉRREZ y Otros.
  • Rossmeri Castañeda Gutiérrez
  • Juan Ignacio Alvarado Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a sus autos el escrito aclaratorio signado por los promoventes Rossmeri Castañeda Gutiérrez y Juan Ignacio Alvarado Martínez, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada identificada con las iniciales H. N. A., a través del cual pretenden desahogar el requerimiento formulado mediante proveído de doce de noviembre del año en curso, en el que se les requirió para que, bajo protesta de decir verdad, realizaran lo siguiente: "(.) I. Por cuanto hace a la promovente Rossmeri Castañeda Gutiérrez: PRIMERO. Requiérasele para que, bajo protesta de decir verdad, precise si acude a esta instancia constitucional en su carácter de quejosa o de tercero interesada; lo anterior, en virtud que del proemio de la demanda de amparo, por una parte aduce promover por propio derecho y en otra en su carácter de "tercer perjudicada", representando los derechos de la menor de identidad reservada identificada con las iniciales H. N. A.. SEGUNDO. Requiérase a la citada promovente para que, de acudir a esta instancia constitucional en representación de la indicada menor, acredite fehacientemente la personalidad con la que se ostenta al presente juicio de amparo, esto es, exhiba documento idóneo del que se advierta la representación de la menor de edad que representa, así como el nombre completo de la misma; pues de la copia simple del extracto de nacimiento con folio 105427, se aprecia que la misma fue expedida a nombre de persona diversa a la que aduce representar; o en su caso, si se trata de la misma persona, pues de la referida reproducción se aprecia que la persona registrada tiene un apellido más al de la persona que alega representar. Ello toda vez que con su escrito de demanda no exhibió documento idóneo alguno que acredite la personalidad con la que se ostenta, esto es, si dicha persona tiene a cargo la guarda y custodia de la referida infante, así como el nombre completo de la misma; por tanto, al ser omisa la demanda en ese aspecto, procede realizar la presente prevención. (.) TERCERO. Requiérase a la citada promovente para que, bajo protesta de decir verdad, refiera si es su deseo señalar como autoridades responsables a las referidas en la demanda de amparo, y en caso afirmativo, precise el acto que a cada una de ellas les atribuye; debiendo formular en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes. Haciendo del conocimiento de la accionante de amparo que, deberá ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. II. Por cuanto hace al promovente Juan Ignacio Alvarado Martínez: PRIMERO. Requiérasele para que, bajo protesta de decir verdad, precise porqué la diversa promovente Rossmeri Castañeda Gutiérrez, así como la menor de identidad reservada identificada con las iniciales H. N. A., tienen intereses contrarios a él en el presente juicio de amparo, esto es, porqué tienen el carácter de terceras interesadas. SEGUNDO. Requiérasele para que bajo protesta bajo protesta de decir verdad, i) Precise el acto o resolución que reclama a la autoridad responsable señalada como Juez de Ejecución de la Región Judicial Centro, o en su caso, la determinación en la que fue omisa en "aplicar de oficio lo dispuesto por los artículos 14 Constitucional y 25, fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución de Penas"; lo anterior es así, pues de un análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, no se advierte de manera clara y precisa el acto a ella atribuido. ii) Precise el o los actos que atribuye a la autoridad señalada como "Director, Comité Disciplinario y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla", pues únicamente se ciñó a enumarar las actividades que dichas autoridades le imponen desarrollar en su calidad de recluso. iii) Precise el o los actos que atribuye a la autoridad señalada como "Gobernador Constitucional del Estado de Puebla Sr. Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta", pues únicamente aduce que tiene el carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables señaladas en los incisos que anteceden, mas no el acto tildado de inconstitucional a el Ejecutivo reclamado. iv) Precise el o los actos que atribuye a la autoridad señalada como "Secretario de Gobernación del Estado de Puebla", pues, del mismo modo, únicamente aduce que tiene el carácter de superior jerárquico del "Jefe de la Defensoría Pública del Estado" y no manifiesta de manera clara y precisa el acto a él atribuido. v) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si es su deseo señalar como autoridad responsable al "Jefe de la Defensoría Pública del Estado", y en caso afirmativo, debiendo indicar el acto que le reclama y formular, en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes; y, a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. Lo anterior es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. TERCERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama en esta vía constitucional. Pues omitió narrar la totalidad de los hechos o abstenciones, las cuales constituyen un requisito formal que debe contener la demanda de amparo. Lo anterior es así, pues la parte promovente, omitió narrar la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los actos reclamados, por lo que la deberá: 1. Manifestar la fecha en la que fue sentenciado, y de ser el caso, deberá transcribir los puntos resolutivos de dicha sentencia. 2. Manifestar el número de causa penal de la que emana el acto reclamado. Ya que las omisiones en que incurrió el promovente resultan relevantes a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación de la inconforme narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento la parte promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones de los actos reclamados, pues no se advierte capitulo respectivo en la demanda de amparo, por lo que deberá narrar los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. En tales condiciones, deberá aclarar tales tópicos, pues como ya se dijo, es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; máxime que, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. (.)" Sin embargo, de un análisis integral del escrito que se provee, se colige que la promovente Rossmeri Castañeda Gutiérrez, fue omisa en desahogar íntegramente lo requerido en el referido acuerdo de doce de noviembre pasado, pues únicamente se limitó a manifestar: "(.) I. PRIMERO; ACUDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MENOR Y COMO TERCER PERJUDICADA (sic). PERO ME SUGETO ALA BOLUNTAD (sic) Y LIBRE ALBEDRÍO FUNDADO Y MOTIVADO COMO RECTOR DEL DEVIDO (sic) PROCESO. II. SEGUNDO EXCIVO DUCUMENTACIÓN FEACIENTE (sic) QUE ACREDITA SER LA ABUELA DE LA MENOR DE EDAD. (.)" Sin embargo, en primer término, no acreditó fehacientemente con documento idóneo alguno el carácter de representante de la menor de identidad reservada identificada con las iniciales H. N. A., pues al escrito que se provee no se anexó documental alguna de la que se advierta tal carácter; sin que se soslaye que a las copias del ocurso que se provee, haya adjuntado diversas documentales; sin embargo, al ser copia simple de las mismas, es evidente que carecen de valor probatorio. Aunado a ello, es evidente que en la presente instancia constitucional no se puede acudir con el carácter de quejoso, así como de tercero interesado; y la demandante constitucional insiste en manifestar que insta el presente juicio de garantías como "tercera perjudicada". Se afirma lo anterior, pues si bien la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece de manera enunciativa y no limitativa, algunos de los supuestos en que se tiene el carácter de tercero interesado, también lo es que no contempla todos aquellos casos en que una persona puede tener dicha calidad. De manera específica, el inciso b) prevé que cuando el acto reclamado derive de un juicio o una controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, puede tener el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso. En tal sentido, la interpretación que debe darse a esa porción normativa es en el sentido de que quien busque atribuirse la calidad de tercero interesado, debe tener una posición contraria a la del quejoso, esto es, que su actitud procesal esté confrontada con la postura que asume éste, sin que constituya un obstáculo que ambas partes hayan fungido como demandadas en el juicio de origen, pues lo relevante es que sus pretensiones sean opuestas, en virtud de que ante el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión, la parte tercero interesada verá afectada su esfera jurídica. Dicha interpretación es congruente con la parte final del precepto aludido, en la que se establece que también tiene el carácter de tercero interesado la persona extraña al procedimiento que tenga un interés contrario al del quejoso. Por tanto, el que se permita que alguien ajeno al juicio acuda a la instancia constitucional con esa calidad, corrobora el hecho de que es irrelevante el carácter con el que se comparezca al procedimiento, pues lo importante es que se tenga un interés contrario al del quejoso. Por tanto, es evidente que la promovente Rossmeri Castañeda Gutiérrez, no puede tener el doble carácter con que dice ostentarse y por ende, no se tiene por desahogado el requerimiento formulado en autos respecto de dicho tópico. Y, por otra parte, nada dijo respecto de lo requerido en el punto "TERCERO" del auto preventivo, esto es, no realizó manifestación alguna respecto si es su deseo señalar como autoridades responsables a las referidas en la demanda de amparo, y en caso afirmativo, precise el acto que a cada una de ellas les atribuye; debiendo formular en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes. Bajo esa tesitura, es dable concluir que la promovente no desahoga íntegramente la prevención formulada en el referido auto de veintinueve de octubre pasado. En ese sentido, comuníquese a la demandante constitucional que cuenta con el término de dos días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que dé cumplimiento íntegramente al requerimiento preventivo formulado por este órgano jurisdiccional, ya que en el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se le otorgó el plazo de cinco, le fue notificado por lista el dieciséis de noviembre siguiente, surtió efectos el diecisiete de noviembre del año que transcurre y la promoción de cuenta fue presentada el veintidós del mes y año en curso, esto es, al tercer día; por lo que como se dijo, aún cuenta con dos días para desahogar íntegramente el requerimiento formulado en autos. Hágase del conocimiento de la peticionaria de amparo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido proveído de doce de noviembre pasado. Finalmente, resérvese la notificación del presente proveído en el lugar de su reclusión al diverso demandante constitucional Juan Ignacio Alvarado Martínez, así como de proveer lo que en derecho corresponda respecto del desahogo de prevención realizado por el mismo, hasta en tanto el defensor público designado por este órgano jurisdiccional proteste el cargo conferido. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PROMOVENTE ROSSMERI CASTAÑEDA GUTIÉRREZ -AL HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS-.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. I. SE AGREGA COMPARECENCIA. Vista, agréguese a las presentes actuaciones la diligencia de diecisiete de noviembre del actual, llevada a cabo por la Actuaria Judicial de la adscripción con el peticionario de amparo Juan Ignacio Alvarado Martínez, mediante la cual, el referido demandante constitucional, en lo que interesa, manifestó: "NO CUENTO CON ABOGADO QUE ME ACESORA (sic) EN EL PRECENTE (sic) JUICIO DE AMPARO; en consecuencia, se provee: II. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el quejoso se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autorizó a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se nombra como representante del accionante de amparo Juan Ignacio Alvarado Martínez, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, en virtud que el peticionario de amparo pertenece a un grupo vulnerable por su condición de interno y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase a la Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que dentro de los tres días siguientes a que sea notificada de este auto, designe un defensor público que asesore jurídicamente a la parte quejosa en esta instancia, quien deberá ser notificado por su conducto (y le deberá entregar copia autorizada de la demanda de amparo), para aceptar y protestar el cargo conferido, mediante diligencia que se llevará a cabo por videoconferencia, a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp. Por lo que el referido defensor se deberá comunicar dentro del mismo término concedido, al teléfono particular del secretario encargado de este asunto Rafael Torres Campos, 222 521 6779, debiendo mostrar en ese acto una identificación oficial y vigente para acreditar su identidad. En la inteligencia que, de no realizar dicho contacto tecnológico, se certificará tal omisión y se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sustenta lo la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, resérvese la notificación del presente proveído a dicha parte procesal en el lugar en que se encuentra privado de su libertad, hasta en tanto el Defensor Público tome protesta al cargo conferido. Notifíquese por oficio a la Titular de la Defensoría Pública en el Estado de Puebla...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021. Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el once de noviembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1098/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: I. Por cuanto hace a la promovente Rossmeri Castañeda Gutiérrez: PRIMERO. Requiérasele para que, bajo protesta de decir verdad, precise si acude a esta instancia constitucional en su carácter de quejosa o de tercero interesada; lo anterior, en virtud que del proemio de la demanda de amparo, por una parte aduce promover por propio derecho y en otra en su carácter de "tercer perjudicada", representando los derechos de la menor de identidad reservada identificada con las iniciales H. N. A.. SEGUNDO. Requiérase a la citada promovente para que, de acudir a esta instancia constitucional en representación de la indicada menor, acredite fehacientemente la personalidad con la que se ostenta al presente juicio de amparo, esto es, exhiba documento idóneo del que se advierta la representación de la menor de edad que representa, así como el nombre completo de la misma; pues de la copia simple del extracto de nacimiento con folio 105427, se aprecia que la misma fue expedida a nombre de persona diversa a la que aduce representar; o en su caso, si se trata de la misma persona, pues de la referida reproducción se aprecia que la persona registrada tiene un apellido más al de la persona que alega representar. Ello toda vez que con su escrito de demanda no exhibió documento idóneo alguno que acredite la personalidad con la que se ostenta, esto es, si dicha persona tiene a cargo la guarda y custodia de la referida infante, así como el nombre completo de la misma; por tanto, al ser omisa la demanda en ese aspecto, procede realizar la presente prevención. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.124/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 36, Noviembre de 2016, tomo II, página 1449, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." TERCERO. Requiérase a la citada promovente para que, bajo protesta de decir verdad, refiera si es su deseo señalar como autoridades responsables a las referidas en la demanda de amparo, y en caso afirmativo, precise el acto que a cada una de ellas les atribuye; debiendo formular en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes. Haciendo del conocimiento de la accionante de amparo que, deberá ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. II. Por cuanto hace al promovente Juan Ignacio Alvarado Martínez: PRIMERO. Requiérasele para que, bajo protesta de decir verdad, precise porqué la diversa promovente Rossmeri Castañeda Gutiérrez, así como la menor de identidad reservada identificada con las iniciales H. N. A., tienen intereses contrarios a él en el presente juicio de amparo, esto es, porqué tienen el carácter de terceras interesadas. SEGUNDO. Requiérasele para que bajo protesta bajo protesta de decir verdad, i) Precise el acto o resolución que reclama a la autoridad responsable señalada como Juez de Ejecución de la Región Judicial Centro, o en su caso, la determinación en la que fue omisa en "aplicar de oficio lo dispuesto por los artículos 14 Constitucional y 25, fracción VI, de la Ley Nacional de Ejecución de Penas"; lo anterior es así, pues de un análisis integral del escrito inicial de demanda de amparo, no se advierte de manera clara y precisa el acto a ella atribuido. ii) Precise el o los actos que atribuye a la autoridad señalada como "Director, Comité Disciplinario y Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla", pues únicamente se ciñó a enumarar las actividades que dichas autoridades le imponen desarrollar en su calidad de recluso. iii) Precise el o los actos que atribuye a la autoridad señalada como "Gobernador Constitucional del Estado de Puebla Sr. Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta", pues únicamente aduce que tiene el carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables señaladas en los incisos que anteceden, mas no el acto tildado de inconstitucional a el Ejecutivo reclamado. iv) Precise el o los actos que atribuye a la autoridad señalada como "Secretario de Gobernación del Estado de Puebla", pues, del mismo modo, únicamente aduce que tiene el carácter de superior jerárquico del "Jefe de la Defensoría Pública del Estado" y no manifiesta de manera clara y precisa el acto a él atribuido. v) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si es su deseo señalar como autoridad responsable al "Jefe de la Defensoría Pública del Estado", y en caso afirmativo, debiendo indicar el acto que le reclama y formular, en su caso, los conceptos de violación que estime convenientes; y, a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. Lo anterior es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos. TERCERO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama en esta vía constitucional. Pues omitió narrar la totalidad de los hechos o abstenciones, las cuales constituyen un requisito formal que debe contener la demanda de amparo. Lo anterior es así, pues la parte promovente, omitió narrar la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los actos reclamados, por lo que la deberá: 1. Manifestar la fecha en la que fue sentenciado, y de ser el caso, deberá transcribir los puntos resolutivos de dicha sentencia. 2. Manifestar el número de causa penal de la que emana el acto reclamado. Ya que las omisiones en que incurrió el promovente resultan relevantes a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación de la inconforme narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento la parte promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones de los actos reclamados, pues no se advierte capitulo respectivo en la demanda de amparo, por lo que deberá narrar los antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. En tales condiciones, deberá aclarar tales tópicos, pues como ya se dijo, es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; máxime que, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J.127/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página treinta y dos, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. No obstante que los promoventes señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, toda vez que Juan Ignacio Alvarado Martínez, manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Toda vez que la parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a Rossmeri Castañeda Gutiérrez, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." REQUERIMIENTO AL PROMOVENTE JUAN IGNACIO ALVARADO MARTÍNEZ. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el aquí promovente Juan Ignacio Alvarado Martínez se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autoriza a persona alguna en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lo que, siguiendo las reglas que fija la jurisprudencia que a continuación se cita, para la asistencia jurídica en los juicios de amparo de los quejosos privados de su libertad, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al referido peticionario de amparo para que, en el momento de la diligencia de notificación del presente auto o en el plazo de tres días computado legalmente, nombre a un abogado que lo represente en este juicio, y apercibido que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, dicen: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE JUAN IGNACIO ALVARADO MARTÍNEZ Y POR LISTA A LA DIVERSA PROMOVENTE ROSSMERI CASTAÑEDA GUTIÉRREZ -AL HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS-...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano