ROSY o ROSA BAUTISTA ESCALONA

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • ROSY o ROSA BAUTISTA ESCALONA
  • Rosa Maria Diego Martinez (Defensora)
  • Juzgado Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
  • ROSY o ROSA BAUTISTA ESCALONA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1217 remitido por la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del cual, acusa recibo de la diversa misiva 1372/2022 de veinte de octubre de dos mil veintidós, por el que este órgano jurisdiccional le notificó la determinación dictada en esa fecha y le remitió lo siguiente: ( Copia certificada de diversas actuaciones derivadas de la causa penal 116/2013 de su índice, con el cual se formaron los anexo I, II y III del presente juicio. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó a la quejosa ******, por lista, -previo citatorio- y a un fiscal tercero interesado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, de las cuales, la primera, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el veintisiete de septiembre siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintiocho de septiembre al diecinueve de octubre de la presente anualidad, previo descuento de los siguientes días i) uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de octubre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) doce de octubre, inhábil por disposición expresa de dicho numeral. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 3. Jueza de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla -autoridad responsable sustituta-, en complemento a su informe justificado, se ordena devolverle lo siguiente: ( Copia certificada de diversas actuaciones derivadas de la causa penal 116/2013 de su índice, con el cual se formaron los anexo I, II y III del presente juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con la documental que se anexa. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, así como al tercero interesado SIP -víctima del delito de identidad reservada-; por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas (a las foráneas, con excepción de la jueza requerida, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veinticinco de julio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 116/2013 del índice del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de SIP -víctima de identidad reservada-; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del fallo. Mediante acuerdo emitido el dieciséis de agosto del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de dos de septiembre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo los oficios 991, 992 y 998, por los cuales, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó diversas documentales derivadas de la causa penal de origen. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 116/2013, de la estadística del Juzgado de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por violar el derecho de defensa adecuada y el debido proceso, consagrado en los artículos 14, 16 y 20, Apartado A, fracciones II, III y IX, Constitucionales, por lo que se concedió a Rosy o Rosa Bautista Escalona el amparo y la protección de la Justicia Federal. Amparo que se hizo extensivo por cuanto a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Lo anterior, con base en las siguientes premisas: 1. Que se cumplieron de manera parcial algunas formalidades esenciales del procedimiento, como que el auto de formal prisión se dictó por un órgano judicial competente previamente establecido, que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de la aquí quejosa, como probable responsable de realizar una conducta tipificada en la ley penal como delito (secuestro agravado) y que no se dio efecto retroactivo a Ley alguna en perjuicio de aquélla. 2. Que no se apreció constancia alguna de que Manuel Rodríguez Fernández de Lara, persona que asistió como defensor a Óscar Bautista Domínguez, coimputado de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, en su declaración ministerial, fuera profesional en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente de la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. 3. Que no se apreció constancia alguna de que Rosa María Diego Martínez, persona que asistió como defensora a la quejosa en su declaración preparatoria -respectivamente-, fuera profesional en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente de la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado. 2. Dictara un proveído en el que ordenara practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Manuel Rodríguez Fernández de Lara para que acreditara que durante el desahogo de la declaración ministerial de once de febrero de dos mil trece contaba con cédula de licenciado en derecho y a Rosa María Diego Martínez para que acreditara que durante el desahogo de la declaración preparatoria de veintidós de abril de dos mil veintidós contaba con cédula de licenciado en derecho; o, (ii) derivar, para tales fines, información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas y/o la Dirección General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a ésta última podría requerirle el número de la cédula profesional del referido defensor público con el fin de realizar la búsqueda correspondiente. 3. Derivado del resultado de dicha diligencia de investigación, se abrirán dos supuestos o caminos -excluyentes entre sí-, uno en el que apareciera que efectivamente los defensores son licenciados en derecho y que cuentan con la aludida especialidad y otro en el que no, por lo que la jueza debía seguir sólo uno de los caminos que se exponen a continuación: Primer camino: en el que aparezca que los defensores sí son licenciados en derecho y que cuentan con la aludida especialidad. Segundo camino: en el que aparezca que uno o ambos defensores no son licenciados en derecho ni cuentan con la aludida especialidad. Con libertad de jurisdicción, resolviera nuevamente la situación jurídica de la quejosa. En caso de que no se pudiera acreditar o no estuviera acreditado que los aludidos defensores fueran licenciados en derecho, debía reparar esa violación en los siguientes términos: i) Si dicha violación se presentó, en la declaración ministerial de la averiguación previa de origen PGJP/UEICDS-I/AP80/2011, dicha diligencia debía excluirse al momento de resolver la situación jurídica de la señalada quejosa, con base en las consideraciones plasmadas en la sentencia, así como la declaración ministerial rendida en la diversa indagatoria PGJP/UEICDS-II/AP/09/2011 y el resto del material probatorio que derivó de las mismas, como el reconocimiento de personas realizado el once de febrero de dos mil trece, en donde el referido defensor público también asistió al coimputado Óscar Bautista Domínguez; y/o, ii) Si la violación se presentó durante la toma de la declaración preparatoria, deberá reponer el procedimiento al momento al que se presentó la violación para que se volviera a llevar a cabo la diligencia en la que debía acreditarse que la inculpada fuera asistida por un licenciado en derecho. iii) Luego, con libertad de jurisdicción, resolviera nuevamente la situación jurídica de la quejosa. Tabla única. Asimismo, se precisó lo siguiente: ( Que la jueza responsable debía tener especial cuidado en armonizar los aludidos efectos, en el entendido de que atendiendo al contenido de los mismos, algunas providencias se podrían dictar en un sólo acuerdo. ( Que la exclusión probatoria que en su caso se realizara, y en sí el amparo concedido y los efectos antes apuntados, sólo circunscribían respecto a la persona de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona y no sobre a la persona de sus coimputados Óscar Bautista Domínguez alias "El Negro" y Óscar Rivera López alias "El Bebé"; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. ( Que la concesión del amparo no implicaba que se dejara en libertad a la quejosa -a través de un auto de libertad- ni tampoco el de anular actuaciones diversas a la precisada, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro de la causa penal 116/2013 de su estadística, realizó lo siguiente: 1. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, recibió la comparecencia de Rosa María Diego Martínez, quien asistió a la quejosa como defensora pública en su declaración preparatoria de veintidós de abril de dos mil veintidós, y quien, en ese acto, se identificó con su cédula profesional número 16700021, expedida a su favor por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Seguridad Pública, que la acredita como licenciada en derecho desde el catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, es decir, previo al desahogo de la citada diligencia de declaración preparatoria. 2. El cinco de agosto de dos mil veintidós, recibió la comparecencia de Manuel Rodríguez Fernández de Lara, quien asistió a Óscar Bautista Domínguez, coimputado de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, como defensor público en su declaración ministerial de once de febrero de dos mil trece, y quien, en ese acto, se identificó con su cédula profesional número 2377403, expedida a su favor por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Seguridad Pública, que lo acredita como licenciado en derecho desde el doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, es decir, previo al desahogo de la citada diligencia de declaración ministerial. 3. Una vez cerciorada de calidad de abogados de los referidos defensores públicos, mediante resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente el auto de término constitucional reclamado de veintidós de abril de dos mil veintidós y, con la libertad de jurisdicción concedida, dictó nuevamente en contra de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de SIP -víctima de identidad reservada-. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la citada jueza de lo penal cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictado en la causa penal de origen; ii) se cercioró de la calidad de licenciados en derecho de Manuel Rodríguez Fernández de Lara y de Rosa María Diego Martínez, previo al desahogo de las diligencias en que actuaron como defensores públicos tanto del coimputado Óscar Bautista Domínguez como de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, respectivamente; y, iii) con la libertad de jurisdicción concedida, dictó nuevamente en contra de la citada quejosa auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de SIP -víctima de identidad reservada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, por conducto de Marino Planas Quinto -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia-; por lista al tercero interesado SIP -víctima del delito de identidad reservada-, en cumplimiento a lo acordado en auto de ocho de junio de dos mil veintidós; y, por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS PROCESALES, EL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veinticinco de julio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo a la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 116/2013 del índice del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de SIP -víctima de identidad reservada-; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del fallo. Mediante acuerdo emitido el dieciséis de agosto del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de dos de septiembre del actual, se tuvo a dicha autoridad responsable remitiendo los oficios 991, 992 y 998, por los cuales, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, anexó diversas documentales derivadas de la causa penal de origen. En consecuencia, con su contenido, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional el auto de formal prisión dictado el veintidós de abril de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 116/2013, de la estadística del Juzgado de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por violar el derecho de defensa adecuada y el debido proceso, consagrado en los artículos 14, 16 y 20, Apartado A, fracciones II, III y IX, Constitucionales, por lo que se concedió a Rosy o Rosa Bautista Escalona el amparo y la protección de la Justicia Federal. Amparo que se hizo extensivo por cuanto a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Lo anterior, con base en las siguientes premisas: 1. Que se cumplieron de manera parcial algunas formalidades esenciales del procedimiento, como que el auto de formal prisión se dictó por un órgano judicial competente previamente establecido, que el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de la aquí quejosa, como probable responsable de realizar una conducta tipificada en la ley penal como delito (secuestro agravado) y que no se dio efecto retroactivo a Ley alguna en perjuicio de aquélla. 2. Que no se apreció constancia alguna de que Manuel Rodríguez Fernández de Lara, persona que asistió como defensor a Óscar Bautista Domínguez, coimputado de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, en su declaración ministerial, fuera profesional en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente de la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. 3. Que no se apreció constancia alguna de que Rosa María Diego Martínez, persona que asistió como defensora a la quejosa en su declaración preparatoria -respectivamente-, fuera profesional en derecho, en contravención al derecho de defensa consagrado en el artículo 20, apartado A, fracciones II y IX, Constitucional, en su vertiente de la obligación de las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de indagar que la persona que funge como defensor del imputado realmente sea licenciado en derecho. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, una vez que quedara firme el fallo y se le requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado. 2. Dictara un proveído en el que ordenara practicar cualquier diligencia probatoria necesaria para determinar si hubo o no, violación al derecho de defensa técnica. Por mencionar algunos ejemplos, i) requerir a Manuel Rodríguez Fernández de Lara para que acreditara que durante el desahogo de la declaración ministerial de once de febrero de dos mil trece contaba con cédula de licenciado en derecho y a Rosa María Diego Martínez para que acreditara que durante el desahogo de la declaración preparatoria de veintidós de abril de dos mil veintidós contaba con cédula de licenciado en derecho; o, (ii) derivar, para tales fines, información de las autoridades competentes, como lo es el Registro Nacional de Profesionistas y/o la Dirección General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a ésta última podría requerirle el número de la cédula profesional del referido defensor público con el fin de realizar la búsqueda correspondiente. 3. Derivado del resultado de dicha diligencia de investigación, se abrirán dos supuestos o caminos -excluyentes entre sí-, uno en el que apareciera que efectivamente los defensores son licenciados en derecho y que cuentan con la aludida especialidad y otro en el que no, por lo que la jueza debía seguir sólo uno de los caminos que se exponen a continuación: Primer camino: en el que aparezca que los defensores sí son licenciados en derecho y que cuentan con la aludida especialidad. Segundo camino: en el que aparezca que uno o ambos defensores no son licenciados en derecho ni cuentan con la aludida especialidad. Con libertad de jurisdicción, resolviera nuevamente la situación jurídica de la quejosa. En caso de que no se pudiera acreditar o no estuviera acreditado que los aludidos defensores fueran licenciados en derecho, debía reparar esa violación en los siguientes términos: i) Si dicha violación se presentó, en la declaración ministerial de la averiguación previa de origen PGJP/UEICDS-I/AP80/2011, dicha diligencia debía excluirse al momento de resolver la situación jurídica de la señalada quejosa, con base en las consideraciones plasmadas en la sentencia, así como la declaración ministerial rendida en la diversa indagatoria PGJP/UEICDS-II/AP/09/2011 y el resto del material probatorio que derivó de las mismas, como el reconocimiento de personas realizado el once de febrero de dos mil trece, en donde el referido defensor público también asistió al coimputado Óscar Bautista Domínguez; y/o, ii) Si la violación se presentó durante la toma de la declaración preparatoria, deberá reponer el procedimiento al momento al que se presentó la violación para que se volviera a llevar a cabo la diligencia en la que debía acreditarse que la inculpada fuera asistida por un licenciado en derecho. iii) Luego, con libertad de jurisdicción, resolviera nuevamente la situación jurídica de la quejosa. Tabla única. Asimismo, se precisó lo siguiente: ( Que la jueza responsable debía tener especial cuidado en armonizar los aludidos efectos, en el entendido de que atendiendo al contenido de los mismos, algunas providencias se podrían dictar en un sólo acuerdo. ( Que la exclusión probatoria que en su caso se realizara, y en sí el amparo concedido y los efectos antes apuntados, sólo circunscribían respecto a la persona de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona y no sobre a la persona de sus coimputados Óscar Bautista Domínguez alias "El Negro" y Óscar Rivera López alias "El Bebé"; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. ( Que la concesión del amparo no implicaba que se dejara en libertad a la quejosa -a través de un auto de libertad- ni tampoco el de anular actuaciones diversas a la precisada, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable sustituta 3. Jueza de lo Penal y de lo Civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, dentro de la causa penal 116/2013 de su estadística, realizó lo siguiente: 1. El cuatro de agosto de dos mil veintidós, recibió la comparecencia de Rosa María Diego Martínez, quien asistió a la quejosa como defensora pública en su declaración preparatoria de veintidós de abril de dos mil veintidós, y quien, en ese acto, se identificó con su cédula profesional número 16700021, expedida a su favor por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Seguridad Pública, que la acredita como licenciada en derecho desde el catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, es decir, previo al desahogo de la citada diligencia de declaración preparatoria. 2. El cinco de agosto de dos mil veintidós, recibió la comparecencia de Manuel Rodríguez Fernández de Lara, quien asistió a Óscar Bautista Domínguez, coimputado de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, como defensor público en su declaración ministerial de once de febrero de dos mil trece, y quien, en ese acto, se identificó con su cédula profesional número 2377403, expedida a su favor por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Seguridad Pública, que lo acredita como licenciado en derecho desde el doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, es decir, previo al desahogo de la citada diligencia de declaración ministerial. 3. Una vez cerciorada de calidad de abogados de los referidos defensores públicos, mediante resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente el auto de término constitucional reclamado de veintidós de abril de dos mil veintidós y, con la libertad de jurisdicción concedida, dictó nuevamente en contra de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de SIP -víctima de identidad reservada-. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la citada jueza de lo penal cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictado en la causa penal de origen; ii) se cercioró de la calidad de licenciados en derecho de Manuel Rodríguez Fernández de Lara y de Rosa María Diego Martínez, previo al desahogo de las diligencias en que actuaron como defensores públicos tanto del coimputado Óscar Bautista Domínguez como de la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, respectivamente; y, iii) con la libertad de jurisdicción concedida, dictó nuevamente en contra de la citada quejosa auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de SIP -víctima de identidad reservada. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente a la quejosa Rosy o Rosa Bautista Escalona, por conducto de Marino Planas Quinto -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia-; por lista al tercero interesado SIP -víctima del delito de identidad reservada-, en cumplimiento a lo acordado en auto de ocho de junio de dos mil veintidós; y, por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano