Roxana Hernández Flores
Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Roxana Hernández Flores
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de tres de febrero dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por (1) *******; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales. Mediante Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero del año dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó las medidas adoptadas en sesión de esa misma fecha por la Comisión Especial del citado Consejo, entre las que destacan, por lo que a este Decimoquinto Circuito se refiere, la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a partir del día diecinueve de enero de dos mil veintiuno, bajo el régimen de operación que establece el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, los tres emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de la ampliación de plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, V (sic) y VIII, para lo cual se considera como nueva fecha límite el diecinueve de febrero próximo, lo que se hace del conocimiento de las partes en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Escrito. Ahora, visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Manifestaciones. Se tienen por hechas las manifestaciones que vierte, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Estado de autos. Ahora, visto el contenido del ocurso de cuenta, así como el estado actual de autos, del que se advierte que a la presente data la autoridad responsable (I) Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, ha sido omisa en informar las acciones que ha tomado tendientes a dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Requerimiento. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable de mérito, para que dentro del término de tres días posteriores a su notificación, informe la etapa en la que se encuentra el trámite relativo a la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral 730/2009-IV acumulado 924/2010-IV, así como las actuaciones realizadas tendientes a lograr el debido cumplimiento al fallo protector del presente asunto. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, podrá imponérsele multa en lo particular equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192, 193 y 194 de la Ley en comento. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de persistir en la dilación injustificada del cumplimiento será consignado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículo 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo de dicho numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior, en cumplimiento de la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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