Rosilene Rodrigues de Carvalho

Expediente 1969/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1969/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Rosilene Rodrigues de Carvalho

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente. Sin que en el caso se haya tramitado incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por *****, por derecho propio y firmándola de puño y letra, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad, con sede en esta ciudad, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1969/2022. Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: ****Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". **** En el caso concreto, podemos advertir que en la demanda de amparo se reclamó lo siguiente: "III.- AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS. [.] DELEGADO FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, [.] TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama a las autoridades responsables como ordenadoras y ejecutoras, la orden, mandato, instrucción, consistente en la orden de CUALQUIER ACTO QUE TENGA POR OBJETO QUE SE ME PRIVE DE MI LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Y/U ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO Y/O PRESENTACIÓN, en perjuicio del que suscribe, así como cualquier posible procedimiento administrativo que se haya iniciado sin haberme notificado y por tanto sin haber seguido un debido proceso legal, violando las formalidades esenciales del procedimiento, violación a la garantía de audiencia y a mis derechos humanos consagrados por la Constitución Federal y los tratados Internacionales, lo que por ende se deriva en una indebida fundamentación y motivación esto en base a los hechos que se expondrán a continuación." Asimismo, en el capítulo de suspensión de la demanda de cuenta se estableció lo siguiente: "Con fundamento en los artículos 15, 125, 128, 130, 147 y demás relativos en la Ley que rige el presente juicio de garantías, solicito la suspensión del acto que se reclama para efecto que mi libertad quede sujeta a la jurisdicción del H Juzgado al que me dirijo, [.] haciendo referencia que la concesión de dicha suspensión provisional y en su momento la definitiva, se solicita con la finalidad de que se tomen las medidas pertinentes por su Señoría para conservar mi libertad personal hasta la resolución del presente juicio de garantías, [.]." De lo anterior se obtiene en primer lugar que actualmente la parte quejosa no está privada de su libertad. Asimismo, tenemos que los actos reclamados consisten en la deportación, privación de libertad fuera de procedimiento y/o alojamiento y/o presentación, así como cualquier posible procedimiento administrativo iniciado en su contra. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda que se analiza, respecto los actos reclamados antes precisados. Lo anterior ya que se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1 fracción I, y 5 fracción I, y 75, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. [.]" El artículo 1, fracción I de la ley de la materia transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso numeral 75, que en su primer párrafo dispone que en las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo el acto se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; así como 5 fracción I, de la propia de la ley de la materia, al establecer que el quejoso es quien acude a reclamar un acto u omisión que viola sus derechos previstos en el artículo 1 de la misma legislación, y que este produce una afectación real y actual a su esfera jurídica. En este sentido, debe señalarse que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio constitucional. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho dada su inexistencia material, no genera agravio en la esfera jurídica del quejoso. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama, sustancialmente, deportación, privación de libertad fuera de procedimiento y/o alojamiento y/o presentación, así como cualquier posible procedimiento administrativo iniciado en su contra; es decir, la propia impetrante, aduce expresamente como "posible" la existencia un procedimiento migratorio en su contra. Incluso, en el punto tres arábigo de los antecedentes del acto reclamado, también señaló como "posible" la existencia de una orden de presentación y/o deportación y/o cualquier resolución que tenga por objeto privarme de mi libertad; tal como se observa claramente de la siguiente trascripción: "3.- Siendo este el motivo por el que acuden ante su Señoría para solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en contra de cualquier acto que tenga por objeto que se me prive de mi libertad personal fuera de procedimiento y/o posible orden de presentación y/o alojamiento y/o deportación y/o cualquier resolución que tenga por objeto que se me prive de mi libertad, lo anterior en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que bajo protesta de decir verdad no me han citado o notificado alguna orden de presentación ni alojamiento ni deportación, sin embargo ante el temor de que vuelva personal del Instituto Nacional de Migración y trate de privarme de mi libertad personal, acudo ante este H. Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales a solicitar el amparo y protección de la justicia federal." Así de lo anterior se concluye que tales actos son probables o eventuales, o dicho de otro modo, no existen ni son concretos, lo que se confirma con lo manifestado por la quejosa que actualmente está en libertad y que tiene el temor de ser privado de su libertad y ser deportada; además, también se corrobora con la manifestación de la impetrante en el punto dos de los antecedentes, donde señala que "es bien sabido que el personal de la autoridad responsable priva de la libertad a las personas, independientemente del estatus migratorio, incluso con permiso para estar dentro del país por un tiempo determinado, razón por la que temo señalar mi estatus migratorio ante el temor fundado de ser retenido y deportado"; es decir, se refiere a hechos futuros eventuales, que a su decir, podrían ocurrir, dado su estatus migratorio, que por cierto, ahora dice duda en revelar. Afirmaciones de la parte gestora del amparo que constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. ****Lo anterior es trascendente, en tanto que la deportación se encuentra regulada por un procedimiento específico y, por ende, no es inmediata o automática; habida cuenta, conforme al numeral 122, fracción I, de la Ley de Migración, los extranjeros tienen derecho a ser notificados del inicio del procedimiento administrativo migratorio de cuenta, lo cual significa que será hasta ese momento cuando la parte quejosa pueda solicitar el amparo y la suspensión de plano correspondiente. No se opone a lo anterior, el hecho de que también se haya señalado como acto reclamado la privación ilegal de libertad fuera de todo procedimiento, y se hayan argumentado antecedentes -bajo protesta de decir verdad- conforme a un tratamiento tipo orden de aprehensión, puesto primeramente, las autoridades aquí señaladas como responsables son autoridades migratorias que a decir de la quejosa intentan ejecutar un procedimiento administrativo en su contra, por lo que no es dable afirmar que estamos ante una detención fuera de procedimiento. Máxime que sobre el tema ya existe criterio obligatorio en el sentido que las detenciones en estaciones migratorias -de ser el caso dado que aún no se ha materializado ninguna posible detención-, son actos de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por ende, no es dable afirmar que la eventual detención sea un acto restrictivo de la libertad personal, ya que no se trata de una sanción de carácter punitivo, sino en dado caso, de un alojamiento, como medida cuya finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. ****Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo." Precedente horizontal. Cabe citar en torno al tema que hoy nos ocupa, el criterio horizontal 512/2022-VII del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en Tijuana. De ahí que podamos afirmar que los actos de privación de libertad y deportación señalados en la demanda, sea futuros de realización incierta, en tanto que a la fecha no acontece ni son de inminente ejecución; ya que los actos de reclamo dependerán de múltiples situaciones "posibles" que no es factible afirmar con seguridad sucederán, si se toma en cuenta que bien podría ser el caso que las autoridades migratorias no la detengan, cuando la impetrante les demuestre su legal estancia en el país, o bien que las autoridades migratorias no pretendieran detenerla sino solo notificarle de algún trámite migratorio, o también que ya no regresen a buscarle, inclusive, en caso que se le detuviera y alojara en la estación migratoria, no significa que por ende será deportada, pues podría darse el caso que se le inicie un procedimiento migratorio a efecto de determinar su situación legal en el país y que se le permita comunicarse con su abogado, consulado de su país de origen, etcétera, y más aún, que este procedimiento resulte a su favor y se le permita permanecer legalmente en México, entre otros supuestos más. Máxime, debe destacarse que actualmente la quejosa no resiente ningún perjuicio actual y real, con relación a los actos detención y deportación, tan es así que ella misma presentó la demanda por derecho propio, e incluso signó la demanda de su puño y letra, lo que de facto significa que actualmente no está detenida. Así, la determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación; sin que sea factible afirmar que se afecte la esfera jurídica de la quejosa, ante cualquier menor temor de que pudiera llevarse a cabo algún acto de autoridad, sino que la afectación debe ser real e inminente. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. ******* Resta precisar que en el caso resulta innecesario esperar a admitir, tramitar y tener a la vista las constancias del informe justificado que en su caso emita el Juez responsable, para constatar todo lo antes expuesto, ya que el acto reclamado fue establecido con base en las manifestaciones externadas en la demanda de amparo por la misma parte quejosa, en forma expresa y bajo protesta de decir verdad, de las que se desprende que se trata de un acto futuro de realización incierta, según así fue razonado y valorado con antelación. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****. Pronunciamiento de la suspensión de plano. No ha lugar a que este Juzgador se pronuncie respecto de la aludida suspensión de plano solicitada, pues esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo que no se actualiza cuando la demanda fue desechada de plano -como sucede en la especie-. ****Domicilio. No señaló domicilio físico. Autorizados. Como lo pidió la quejosa, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a las persona indicadas en la demanda, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Consulta electrónica y notificaciones electrónicas. Se autoriza el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas en el presente juicio, a ***** Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.

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