Rubén Alonso Hernández Espinoza
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
Partes del expediente
- Rubén Alonso Hernández Espinoza
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual puede advertirse que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por (i) Rubén Alonso Hernández Espinoza,; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destrublee", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
A LA PARTE QUEJOSA SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO POR NO ATENDER EL AVISO DE 31 DE AGOSTO Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por (1*****, contra actos del Juez de Garantías, en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 897/2021. Trámite de la demanda. Ahora bien, debe decirse que la demanda que se provee no reúne los requisitos que contemplan los artículos 15 y 20 de la Ley de Amparo, por lo que la misma no se tramitará de manera urgente. Para demostrar lo anterior, resulta necesario transcribir los artículos 15 y 20 de ley de la materia, que en lo conducente establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." En efecto, se sostiene lo anterior toda vez que si bien el quejoso señala de manera expresa como acto reclamado la orden de deportación que se gire en su contra; también es verdad, que de la lectura integral del libelo constitucional, se desprende que no existe peligro inminente de que tal acto de molestia se verifique en el mundo fáctico, pues se advierte que el solicitante de amparo actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social, en esta ciudad, y que en realidad de lo que se duele es el temor de que pueda llevarse a cabo dicho acto, dado que en el capítulo de antecedentes manifestó lo siguiente: "(.) (.)" Sin embargo, a la fecha ese acto de deportación que pretende combatir no tiene una ejecución material sobre la persona del aquí quejoso, razón por la cual, la demanda de amparo que se promueve no es urgente, por lo que deberá de tramitarse sin la urgencia que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la demanda de que se trata haya sido turnada con tal carácter por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, pues se insiste, el sólo hecho de que se haya señalado como acto reclamado la deportación de la parte quejosa; ello, no resulta suficiente a fin de que se le dé el carácter de urgente, pues el libelo constitucional debe ser apreciado en su integridad a fin de sustraer la esencia de lo que realmente se reclama; por lo que, como se adelantó, la demanda de amparo que se promueve deberá de tramitarse de manera normal, sin que haya lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, visible en la página 951, Tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Improcedencia. Así, del contenido del escrito de demanda se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicado a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que en lo atinente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]". (Énfasis añadido) Acorde con tales preceptos, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a la persona se le afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto que reclama. En efecto, el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere ser de nacionalidad norteamericana, y de lo narrado bajo protesta de decir verdad, se desprende que lo que constituye el acto de molestia en el presente juicio de amparo, es el temor de que se lleve a cabo su deportación, una vez que recupere su libertad, dado que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad; lo cual constituye un acto futuro de realización incierta. Ello es así, dado que el propio quejoso narra en su escrito de demanda, que el treinta de agosto del año en curso, se celebrará audiencia intermedia en la causa penal 885/2021, en la cual se concederá algún beneficio, lo cual le permitirá recuperar su libertad, motivo por el cual considera susceptible la orden de deportación en su contra; lo cual, se traduce en un acto futuro e incierto, entendiéndose por tal aquel cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que las autoridades señaladas como responsables decidan ejercer o no, alguna de sus atribuciones en materia migratoria, por cuanto a aquéllas que cuentan con esa facultad. En efecto, la citada orden de deportación reclamada, se trata de un acto futuro e incierto, pues su actualización depende de la conducta que asuman las responsables, ya que se trata de una actitud que pueden o no realizar, circunstancia que es incierta; por tanto, el quejoso no encuadra en la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I, de la Ley de la materia, toda vez que la orden de deportación que reclama debe producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo que en la especie no acontece. Establecido lo anterior, es dable determinar que no obstante la naturaleza de dicho acto impugnado atribuido a las autoridades responsables, no es procedente conceder la suspensión de plano por el citado acto que hacen valer, dada la improcedencia de la demanda con relación al mismo. Para tal efecto, es pertinente conocer lo que disponen los artículos 114, 143 y 144 de la Ley de Migración, que establecen lo siguiente: "Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley. La deportación es la "medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una "condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el "Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva." De lo expuesto se colige que del artículo 114 de la citada legislación, se desprende la facultad del Poder Ejecutivo de expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia resulte inconveniente; en tanto que los numerales 143 y 144 del aludido cuerpo de leyes, contemplan la figura jurídica de deportación y los supuestos en que ésta ha de actualizarse. Así, se evidencia que dicha figura -deportación-, es una facultad del Ejecutivo Federal de expulsar del territorio nacional a una persona de origen extranjero que ya se encuentra interna en el territorio nacional. De ahí que, el acto que ahora pretende impugnarse como "deportación", no pueda catalogarse, legal y jurídicamente, como tal, en tanto que, para que se actualice esa figura, la parte quejosa debe encontrarse previamente detenida o retenida en alguna de las estaciones migratorias, lo que en el caso no sucede, pues el promovente refiere encontrarse actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad. De lo anterior, se colige que el acto que nos ocupa no encuadra dentro de los comprendidos en los supuestos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, al no constituir un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, habida cuenta que éste debe reputarse como realizado de manera arbitraria por el órgano de autoridad, carente de fundamentación y motivación, sin observancia de las formalidades esenciales que debe regirlo, lo que implica la ausencia de protección y seguridad para el gobernado y que justifica la previsión de que se decretará oficiosamente y de plano la medida cautelar, particularidades que notoriamente no conciernen a la determinación migratoria que en su caso origine el acto reclamado, atento a que, en su caso, su emisión derivaría del procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Migración y su respectivo reglamento. En efecto, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio, que el invocado numeral y fracción exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos."De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Lo anterior, pone de manifiesto que no existe una afectación real y actual en la esfera jurídica del aquí quejoso, tal como lo plantea, ello en razón de que el acto relativo a la probable deportación la hace derivar de su calidad de extranjero y por el sólo hecho de encontrarse recluido en el Centro de Reinserción de esta ciudad; sin embargo, esa sola circunstancia no es suficiente para considerar que las autoridades en ejercicio de sus facultades o revisiones migratorias puedan deportarlo o expulsarlo ipso facto, ya que se encuentra en aptitud de demostrar su legal estancia en este país, y aun y cuando se encontrara de manera irregular, esta cuestión no originaría per se esa deportación, pues en todo caso ello se daría de existir ya algún procedimiento instaurado previamente en su contra. De ahí que, como se sostiene, tal acto resulta futuro remoto y no inminente, en tanto no se hacen generar de datos objetivos y ciertos que permitan advertir que se pueda originar en el mundo fáctico. En consecuencia, al no resultar el acto reclamado ya precisado como alguno de aquéllos que taxativamente se encuentran previstos en el artículo 22 de la Constitución General de la República, así como en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo; y, por tanto, no ser un acto que por sí mismo sea susceptible de ser objeto de suspensión de oficio y de plano, aunado a que al tratarse de un acto futuro de realización incierta (deportación), el cual no produce en este momento una afectación real y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda, al ser notoria e indudable su improcedencia. Notificación personal. Hágansele todas las notificaciones al quejoso de manera personal en el lugar en el que se encuentra actualmente privado de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar. Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de Ley de Amparo al profesionista (I******, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.RAQO/DCSR/Jarb
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por (1*****, contra actos del Juez de Garantías, en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 897/2021. Trámite de la demanda. Ahora bien, debe decirse que la demanda que se provee no reúne los requisitos que contemplan los artículos 15 y 20 de la Ley de Amparo, por lo que la misma no se tramitará de manera urgente. Para demostrar lo anterior, resulta necesario transcribir los artículos 15 y 20 de ley de la materia, que en lo conducente establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." En efecto, se sostiene lo anterior toda vez que si bien el quejoso señala de manera expresa como acto reclamado la orden de deportación que se gire en su contra; también es verdad, que de la lectura integral del libelo constitucional, se desprende que no existe peligro inminente de que tal acto de molestia se verifique en el mundo fáctico, pues se advierte que el solicitante de amparo actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social, en esta ciudad, y que en realidad de lo que se duele es el temor de que pueda llevarse a cabo dicho acto, dado que en el capítulo de antecedentes manifestó lo siguiente: "(.) (.)" Sin embargo, a la fecha ese acto de deportación que pretende combatir no tiene una ejecución material sobre la persona del aquí quejoso, razón por la cual, la demanda de amparo que se promueve no es urgente, por lo que deberá de tramitarse sin la urgencia que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la demanda de que se trata haya sido turnada con tal carácter por parte de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, pues se insiste, el sólo hecho de que se haya señalado como acto reclamado la deportación de la parte quejosa; ello, no resulta suficiente a fin de que se le dé el carácter de urgente, pues el libelo constitucional debe ser apreciado en su integridad a fin de sustraer la esencia de lo que realmente se reclama; por lo que, como se adelantó, la demanda de amparo que se promueve deberá de tramitarse de manera normal, sin que haya lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de tales actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, visible en la página 951, Tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Improcedencia. Así, del contenido del escrito de demanda se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicado a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que en lo atinente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.]". (Énfasis añadido) Acorde con tales preceptos, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a la persona se le afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto que reclama. En efecto, el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere ser de nacionalidad norteamericana, y de lo narrado bajo protesta de decir verdad, se desprende que lo que constituye el acto de molestia en el presente juicio de amparo, es el temor de que se lleve a cabo su deportación, una vez que recupere su libertad, dado que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad; lo cual constituye un acto futuro de realización incierta. Ello es así, dado que el propio quejoso narra en su escrito de demanda, que el treinta de agosto del año en curso, se celebrará audiencia intermedia en la causa penal 885/2021, en la cual se concederá algún beneficio, lo cual le permitirá recuperar su libertad, motivo por el cual considera susceptible la orden de deportación en su contra; lo cual, se traduce en un acto futuro e incierto, entendiéndose por tal aquel cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que las autoridades señaladas como responsables decidan ejercer o no, alguna de sus atribuciones en materia migratoria, por cuanto a aquéllas que cuentan con esa facultad. En efecto, la citada orden de deportación reclamada, se trata de un acto futuro e incierto, pues su actualización depende de la conducta que asuman las responsables, ya que se trata de una actitud que pueden o no realizar, circunstancia que es incierta; por tanto, el quejoso no encuadra en la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I, de la Ley de la materia, toda vez que la orden de deportación que reclama debe producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo que en la especie no acontece. Establecido lo anterior, es dable determinar que no obstante la naturaleza de dicho acto impugnado atribuido a las autoridades responsables, no es procedente conceder la suspensión de plano por el citado acto que hacen valer, dada la improcedencia de la demanda con relación al mismo. Para tal efecto, es pertinente conocer lo que disponen los artículos 114, 143 y 144 de la Ley de Migración, que establecen lo siguiente: "Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes. Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley. La deportación es la "medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una "condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el "Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva." De lo expuesto se colige que del artículo 114 de la citada legislación, se desprende la facultad del Poder Ejecutivo de expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia resulte inconveniente; en tanto que los numerales 143 y 144 del aludido cuerpo de leyes, contemplan la figura jurídica de deportación y los supuestos en que ésta ha de actualizarse. Así, se evidencia que dicha figura -deportación-, es una facultad del Ejecutivo Federal de expulsar del territorio nacional a una persona de origen extranjero que ya se encuentra interna en el territorio nacional. De ahí que, el acto que ahora pretende impugnarse como "deportación", no pueda catalogarse, legal y jurídicamente, como tal, en tanto que, para que se actualice esa figura, la parte quejosa debe encontrarse previamente detenida o retenida en alguna de las estaciones migratorias, lo que en el caso no sucede, pues el promovente refiere encontrarse actualmente recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad. De lo anterior, se colige que el acto que nos ocupa no encuadra dentro de los comprendidos en los supuestos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, al no constituir un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, habida cuenta que éste debe reputarse como realizado de manera arbitraria por el órgano de autoridad, carente de fundamentación y motivación, sin observancia de las formalidades esenciales que debe regirlo, lo que implica la ausencia de protección y seguridad para el gobernado y que justifica la previsión de que se decretará oficiosamente y de plano la medida cautelar, particularidades que notoriamente no conciernen a la determinación migratoria que en su caso origine el acto reclamado, atento a que, en su caso, su emisión derivaría del procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Migración y su respectivo reglamento. En efecto, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio, que el invocado numeral y fracción exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Lo anterior, pone de manifiesto que no existe una afectación real y actual en la esfera jurídica del aquí quejoso, tal como lo plantea, ello en razón de que el acto relativo a la probable deportación la hace derivar de su calidad de extranjero y por el sólo hecho de encontrarse recluido en el Centro de Reinserción de esta ciudad; sin embargo, esa sola circunstancia no es suficiente para considerar que las autoridades en ejercicio de sus facultades o revisiones migratorias puedan deportarlo o expulsarlo ipso facto, ya que se encuentra en aptitud de demostrar su legal estancia en este país, y aun y cuando se encontrara de manera irregular, esta cuestión no originaría per se esa deportación, pues en todo caso ello se daría de existir ya algún procedimiento instaurado previamente en su contra. De ahí que, como se sostiene, tal acto resulta futuro remoto y no inminente, en tanto no se hacen generar de datos objetivos y ciertos que permitan advertir que se pueda originar en el mundo fáctico. En consecuencia, al no resultar el acto reclamado ya precisado como alguno de aquéllos que taxativamente se encuentran previstos en el artículo 22 de la Constitución General de la República, así como en los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo; y, por tanto, no ser un acto que por sí mismo sea susceptible de ser objeto de suspensión de oficio y de plano, aunado a que al tratarse de un acto futuro de realización incierta (deportación), el cual no produce en este momento una afectación real y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda, al ser notoria e indudable su improcedencia. Notificación personal. Hágansele todas las notificaciones al quejoso de manera personal en el lugar en el que se encuentra actualmente privado de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar. Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en la demanda de amparo. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de Ley de Amparo al profesionista (I******, toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Dulce Carolina Salazar Robles, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.RAQO/DCSR/Jarb
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