Rosendo Enrique Camacho Luque

Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
88/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Rosendo Enrique Camacho Luque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la resolución constitucional de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución constitucional de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables Administración Desconcentrada de Recaudación de Sinaloa "1", con residencia en Culiacán y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Sucursal 3775, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. *

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que está transcurriendo el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan de las documentales allegadas por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "1"; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Novena Época, que señala: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". De la misma manera, sirve de sustento la tesis XXI.2o.16 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 1081, registro digital 189948, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias".

  4. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, tres de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Subadministrador de Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Sinaloa "1", por medio del cual rinde informe justificado, remite documentales, señala domicilio, designa delegados y solicita autorización para el uso de medios electrónicos. Se tienen por exhibidas las documentales allegadas por la autoridad responsable en comento, con el informe justificado de referencia, en términos del numeral 119 de la Ley de la Materia, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional. Dese vista con dichas documentales a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora, por lo que hace al informe, no se provee al respecto, en virtud de que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por rendido el mismo, debiéndose tomar en cuenta sus cuestionamientos en su oportunidad procesal.

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