Rosario Piñata Hernandez

Expediente 593/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
593/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Rosario Piñata Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, se determinó conceder la protección constitucional a la quejosa; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación con la vista ordenada a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las constancias remitidas por el delegado de las autoridades responsables con las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En mérito de lo anterior, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada, se procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o no, con base en las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que mediante sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, el titular de este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosario Piñata Hernández, para el efecto de que las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, así como Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del citado Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, realizaran lo siguiente: "(..) una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto (.).". Fallo protector que causó ejecutoria el dos de marzo de dos mil veintiuno, y en esa misma fecha se requirió a las aludidas autoridades responsables su cumplimiento. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio presentado en este juzgado el cinco de abril del año en curso, el delegado de las autoridades responsables, allegó el diverso oficio 190/03/2021 de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se emitió el dictamen por el que se otorgó a la quejosa su jubilación por años de servicio; con lo cual se dio vista a la impetrante de amparo para que manifestara lo que a su interés conviniera, la cual desahogó por escrito presentado el diecinueve de abril siguiente, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encontraba totalmente cumplida. Por acuerdo de veinte de abril de este año, en atención a las manifestaciones de la parte quejosa, se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al haber omitido dar contestación al escrito de la quejosa en el punto donde solicitó que se pusiera a consideración la valoración relativa a su nombramiento al grado inmediato superior, es decir, se determinara si era legalmente procedente o no el otorgarle dicho grado. En atención a dicho requerimiento, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Delegado de las autoridades responsables informó que por oficio 308/04/2021 de veintidós de abril de este año, el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, hizo del conocimiento al Secretario de dicho Ayuntamiento, que emitió dictamen de pensión por retiro y/o jubilación por años de servicios a favor de la aquí quejosa; asimismo, le solicitó que a la brevedad posible informara en qué estado se encontraba el procedimiento para resolver el otorgamiento o no del grado inmediato superior solicitado, así como lo conducente a la pensión por retiro por años de servicios y/o jubilación. Con dicho oficio se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las gestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de mérito, sin que realizara manifestación alguna al respecto; por lo que, el catorce de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó que las autoridades responsables habían cumplido de forma parcial con la ejecutoria de amparo, pues sólo se pronunciaron respecto a la procedencia de la pensión por retiro por años de servicio, no así del otorgamiento del grado inmediato superior; de ahí que, conforme a lo señalado por las responsables en el sentido de que correspondía al Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, pronunciarse respecto de ese punto, se requirió a dicha autoridad vinculada para que diera cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Atento a lo anterior, por oficio recibido el dieciséis de junio siguiente, se tuvo al delegado de las autoridades responsables remitiendo el oficio 105/2021, firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, del que se aprecia que en sesión extraordinaria de cabildo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, entre otras cosas, se determinó procedente otorgar la jubilación por años de servicio y grado inmediato superior a la quejosa Rosario Piñata Hernández, acuerdo el cual le fue notificando por conducto de autorizado el uno de junio siguiente, según se advierte de las constancias remitidas por las responsables. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que las responsables otorgaran respuesta completa a la petición de la quejosa contenida en el escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte -relativo a la solicitud del otorgamiento de jubilación por años de servicio y ascenso del grado inmediato superior-, haciendo de su conocimiento la respuesta que recayera a la misma; en el entendido de que las responsables llevarían a cabo el procedimiento respectivo para que el Ayuntamiento decidiera si era procedente o no otorgar la jubilación por retiro anticipado al quejoso y si tal derecho debía ser reconocido con base en el puesto inmediato superior solicitado, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio signado por Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante el cual informa los actos realizados a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se aprecia que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación con la vista ordenada en auto de veintinueve de abril del año en curso, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las constancias remitidas por la autoridad responsable con las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del análisis integral de las constancias que obran en autos, este órgano jurisdiccional advierte que las autoridades señaladas como responsables no han dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Veamos. Por sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo solicitado por la quejosa ********************, para el efecto de que las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: "(.) una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto. (.)." Fallo protector que causó ejecutoria por auto dos de marzo de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnado por ninguna de las partes, y en esa misma fecha, se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento con el apercibimiento de ley correspondiente. Ahora bien, del estudio de la sentencia de amparo se advierte que sus efectos se hicieron consistir, para que las responsables dieran contestación al escrito de petición presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual el aquí quejoso solicitó se le otorgara su jubilación por años de servicio y su grado inmediato superior. En acatamiento a lo anterior, el delegado de las autoridades señaladas como responsables, allegó al sumario de amparo el oficio sin número, recibido en este juzgado el cinco de abril de dos mil veintiuno, al que se adjuntó el dictamen de jubilación respectivo en el que, se expuso lo siguiente: "(.) De lo vertido en párrafos anteriores, con apoyo y fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 38 y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, 42 bis 5 fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, Sinaloa, LEGALMENTE PROCEDENTE otorgar el beneficio de la JUBILACIÓN Y/O PENSIÓN POR RETIRO POR AÑOS DE SERVICIO al C. ********************, por cumplir con los requisitos y disposiciones legales correspondientes. Por otro parte, el trabajador viene solicitando el otorgamiento de su grado inmediato superior, fundamentando su petición en la fracción I del artículo 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, que señala lo siguiente: [Se trascribe artículo] Sin embargo, el otorgamiento de grado a los elementos de Policía antes de ser jubilados, es una facultad discrecional del H. Ayuntamiento de Ahome, de conformidad con la fracción I del artículo 162 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahorne; por lo que, dicha petición deberá ser valorada en sesión de cabildo, y de resultar procedente se otorgará la jubilación a la C. ********************, con el grado inmediato superior de Policía Segundo, y de no ser así, la jubilación de la peticionaria se otorgará con su grado actual de Policía Tercero, y en ese sentido al encontrarse tal facultad a favor del cabildo, esta Dirección de Asuntos carece de facultades y/o atribuciones para obsequiar en algún sentido la solicitud de lo peticionado. (.)." [Lo subrayado es propio] Por auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, con el contenido de dicho informe rendido por el Delegado de las autoridades responsables se dio vista a la parte quejosa por tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera; y el veinte de abril siguiente, se tuvo a la impetrante de amparo desahogando dicha vista y haciendo manifestaciones en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encontraba totalmente cumplida, por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia se requirió nuevamente a las autoridades responsables para que en el término de tres días siguientes a la recepción del oficio respectivo, dieran cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, pues omitieron dar contestación al escrito de la quejosa por cuanto hace a su solicitud de que se determine si es legalmente procedente o no otorgarle su nombramiento al grado inmediato superior, asimismo, se hizo el apercibimiento de ley correspondiente. En atención a dicho requerimiento, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Delegado de las autoridades responsables informó que por oficio ******************** de veintidós de abril de este año, el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, hizo del conocimiento al Secretario de dicho Ayuntamiento, que emitió dictamen de pensión por retiro y/o jubilación por años de servicios a favor de la aquí quejosa; asimismo, le solicitó que a la brevedad posible informara en qué estado se encentraba el procedimiento para resolver el otorgamiento o no del grado inmediato superior solicitado, así como lo conducente a la pensión por retiro por años de servicios y/o jubilación. Con dicho oficio se dio vista a la parte quejosa por el términos de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a dichas gestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de mérito; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En atención a lo anterior, se advierte que las autoridades responsables han cumplido de forma parcial con el fallo constitucional, porque sólo se han pronunciado respecto de la procedencia de la pensión por retiro por años de servicio, no así del otorgamiento de grado inmediato superior al ostentado en activo; incluso, la autoridad responsable, señala que el Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, es el facultado para resolver este punto jurídico. En ese sentido, requiérase al Cabildo del Ayuntamiento de Ahome (autoridad vinculada con el cumplimiento), a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, la eventual circunstancia de que las autoridad requerida para ello, no hubiese figurado con el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de garantías, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, debe intervenir en su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Asimismo, es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Además, se apercibe a la autoridad vinculada con el cumplimiento, que en caso de ser omisa, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se haría acreedor a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; pudiendo en caso de incumplimiento remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito."

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