Ruben Ali Iza Hernandez
Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 33 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ruben Ali Iza Hernandez
- RUBEN ALI IZA HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no hay constancia postal de que las autoridades responsables Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (autoridad vinculada con el cumplimiento del fallo constitucional), y Titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (superior jerárquico de aquélla), ambos con residencia en Culiacán, recibieron los oficios 14880/2023 y 14881/2023, de diez de los corrientes, a través de los cuales se les solicita el cumplimiento de la sentencia de amparo (último requerimiento). En consecuencia, y a fin de evitar mayores dilaciones en la integración del cumplimiento de la sentencia de amparo, reexpídanse los oficios antes mencionados a las autoridades señaladas, para que estén en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de garantías.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexos, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, mediante el cual informa que, una vez cumplida la sentencia de amparo remitirá las constancias que así lo acrediten; lo anterior en virtud de que en auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente. Por otra parte, visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que las autoridades fiscales responsables han sido omisas en cumplir el núcleo sustancial de la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán (como autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo), y al titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (como superior jerárquico de aquélla), vía estafeta, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informen sobre el cumplimiento (consistente en devolver al quejoso las cantidades pagadas indebidamente con motivo de la imposición de las boletas de infracción con números de folio 329867, 326684 y 326687), o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En ese sentido, requiérase nuevamente a la autoridad vinculada y superior jerárquico, antes señalados, a fin de que dentro del plazo de VENTICUATRO HORAS (ACLARANDO QUE ESTE ES EL ÚLTIMO REQUERIMIENTO QUE SE HACE PARA QUE CUMPLAN CON LA SENTENCIA DE AMPARO), contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. D) Apercibimiento. Lo anterior, con el apercibimiento de que, en caso de omitir dar cumplimiento a lo antes dicho, realizar evasivas o retardar aún más el acatamiento a la sentencia constitucional, la omisa u omisas, se harán acreedoras a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.T.18 L (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1380 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, con número de Registro: 2005830, cuyo rubro y texto señalan (énfasis añadido): "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." En la especie, es pertinente destacar que el suscrito ha advertido un retardo, omisión e incumplimiento en diversos autos emitidos por este Juzgado de Distrito en el que se requirió a las autoridades responsables de que se trata que cumplimentaran la ejecutoria de amparo; por ende, se les reiteró que, en caso de persistir en la omisión, retardo o evasivas se harán acreedores a una multa que en su momento se determinará. Cierto, el Tribunal en Pleno fue preciso en establecer las hipótesis para imponer las multas, las cuales consisten en la omisión de dar cumplimiento y en el retardo injustificado, ambos aspectos que el suscrito juzgador considera se actualizan en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el oficio y anexos, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, mediante el cual informa los trámites realizados para el cumplimiento a la sentencia de amparo e informa que una vez que quede cumplida remitirá las constancias que así lo acrediten; en consecuencia, se está en espera de los documentos correspondientes.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexos, signado por el Subdirector de Transporte, el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con el cual remite copia del oficio SATES-DR- AJ-207/2023, de trece de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, le informa al Director Jurídico de la citada dependencia, la imposibilidad de atender la petición realizada, porque las infracciones con número de folios 329867, 326684 y 326687, ya fueron pagadas por el contribuyente; lo anterior en virtud de que en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente. En otro orden de ideas, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se le dio vista a la parte quejosa para que alegara lo que a su derecho conviniese respecto del oficio presentado por la responsable, en donde informan que no se pueden dejar insubsistentes las infracciones antes descritas, porque ya fueron liquidadas; en consecuencia, este órgano de control constitucional se pronuncia en torno al cumplimiento al fallo de amparo, tomando en cuenta los datos que obran en autos. En el caso, por sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el sentido de conceder la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso, para el siguiente efecto: ". a) El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Sala Regional Zona Norte, con residencia en esta ciudad. * Ordene la inaplicación del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, únicamente por lo que refiere al aquí quejoso Rubén Ali Iza Hernández, que se encuentra en la lista de permisionarios que prestan el servicio público de pasaje en la ruta Los Mochis - El Fuerte Choix y viceversa. . b) Las autoridades responsables Director de Vialidad y Transportes de Gobierno del Estado, Subdirector de Vialidad y Transportes de Gobierno del Estado, ambos con sede en Culiacán, Sinaloa, y Ricardo Ojeda y Carlos Enrique Sanjuan Salas, en su carácter de Inspectores adscritos a la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa; ? Dejen insubsistentes las boletas de infracción identificadas como número 1, con el folio 329867, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, número 2, con el folio 326684, de nueve de febrero de dos mil veintitrés, y número 3, con el folio 326687, de diez de febrero de dos mil veintitrés. ." Ahora, como ninguna de las partes se inconformó con la anterior resolución de amparo, por auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, causó estado y se requirió su cumplimiento. Conforme lo antes transcrito, las autoridades obligadas en cumplir con el fallo constitucional son las siguientes: Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Director de Vialidad y Transportes de Gobierno del Estado. Subdirector de Vialidad y Transportes de Gobierno del Estado. Ricardo Ojea y Carlos Enrique Sanjuan Salas, en su calidad de Inspectores adscritos a la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado. Ahora, los actos a realizar, son los siguientes: La autoridad jurisdiccional antes señaladas, debe inaplicar el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, únicamente por lo que se refiere al quejoso Rubén Ali Iza Hernández, que se encuentra en la lista de permisionarios que prestan el servicio público de pasaje en la ruta Los Mochis - El Fuerte - Choix, y viceversa. Las autoridades de la Secretaría de Vialidad y Transporte de Gobierno del Estado de Sinaloa, deben dejar insubsistentes las boletas de infracción con folio 329867, 326684 y 32687. En cumplimiento a lo anterior, la Sala Regional Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, allegó al sumario de amparo, copia certificada del auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en donde indicó: ". 6.4 Consecuentemente, en cumplimiento a la resolución dicada en el juicio de amparo 70/2023, se deja insubsistente el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, únicamente respecto a Rubén Ali Iza Hernández, en lo que toca al segundo efecto de la suspensión concedida para que las autoridades demandadas a través de la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, auxiliada de los Inspectores y Agentes de Tránsito del Estado, en el ámbito de su competencia legal ejerzan las facultades que les corresponden en materia de transporte público de pasajeros y realicen sus funciones relativas a supervisar, inspeccionar, verificar, controlar y en su caso proceder a sancionar y para que no se permita que diversas personas presten el servicio público de pasajero en la ruta Los Mochis - El Fuerte - Choix y viceversa, en vehículos no registrados para prestar el servicio público, con placas del servicio privado y sin portar las placas de circulación y que se constriña a los permisionarios a cumplir y sujetarse a las rutas autorizadas. ." El citado oficio se acordó en auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés. En esta parte, la sentencia de amparo está cumplida. Posteriormente, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a las autoridades dependientes de la Secretaría de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa (como directamente responsables) y a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (como autoridad vinculada). En cumplimiento a lo anterior, las citadas autoridades informaron en sus oficios recibidos en este Juzgado de Distrito, el trece y dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, su imposibilidad para cumplir con el fallo constitucional, porque las infracciones relacionadas con las boletas números 329867, 326684 y 326687, fueron liquidadas por el quejoso, hecho que, a su parecer están insubsistentes. Sin embargo, el hecho de que esas multas estén liquidadas por el quejoso, no torna imposible cumplir con la sentencia de amparo, porque atendiendo al sentido del fallo, lo que procede, ahora, es la devolución de esas cantidades de dinero, porque derivan de un acto declarado inconstitucional. En efecto, en la sentencia de amparo se resolvió que el quejoso al tener el carácter de extraño al juicio de nulidad 1743/2022, del índice de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, resultaba ilegal el auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, que le imponía multas, proveído que se materializó en la tres boletas de infracción. Aunado a lo anterior, también se resolvió que las boletas de infracción eran ilegales, porque se fundamentaban en un ordenamiento jurídico abrogado, y con ello se encontrara transgredido el artículo 16 constitucional. En suma, como el pago de las infracciones se hizo en términos de actos administrativos declarados inconstitucionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo procedentes es que las autoridades responsables o la competente para ello, devuelva las cantidades pagadas indebidamente por el justiciable, pues solo de esa forma quedará cumplida la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la tesis XXVII.3º.65ª(10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a páginas 2406, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, correspondiente al mes de septiembre de dos mil dieciocho, Tomo III, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LAS IMPUSO, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD ENTERADA DEBIDAMENTE ACTUALIZADA, MÁS LOS RECARGOS E INTERESES CORRESPONDIENTES A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Conforme al artículo 7 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, las multas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, tienen la naturaleza de aprovechamientos, en cuanto se trata de ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público y que, en su caso, constituyen créditos fiscales que, en su momento, pueden cobrarse mediante el procedimiento económico coactivo. En ese sentido, las multas por infracciones de tránsito en esa entidad, al ser impuestas por una autoridad administrativa, constituyen aprovechamientos que carecen del carácter fiscal, porque derivan del incumplimiento a normas administrativas y no se encuentran en los supuestos de una contribución, como son los impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos a que se refiere el artículo 6 del ordenamiento citado. Ahora, cuando se reclama la inconstitucionalidad del acto administrativo que impone las sanciones pecuniarias mencionadas y se concede el amparo, surge en favor del quejoso el derecho a obtener la devolución por parte del fisco local de las sumas de dinero entregadas en virtud de un pago de lo indebido, en términos del artículo 26 del Código Fiscal Municipal mencionado y, por tanto, como la devolución se efectúa en cumplimiento a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, acorde con los artículos 25, 26, 27 y 28 del mismo código, la autoridad exactora está obligada a devolver la cantidad enterada debidamente actualizada, más los recargos e intereses correspondientes a partir de la presentación de la demanda." Conviene señalar que el pago hecho por el quejoso, no constituye, de forma alguna su conformidad o consentimiento de las infracciones impuestas, pues aquel acto, se traduce, sin duda alguna, que el justiciable evite en su perjuicio actos de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa, la jurisprudencia P./J.68/97, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán (como autoridad vinculada con el cumplimiento de la sentencia de amparo), vía estafeta, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento (consistente en devolver al quejoso las cantidades pagadas indebidamente con motivo de la imposición de las boletas de infracción con números de folio 329867, 326684 y 326687), o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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