Rosario Félix Ibarra
Expediente 132/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Rosario Félix Ibarra
- Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California. Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitieron en doce tomos el duplicado de la causa penal 1/2019 de su índice, mismos que fue ofrecido como prueba al momento de rendir el informe justificado solicitado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a once de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo primero, inciso c), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el presente expediente en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa; y, mediante resolución de tres de diciembre de ese mismo año, se negó la suspensión definitiva solicitada, por tanto, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo séptimo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En consecuencia, se ordena estampar en la carátula del original y duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en virtud que obran en poder de este órgano jurisdiccional el duplicado de la causa penal 01/2019, por tanto, al no ser necesaria su conservación y retención por parte de este Juzgado de Distrito; mediante oficio que se libre al efecto remítanse los doce tomos respectivos a la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En ese tenor, al tratarse de información clasificada como confidencial, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción, para efecto que se constituya en las instalaciones del citado órgano jurisdiccional y haga entrega de los mismos, recabando el correspondiente acuse de recibo. Notifíquese y personalmente al Secretario encargado del archivo definitivo.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que se otorgó al quejoso en proveído de tres de noviembre del año en curso, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de emplazar a juicio al tercero interesado con identidad reservada R.L.V, a pesar de estar debidamente notificado desde el cuatro de noviembre de dos mil veinte. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, de los autos que integran el presente sumario, se advierten las siguientes actuaciones: Mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio de tercero interesado con identidad reservada R.L.V. En ese sentido, en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, una vez agotada la búsqueda se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se hizo entrega al quejoso Rosario Félix Ibarra, de los edictos ordenados el veintiséis de agosto de dos mil veinte, asimismo se le hizo de su conocimiento que la publicación de los mismos se harían tres veces, de siete en siete días (mediando entre cada publicación seis días hábiles), en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico "Excélsior", o bien en cualquier diario de mayor circulación en el país. En acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa Rosario Félix Ibarra, cumpliendo parcialmente al requerimiento formulado el veintiséis de agosto del año en curso, ya que acreditó haber realizado el pago de la publicación de edictos para emplazar a juicio tercero interesado con identidad reservada R.L.V. En acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa la exhibición de los edictos publicados en el periódico "El Sol de Tijuana" "Esto Anterior requerimiento que se tuvo cumplido en acuerdo de tres de noviembre siguiente; asimismo, se le requirió para que en el término de cinco días, hábiles contados a partir de su legal notificación, exhibiera la publicación de los referidos edictos en el Diario Oficial de la Federación, asimismo se le indicó que de no hacerlo, se haría efectivo el apercibimiento inmerso en el diverso acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, de la certificación que antecede se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, en el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, sin que exhibiera ante este órgano jurisdiccional la publicación de los citados edictos en el Diario Oficial de la Federación, no obstante de estar legal y oportunamente notificado el cuatro de noviembre del año en curso. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto de la suscrita, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento del tercero interesado con identidad reservada R.L.V, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa Rosario Félix Ibarra, pues con la falta de emplazamiento del tercero interesado con identidad reservada R.L.V, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la promovente del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1859, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013740, que a la letra dice: Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos de mérito, el quejoso, por sí, o bien, por conducto de su autorizado, no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar al tercero interesado con identidad reservada R.L.V, y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Materia Común, Tomo XXXII, Agosto 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye el hecho que el quejoso acreditara haber realizado la publicación de los edictos en un periódico de circulación nacional, ya que de acuerdo con los artículos 27, fracción III, inciso b) párrafo tercero, de la Ley de Amparo en relación con el diverso numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la publicación de éstos debe hacerse en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación nacional; por lo que, al incumplir con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; se reitera la actualización de la causa de improcedencia citada en el presente proveído, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo que no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público. Sin que la presente determinación vulnere el derecho fundamental del quejoso al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José" en ese sentido, resulta inconcuso que el sobreseimiento en los términos señalados no puede constituir cosa juzgada y, por ende, no impide la promoción de una nueva demanda de amparo contra el propio acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia en materia penal XI.P. J/1, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, cuyo rubro dice: Asimismo, cobra aplicación por las consideraciones jurídicas que contiene la jurisprudencia en materia constitucional 1a./J. 8/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pagina 589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, con el rubro: En virtud que la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta data y atendiendo al sentido de la presente determinación judicial, lo procedente es dejar sin efecto la misma. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual, da cumplimiento parcial a lo ordenado en auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, ya que exhibe la publicación en un diario de mayor circulación nacional, de los edictos para emplazar al tercero interesado con identidad reservada R.L.V. En consecuencia, requiérase al quejoso Rosario Ibarra Félix, para que dentro del término improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba ante este órgano jurisdiccional la publicación de los edictos ordenados en el Diario Oficial de la Federación; apercibido que en caso de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento inmerso en el proveído citado en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente al quejoso.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes
- Rosa Margarita González Chávez O González de Oviedo367/2022
- Rosa María Douglas Castañeda923/2023
- Rosa Quezada Aldana29/2019
- Rosa Quezada Aldana853/2021
- Rosalinda González Rios35/2023
- Rosangela Chavez García70/2019
- Rosario Iveth Duran Garrido233/2022
- Rosario Lyzelly Saaib Cossio454/2023
- Rosario Miranda Miranda1008/2022
- Rosario Torres Barrera515/2020
- Rosemberg Vidal Muñoz Hernández1624/2023
- ROSENDO CAMPOS ZEPEDA y Otros.100/2023