Rosaura Beatriz Rodríguez Medina
Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosaura Beatriz Rodríguez Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por el apoderado la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el catorce de noviembre del año en curso dictada en el presente juicio. SE REQUIEREN COPIAS DE TRASLADO Atento a su contenido, previo a proveer en cuanto al fondo de su petición, con apoyo en el artículo 88, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificada de este proveído, exhiba tres copias más de su escrito de agravios necesarias para correr traslado a las partes; lo anterior se hace necesario, virtud a que se requiere una para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo en turno del Décimo Primer Circuito, una para la autoridad responsable y una para la parte tercero interesada, dado que únicamente exhibió el original del escrito de agravios y dos copias. APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-1224/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado Juan Manuel García Sánchez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo existe tercero interesado, correspondiéndole tal carácter al H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, quien fue debidamente emplazado mediante oficio 17254, toda vez que dicho comunicado fue entregado el tres de octubre de dos mil veintitrés. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico para diferir la audiencia constitucional, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe de ley permite establecer que el sentido de la resolución sería el mismo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; asimismo, la autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe justificado un legajo de copias certificadas relativas al juicio laboral 533/2012 de su índice, con el cual se formó un tomo de pruebas por separado; pruebas que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 897/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-1224/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado Juan Manuel García Sánchez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de su apoderado Juan Manuel García Sánchez, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo registrándose con el número de expediente I-1224/2023; y, se ordenó prevenir a la parte quejosa. Luego, previo cumplimiento de prevención en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, por una parte se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, por no revestirle el carácter de autoridad responsable; y, por otra parte se admitió a trámite respecto del acto reclamado atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La falta de ejecución del laudo por omisión total por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, ya que han transcurrido más de cinco años, del dictado del laudo de data de siete de febrero de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio laboral 533/2012, que promovió la hoy quejosa sobre pago de indemnización constitucional y el pago de diversas prestaciones laborales en contra del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán. La negativa de adjudicar a favor de la requirente constitucional el bien embargado del ayuntamiento demandado debido a las solicitudes formuladas por la parte quejosa, siendo dicha negativa contenida en los acuerdos de trece de febrero y diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el sentido de que en ambos acuerdos se hace referencia que se estuviera a lo acordado en la audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado a). La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta resolución, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. Lo anterior, ya que la parte quejosa en el libelo constitucional y en el escrito aclaratorio de la misma, reclamó "(.) la falta de ejecución del LAUDO, por omisión total por parte de las autoridades responsables, ya que han transcurrido más de 5 años (7 de febrero del año 2018 dos mil dieciocho) (.)" del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio laboral 533/2012, que promovió la hoy quejosa sobre pago de indemnización constitucional y el pago de diversas prestaciones laborales en contra del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable junto con su informe de ley, se desprende que contrario a lo que reclamó la quejosa, el tribunal responsable ha realizado múltiples gestiones tendientes a lograr la ejecución del acto reclamado, siendo las siguientes: 1) En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho a petición de la parte actora (hoy quejosa) se ordenó la actualización de salarios caídos y se despachó auto de ejecución por la cantidad de $611,493.75 seiscientos once mil cuatrocientos noventa y tres mil 75/100 moneda nacional. 2) Acta de requerimiento de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la que el actuario legalmente embargó los bienes inmuebles (a) Predio urbano ubicado en el Portal Hidalgo, Número 9 del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, el cual se encuentra debidamente registrado con el número 00000048 y tomo 000053 del libro propiedad correspondiente al Distrito de Zacapu. Michoacán; y, (b) Resto del lote del terreno marcado con el número 5 de la Manzana E, ubicado en el Fraccionamiento Fray Jacobo Graciano del municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán; por lo que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, para que designara perito valuador para los bienes embargados. 3) Auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, por medio de cual se tuvo al apoderado de la aquí quejosa exhibiendo certificado de libertad de gravamen; y se señaló fecha para la audiencia de remate en su primera almoneda del Predio urbano ubicado en el Portal Hidalgo, Número 9 del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, el cual se encuentra debidamente registrado con el número 00000048 y tomo 000053 del libro propiedad correspondiente al Distrito de Zacapu. Michoacán, asignándole un valor total de $2, 455, 000. 00 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); sirviendo como postura legal el 10% las 2/3 partes del valor del predio; ordenando publicarlo una sola vez en los estrados del tribunal. 4) Edicto de primera almoneda del predio en comento, en el que se asentó incorrectamente que los edictos se publicaran por una sola vez en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y en el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. 5) Auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por el cual se aclaró el lugar correcto en donde se va a llevar a cabo una de las publicaciones de edictos en Ayuntamiento de Zacapu Michoacán. 6) Publicación Edicto de primera almoneda el inmueble en comento en data veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. 7) Remate en su primera almoneda de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en la que no se presentó ningún postor. 8) Diversas publicaciones de edictos de segunda almoneda en datas quince de septiembre de dos mil veinte, dieciocho noviembre, dieciocho de diciembre de dos mil veinte, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil veintiuno 9) Remate en su segunda almoneda de seis de julio de dos mil veintiuno, en la que no se presentó ningún postor. 10) Diversas publicaciones de edictos de tercera almoneda en datas seis de agosto y dieciocho de octubre de dos mil veintiuno . 11) Remate en su tercera almoneda de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la que no se presentó ningún postor. 12) Diversas publicaciones de edictos de cuarta almoneda en datas veintidós de febrero, uno de marzo de dos mil veintidós. 13) Remate en su cuarta almoneda de catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que no se presentó ningún postor. 14) Diversas publicaciones de edictos de quinta almoneda en datas diecisiete de agosto, veintitrés de noviembre, cinco y seis de diciembre de dos mil veintidós. 15) Remate en su quinta almoneda de seis de enero de dos mil veintitrés, en la que no se presentó ningún postor; y, en la que la aquí quejosa solicitó se le adjudicara el inmueble en remate, pero el tribunal responsable acordó que previo a realizar la adjudicación solicitada y toda vez que el crédito laboral de la trabajadora lo es por la cantidad de $890,089.77 (ochocientos noventa mil ochenta y nueve pesos 77/100 moneda nacional); y, el valor del bien inmueble lo es de $1,005,568.00 (un millón cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); de lo que existe un remanente de $115,478.23 (ciento quince mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 23/100 moneda nacional), por lo que a la hoy quejosa se le concedió el término de tres días, contados a partir de esa fecha para que exhiba el total del remanente de su postura, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo el tribunal se encontrará imposibilitado para llevar a cabo la adjudicación solicitada, hasta en tanto no exhiba la cantidad solicitada. 16) Mediante proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, el tribunal responsable tuvo a la aquí requirente constitucional, solicitando el inmueble de remate; sin embargo, se le dijo que no ha lugar a su solicitud hasta en tanto exhibiera el total del remanente de su postura por la cantidad solicitada en audiencia de remate, en su quinta almoneda, determinación que se tuvo firme en el aludido proveído por no ser impugnada. 17) Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, el tribunal responsable tuvo a la aquí requirente constitucional, solicitando audiencia de remate en su sexta almoneda; sin que, se acordara de conformidad, toda vez que el tribunal responsable determinó que se estuviera a lo acordado en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés. 18) Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, el tribunal responsable tuvo a la aquí requirente constitucional, solicitando actualización de salarios; y la adjudicación del inmueble rematado, por lo que el tribunal responsable determinó no acordar de conformidad, toda vez que determinó que se estuviera a lo acordado en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés y audiencia de remate en su quinta almoneda de seis de enero del año actual. En ese contexto, se considera que la autoridad responsable no ha sido omisa en realizar las gestiones correspondientes a efecto de lograr el cabal y total cumplimiento al laudo emitido en el juicio natural, toda vez que la parte actora del juicio de origen ha contribuido en darle impulso a la ejecución del laudo y la autoridad responsable no ha sido omisa en realizar las actuaciones pertinentes que le corresponden. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia con registro digital 227634, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió las documentales que adjuntó a su informe justificado relativas al juicio laboral 533/2012 de su índice, con el que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Sobre el particular, es importante tomar en consideración que el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2014, sostuvo que, cuando las personas quejosas reclamen la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se sostuvo que no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Por tanto, no puede considerarse que corresponda al tribunal burocrático llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón de que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro del término que la legislación de la materia prevé, so pena de que la acción para ejecutar la referida resolución prescriba, solicitando el inicio del procedimiento de ejecución forzosa o el dictado del auto de ejecución. De ahí que, el acto reclamado sería inexistente cuando se advierta que, hubo impulso a instancia de parte de parte y que el tribunal responsable haya realizado las gestiones pertinentes para lograr su total ejecución; de ahí que como se precisó, el inicio y prosecución referido procedimiento, depende del impulso del ejecutante, lo cual aconteció y por ende, el tribunal responsable estuvo realizando las gestiones pertinentes; de manera que no podría tenerse por actualizada la omisión genérica atribuida a la autoridad responsable. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó plasmado en líneas anteriores, corresponde a la parte quejosa el intervenir en el procedimiento de ejecución, "cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo"; para que el tribunal responsable provea lo conducente y dentro de los trámites y términos legales, la ejecución de un laudo; circunstancias que acontecieron en el juicio natural. En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado precisado a) en el considerando tercero de este fallo, a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. Por lo tanto, tomando en consideración que la omisión a), precisada en el considerando tercero de este fallo, al momento de la presentación de la demanda no existía, por así corroborarse con las pruebas exhibidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado; procede sobreseer en el juicio por lo que ve a dicho acto, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, robustece a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se lee: Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta resolución. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". QUINTO. Existencia del acto reclamado b). Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto identificado con el inciso b) del considerando tercero de este fallo. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte la existencia del proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se le negó la solicitud a la quejosa de que se le adjudicara a su favor el bien embargado del ayuntamiento demandado; petición que se volvió a solicitar en ocurso de once de agosto del año actual, la cual fue acordada en diverso proveído de diecisiete de agosto del presente año, en el sentido de que se estuviera a lo acordado en el primero de los aludidos proveídos; así como en audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado precisado en el inciso b) existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió adjuntas a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, al no promoverse dentro de los términos que para tal efecto prevé la ley de la materia. Los aludidos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo [.]." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esos preceptos legales determinan que el juicio de amparo es improcedente cuando éste no sea promovido dentro de los quince días siguientes al en que la parte quejosa tenga conocimiento del acto que reclama o de su ejecución, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación realizada, en términos de la ley que rige el acto, o bien, de que tenga conocimiento del mismo. Esto es, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio debe promoverse en el plazo de quince días, computado: (i) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, (ii) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, e incluso, (iii) al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, es clara la intención del legislador en establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando no sea promovido dentro de los quince días contados a partir del día siguiente al en que la peticionaria haya sido notificada del acto reclamado, tuvo conocimiento de éste o se hizo sabedora del mismo. En la especie, la requirente constitucional intenta la acción constitucional contra la negación a la quejosa de que se le adjudicara a su favor el bien embargado del ayuntamiento demandado, siendo dicha negativa acordada en proveídos de trece de febrero de dos mil veintitrés. Luego, la parte quejosa mediante ocurso de once de agosto del año actual, solicitó se le adjudicara a su favor el bien embargado del ayuntamiento demandado; petición que fue acordada en diverso acuerdo de diecisiete de agosto del presente año, en el sentido de que se estuviera a lo acordado en el acuerdo de trece de febrero del año actual; así como en audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año. Actos que, a consideración de quien suscribe esta resolución, ha sido consentido tácitamente al no haberse impugnado mediante el ejercicio de la acción constitucional, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo anterior resulta necesario contabilizar el término de quince días en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Según se advierte del escrito aclaratorio de demanda de amparo, el autorizado de la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad haber tenido conocimiento de la audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año; y, de los proveídos de diecisiete de agosto y trece de febrero del año actual, hasta el siete de septiembre del año actual. No obstante lo anterior, de las actuaciones que integran juicio laboral 533/2012, se destaca que: La audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año; en ese acto quedaron notificados la parte actora y demandada. (Fojas 81-82 del tomo de pruebas). El acuerdo de trece de febrero del año actual, se ordenó notificar por lista, el cual fue listado en su fecha. (Foja 85 del tomo de pruebas). El proveído de diecisiete de agosto del año en curso, se ordenó notificar por lista, el cual fue listado en su fecha. (Foja 94 del tomo de pruebas). Sentado lo anterior es dable concluir que, si el plazo legal para promover la demanda de amparo de cada acto transcurrió de la siguiente manera: Respecto de la audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año; en ese acto quedaron notificados la parte actora y demandada; inició del diez al treinta de enero del año actual, excluyendo de dicho término los días inhábiles, mientras que la demanda de amparo fue presentada hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, su presentación se formuló fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para ello. El acuerdo de trece de febrero del año actual, se ordenó notificar por lista, el cual fue listado en su fecha; inició del quince de febrero al siete de marzo del año actual, excluyendo de dicho término los días inhábiles, mientras que la demanda de amparo fue presentada hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, su presentación se formuló fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para ello. El proveído de diecisiete de agosto del año en curso, se ordenó notificar por lista, el cual fue listado en su fecha; inició del veintiuno de agosto ocho de septiembre del año actual, excluyendo de dicho término los días inhábiles, mientras que la demanda de amparo fue presentada hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, su presentación se formuló fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para ello. De lo explicado se sigue que, como la parte quejosa dejó transcurrir el plazo que la ley establece para la promoción del juicio de derechos fundamentales, entonces opera la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". En consecuencia, al margen de lo correcto o incorrecto de los términos en que se practicaron las notificaciones de la audiencia de remate en su quinta almoneda de data seis de enero de este año; y, de los proveídos de diecisiete de agosto y trece de febrero del año actual, al no advertirse que hayan sido declaradas nulas judicialmente por la autoridad ordinaria, subsisten para los efectos de analizar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Máxime que, al formar parte la quejosa de la relación jurídico procesal en el expediente del que emana el acto reclamado, se encontraba obligada a vigilar la debida prosecución del asunto, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones que podrían perjudicarle. En tales circunstancias, al operar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado identificado con el inciso b) del considerando tercero del presente fallo en el juicio laboral 533/2012, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol
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Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. INFORMA INOPERANCIA DE PAGO Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual el representante de las responsables, en cumplimiento a lo requerido en auto de once de octubre del año en curso, informa que no ha realizado el pago de las quincenas relativas a los servicios prestados del uno de marzo al veintinueve de junio de este año, en razón de que la sentencia emitida en la que se sobreseyó en el juicio principal del que deriva esta incidencia ha causado ejecutoria y, consecuentemente, la suspensión concedida al quejoso, ha dejado de persistir, por tanto no procede el pago de las prestaciones de servicios profesionales requeridos a las responsables. Asimismo informa que el aquí quejoso inició juicio laboral en contra de las autoridades responsables. Ahora, debe tomarse en consideración la medida cautelar decretada en este incidente de suspensión, supervivió hasta una vez que la sentencia emitida en el juicio del que deriva, no menos cierto es que tal supuesto se actualizó hasta el siete de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en la que en sesión fue emitida la ejecutoria relativa al recurso de revisión 321/2022, formado con motivo del recurso hecho valer por la parte quejosa en contra de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio principal. De manera que, sí el quejoso ha solicitado el pago de los emolumentos correspondientes a las quincenas devengadas del uno de marzo al veintinueve de junio del año en curso, es inconcuso que la medida cautelar se encontraba vigente a ese periodo, por tanto amparado en ello es que este órgano jurisdiccional ha insistido en el requerimiento de dicho pago, pues los efectos de la concesión de la medida cautelar se actualizan de momento a momento, de manera que si el quejoso virtud de esa medida continuó laborando es inconcuso que debe vigilarse el cumplimiento del pago del salario respectivo. No obstante lo anterior, a fin de no incurrir en un doble análisis respecto al pago de las quincenas referidas, con motivo de la promoción del juicio laboral iniciado por el peticionario de amparo, es necesario contar con mayor información respecto a dicho procedimiento. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Consecuentemente, requiérase a las responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, remita las constancias que tenga respecto al juicio laboral que refiere e informe el estado procesal que guarda, ello a fin de determinar lo conducente respecto al requerimiento de pago de las quincenas correspondientes al uno de marzo al veintinueve de junio de este año. APERCIBIMIENTO Se apercibe a las responsables, que de no cumplir con lo aquí requerido en el lapso que para tal efecto se les concede o no indicar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá a cada una multa de sesenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $********************, en términos de los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, la cual de continuar en desacato aumentará hasta hacer cumplir lo requerido. En el entendido que el monto de la multa continuará aumentando hasta lograr el cumplimiento de lo requerido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre del presente año, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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