Rosaura Ortiz Luna y Otros.
Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosaura Ortiz Luna y Otros.
- Rosaura Ortiz Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se ordena archivo físico. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; sin soslayar que se SOBRESEYÓ en el presente juicio; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que no se formaron. Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Finalmente, como de la certificación de cuenta se desprende que en los presentes autos obra glosado el acuse de recibo del oficio 274/2020-Sutaspjem; con fundamento en artículo 18 del acuerdo antes mencionado, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger tal documentación, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, sin previo acuerdo se procederá a su depuración junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Andrés Leyva Mercado Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo V-367/2020, promovido por Rosaura Ortiz Luna, Claudia Félix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla, por propio derecho, contra el Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Rosaura Ortiz Luna, Claudia Félix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla promovieron amparo, por propio derecho, en contra del Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades, de quienes reclamó los actos que ahí precisó. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, donde por acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, se registró como el expediente 367/2020; se admitió a trámite la demanda; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se otorgó la suspensión de plano; y, se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veinticinco de noviembre pasado, en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra omisiones de las autoridades señaladas como responsables, de manera que el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, es el siguiente: La omisión de implementar medidas de salud e higiene para evitar la propagación del COVID-19 o SARS-COV2; y, de proporcionar los aditamentos necesarios para proteger la salud de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, en específico de los aquí quejosos, quienes se encuentran adscritos al Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializado en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de Morelia, Michoacán; y, Como consecuencia, el oficio SE/1484/2020 de veinticuatro de junio de dos mil veinte, a través del cual se instruyó a la titular del órgano jurisdiccional antes referido para que se reanudan las labores de impartición de justicia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades señaladas como responsables negaron las omisiones que les fueron atribuidas; además, informaron, en lo que interesa, lo siguiente: ".como lo reconocen los quejoso, en sesión extraordinaria celebrada el 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, el cuerpo colegiado emitió el Acuerdo del Pleno del Consejo Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta esta institución, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, mediante el cual, además de decretarse una suspensión extraordinaria de labores en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del 15 quince al 30 treinta de junio del año en curso, para evitar la concentración de personas y la propagación del virus SARS-CoV2, y de establecer un catálogo limitado de actividades jurisdiccionales para cuya atención quedarían habilitados aquellos durante tal lapso. [.] .a través de dicho acuerdo este Consejo fue claro en [instruir] que fueran aplicadas, por parte de todos sus servidores públicos, una serie de medidas emergentes, tanto de carácter general como particular, tendientes todas, por un lado, a lograr una densidad laboral baja que permita continuar manteniendo una movilidad social limitada dentro de los espacios públicos que son los recintos judiciales, y por otro, a establecer un ambiente de trabajo higiénico y seguro que permitiera el funcionamiento limitado de tales oficinas; con miras a evitar las condiciones que las autoridades sanitarias nacionales e internacionales han identificado como favorables para el contagio del virus SARS-CoV2, y a buscar garantizar dentro del ámbito de acción que constitucional y legalmente le compete, el derecho humano a la salud, tanto de los servidores públicos de la institución, como del resto de los operadores jurídicos y de la propia población destinataria y usuaria del servicio de impartición de justicia. Medidas las cuales resultan congruentes con los parámetros establecidos en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 31 treinta y uno de marzo de 2020 dos mil veinte y 14 catorce de mayo de 2020 dos mil veinte, así como los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por la Secretaría de Salud, Economía y del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social el 17 de mayo siguiente y con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, dictados por esas mismas autoridades el 29 veintinueve de mayo del mismo año; pero que además en términos del propio acuerdo, se establecieron con el carácter obligatorio, determinándose incluso que la observancia de cualquiera de ellas por parte de los servidores públicos del Poder Judicial daría lugar a la imposición de la sanción que legalmente correspondiera. Además, es importante resaltar que, desde el inicio de la emergencia sanitaria y tomando en consideración que varios órganos jurisdiccionales han mantenido limitadamente su operación desde el inicio de la emergencia sanitaria para atender las cuestiones prioritarias detalladas en los distintos acuerdos emitidos por este Consejo los días 18 dieciocho y 26 veintiséis de marzo, 7 siete, 22 veintidós y 29 veintinueve de abril, y 30 treinta de mayo, todos de 2020 dos mil veinte -como lo es la materia familiar, para cuya atención es competente el órgano de adscripción de los quejosos-, este Consejo, en esos acuerdos, ya había establecido medidas de protección sanitaria mínimas relativas a su funcionamiento y proporcionado a su personal el equipo de protección y material sanitario adecuado. De igual manera, se estima importante destacar que posterior a la emisión del acuerdo en mención, en sesión extraordinaria de 30 treinta de junio de la presente anualidad, este cuerpo colegiado emitió el Acuerdo que establece disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020, en el cual en esencia y en lo que a la especie atañe, se determinó continuar observando y aplicando las mismas medidas y políticas preventivas. .este Consejo, con fundamento en lo estatuido en los artículos 90, fracción I, 95, 101 y 104, fracciones I, III, V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 49, fracciones IX y XIII del Reglamento Interior del consejo del Poder Judicial del Estado y 13, fracciones I y XIV del Reglamento de la Comisión de Administración para que realice los trámites necesarios a fin de lograr la adquisición y distribución del material de limpieza y del equipo de protección suficiente y apropiado para la prestación del servicio - tal como cloro, alcohol en gel, tapetes de sanitización, cubrebocas, caretas, guantes y protectores de acrílico para escritorios, entre otros insumos-, así como para que, en los casos en que se ha detectado algún contagio dentro de las instalaciones de algún órgano u oficina del Poder Judicial, se realice el procedimiento de sanitización correspondiente. En ese orden de ideas y por lo que respecta al caso específico del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Oral Familiar (al que están adscritos los quejosos), el Secretario de Administración cumplimentó la instrucción de mérito entregando entre el 5 cinco de junio y el 6 seis de julio del año en curso, un total de 2 dos envases de cloro de 950 mililitros cada uno, 2 litros de gel antibacterial, 1 un tapete sanitizante, 18 caretas rígidas de protección, 8 ocho cubrebocas lavables, 1 un rollo de cinta adhesiva para marcaje de área y 1 acrílico protector para escritorio de 120 centímetros por 75 setenta y cinco centímetros, como se demuestra a partir de las copias certificadas de las diversas constancias de entrega de material, en la que constan los acuses respectivos. De igual manera, y toda vez que, mediante oficio número 214/2020, recibido el 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, la titular de dicho órgano jurisdiccional hizo del conocimiento de este Consejo que un servidor público del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, recinto en donde se encuentra domiciliado tal juzgado, resultó diagnosticado con la enfermedad COVID-19 y que tanto ella como el personal tuvieron contacto con dicha persona, de manera inmediata se instruyó al Secretario de Administración para que realizara las gestiones correspondientes para llevar a cabo la sanitización del espacio que ocupa el referido tribunal, acción que se llevó a cabo el día 26 veintiséis de junio siguiente, como se corrobora a través de la copia certificada de la constancia levantada con tal motivo por la titular del juzgado en la misma data, que se anexa al presente informe. Por tanto no es verídico que este Consejo omitiera cumplir y vigilar la aplicación de las medidas establecidas a través del acuerdo de 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, como afirman los quejosos, pues como ha quedado de manifiesto, incluso con anterioridad a su publicación se comenzó a realizar la dotación de insumos preventivos, además de que se llevó a cabo la acción correctiva de sanitización de manera inmediata a que se tuvo noticia de un posible contagio. TERCERO. Implementación y fomento de trabajo a distancia. Como se advierte de la literalidad de los apartados 1 uno y 2 dos del punto vigésimo tercero del acuerdo plenario de 13 trece de julio de 2020 dos mil veinte, antes transcrito, este Consejo al que represento determinó, en esencia, que para la realización de las actividades para las cuales quedaron habilitados, conforme a su respectiva competencia, los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado en términos de los puntos segundo a vigésimo del propio acuerdo, que a sus respectivas sedes no acudiría la totalidad de los servidores públicos integrantes de cada plantilla de personal, sino que únicamente habrían de acudir físicamente en tales sedes el personal que resultar estrictamente necesario para llevar a cabo tales funciones específicas, de manera tal que sólo estuvieran presentes como máximo 4 cuatro personas al mismo tiempo, incluyendo al titular, ello en aras de lograr una densidad laboral baja. Para tales efectos, con claridad se instruyó a los titulares de dichos organismos para que optaran porque la realización de la [mayoría] de las actividades de los servidores públicos a su cargo se realizara [siempre] a distancia a través de mecanismos electrónicos y herramientas de telecomunicación, claro está, en los casos en que la naturaleza de éstas así lo permitiese. [.] En ese orden de ideas, no es verídica la aseveración de los quejosos en el sentido de que este Consejo hubiere limitado o impedido la realización de trabajo a distancia, pues no ha emitido ningún acuerdo ni general ni particular que contenga instrucciones diversas a las hasta ahora descritas, sino que, por el contrario, de manera continua se ha instado e instruido a los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a preferir dicha modalidad de trabajo, precisamente con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19. Además de que tampoco se instruyó, para el caso específico de dichos amparistas, de que no se le permitiera realizar sus funciones de manera remota, sino que por el contrario, la titular del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializado en Atención de Violencia Familiar contra la Mujer en razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, órgano al cual éstos se encuentran adscritos, se encuentra constreñida a preferir y favorecer que desempeñen sus labores bajo dicha modalidad, siempre y cuando ello resulte jurídicamente posible, siendo responsable directa de realizarlo en términos de los acuerdos de 13 trece y 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte y de informar de sus respectivas determinaciones a este Consejo; sin que, en el oficio SE/1848/2020 se hubiere girado un mandato en ese sentido. [.] QUINTO. Imposibilidad de este Consejo para ordenar la práctica de pruebas de laboratorio y aislamiento domiciliario. No obstante que, en términos de los artículos 4º y 73, fracción XVI, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 4º, 9º y 134 de la Ley General de Salud, la materia de salubridad general es concurrente entre la Federación y los Estados, no menos verídico es que la participación de cada órgano estatal tenga deberá ceñirse al ámbito de sus respectivas competencias, como los preceptos invocados en último término expresamente establecen, de ahí que los acuerdos que este Consejo emita para coadyuvar a hacer frente a la emergencia sanitaria únicamente deben referirse al ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le atañen. En dicha tesitura y considerando que la práctica de pruebas de laboratorio y la aplicación de aislamiento domiciliario excede del ámbito competencia que a este Consejo del Poder Judicial del Estado confieren los artículos 67, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad es que este órgano no cuenta con posibilidad jurídica, ni mucho menos material para ordenar la práctica de pruebas de laboratorio a los servidores públicos que se ubiquen en alguno de los supuestos antes planteados, tampoco para recabar, a nombre de éstos, las constancias médicas que acrediten su condición respecto de la enfermedad COVID-19 para cerciorarse de su estado, ni para establecer medidas de aislamiento domiciliario obligatorio como pretenden los quejosos; sino que, al referirse a cuestiones inherentes al ámbito específico de la salud de las personas en particular, se estima que ello competería directamente a las Secretarías de Salud, tanto federal como local, en términos del artículo 181 de la citada Ley General de Salud. [.] SEXTO. El oficio SE/1484/2020 no contiene ninguna instrucción que contravenga los lineamientos generales establecidos en el acuerdo plenario de 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, ni coloca a los quejosos en condición de vulnerabilidad. Como se señaló en la parte inicial del presente informe es verídico que el 24 veinticuatro de junio del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, al que represento, suscribió el oficio número SE/1484/2020. Sin embargo y como es posible desprender de la literalidad de dicho documento, éste [únicamente] se giró a efecto de comunicar a la titular del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer en razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, por instrucción personal y directa del suscrito, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 91, fracciones IX y XVI, y 103, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y no así en cumplimiento a algún acuerdo del Consejo, las acciones que, de conformidad con el acuerdo de 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, debía de tomar ante la existencia de un posible riesgo de contagio en dicho órgano, derivado del contacto con una persona enferma de COVID-19 adscrita al Centro de Justicia Integral para las Mujeres en que dicho juzgado está domiciliado, las cuales, en esencia, consisten en: (I). Exhortar tanto a la juzgadora como al personal a su cargo que tuvo contacto con dicha persona para acudir al centro de salud correspondiente a manifestar sus antecedentes y obtener el protocolo a seguir, comunicando los resultados al Consejo; y, (II). Mantener las actividades del tribunal en los términos indicados en el acuerdo antes referido. Como puede advertirse, tales indicaciones únicamente replican las contenidas en el acuerdo de antecedentes, ya explicadas en los apartados que anteceden y, por tanto, es inexacto que, como indican los quejosos, se le indicara a la titular prohibirles acudir a recibir atención médica o, en su caso, según las indicaciones que al respecto les dieran las instancias sanitarias; antes bien, se procuró que, como se planteó en el acápite tercero de este informe, responsablemente acudieran a recibir el diagnóstico, atención e indicaciones médicas respectivas, sin que este Consejo, se insiste, cuente con facultades para obligarlos a asistir, ni tampoco para brindarles tales servicios, por ser ajenos a su ámbito competencial. Además, de que también es falso que se les hubiera instruido específicamente a dichas personas para que, en forma obligatoria, se presentaran a laborar de manera física y continua a las instalaciones del juzgado, pues respecto de dicho tópico sólo se le comunicó a la jueza que el funcionamiento del órgano debía continuarse realizando con apego a los lineamientos establecidos en el pluricitado acuerdo de 13 trece de junio del año en curso. Para acreditar las anteriores manifestaciones, las responsables exhibieron copias certificadas del oficio 938/2020 de seis de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del cual se informó a la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial, en esencia, que: ".con fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte, se sanitizó las instalaciones del Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer en razón de Género, con sede en esta ciudad capital."; así como de la constancia en la que se asentó lo siguiente: ".Griselda Mejía Chimón -- Se realizó servicio el viernes 26 de junio de 2020 -- firma ilegible". También, ofrecieron los acuerdos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de trece y treinta de junio de dos mil veinte, a través de los cuales se establecen las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia generada por la pandemia de COVID-19. Además, acompañaron las copias certificadas del oficio 940/2020 de siete de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del cual informa a la Secretaria Ejecutiva del mismo Consejo lo siguiente: "En atención al contenido de su oficio número SE/1696/2020, de fecha 6 de julio de 2020, me permito remitir a usted las copias certificadas en la que se consignan los artículos de limpieza e higiene que se le han proporcionado al Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer en Razón de Género, con sede en esta capital, así como la fecha en que se realizó la sanitización de dicho espacio."; y, de los acuses de recibo de cinco y dieciséis de junio, tres y seis de julio, todos de dos mil veinte, en los cuales, por cierto, obra el sello de recepción del multireferido órgano jurisdiccional, y se asentó que fueron dotados, entre otros, los siguientes productos de limpieza e higiene: "1 acrílico protector para escritorio de 1.20 x 75 cm.", "Cloralex 950 ml pieza 1", "Careta transparente rígidas protección facial UMSNH pieza 6", "Gel antibacterial de 500 ml UMSNH pieza 2", "Tapete sanitizante pieza 1", "Cubreboca lavable pieza 8", "Cinta PVC marcaje de área pieza 1". Conjuntamente con lo anterior, se exhibieron las copias certificadas del oficio 224/2020, que la Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Género de Morelia, Michoacán, dirigió a los integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado, con el propósito de informarles que el Encargado de la Dirección de la Policía Investigadora del Centro de Justicia Integral para Mujeres del Estado de Michoacán dio positivo a la enfermedad COVID-19, que éste tuvo contacto directamente con la Juzgadora mencionada y que ésta, a su vez, tuvo contacto con el personal que conforma el referido órgano jurisdiccional, motivo por el cual todos los servidores públicos acudieron a su centro de salud correspondiente para recibir las indicaciones pertinentes; además, que: "Otras acciones que se han tomado por parte de todo el personal que integra el Juzgado Auxiliar a mi cargo, es el uso de cubrebocas, lavado de manos constantemente, uso de gel antibacterial, colocación del mismo gel para uso de las usuarias del Centro de Justicia Integral para Mujeres del Estado y demás justiciables y de los avisos en las puertas de acceso del juzgado, inherentes al uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para mantener su sana distancia. - También se colocó tapete desinfectante y se sanitizó el viernes 26 el juzgado, actividades ordenadas por ese cuerpo colegiado". Adicionalmente, ofrecieron la copia certificada del oficio SE/1484/2020, de veinticuatro de junio de dos mil veinte, firmado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, el cual fue dirigido a la Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Género y notificado a los aquí quejosos Rosaura Ortiz Luna, Claudia Felix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla, conforme a lo asentado al reverso de la comunicación indicada (foja 179); a través del cual se informó, en lo medular, lo siguiente: ".Se le instruye para que solicite y exhorte al personal del órgano jurisdiccional a su cargo que tuvo contacto con aquella persona, acuda al Centro de Salud de esta ciudad o ante las instancias sanitarias correspondientes (de preferencia al que realizó la prueba al positivo de la enfermedad), para que informando el antecedente y contacto que tuvieron con dicho servidor público, así como las fechas del contacto y del conocimiento del resultado de la prueba que se le efectuó (22 de junio actual), se les indique si tienen que seguir algún protocolo y, de ser así, en qué consiste el mismo; informando de ello al Consejo del Poder Judicial del Estado. - Hecho lo anterior, deberán comunicarlo al referido Consejo. -- .Se le exhorta para que usted también siga ese procedimiento e informe el resultado del mismo. -- .Se le informa que deberán seguirse realizando las actividades del tribunal a su cargo en los términos establecidos en el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a las emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, de 13 de junio actual; debiendo para ello tomar las medidas sanitarias correspondientes y utilizar el material de protección que se proporcionó." Finalmente, se aportó la copia certificada del oficio 181/2020 de uno de julio de dos mil veinte, a través del cual la Juez señalada como autoridad responsable hizo del conocimiento del Consejo del Poder Judicial del Estado el la lista del personal que cubrió las guardias del del quince al dieciocho y del veintidós al veintiséis de junio de dos mil veinte, de la que se obtiene que tanto Rogelio Arturo Galvez Solorio, como Rosaura Ortiz Luna, acudieron a laborar presencialmente del quince al dieciocho de junio de nueve a quince horas (la mencionada en último lugar únicamente los días quince, dieciséis y diecisiete de junio); mientras que Claudia Felix Vázquez Garduño laboró de nueve a quince horas los días veintidós al veintiséis posterior. De todo lo expuesto hasta aquí se obtiene que no existen las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, porque contrario a lo manifestado por los peticionarios del amparo, existe evidencia de que las autoridades señaladas como responsables han adoptado medidas con el propósito evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, como es la suspensión de labores, la implementación del trabajo a distancia, una jornada laboral presencial reducida, la rotación del personal que acude a las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, para para evitar la concentración de personas, el acceso restringido de los justiciables, con el propósito de que se realicen las diligencias de manera presencial que resulten estrictamente necesarias, entre otras. Así también, existe constancia de que se dotó de material de limpieza e higiene a los órganos jurisdiccionales, en concreto al Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializado en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de Morelia, Michoacán; productos tales como gel antibacterial, cubrebocas, caretas de acrílico, tapete sanitizante, entre otros. De esta manera es factible concluir que, al menos hasta el momento, las autoridades señaladas como responsables han realizado las acciones necesarias para evitar la propagación de la enfermedad entre los empleados del Poder Judicial del Estado; tan es así, que incluso luego de saberse que el personal del órgano jurisdiccional referido supralíneas tuvo contacto con una persona que dio positivo a la enfermedad, se giraron las instrucciones para que el personal acudiera a la institución de salud de su conveniencia para que les proporcionaran las indicaciones correspondientes. Tampoco es cierto que a través del oficio SE/1484/2020 se hayan girado instrucciones para que el personal que conforma el Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializado en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de Morelia, Michoacán, continuara laborando sin importar el riesgo de contagio, porque, en la parte atinente, lo que se instruyó fue lo siguiente: ".Se le informa que deberán seguirse realizando las actividades del tribunal a su cargo en los términos establecidos en el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a las emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, de 13 de junio actual; debiendo para ello tomar las medidas sanitarias correspondientes y utilizar el material de protección que se proporcionó." Como se observa, es cierto que, en la parte que interesa, el Consejo del Poder Judicial del Estado instruyó a la titular a que se continuaran realizando las actividades inherentes al órgano jurisdiccional a su cargo; empero, la orden fue que se tales actividades se realizaran en estricta observancia de las medidas y lineamientos establecidos en los acuerdos emitidos por ese órgano colegiado, es decir, ponderando siempre el bienestar del personal que presta sus servicios en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, porque no sólo la salud pública es un tema de interés social, sino que también la impartición de justicia lo es y, por tanto, se considera que deben reanudarse las actividades, en la medida de lo posible y observando e implementando estrictamente las medidas de prevención, como aquellas mencionadas líneas atrás. En tal virtud, válidamente puede afirmarse que, tanto de las afirmaciones, como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que no existen las omisiones atribuidas a las autoridades responsables pues, se insiste, éstas han adoptado las medidas y proporcionado los aditamentos que, conforme a sus facultades y capacidades, les corresponden; máxime, que ni las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables, ni las constancias aportadas por éstas fueron controvertidas u objetadas por los peticionarios del amparo, de hecho, ni siquiera realizaron manifestación alguna al respecto. En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia indicada al inicio de este considerando, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. En mérito de lo anterior, es menester señalar que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda, precisamente porque el sobreseimiento del asunto impide analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Así, por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosaura Ortiz Luna, Claudia Félix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla, por propio derecho, contra el Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que autoriza y da fe, Alfredo Montoya Revilla, hasta el día de hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo V-367/2020, promovido por Rosaura Ortiz Luna, Claudia Félix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla, por propio derecho, contra el Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Rosaura Ortiz Luna, Claudia Félix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla promovieron amparo, por propio derecho, en contra del Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades, de quienes reclamó los actos que ahí precisó. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, donde por acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, se registró como el expediente 367/2020; se admitió a trámite la demanda; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se otorgó la suspensión de plano; y, se fijaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veinticinco de noviembre pasado, en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra omisiones de las autoridades señaladas como responsables, de manera que el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, es el siguiente: La omisión de implementar medidas de salud e higiene para evitar la propagación del COVID-19 o SARS-COV2; y, de proporcionar los aditamentos necesarios para proteger la salud de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, en específico de los aquí quejosos, quienes se encuentran adscritos al Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializado en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de Morelia, Michoacán; y, Como consecuencia, el oficio SE/1484/2020 de veinticuatro de junio de dos mil veinte, a través del cual se instruyó a la titular del órgano jurisdiccional antes referido para que se reanudan las labores de impartición de justicia. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades señaladas como responsables negaron las omisiones que les fueron atribuidas; además, informaron, en lo que interesa, lo siguiente: ".como lo reconocen los quejoso, en sesión extraordinaria celebrada el 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, el cuerpo colegiado emitió el Acuerdo del Pleno del Consejo Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia que presta esta institución, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19, mediante el cual, además de decretarse una suspensión extraordinaria de labores en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del 15 quince al 30 treinta de junio del año en curso, para evitar la concentración de personas y la propagación del virus SARS-CoV2, y de establecer un catálogo limitado de actividades jurisdiccionales para cuya atención quedarían habilitados aquellos durante tal lapso. [.] .a través de dicho acuerdo este Consejo fue claro en [instruir] que fueran aplicadas, por parte de todos sus servidores públicos, una serie de medidas emergentes, tanto de carácter general como particular, tendientes todas, por un lado, a lograr una densidad laboral baja que permita continuar manteniendo una movilidad social limitada dentro de los espacios públicos que son los recintos judiciales, y por otro, a establecer un ambiente de trabajo higiénico y seguro que permitiera el funcionamiento limitado de tales oficinas; con miras a evitar las condiciones que las autoridades sanitarias nacionales e internacionales han identificado como favorables para el contagio del virus SARS-CoV2, y a buscar garantizar dentro del ámbito de acción que constitucional y legalmente le compete, el derecho humano a la salud, tanto de los servidores públicos de la institución, como del resto de los operadores jurídicos y de la propia población destinataria y usuaria del servicio de impartición de justicia. Medidas las cuales resultan congruentes con los parámetros establecidos en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 31 treinta y uno de marzo de 2020 dos mil veinte y 14 catorce de mayo de 2020 dos mil veinte, así como los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por la Secretaría de Salud, Economía y del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social el 17 de mayo siguiente y con los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, dictados por esas mismas autoridades el 29 veintinueve de mayo del mismo año; pero que además en términos del propio acuerdo, se establecieron con el carácter obligatorio, determinándose incluso que la observancia de cualquiera de ellas por parte de los servidores públicos del Poder Judicial daría lugar a la imposición de la sanción que legalmente correspondiera. Además, es importante resaltar que, desde el inicio de la emergencia sanitaria y tomando en consideración que varios órganos jurisdiccionales han mantenido limitadamente su operación desde el inicio de la emergencia sanitaria para atender las cuestiones prioritarias detalladas en los distintos acuerdos emitidos por este Consejo los días 18 dieciocho y 26 veintiséis de marzo, 7 siete, 22 veintidós y 29 veintinueve de abril, y 30 treinta de mayo, todos de 2020 dos mil veinte -como lo es la materia familiar, para cuya atención es competente el órgano de adscripción de los quejosos-, este Consejo, en esos acuerdos, ya había establecido medidas de protección sanitaria mínimas relativas a su funcionamiento y proporcionado a su personal el equipo de protección y material sanitario adecuado. De igual manera, se estima importante destacar que posterior a la emisión del acuerdo en mención, en sesión extraordinaria de 30 treinta de junio de la presente anualidad, este cuerpo colegiado emitió el Acuerdo que establece disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020, en el cual en esencia y en lo que a la especie atañe, se determinó continuar observando y aplicando las mismas medidas y políticas preventivas. .este Consejo, con fundamento en lo estatuido en los artículos 90, fracción I, 95, 101 y 104, fracciones I, III, V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 49, fracciones IX y XIII del Reglamento Interior del consejo del Poder Judicial del Estado y 13, fracciones I y XIV del Reglamento de la Comisión de Administración para que realice los trámites necesarios a fin de lograr la adquisición y distribución del material de limpieza y del equipo de protección suficiente y apropiado para la prestación del servicio - tal como cloro, alcohol en gel, tapetes de sanitización, cubrebocas, caretas, guantes y protectores de acrílico para escritorios, entre otros insumos-, así como para que, en los casos en que se ha detectado algún contagio dentro de las instalaciones de algún órgano u oficina del Poder Judicial, se realice el procedimiento de sanitización correspondiente. En ese orden de ideas y por lo que respecta al caso específico del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Oral Familiar (al que están adscritos los quejosos), el Secretario de Administración cumplimentó la instrucción de mérito entregando entre el 5 cinco de junio y el 6 seis de julio del año en curso, un total de 2 dos envases de cloro de 950 mililitros cada uno, 2 litros de gel antibacterial, 1 un tapete sanitizante, 18 caretas rígidas de protección, 8 ocho cubrebocas lavables, 1 un rollo de cinta adhesiva para marcaje de área y 1 acrílico protector para escritorio de 120 centímetros por 75 setenta y cinco centímetros, como se demuestra a partir de las copias certificadas de las diversas constancias de entrega de material, en la que constan los acuses respectivos. De igual manera, y toda vez que, mediante oficio número 214/2020, recibido el 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, la titular de dicho órgano jurisdiccional hizo del conocimiento de este Consejo que un servidor público del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, recinto en donde se encuentra domiciliado tal juzgado, resultó diagnosticado con la enfermedad COVID-19 y que tanto ella como el personal tuvieron contacto con dicha persona, de manera inmediata se instruyó al Secretario de Administración para que realizara las gestiones correspondientes para llevar a cabo la sanitización del espacio que ocupa el referido tribunal, acción que se llevó a cabo el día 26 veintiséis de junio siguiente, como se corrobora a través de la copia certificada de la constancia levantada con tal motivo por la titular del juzgado en la misma data, que se anexa al presente informe. Por tanto no es verídico que este Consejo omitiera cumplir y vigilar la aplicación de las medidas establecidas a través del acuerdo de 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, como afirman los quejosos, pues como ha quedado de manifiesto, incluso con anterioridad a su publicación se comenzó a realizar la dotación de insumos preventivos, además de que se llevó a cabo la acción correctiva de sanitización de manera inmediata a que se tuvo noticia de un posible contagio. TERCERO. Implementación y fomento de trabajo a distancia. Como se advierte de la literalidad de los apartados 1 uno y 2 dos del punto vigésimo tercero del acuerdo plenario de 13 trece de julio de 2020 dos mil veinte, antes transcrito, este Consejo al que represento determinó, en esencia, que para la realización de las actividades para las cuales quedaron habilitados, conforme a su respectiva competencia, los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado en términos de los puntos segundo a vigésimo del propio acuerdo, que a sus respectivas sedes no acudiría la totalidad de los servidores públicos integrantes de cada plantilla de personal, sino que únicamente habrían de acudir físicamente en tales sedes el personal que resultar estrictamente necesario para llevar a cabo tales funciones específicas, de manera tal que sólo estuvieran presentes como máximo 4 cuatro personas al mismo tiempo, incluyendo al titular, ello en aras de lograr una densidad laboral baja. Para tales efectos, con claridad se instruyó a los titulares de dichos organismos para que optaran porque la realización de la [mayoría] de las actividades de los servidores públicos a su cargo se realizara [siempre] a distancia a través de mecanismos electrónicos y herramientas de telecomunicación, claro está, en los casos en que la naturaleza de éstas así lo permitiese. [.] En ese orden de ideas, no es verídica la aseveración de los quejosos en el sentido de que este Consejo hubiere limitado o impedido la realización de trabajo a distancia, pues no ha emitido ningún acuerdo ni general ni particular que contenga instrucciones diversas a las hasta ahora descritas, sino que, por el contrario, de manera continua se ha instado e instruido a los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a preferir dicha modalidad de trabajo, precisamente con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19. Además de que tampoco se instruyó, para el caso específico de dichos amparistas, de que no se le permitiera realizar sus funciones de manera remota, sino que por el contrario, la titular del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializado en Atención de Violencia Familiar contra la Mujer en razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, órgano al cual éstos se encuentran adscritos, se encuentra constreñida a preferir y favorecer que desempeñen sus labores bajo dicha modalidad, siempre y cuando ello resulte jurídicamente posible, siendo responsable directa de realizarlo en términos de los acuerdos de 13 trece y 30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte y de informar de sus respectivas determinaciones a este Consejo; sin que, en el oficio SE/1848/2020 se hubiere girado un mandato en ese sentido. [.] QUINTO. Imposibilidad de este Consejo para ordenar la práctica de pruebas de laboratorio y aislamiento domiciliario. No obstante que, en términos de los artículos 4º y 73, fracción XVI, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 4º, 9º y 134 de la Ley General de Salud, la materia de salubridad general es concurrente entre la Federación y los Estados, no menos verídico es que la participación de cada órgano estatal tenga deberá ceñirse al ámbito de sus respectivas competencias, como los preceptos invocados en último término expresamente establecen, de ahí que los acuerdos que este Consejo emita para coadyuvar a hacer frente a la emergencia sanitaria únicamente deben referirse al ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que le atañen. En dicha tesitura y considerando que la práctica de pruebas de laboratorio y la aplicación de aislamiento domiciliario excede del ámbito competencia que a este Consejo del Poder Judicial del Estado confieren los artículos 67, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad es que este órgano no cuenta con posibilidad jurídica, ni mucho menos material para ordenar la práctica de pruebas de laboratorio a los servidores públicos que se ubiquen en alguno de los supuestos antes planteados, tampoco para recabar, a nombre de éstos, las constancias médicas que acrediten su condición respecto de la enfermedad COVID-19 para cerciorarse de su estado, ni para establecer medidas de aislamiento domiciliario obligatorio como pretenden los quejosos; sino que, al referirse a cuestiones inherentes al ámbito específico de la salud de las personas en particular, se estima que ello competería directamente a las Secretarías de Salud, tanto federal como local, en términos del artículo 181 de la citada Ley General de Salud. [.] SEXTO. El oficio SE/1484/2020 no contiene ninguna instrucción que contravenga los lineamientos generales establecidos en el acuerdo plenario de 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, ni coloca a los quejosos en condición de vulnerabilidad. Como se señaló en la parte inicial del presente informe es verídico que el 24 veinticuatro de junio del año en curso, la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, al que represento, suscribió el oficio número SE/1484/2020. Sin embargo y como es posible desprender de la literalidad de dicho documento, éste [únicamente] se giró a efecto de comunicar a la titular del Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer en razón de Género del Distrito Judicial de Morelia, por instrucción personal y directa del suscrito, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 91, fracciones IX y XVI, y 103, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y no así en cumplimiento a algún acuerdo del Consejo, las acciones que, de conformidad con el acuerdo de 13 trece de junio de 2020 dos mil veinte, debía de tomar ante la existencia de un posible riesgo de contagio en dicho órgano, derivado del contacto con una persona enferma de COVID-19 adscrita al Centro de Justicia Integral para las Mujeres en que dicho juzgado está domiciliado, las cuales, en esencia, consisten en: (I). Exhortar tanto a la juzgadora como al personal a su cargo que tuvo contacto con dicha persona para acudir al centro de salud correspondiente a manifestar sus antecedentes y obtener el protocolo a seguir, comunicando los resultados al Consejo; y, (II). Mantener las actividades del tribunal en los términos indicados en el acuerdo antes referido. Como puede advertirse, tales indicaciones únicamente replican las contenidas en el acuerdo de antecedentes, ya explicadas en los apartados que anteceden y, por tanto, es inexacto que, como indican los quejosos, se le indicara a la titular prohibirles acudir a recibir atención médica o, en su caso, según las indicaciones que al respecto les dieran las instancias sanitarias; antes bien, se procuró que, como se planteó en el acápite tercero de este informe, responsablemente acudieran a recibir el diagnóstico, atención e indicaciones médicas respectivas, sin que este Consejo, se insiste, cuente con facultades para obligarlos a asistir, ni tampoco para brindarles tales servicios, por ser ajenos a su ámbito competencial. Además, de que también es falso que se les hubiera instruido específicamente a dichas personas para que, en forma obligatoria, se presentaran a laborar de manera física y continua a las instalaciones del juzgado, pues respecto de dicho tópico sólo se le comunicó a la jueza que el funcionamiento del órgano debía continuarse realizando con apego a los lineamientos establecidos en el pluricitado acuerdo de 13 trece de junio del año en curso. Para acreditar las anteriores manifestaciones, las responsables exhibieron copias certificadas del oficio 938/2020 de seis de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del cual se informó a la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial, en esencia, que: ".con fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte, se sanitizó las instalaciones del Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer en razón de Género, con sede en esta ciudad capital."; así como de la constancia en la que se asentó lo siguiente: ".Griselda Mejía Chimón -- Se realizó servicio el viernes 26 de junio de 2020 -- firma ilegible". También, ofrecieron los acuerdos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, de trece y treinta de junio de dos mil veinte, a través de los cuales se establecen las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia generada por la pandemia de COVID-19. Además, acompañaron las copias certificadas del oficio 940/2020 de siete de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través del cual informa a la Secretaria Ejecutiva del mismo Consejo lo siguiente: "En atención al contenido de su oficio número SE/1696/2020, de fecha 6 de julio de 2020, me permito remitir a usted las copias certificadas en la que se consignan los artículos de limpieza e higiene que se le han proporcionado al Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializado en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer en Razón de Género, con sede en esta capital, así como la fecha en que se realizó la sanitización de dicho espacio."; y, de los acuses de recibo de cinco y dieciséis de junio, tres y seis de julio, todos de dos mil veinte, en los cuales, por cierto, obra el sello de recepción del multireferido órgano jurisdiccional, y se asentó que fueron dotados, entre otros, los siguientes productos de limpieza e higiene: "1 acrílico protector para escritorio de 1.20 x 75 cm.", "Cloralex 950 ml pieza 1", "Careta transparente rígidas protección facial UMSNH pieza 6", "Gel antibacterial de 500 ml UMSNH pieza 2", "Tapete sanitizante pieza 1", "Cubreboca lavable pieza 8", "Cinta PVC marcaje de área pieza 1". Conjuntamente con lo anterior, se exhibieron las copias certificadas del oficio 224/2020, que la Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Género de Morelia, Michoacán, dirigió a los integrantes del Consejo del Poder Judicial del Estado, con el propósito de informarles que el Encargado de la Dirección de la Policía Investigadora del Centro de Justicia Integral para Mujeres del Estado de Michoacán dio positivo a la enfermedad COVID-19, que éste tuvo contacto directamente con la Juzgadora mencionada y que ésta, a su vez, tuvo contacto con el personal que conforma el referido órgano jurisdiccional, motivo por el cual todos los servidores públicos acudieron a su centro de salud correspondiente para recibir las indicaciones pertinentes; además, que: "Otras acciones que se han tomado por parte de todo el personal que integra el Juzgado Auxiliar a mi cargo, es el uso de cubrebocas, lavado de manos constantemente, uso de gel antibacterial, colocación del mismo gel para uso de las usuarias del Centro de Justicia Integral para Mujeres del Estado y demás justiciables y de los avisos en las puertas de acceso del juzgado, inherentes al uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para mantener su sana distancia. - También se colocó tapete desinfectante y se sanitizó el viernes 26 el juzgado, actividades ordenadas por ese cuerpo colegiado". Adicionalmente, ofrecieron la copia certificada del oficio SE/1484/2020, de veinticuatro de junio de dos mil veinte, firmado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, el cual fue dirigido a la Jueza de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Género y notificado a los aquí quejosos Rosaura Ortiz Luna, Claudia Felix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla, conforme a lo asentado al reverso de la comunicación indicada (foja 179); a través del cual se informó, en lo medular, lo siguiente: ".Se le instruye para que solicite y exhorte al personal del órgano jurisdiccional a su cargo que tuvo contacto con aquella persona, acuda al Centro de Salud de esta ciudad o ante las instancias sanitarias correspondientes (de preferencia al que realizó la prueba al positivo de la enfermedad), para que informando el antecedente y contacto que tuvieron con dicho servidor público, así como las fechas del contacto y del conocimiento del resultado de la prueba que se le efectuó (22 de junio actual), se les indique si tienen que seguir algún protocolo y, de ser así, en qué consiste el mismo; informando de ello al Consejo del Poder Judicial del Estado. - Hecho lo anterior, deberán comunicarlo al referido Consejo. -- .Se le exhorta para que usted también siga ese procedimiento e informe el resultado del mismo. -- .Se le informa que deberán seguirse realizando las actividades del tribunal a su cargo en los términos establecidos en el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a las emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, de 13 de junio actual; debiendo para ello tomar las medidas sanitarias correspondientes y utilizar el material de protección que se proporcionó." Finalmente, se aportó la copia certificada del oficio 181/2020 de uno de julio de dos mil veinte, a través del cual la Juez señalada como autoridad responsable hizo del conocimiento del Consejo del Poder Judicial del Estado el la lista del personal que cubrió las guardias del del quince al dieciocho y del veintidós al veintiséis de junio de dos mil veinte, de la que se obtiene que tanto Rogelio Arturo Galvez Solorio, como Rosaura Ortiz Luna, acudieron a laborar presencialmente del quince al dieciocho de junio de nueve a quince horas (la mencionada en último lugar únicamente los días quince, dieciséis y diecisiete de junio); mientras que Claudia Felix Vázquez Garduño laboró de nueve a quince horas los días veintidós al veintiséis posterior. De todo lo expuesto hasta aquí se obtiene que no existen las omisiones atribuidas a las autoridades responsables, porque contrario a lo manifestado por los peticionarios del amparo, existe evidencia de que las autoridades señaladas como responsables han adoptado medidas con el propósito evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, como es la suspensión de labores, la implementación del trabajo a distancia, una jornada laboral presencial reducida, la rotación del personal que acude a las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, para para evitar la concentración de personas, el acceso restringido de los justiciables, con el propósito de que se realicen las diligencias de manera presencial que resulten estrictamente necesarias, entre otras. Así también, existe constancia de que se dotó de material de limpieza e higiene a los órganos jurisdiccionales, en concreto al Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializado en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de Morelia, Michoacán; productos tales como gel antibacterial, cubrebocas, caretas de acrílico, tapete sanitizante, entre otros. De esta manera es factible concluir que, al menos hasta el momento, las autoridades señaladas como responsables han realizado las acciones necesarias para evitar la propagación de la enfermedad entre los empleados del Poder Judicial del Estado; tan es así, que incluso luego de saberse que el personal del órgano jurisdiccional referido supralíneas tuvo contacto con una persona que dio positivo a la enfermedad, se giraron las instrucciones para que el personal acudiera a la institución de salud de su conveniencia para que les proporcionaran las indicaciones correspondientes. Tampoco es cierto que a través del oficio SE/1484/2020 se hayan girado instrucciones para que el personal que conforma el Juzgado de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializado en atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de Morelia, Michoacán, continuara laborando sin importar el riesgo de contagio, porque, en la parte atinente, lo que se instruyó fue lo siguiente: ".Se le informa que deberán seguirse realizando las actividades del tribunal a su cargo en los términos establecidos en el Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a las emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, de 13 de junio actual; debiendo para ello tomar las medidas sanitarias correspondientes y utilizar el material de protección que se proporcionó." Como se observa, es cierto que, en la parte que interesa, el Consejo del Poder Judicial del Estado instruyó a la titular a que se continuaran realizando las actividades inherentes al órgano jurisdiccional a su cargo; empero, la orden fue que se tales actividades se realizaran en estricta observancia de las medidas y lineamientos establecidos en los acuerdos emitidos por ese órgano colegiado, es decir, ponderando siempre el bienestar del personal que presta sus servicios en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, porque no sólo la salud pública es un tema de interés social, sino que también la impartición de justicia lo es y, por tanto, se considera que deben reanudarse las actividades, en la medida de lo posible y observando e implementando estrictamente las medidas de prevención, como aquellas mencionadas líneas atrás. En tal virtud, válidamente puede afirmarse que, tanto de las afirmaciones, como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que no existen las omisiones atribuidas a las autoridades responsables pues, se insiste, éstas han adoptado las medidas y proporcionado los aditamentos que, conforme a sus facultades y capacidades, les corresponden; máxime, que ni las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables, ni las constancias aportadas por éstas fueron controvertidas u objetadas por los peticionarios del amparo, de hecho, ni siquiera realizaron manifestación alguna al respecto. En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia indicada al inicio de este considerando, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. En mérito de lo anterior, es menester señalar que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para ocuparse de los conceptos de violación expuestos en la demanda, precisamente porque el sobreseimiento del asunto impide analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del título y contenido siguientes: "Época: Octava Época Registro: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Página: 252 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Así, por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rosaura Ortiz Luna, Claudia Félix Vázquez Garduño y Rogelio Arturo Galvez Bonilla, por propio derecho, contra el Poder Judicial del Estado de Michoacán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que autoriza y da fe, Alfredo Montoya Revilla, hasta el día de hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veinte. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de uno de los corrientes; para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Pedimento ministerial. En otro orden de ideas, agréguese a sus autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, a través del cual hace manifestaciones a guisa de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados; sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional. Solicitud de copias. En torno a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, una vez que acontezca dicha situación, expídasele la misma, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
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