Rosalva Huipio Reyes

Expediente 213/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
213/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Rosalva Huipio Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de veintiocho de agosto del presente año, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Rosalva Huipio Reyes; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de cuaderno de pruebas. Por otra parte, devuélvanse al Magistrado responsable los tomos I y II del expediente del juicio administrativo JA-806/2015-II, lo cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo 213/2019-V, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad capital, ******************** promovió juicio de amparo, contra las autoridades y actos precisados en su escrito inicial. Actos que la parte quejosa consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la mencionada demanda correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán; luego, por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó el registro del asunto como el expediente 213/2019-V; y, se requirió a la amparista para que aclarase su libelo inicial en relación con los actos reclamados a cada una de las autoridades señaladas como responsables. Solventado lo anterior, mediante proveído de once de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el pasado treinta de mayo, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por reclamarse actos que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la tesis, invocada conforme a lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del mismo cuerpo normativo, P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, son los siguientes: La resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado titular de la Segunda Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, dentro del juicio JA-0806/2015-II promovido por ******************** y otros, contra el Ayuntamiento y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ambos con residencia en esta ciudad capital; determinación a través de la cual se declaró cumplida la sentencia definitiva de catorce de diciembre de dos mil diecisiete; y, Como consecuencia, tanto el corte del servicio de suministro de agua en su domicilio, como la ejecución de actos tendentes a exigir el pago de un crédito fiscal cuyo monto asciende a $13,926.00 (trece mil novecientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de control constitucional aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; además, tales asentimientos fueron corroborados con las copias certificadas de las constancias relativas al juicio administrativo JA-0806/2015-II del índice de la Segunda Ponencia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que el magistrado responsable acompañó a su informe respectivo; documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Robustece lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese orden de ideas, el titular de este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. De inicio, debe precisarse que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el cual impera el principio de definitividad; esto quiere decir que, por regla general, sólo puede accederse a dicha instancia una vez agotados los medios ordinarios de impugnación, esto es, aquellos que puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto a reclamarse y que deriven precisamente de la ley que rija al acto de autoridad. Ilustran lo anterior, en lo conducente, las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Novena Época Registro: 183862 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2003 Página: 15 DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. Contradicción de tesis 15/2002-PL. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 17 de junio de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 17/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de dos mil tres". "Época: Novena Época Registro: 191539 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a. LVI/2000 Página: 156 DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Contradicción de tesis 82/99-SS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 12 de mayo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema central de la contradicción que se resolvió. Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 25/2015, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". En ese mismo orden de ideas, resulta indispensable señalar que el artículo 298, 299 y 300 del Código de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, son del tenor siguiente: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: [.] IV. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia; o, [.] Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante la Sala, y se turnará para su trámite a un Magistrado distinto del instructor. Artículo 300. Para su presentación, admisión y desechamiento se aplicarán en lo conducente, los requisitos establecidos para la interposición del juicio, salvo el requerimiento de aclaración o complemento." De los preceptos legales transcritos se obtiene que las resoluciones dictadas por las ponencias del Tribunal de Justicia Administrativa, a través de las cuales se determine lo atinente al procedimiento de ejecución de sentencia, son impugnables a través del recurso de reconsideración; que dicho medio de defensa puede ser interpuesto por cualquiera de las partes intervinientes en el juicio, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución de que se trate; y, que los requisitos para su presentación, admisión o desechamiento son los mismos que para la interposición del juicio administrativo. Sentado lo anterior, para un correcto entendimiento del asunto conviene reseñar lo siguiente: En cumplimiento a la ejecutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo directo 68/2017 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo; el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la Segunda Ponencia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa dictó sentencia definitiva en el juicio JA-0806/2015-II de su índice, en el cual la aquí quejosa es actora, entre otros; fallo que concluyó con los puntos resolutivos que, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "CUARTO. Resultaron sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos en contra de la clasificación de las colonias Santa Fe y las Jacarandas, respecto de las viviendas de los actores, con excepción de ********************; en consecuencia se declara la nulidad lisa y llana de dicha clasificación; atento a las consideraciones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. QUINTO. Se ordena al demandado Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, bonifique a los actores con excepción de ********************; las diferencias de los pagos que acrediten haber realizado conforme al nivel 2 dos, por concepto de suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento, debiendo calcular nuevamente dichos cobros conforme al nivel 1 uno del decreto tarifario que corresponda." El seis de julio de dos mil dieciocho, el titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado emitió un acuerdo mediante el cual se determinó, en esencia, lo que sigue: ".con fundamento en el artículo 283 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se declara que la sentencia dictada por la Sala de este Tribunal el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en esencia, ha quedado cumplida, toda vez que como se conminó en sentencia, la autoridad demandada ordenó bonificar a los actores el saldo que resulte a favor de cada uno, por la diferencia derivada de la aplicación de la tarifa conforme al nivel socioeconómico (nivel 1) en relación con la tarifa del nivel socioeconómico 2, precisando que el pago declarado como indebido, tendría que estar debidamente acreditado ante dicha demandada; además, se toma en consideración que el jefe del Departamento Jurídico del Organismo demandado solicita se autorice la anotación en el contrato de prestación de cada uno de los usuarios reconociéndoles al nivel 1, con lo cual la autoridad demandada cumplió con lo ordenado en sentencia. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 8, fracción VII, 27, fracción XII, y 30, fracción XVII, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido." (El énfasis es añadido) Esta determinación constituye el primero de los actos reclamados. Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en la notificación de la resolución aludida supralíneas. De lo expuesto hasta el momento se obtiene que, en la especie, el primero de los actos reclamados lo constituye la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio administrativo JA-0806/2015-II, a través de la cual se declaró cumplimentada la sentencia de catorce de diciembre de dos mil diecisiete (emitida en acatamiento a una ejecutoria de amparo directo) e incluso se envió al archivo la indicada contienda, por considerarse como un asunto totalmente concluido. Empero, ya quedó precisado que, en términos de los previsto por el artículo 298, fracción IV, del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, las resoluciones que ponen fin al procedimiento de ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán, pueden ser impugnadas a través del recurso de reconsideración, el cual, por cierto, puede ser interpuesto por cualquiera de las partes intervinientes en el juicio. Ahora, si ya quedó establecido que entre otros, ******************** figuró como parte actora en el juicio administrativo del que emana el acto reclamado, resulta factible afirmar que estaba en aptitud de interponer el recurso de reconsideración en contra de la determinación que declaró cumplimentada la sentencia definitiva. Luego, sino existe evidencia de que se haya interpuesto el indicado medio de impugnación, resulta inconcuso que la resolución combatida no constituye un acto definitivo respecto del cual proceda el juicio de control constitucional. Máxime, que de las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional responsable se obtiene que los actores en el juicio natural promovieron incidente de nulidad de actuaciones, por estimar que la resolución por la que se declaró cumplimentada la sentencia definitiva debió notificarse en forma personal (respecto del cual no existe constancia de que haya sido resuelto); pues, de declararse fundada la incidencia de mérito, necesariamente tendría que ordenarse la reposición del procedimiento para efecto de que se notificara en forma personal la resolución indicada; lo cual, a su vez, generaría que la aquí peticionaria del amparo estuviera en aptitud de impugnar la determinación de archivo a través del recurso de reconsideración, en caso de considerarlo pertinente. En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio del presente apartado, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio promovido por ********************. Dicha determinación se hace extensiva a los actos atribuidos al Ayuntamiento y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ambos con residencia en esta ciudad capital; por haberse reclamado como mera consecuencia de la resolución de seis de julio de dos mil dieciocho, respecto de la cual se declaró improcedente el juicio de control constitucional que se resuelve. No es óbice, que la peticionaria del amparo haya señalado como acto reclamado -genéricamente- la omisión de las responsables de cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural; porque del análisis exhaustivo, tanto de la demanda como de las constancias que integran el expediente natural, se obtiene que ya existe un pronunciamiento por parte de la responsable sobre ese aspecto; de ahí que se haya considerado que esa determinación es la que se pretendió combatir en el presente asunto. Lo anterior, impide que este órgano de control constitucional examine los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto combatido en primer término, porque dicha acción se encuentra íntimamente vinculada con el análisis del fondo del asunto. Es aplicable, al caso concreto, la tesis del siguiente contenido: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, el Ayuntamiento y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, todas con residencia en esta ciudad capital, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista con informe justificado. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta con el que la autoridad que lo suscribe rinde el informe justificado que le fue requerido, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Señala domicilio y designa delegados. Por otra parte, se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio de cuenta, y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a las personas que refiere. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Emplazamiento de autoridad responsable. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se obtiene que en el escrito aclaratorio de demanda, la quejosa señaló indistintamente como autoridades responsables al Ayuntamiento de esta ciudad, así como al Presidente Municipal, sin que se hubiera llamado a la autoridad citada en segundo término; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. A fin de subsanar dicha omisión, se ordena llamar como autoridad responsable al referido Presidente Municipal, a quien se le requiere para que rinda su informe justificado, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá hacerlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Requiérase a la autoridad en cita para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendrá verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano