Rosario Pillado Aragon
Expediente 427/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosario Pillado Aragon
- Director General de la Unidad de Medicina Familiar No. 37, del Instituto Mexicano del Seguro Social, En los Mochis, Sinaloa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Ahora, por lo que respecta al incidente de suspensión derivado del presente asunto, de conformidad con de conformidad con el Capítulo 7, Apartado 7.1.1, Punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión a la quejosa, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria, así como diversas determinaciones que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a su depuración y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de nueve de septiembre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "SEXTO. Efectos del amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional; para que el Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 37, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa: I. De inmediato, lleve a cabo todas aquellas medidas a su alcance que fueran necesarias para garantizar la continuidad del servicio médico y tratamiento en los padecimientos que presenta Rosario Pillado Aragón, atendiendo el estado actual de la quejosa, a efecto de salvaguardar su derecho a la salud. 2. Se le suministre los medicamentos que requiera la quejosa de mérito para los padecimientos que presenta.". Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 37, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa, mediante oficio recibido en este juzgado el ocho de este mes, comunicó que se le ha otorgado la atención medica requerida a la quejosa; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno. Finalmente, el escrito signado por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, en el que solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda y dígasele que se esté a lo acordado en líneas anteriores.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por Director de la Unidad Medicina Familiar No. 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con residencia en esta ciudad, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en comento.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diez de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se concedió la protección constitucional a la parte quejosa ************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de la Unidad de Medicina Familiar Número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, actúen en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos o medidas en que se traduce la concesión de la tutela constitucional; para que el Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 37, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Los Mochis, Sinaloa: I. De inmediato, lleve a cabo todas aquellas medidas a su alcance que fueran necesarias para garantizar la continuidad del servicio médico y tratamiento en los padecimientos que presenta Rosario Pillado Aragón, atendiendo el estado actual de la quejosa, a efecto de salvaguardar su derecho a la salud. 2. Se le suministre los medicamentos que requiera la quejosa de mérito para los padecimientos que presenta.". Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el pasado diecinueve de julio, se dictó resolución interlocutoria definitiva en el incidente de suspensión el cual deriva del presente juicio de amparo y toda vez que en esta propia fecha ha causado ejecutoria el presente juicio de amparo; por tanto, ha quedado sin materia el referido incidente de suspensión; en esa virtud, se ordena glosar a los presentes autos el multicitado incidente. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses el acuerdo de archivo que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo.
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