Rosario Machado Borboa
Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosario Machado Borboa
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de trece de enero de dos mil veintidós (notificado el diecisiete siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rosario Machado Borboa; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de trece de enero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Vista la demanda de cuenta, promovida por Rosario Machado Borboa, en representación de sus menores hijos con iniciales por resguardo de identidad E.V.O.M. y Y.H.O.M., contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17, 20, 21, 22 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 15/2022-5. Análisis de la demanda de amparo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Acto reclamado y sus antecedentes. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa y otras autoridades, a quienes les reclamó, en los sustancial, lo siguiente: ". IV. EL ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. a) El auto de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza y secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, que inminentemente implica continuar ejecutándose el derecho de convivencia entre los menores y el señor RIGOBERTO ORDUÑO VERDUGO y "hasta en tanto no se resuelva la carpeta de investigación número AHOME/AEDFAM/3288/2020 y su acumulada AHOME/AEDFAM/2635/2020, se estará en condiciones de resolver como a derecho proceda." En consecuencia, se suspende la citación para sentencia, privilegiándose . Esencialmente se reclama que el auto se dictó sin ponderar o tomar en consideración el dictamen pericial y sus conclusiones que obra agregado a la CARPETA DE INVESTIGACIÓN número AHOME/AEDFAM/2635/2020 radicada en la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS CONTRA LA FAMILIA REGIÓN NORTE y se dictaran medidas adecuadas. ." Ahora, de la narrativa expuesta en el capítulo de "Antecedentes" de la demanda de amparo, se advierte con claridad que la promovente de amparo es la parte actora en el juicio ordinario familiar (pérdida de patria potestad) 1444/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa; hecho que se robustece con las documentales allegadas a su líbelo constitucional, relativas diversas promociones dirigidas al juzgado en cita (con sello de recibido) y de las que se advierte que la aquí promovente, como se indicó, es parte actora. Aunado a lo anterior, resulta de vital importancia señalar que la promovente de amparo allegó a su demanda constitucional, copia simple del acuerdo reclamado (trece de agosto de dos mil veintiuno), cuyo contenido, en la parte que interesa, señala lo siguiente: ". Los Mochis, Ahome. Sinaloa, a 13 trece de agosto de 2021, dos mil veintiuno. DE OFICIO PARA MEJOR PROVEER.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237 fracción II del Código Procesal Familiar vigente en la Entidad; hágase saber a los señores Rosario Machado Borboa y Rigoberto Orduño Verdugo, que una vez que se resuelva la carpeta de investigación número AHOME/AEDFAM/3288/2020 y su acumulada AHOME/AEDFAM/2635/2020, se estará en condiciones de resolver conforme a derecho proceda, ya que de los hechos se advierte que la pérdida de la patria potestad se viene solicitando por violencia psicomocional y de género en relación a las personas menores de edad E.V.O.M. y Y.H.O.M. (resguardo de identidad). En consecuencia se suspende la citación para sentencia. . Notifíquese y Cúmplase.. En esta misma fecha se publicó el presente auto bajo el número 18 CONSTE. ." Causa de improcedencia actualizada. Establecido lo anterior, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la demanda se presentó de forma extemporánea. La citada hipótesis normativa señala lo siguiente: El artículo en cita refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. ." Asimismo, es conveniente tener presente el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De los preceptos transcritos, se sigue que la demanda de amparo, como regla general, debe presentarse dentro de los quince días siguientes: a) al en que surta efectos conforme la ley del acto, b) la notificación al justiciable de la resolución o acuerdo que reclame; y c) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución (como acontece en la especie), o al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos (pues así lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo) y, excepcionalmente, en los plazos previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de la Materia, los que no se surten en la especie. En el caso, el promovente impugna el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario familiar 1444/2019, que le fue notificado por lista, ese mismo día. De lo antes narrado, se advierte que la promovente de amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el día de su publicación, esto es, el trece de agosto de dos mil veintiuno, pues ella misma aduce que esta es la fecha del acto que impugna, el cual, conforme la copia simple que de este acto se adjuntó a la demanda de amparo, se advierte que se le notificó por lista. En efecto, lo dicho por el quejoso, adminiculado con la copia simple del auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que éste tuvo conocimiento (por lista en esa misma fecha), del contenido del acto reclamado, máxime que la promovente de amparo es la parte actora en el juicio natural, por tanto, no puede señalar que desconoce el contenido y tramitación del juicio ordinario familiar 1444/2019; medios de convicción que tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 199 y 217, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, es a partir de este momento cuando le empezaron a contar los quince días previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.27/96, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." También cobra aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.32/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 127, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Por tanto, de los datos expuestos en la demanda de amparo, adminiculados con los documentos allegados junto con ésta, se advierte que la promovente consintió el acto reclamado, ya que tuvo conocimiento de éste desde el trece de agosto de dos mil veintiuno, lo que implica que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo ha sido rebasado en demasía; por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber consentido la firmante de la demanda de amparo, el acto reclamado, por tanto, lo procedente es desecharla, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador que en la demanda de amparo se involucren derechos de menores de edad; sin embargo, sobre este tópico jurídico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 245/2020, señaló que la promoción oportuna de la demanda de amparo no puede dispensarse bajo criterios que atienden a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter del promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad. Lo así dicho se encuentra inmerso en la jurisprudencia 1ª./J.1/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1604, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, correspondiente al mes de julio de 2021, Tomo II, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron, respectivamente, de una demanda de amparo directo que resultaba extemporánea conforme a la regla establecida en el artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a que su presentación ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe el plazo que para su promoción establece la ley. Ante dicho escenario, sostuvieron criterios discrepantes en torno a la posibilidad de que, pese a ello, se pudieren pronunciar sobre el fondo de la controversia en el amparo, pues aunque uno admitió que de acuerdo con dicha regla, la demanda se encontraba fuera del plazo legal, determinó que era dable examinar el fondo de la litis constitucional, porque estaban involucrados derechos fundamentales de menores de edad que era necesario proteger conforme al principio del interés superior de la infancia; mientras que el otro estimó que al ser la oportunidad de la demanda de amparo un requisito de procedencia, no había posibilidad de que la materia del fondo de la controversia pudiera tomarse en cuenta para conocer de una demanda extemporánea, aun cuando involucrara derechos de menores de edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando una demanda de amparo directo resulte extemporánea conforme a la regla legal establecida en el segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no puede admitirse o validarse su admisión, atendiendo a la materia del fondo del juicio de amparo ni al carácter del promovente, aun cuando estén involucrados derechos de menores de edad. Justificación: Es cierto que el principio del interés superior de la niñez, como norma de procedimiento, tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal adjetiva que, en sí misma considerada, se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada, para efectos del proceso de que se trate, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, ello, bajo una consideración abstracta de ese principio en todos los casos en que se dilucidan derechos de este grupo de edad; o bien, permite al juzgador hacer ajustes en la aplicación de reglas procesales bajo un análisis individualizado del interés superior del menor involucrado, cuando advierta alguna especial condición de vulnerabilidad o desventaja en la circunstancia específica de dicho menor. Sin embargo, la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo no puede verse como una regla de procedimiento innecesaria, injustificada o desproporcionada, que obstaculice el ejercicio de los derechos de los justiciables, incluidos quienes son menores de edad y que, por ello, amerite inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. La oportunidad de la demanda es un requisito de procedencia del juicio de amparo, por ende, corresponde al ámbito de los presupuestos procesales de la acción, necesarios para que válidamente se pueda emitir una sentencia que resuelva el fondo de la controversia. El estudio de la procedencia entraña un examen formal de la demanda, para determinar que se ajuste a los supuestos para los cuales el legislador dispuso la acción de amparo, por tanto, no puede decidirse en función de la naturaleza, entidad o gravedad de los derechos sustanciales discutidos ni del carácter del promovente, pues proceder de ese modo desnaturalizaría dicha institución, la cual exige contar con una base de reglas que resulten generales y que operen de manera homogénea para el juicio en sí mismo; y la oportunidad es una de esas reglas que debe ser general para todos los juicios de amparo, sin distinción, a fin de proteger la seguridad jurídica del proceso y de los propios justiciables. Por tanto, la promoción oportuna de la demanda no puede dispensarse bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de promovente, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad; de ahí que, establecida la extemporaneidad de la demanda de amparo directo bajo la regla del segundo párrafo del artículo 176 de la Ley de Amparo, no podrá ser resuelto el fondo en ningún caso." Tampoco pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que en la demanda de amparo se aduzca que los actos reclamados transgreden diversos principios de derechos humanos, como el de acceso a la justicia; sin embargo, antes de analizar este tópico jurídico, en principio deben superarse los presupuestos procesales del juicio de amparo, a saber su improcedencia; pues sería incorrecto pretender que por la circunstancia de que se involucren menores de edad, tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo, bajo el argumento de acceso a la justicia. En efecto, si bien los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal, así como del diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que ello no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance (que en la especie se traduce en el juicio de amparo indirecto), pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función, dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. En consecuencia, el desechamiento aquí decretado, en nada transgrede el principio de acceso a la impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.98/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 909, del Libro 11, correspondiente al mes de octubre de dos mil catorce, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." En esas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XIV, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo formulada por Rosario Machado Borboa, en representación de sus menores hijos con iniciales por resguardo de identidad E.V.O.M. y Y.H.O.M., en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Con apoyo en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º, párrafo segundo de la misma ley, se autoriza como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Tlaxcala número 1099 norte, colonia Adolfo López Mateos, código postal 81238, Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados David Imperial Bojórquez y Juan Manuel Peñuelas Sánchez, en razón de que tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En diverso orden, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por la promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, recibir notificaciones y en su caso realizar videoconferencias y formular las promociones correspondientes, así como para consultar en forma electrónica el expediente en que se actúa, se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "david.imperial" se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a la actuaria de la adscripción para que practique cualquier diligencia o notificación personal relacionada con el presente asunto.
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